*Con apoyo de Valeria Aguilar, David Díaz y Yanua Atamaín

 

Un disparo en el pecho acabó con la vida de Emilio Marichi Huansi (45 años). La muerte del jefe de la comunidad indígena de Santa Rosa de Alto de Chambira (región San Martín) lanzó al abismo a su esposa, a sus siete hijos y a su comunidad. 

“Cuando un apu muere, todos se sienten perdidos”, dijo su hijo, al recordar aquellos días de abril de 2014. 

Limber Marichi Tangoa tenía 18 años cuando perdió a su padre. Por ser el mayor, tuvo que hacerse cargo de su madre y de sus seis hermanos. Incluso debió asumir el liderazgo de su colectividad y llevar la causa judicial por el asesinato de Marichi Huansi. Ya se han cumplido ocho años de esa lucha estéril. En su caso, no hubo justicia ni reparación. 

“Para los pueblos shawi dejarse quitar el territorio es perder la vida y la esperanza de las generaciones futuras”, contó Limber con la dureza de a quien el dolor le ha curtido la piel. “Los traficantes de tierra se oponían a la titulación porque buscaban invadir más terreno para vender. A mí también me querían matar y estaba dispuesto a morir por proteger lo nuestro, pues el Estado no ha hecho más que vulnerar nuestros derechos. Nunca obtuvimos respuesta por el asesinato de mi padre y desistimos. En este país, si no hay plata, no hay justicia”.

Los traficantes de tierra se oponían a la titulación porque buscaban invadir más terreno para vender", contó Limber Marichi Tangoa.

Desde 2011, al menos 29 defensores ambientales han sido asesinados en el Perú por proteger a su territorio del narcotráfico, el tráfico de tierras, así como la tala y la minería ilegal, según el registro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Esa violencia que está silenciando a los líderes indígenas de la Amazonía peruana se ha ido expandiendo. Y el ensañamiento se traslada incluso a los deudos, quienes no dejan de recibir amenazas. A veces, hasta se ven obligados a abandonar su tierra. Otras, terminan despojados de sus propiedades. Las viudas, los huérfanos y sus comunidades quedan indefensos, ante el abandono de las autoridades.

Diana Ríos lo sufrió en carne propia, tras la masacre que acabó con la vida de cuatro dirigentes ashéninkas —Edwin Chota, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo— en la comunidad de Saweto (departamento de Ucayali). Aquel primero de setiembre de 2014, no solo perdió a su padre. También tuvo que abandonar su comunidad para mantenerse a salvo de quienes ejecutaron el crimen. Sufrió el abandono de su pareja y se separó por un tiempo de sus hijos. Desde entonces, no ha tenido paz ni consuelo. 

El Estado nunca se preocupó por encontrar el cuerpo de Jorge Ríos y, con ello, le arrebató a Diana el derecho de llevar su duelo. Recién el pasado 4 de abril pudo asistir al inicio del juicio oral contra los cinco presuntos responsables del asesinato múltiple, entre los cuales figuran los empresarios madereros Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta como posibles autores intelectuales. Los culpables, hasta ahora, siguen libres. “Los defensores ambientales no son una prioridad para el Estado y no podremos estar tranquilos mientras los sigan matando”, dijo a ocho años de la masacre. 

En la mayoría de los casos, los familiares reciben asesoría legal por parte de las instituciones públicas u organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, no se atienden otras necesidades de los deudos como alimentación, educación ni asistencia psicológica. 

INDEFENSOS. La violencia contra los líderes indígenas se traslada, incluso, a sus deudos, quienes reciben amenazas y, a veces, se ven obligados a dejar sus tierras.

Video: OjoPúblico / Edgar Álvarez

 

“Los parientes de los defensores ambientales asesinados sufren múltiples pérdidas”, afirmó Carlos Jibaja, director de salud mental del Centro de Atención Psicosocial (CAP). “Los hijos pierden a una madre, que no consigue sostenerlos económica ni emocionalmente. Una familia política, que puede rechazarlos o ser solidaria. Y su entorno, en caso de que se vean obligados a un desplazamiento forzado. Hablamos de traumas acumulativos: pérdidas, desplazamientos y rupturas que tienen consecuencias emocionales y sociales”.

