A menos de su primer año de instalación, el Congreso de la República tiene en carpeta un grupo de iniciativas cuyos contenidos no incluyen información ni sustento sobre el potencial impacto ambiental que generaría su implementación. Este es el caso de cinco proyectos de ley que impulsan la construcción de trochas y caminos que recorrerán regiones de la Amazonía, donde se incrementaron los niveles de deforestación en la pandemia.

Entre marzo y abril de este año, legisladores de Acción Popular, Fuerza Popular, Perú Libre y Podemos Perú presentaron estas iniciativas que todavía se encuentran en debate de la comisión de Transportes y Comunicaciones, que desde agosto del año pasado a la fecha ha recibido 45 proyectos legislativos, entre ellos los vinculados a la Amazonía. 

La iniciativa con mayor antigüedad fue presentada por el congresista Juan Carlos Mori Celis (Acción Popular) el pasado 4 de marzo. En este proyecto, el también representante legislativo de la región Loreto plantea que se declare de “necesidad pública e interés nacional” una carretera que conecte a Yurimaguas, Balsapuerto y Moyobamba, las dos primeras ubicadas en Loreto y la última a San Martín.

Entre los objetivos que tiene Mori Celis con esta propuesta se encuentra “afianzar el desarrollo económico y social sostenible de las comunidades nativas” y también considera que representaría una alternativa ante la falta de una “vía alterna” que conecte a la ciudad de Moyobamba y el distrito de Balsapuerto. Pese a que la iniciativa propone que para su construcción se deba realizar estudios de impacto ambiental y consulta previa a las comunidades, no se precisa cuántas se verán impactadas por el proyecto ni tampoco se advierte sobre los problemas que hoy enfrentan estas regiones de la Amazonía.

El distrito de Balsapuerto, según cifras del Ministerio del Ambiente, registró un incremento de más del 50% de la deforestación en el año 2020 respecto al 2019. Mientras que Moyobamba, otra de las zonas consideradas en la iniciativa de Mori Celis, la pérdida de bosques aumentó más de dos veces, también en el período 2019 y 2020. Ninguna de esta información fue considerada en el proyecto ni tampoco el contexto actual de las carreteras y su impacto en el territorio amazónico.  

En 2020, un grupo de investigadores alertó que en los próximos cinco años proyectos viales en América del Sur podrían generar la pérdida de 2'400.000 de hectáreas de selva amazónica en un período de 20 años. Además, el estudio advirtió que si se mantiene el ritmo actual de expansión de la agricultura y cría de ganado en la Amazonía, el 40% de su selva tropical desaparecerá para el 2050.

Otro proyecto que plantea la construcción de una vía en la Amazonía se presentó el 4 de marzo, un día después de la iniciativa de Mori Celis. Esta propuesta del congresista Segundo Montalvo Cubas (Perú Libre) propone una “trocha carrozable” que recorra el caserío Opabán hasta la zona de Granadilla, ubicados en el distrito de Chuquibamba en la región Amazonas, la misma que representa Montalvo Cubas. 

Por su parte, las iniciativas de Podemos Perú —que se tratan de pedidos para que se retome el debate de dos proyectos presentados por el Legislativo pasado— las impulsó José Luna Gálvez, también fundador de esta agrupación política y de la Universidad Telesup, cuyo licenciamiento fue denegado por la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu). 

En ambos casos, presentados el 21 de abril último, Luna Gálvez busca que se declare de necesidad pública la construcción de carreteras en Ucayali, la región con mayor nivel de pérdida de bosques durante el primer año de la pandemia: más de 47.000 hectáreas deforestadas, cifra que concentra el 23,2% registrado en todo el país. 

En uno de los proyectos que Luna Gálvez busca traer de nuevo al debate, que ignora algún sustento o detalle sobre las consecuencias ambientales de su ejecución, se plantea una ruta para la “integración sostenible multimodal” entre Pucallpa y los estados brasileños de Acre y Cruzeiro del Sur. Mientras que la otra iniciativa tiene como objetivo construir una doble vía en 71 kilómetros de la carretera Federico Basadre, la principal de la región y lugar de incautaciones de madera cuyo origen es ilegal. Este proyecto tampoco ha recibido comentarios adicionales o información que recuerde las debilidades del sector ambiental y maderero en la región.  

Una quinta propuesta para impulsar la construcción de carreteras la presentó Mery Eliana Infantes Castañeda (Fuerza Popular) el 25 de abril pasado. La representante de Amazonas plantea que en su región se culmine la construcción de una vía que conecta Perú y Ecuador. Como en los otros proyectos revisados, en ninguna parte del sustento se menciona algún riesgo, la situación ambiental de la región ni el impacto que generaría implementar esta propuesta.

Para tener más detalles de los proyectos este medio se contactó con los congresistas mencionados, pero al cierre de esta publicación ninguno atendió nuestras comunicaciones. 

Si bien el Poder Legislativo no tiene funciones para autorizar la ejecución de obras públicas, las iniciativas de ley como las analizadas permiten que el Poder Ejecutivo, autoridades regionales o locales tengan un respaldo político para cuando elaboren proyectos de inversión, en este caso la construcción de carreteras o vías de tránsito.

La exministra del Ambiente, Lucía Ruiz Astoic, señaló que en su mayoría estos proyectos generan “expectativas que luego pueden verse frustradas” al no cumplirse y recordó que construcciones de este tipo contribuyen al ingreso de actividades ilícitas como el narcotráfico o la tala ilegal de madera que van contra los reales intereses de la población. “[Estos proyectos] abren las puertas para la ilegalidad, porque luego tienes a alcaldes agarrándose de estas declaraciones para terminar invirtiendo dinero del presupuesto público en este tipo de carreteras”, dijo. 

Ruiz Astoic también cuestionó que es cada vez más recurrente que los proyectos de ley no cuenten con análisis de costo y beneficio o, si se incluyen, son “ligeros” mientras que tampoco se considera las opiniones de órganos técnicos o si se les solicita es por “mera formalidad''. 

Mientras que Karla Gaviño Masías, docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Pacífico, considera que muchas veces estos proyectos legislativos tienen “un carácter antitécnico” cuando se tratan de intervenciones que no han sido consideradas en el presupuesto de la región o localidad donde se plantea ejecutar la obra de infraestructura. "A  veces hay alguna ley que te declara de interés [para construir vías o carreteras] hasta la alternativa de ubicación geográfica, pero todavía no se ha culminado con la parte técnica para ver si es posible realizarlo”, explicó a OjoPúblico. 
 

Iniciativas pendientes y olvidadas
 

Además de los proyectos que buscan incentivar la construcción de carreteras en la Amazonía, el Congreso tiene pendientes una serie de propuestas cuya aprobación sí permitiría fortalecer el sector ambiental en el país. Una de ellas es el dictamen para modificar el tratamiento penal por tráfico ilegal de flora y fauna silvestre e incluir este delito en la ley contra el crimen organizado. Esta iniciativa, que tiene su origen en tres proyectos presentados por legisladores del Partido Morado, Fuerza Popular y Perú Libre, aguarda desde inicios de abril su debate en el Pleno. 

Una segunda propuesta presentada por Guillermo Bermejo Rojas de Perú Democrático, que no ha tenido mayores avances es la propuesta para aumentar las penas hasta por diez años de prisión por el delito de contaminación del ambiente y que se agrava si el responsable no cuenta e incumple su plan de contingencia. 
 
La propuesta surgió luego de que el 15 de enero se reportó el derrame en la costa peruana de más de 10.000 barriles de crudo pertenecientes a la Refinería La Pampilla, empresa de Repsol. Sin embargo, desde inicios de enero y hasta la fecha, no ha tenido mayor debate en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por Gladys Echaiz de Nuñez de Alianza para el Progreso. 

Otro proyecto de ley, en la comisión de Justicia y Derechos Humanos desde enero de este año, tiene como objetivo incorporar como agravante de los delitos de homicidio calificado y lesiones cuando la víctima sea guardaparque, líder o defensor ambiental. La propuesta, presentada por Heidy Juárez Calle de Alianza para el Progreso, se da en un contexto en el que a la fecha diez líderes indígenas han sido asesinados durante la pandemia.   

Asimismo, a fines de enero de este año, la Junta de Portavoces rechazó el debate y la ratificación del Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que ampara a los defensores ambientales y busca la justicia ambiental. Esta propuesta también fue archivada en octubre del 2020 y a la fecha ningún legislador ha planteado otra iniciativa para que el Pleno debatan la firma de este documento.