Hasta la dinámica familiar cambia cuando muere el padre, porque en las comunidades indígenas los roles suelen estar muy marcados. El jefe de familia es quien se encarga de la caza, la pesca y el trabajo pesado relacionado con la agricultura. Mientras la mujer se dedica al cuidado de los hijos, a la crianza de aves menores, a la artesanía y a la confección de vestidos. “Cuando falta el hombre, se pierde la principal fuente de proteína de ese hogar. Ello trae consecuencias en la salud y en el proyecto de vida. La pobreza, en muchos casos, se acentúa”, explicó Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

La permanencia dentro de la comunidad también se torna compleja. Algunos tienen que seguir viviendo con el enemigo a cuesta. Ya sea porque frecuentan el lugar o habitan en la misma colectividad. A veces, hasta forman parte de la propia familia, como le ocurrió a Limber, cuyos primos están señalados de ser los autores materiales de la muerte de su padre. Lo grave es que, en muchos casos, no tienen a dónde ir. Entonces, quedan encerrados. 

“Luego de que ocurre un hecho de violencia, la población tiene cuidado de no moverse fuera de su zona”, afirmó Freddy Vásquez, coordinador de campo de la organización indígena Ecosira. “Pierden libertad para salir, pescar en el río o cazar. Solo salen en grupo para ir a la ciudad, porque tienen temor de que algo les pase”. 

Durante la pandemia, al menos, 10 defensores fueron asesinados en Perú".

Limber aún recuerda esos primeros días, tras el asesinato de su padre. Fueron tres meses de duelo, donde el ambiente se sentía enrarecido. “Fue una época extraña”, explicó. “No había alegría. Hasta que tuve que parar las lágrimas, pues la comunidad se iba a debilitar y aún teníamos el peligro de los traficantes de tierra. Al final, creo que su muerte nos dio fuerza para unirnos y seguir luchando. Pero igual, la gente sentía miedo. Después de las ocho de la noche, nadie se atrevía a ir a ningún lado (...). Ya hace tres años que dejamos de recibir amenazas, porque se dieron cuenta de que no podían lograr lo que pensaban”. 

Las comunidades indígenas tienen una noción muy fuerte del bien común, según explica el psicólogo Carlos Jibaja. Por eso, cuando se sienten amenazadas, se organizan para defenderse. Ahora, si alguien debe salir de ese círculo de protección, la historia es otra. “Yo no puedo andar con libertad. Debo cuidar mi vida, porque tengo cuatro niños que no pueden quedar huérfanos”, contó Diana en una reciente publicación de OjoPúblico, en la que revela que personas extrañas la hacen seguimiento, incluso ahora que vive en Pucallpa. “La situación es peligrosa porque son personas que se atrevieron a asesinar con crueldad. Nos amenazan y siguen para asustarnos y callarnos”.

 

Un Estado indolente

La pandemia ha sido el periodo más violento para los defensores ambientales en el Perú y en el resto de la región amazónica, según consta en el informe Last Line of Defense de la organización de derechos humanos Global Witness. Mientras el país estaba enfocado en la emergencia sanitaria, al menos 10 líderes indígenas peruanos fueron asesinados por defender su territorio de la tala o la minería ilegal, el narcotráfico y el tráfico de tierras. 

El último hecho ocurrió el pasado 20 de abril, cuando se encontró el cuerpo del líder nomatsigenga Ulises Rumiche con un disparo en la cabeza. El gerente de Pueblos Originarios Amazónicos de la municipalidad de Pangoa (región Junín) regresaba a su comunidad, luego de reunirse con la viceministra de Poblaciones Vulnerables. Su caso sigue en investigación para determinar si el motivo de su muerte se vincula a la labor de defensa de su territorio. 

Ante la creciente violencia, el Estado aprobó, a partir de 2019, varios instrumentos normativos. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por ejemplo, diseñó un protocolo para salvaguardar a los defensores de derechos humanos. Dos años después, la Fiscalía de la Nación creó una comisión para proponer estrategias que faciliten el acceso a la justicia. El Ministerio del Interior, por su parte, estableció un protocolo para otorgar garantías personales a los defensores de derechos humanos, mientras que el Ministerio del Ambiente creó otro para atender a los líderes ambientales. 

ARBILDO MELÉNDEZ. Fue asesinado en abril de 2020, en Huánuco. Su cuerpo fue hallado en medio del bosque, con un disparo en el cuerpo. Tenía 43 años.

Imagen: OjoPúblico / Edgar Álvarez.

 

En 2021 también se activó un mecanismo que involucra a ocho ministerios –Justicia y Derechos Humanos, Interior, Ambiente, Cultura, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Relaciones Exteriores, Energía y Minas, Desarrollo Agrario y Riego– y, más recientemente, a la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), para garantizar la prevención, la protección y el acceso a la justicia a quienes defienden los derechos humanos.

A un año de su puesta en marcha, no se conoce cuál es el avance ni los logros del Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos. OjoPúblico solicitó información al Ministerio de Justicia, pero indicaron que no estaban concediendo entrevistas para hablar sobre el tema. Sin embargo, la muerte de los últimos líderes indígenas demuestra que los procedimientos para obtener medidas de protección incluidos en este instrumento no representan ningún amparo. “Es un mero proceso administrativo, porque la policía no se acerca y no hace ningún monitoreo”, aseguró Francisco Rivas, representante de Proética, organización dedicada a la lucha contra la corrupción y la impunidad. 

El Estado alega que no tiene recursos para realizar las investigaciones. Algunas veces, la Fiscalía señala que no recibe apoyo de la policía. Otras, la policía argumenta que no tiene dinero para concluir las averiguaciones, según explicó Lissette Vásquez, adjunta del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo. Los deudos, por su parte, hablan de falta de voluntad. “Yo me he cansado de solicitar la búsqueda del cuerpo de mi padre”, contó Diana. “Pero en Fiscalía me dicen que no pueden ingresar a la zona, que no se puede hacer nada. Y yo le digo: ‘póngase en mi lugar. Póngase la mano en el corazón’. No tenemos un respaldo del poder judicial. Todo queda en papeles o toma mucho tiempo”.

Los últimos esfuerzos por aprobar instrumentos normativos, en todo caso, resultan insuficientes mientras no se ejecuten acciones más articuladas, que ayuden a ponerle freno a la corrupción y a las actividades ilegales. “Se han creado comisiones sectoriales de la minería y de la tala. Se han creado espacios de coordinación, pero no articulados”, aseguró Vásquez. “Hemos venido alertando que urge la protección del Estado porque no se hace de forma efectiva. Tiene que haber una estrategia integral”.

Yo me he cansado de solicitar la búsqueda del cuerpo de mi padre”, contó Diana Ríos.

Lo cierto es que cualquier acción que se emprenda en el corto plazo para proteger a los líderes indígenas y a sus familiares debe resolver el principal impedimento para garantizar el acceso de la justicia: el vacío que existe en el Código Penal. “Este instrumento no reconoce a los defensores ambientales. Esa es una gran limitación”, explicó Luisa Ríos, coordinadora regional de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. “Se le considera un asesinato común, porque no está tipificado el delito”. 

Ese vacío legal motivó a la congresista Heidy Juárez Calle (Alianza para el Progreso) a presentar, en enero de este año, un proyecto de ley para modificar los artículos 108-A y 121 del Código Penal. Esta propuesta busca incorporar un agravante en los delitos de “homicidio calificado” y “lesiones graves”, cuando se trata de una persona que tenga la condición de guardaparques, líder o defensor ambiental. Esa modificación permitiría que la pena en estos casos, tal como ocurre con la muerte de un alto funcionario o una autoridad elegida por mandato popular, sea no menor de 25 años ni mayor de 35. 

Son traumas acumulativos: pérdidas, desplazamientos y rupturas que tienen consecuencias emocionales y sociales”, explica Carlos Jibaja.

Al final, el camino en busca de justicia se torna largo y desgastante para los familiares. A ocho años de la muerte de Jorge Ríos y Emilio Marichi, por ejemplo, no hay culpables. Ni siquiera, detenidos. Un hecho que se repite en los demás casos de defensores asesinados en el Perú. “Hasta ahora, no hay registro de ninguna sentencia”, aseguró Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. “Tenemos un sistema judicial muy precario. El Estado no cuenta con recursos ni logísticos ni económicos para brindar una protección real ni a tiempo”. 

Ello explica por qué la mayoría de los deudos termina por desistir. No obtienen respuesta, los procesos se dilatan y el dinero se diluye en cada traslado para darle seguimiento a un caso que no avanza. “Al principio, acudimos muchas veces a la comisaría y a la Fiscalía, pero todo era muy complicado. Querían hacer un levantamiento del cadáver, pero nos negamos porque el pueblo shawi no acepta eso. Hasta ahora, no hemos recibido asistencia de la policía ni de la Fiscalía con nuestra denuncia. Recién nos enteramos que teníamos que hacer el certificado de defunción”, contó Limber. “Yo me siento muy decepcionada por la actuación de las instituciones”, agregó Diana. “No entiendo cómo pueden permitir que esos asesinos estén libres y sigan haciendo daño”.

 

Un dolor de por vida 

Al no haber castigo contra los responsables de estos crímenes, el Estado también limita el derecho de los parientes a recibir mecanismos de reparación económica, tal como lo hubo en el caso de las víctimas del conflicto armado interno. Un hecho que deja a las familias en una completa situación de desamparo, en opinión de la coordinadora regional de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. 

Tanta injusticia genera daños psicológicos enormes en los familiares. Una afectación de lo que pocos hablan. “La impunidad es determinante para mantenerlos en un limbo”, explicó Carlos Jibaja. “Los juicios, a largo plazo, reabren sus heridas y quiebran el equilibrio emocional, que algunos han alcanzado en psicoterapia. Quien asume la búsqueda de la justicia puede pasar años en un proceso de revictimización. Ese estrés por la pérdida y toda la carga emocional se la pasa a la siguiente generación. Y ese dolor es de nunca acabar”.

El director de salud mental del Centro de Atención Psicosocial (CAP) recordó que no hay que perder de vista que se trata de la partida súbita de un ser querido. “No es cualquier pérdida. Es repentina y deja en los deudos una sensación de derrumbe. La mente tiene el riesgo de quebrarse y de disociarse de la realidad”, añadió.

Ese dolor se manifiesta a través del insomnio o sueño perenne, depresión, alto grado de ansiedad, reexperimentación y disociaciones. “Yo pasé muchas noches sin dormir”, recordó Limber. “Perdí el apetito. Uno de mis hermanos menores se levantaba a medianoche preguntando dónde estaba papá”, agregó. 

Al menos 29 defensores ambientales fueron asesinados en Perú desde 2011".

Estos padecimientos se agravan en los casos en que el familiar haya desaparecido. “Al no haber cuerpo ni ritual de desprendimiento del ser querido, no se dan las condiciones del duelo. No saben si siguen vivos o no. Y aceptar la muerte es perder la esperanza”, detalló Carlos Jibaja.

Esa fue la sensación que experimentó Diana al no encontrar rastros de su padre. “Por un tiempo, quise creer que seguía vivo, porque nunca he visto su cuerpo. Ni siquiera su mochila. Eso me traumó”, contó con la voz quebrada, como si la masacre de Saweto hubiese ocurrido ayer. “Pero la planta medicinal [Ayahuasca] me hizo ver que fue acechado y lanzado a un pozo. Me ha tomado muchos años aceptar su muerte porque, cuando uno pierde a un padre, no sabe a quién seguir. Mi padre era todo para mí y mi comunidad. Y este dolor, a veces, me ha quitado las ganas de seguir”.

En estas circunstancias, la muerte para los familiares es una herida abierta, que no sanará mientras más líderes indígenas sigan perdiendo la vida por defender su tierra. Las noticias de nuevos asesinatos, que provienen de Ucayali, Amazonas, Pasco, Madre de Dios, Junín, vuelven a conectarlos con su propia tragedia y a despertar en ellos la creencia de que podría pasarles algo malo, otra vez. “Regresa la sensación de indefensión, sobreviene algún tipo de ansiedad y aquella pérdida termina siendo un padecimiento de por vida”, explicó Carlos Jibaja.

EDWIN CHOTA. Fue asesinado en 2014 (junto a Leoncio Quintisima, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo) por una mafia de traficantes de madera, en la frontera de Perú y Brasil. Tenía 53 años.

Imagen: OjoPúblico / Edgar Álvarez.

 

Resistencia por la tierra

La violencia contra los defensores ambientales no es un asunto que atañe solo a Perú. Esta realidad se extiende a lo largo de los 2.587 millones de hectáreas de la Amazonía. De acuerdo con el informe Last Line of Defense de la organización de derechos humanos Global Witness, 165 líderes fueron asesinados en América Latina durante el año 2020. Colombia encabeza la lista con 65 casos. La mayoría vinculados con explotación forestal, minería y agroindustria.

“La situación de las personas defensoras del medio ambiente en Colombia es muy grave”, contó Lourdes Castro, abogada y defensora de Derechos Humanos de la ONG Somos Defensores. “Y no viene de ahora, cada año incrementa. No solo atentan contra su vida, sino también recurren a amenazas, atentados, judicialización, desapariciones, detenciones arbitrarias. El cuadro de agresión es persistente y generalizado”. 

En su opinión, existen varios factores que contribuyen a que el ensañamiento en ese país sea recurrente. Primero, la impunidad, que incide en que el delito se perpetúe. Segundo, las prácticas de estigmatización, que hacen creer que los ambientalistas obstaculizan el desarrollo de la nación. Tercero, el incumplimiento de los acuerdos de paz que se firmaron hace casi seis años, como los programas de sustitución de cultivos ilícitos, los mecanismos de participación y los dispositivos de seguridad de las comunidades, que terminaron por reconfigurar las dinámicas de violencia.

GONZALO PÍO FLORES. Fue asesinado el 17 de mayo de 2020. Luchaba por la titulación de Nuevo Amanecer Hawai, comunidad asháninka ubicada en el centro del Perú. Tenía 45 años.

Imagen: OjoPúblico / Edgar Álvarez.

 

El Estado colombiano defiende su gestión con cifras que, a juicio de Castro, están infladas y no reflejan la realidad de los defensores ambientales. “La Fiscalía General de la Nación ha adaptado el concepto de esclarecimiento y, ahora, cualquier impulso investigativo lo consideran como tal. Ello lo que hace es agrandar las cifras para tener impacto mediático. Pero cuando revisas las sentencias en firme, los datos se desinflan. Tenemos 16% de sentencias. Por tanto, el nivel de esclarecimiento real es muy bajo”, explicó.

Aparte, Castro aseguró que la mayoría de las sentencias está referida a los autores materiales, pero no a los intelectuales. Lo que da pie a que sigan cometiendo delitos. “No sabemos quiénes están detrás de estos asesinatos o si pueden estar relacionados con intereses políticos”, acotó. Un hecho que se repite en Perú, donde la justicia sigue sin tocar a los más poderosos. “Hay que llegar a las cabezas, porque detrás de los asesinatos de los defensores ambientales hay criminalidad organizada”, afirmó Percy Castillo. “De lo contrario, las circunstancias se seguirán propagando”.

El Acuerdo de Escazú supone un esfuerzo regional para promover la protección del medio ambiente e incluye disposiciones vinculantes para la seguridad de los defensores. Pero el Perú sigue sin ratificar este compromiso, que cuenta con el respaldo de más de 12 países. Desde octubre de 2020, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso mantiene archivado el proyecto, con el argumento de que la ratificación pone en juego la soberanía nacional. “De llegar a ratificarse, dispondríamos de herramientas importantes para atender los problemas estructurales que están detrás de estos asesinatos, tendríamos mayores niveles de protección y lucha contra la impunidad”, afirmó Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

HERASMO GARCÍA GRAU. Fue asesinado en febrero de 2021, en Ucayali. Su cuerpo fue encontrado en la selva, con impactos de bala y golpes. Tenía 28 años.

Imagen: OjoPúblico / Edgar Álvarez.

 

Hay que entender que esta violencia que sacude a la Amazonía en toda su extensión –Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela— tiene su origen en prácticas colonialistas, según explicó Pérez. Se basa en la presunción de que se trata de un territorio poco habitado y que hay que hacerlo producir. Una idea que defendió el fallecido expresidente Alan García (1985-1990 / 2006-2011) en su famoso artículo El Síndrome del Perro del Hortelano, publicado en 2007. 

“La demagogia y engaño dice que esas tierras no pueden tocarse porque son objetos sagrados (…) Tierras ociosas, porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos. Por tanto, su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero, pero la telaraña ideológica del siglo XIX subsiste como un impedimento”.

Esta teoría se impone en la medida que el Estado no reconoce una de las principales demandas de las comunidades indígenas: la titulación de sus tierras. Según un informe de la Defensoría del Pueblo publicado en 2019, existen 1.770 comunidades campesinas e indígenas que siguen a la espera de sus títulos de propiedad. Los procesos suelen ser tan engorrosos que terminan por demorar entre 15 y 20 años. Y ese vacío facilita la presencia de actividades ilegales y la ocupación no autorizada de sus territorios.

Aún así, la resistencia de algunas comunidades se ha impuesto frente a quienes se oponen a su derecho colectivo de la tierra. En 2017, por ejemplo, la comunidad Santa Rosa de Alto de Chambira, que lidera Limber Marichi, logró la demarcación de su territorio ancestral tras varios años de lucha. Ahora, solo esperan por el registro del título. “A los 12 años, recibí un bonito consejo de mi padre: ‘nunca te rindas’, me dijo. Así que mi sueño era hacer realidad lo que él quería: contar con un territorio seguro”.

En cada aniversario del fallecimiento de Emilio Marichi, los shawis izan una bandera negra en sus casas en señal de luto. En Saweto, se reúnen en torno a la planta medicinal y piden a sus muertos que los ayuden a seguir cuidando su tierra. “El espíritu de mi padre está en la naturaleza”, afirmó Diana. “De no ser por él, este bosque no estaría vivo”.