Durante los últimos meses se han acentuado las propuestas y discursos que buscan debilitar a la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) y con ello frenar la reforma universitaria. OjoPúblico identificó que detrás de estos impulsos hay una serie de políticos, polémicas autoridades universitarias y un grupo de abogados que han diseñado o apoyado parte de la estrategia legal y de presión. 

Una de los últimas acciones públicas se presentó hace un mes: 17 abogados de Lima firmaron un comunicado en un periódico de circulación nacional en el que defienden el dictamen del Congreso que cambia la estructura del consejo directivo de la Sunedu. El comunicado, difundido días antes de la primera votación del dictamen, tuvo entre sus firmantes a Aníbal Quiroga León, abogado constitucionalista y miembro del consejo consultivo del actual Congreso. 

El letrado –como parte de sus actividades en el consejo consultivo del Congreso, que asegura es ad honorem– realizó un análisis técnico legal que fue incluido en el dictamen aprobado el pasado 1 de febrero con el fin de justificar la propuesta que le restaba independencia a la Sunedu.

El consejo consultivo está integrado por 25 abogados (20 hombres, cinco mujeres) y puede elaborar opiniones técnicas, a partir de proyectos que envían las diferentes comisiones del Legislativo. En esa ocasión, Quiroga León elaboró el informe a pedido de la Comisión de Educación, presidida por Esdrás Medina Minaya de la bancada de Renovación Popular.  

En el documento elaborado por Quiroga se indica que el dictamen “resulta plenamente concordante” con la Constitución y que el cambio en la composición de la directiva de la Sunedu “garantiza un equilibrio suficiente entre la finalidad pública de garantizar una educación de calidad y la necesidad de preservar la autonomía universitaria".

Sin embargo, como OjoPúblico ha expuesto en anteriores reportajes, si es que el dictamen se aprueba en una segunda votación en el Congreso, puede debilitar el rol e independencia de la Sunedu al incluir a representantes de universidades públicas y privadas como parte de su consejo directivo, designadas sin concurso público como ocurre con la ley vigente. 

La influencia en el Congreso 

Dos días después de que se aprobara la norma, Quiroga León visitó por hora y media el despacho de Jorge Montoya Manrique, congresista de Renovación Popular que se ha opuesto en reiteradas oportunidades a las funciones que desarrolla la Sunedu. El abogado confirmó a este medio que tuvo una reunión con el legislador Montoya, pero aseguró que no trataron ningún tema relacionado al sector educativo. 

Al ser consultado por el riesgo de que se retorne al modelo que manejaba la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), el especialista señaló a OjoPúblico que para él no se trata de regresar “al sistema anterior” y que la designación del jefe de la Sunedu podría realizarse por concurso público. Quiroga León sostuvo que encuentra “discutible” que hoy el titular de este organismo “sea designado por el ministro de Educación y el presidente”.

Sin embargo, la ley vigente considera al órgano de mayor jerarquía de la Sunedu al consejo directivo conformado por el superintendente, un representante del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) y cinco ciudadanos elegidos por concurso público. 

Quiroga León integra el consejo consultivo desde que se instaló el actual Congreso y no tiene un impedimiento para tener el cargo. Sin embargo, el abogado registra un vínculo familiar con un congresista de Alianza para el Progreso (APP), cuyo fundador y excandidato presidencial, César Acuña, es dueño de una de las universidades privadas con más estudiantes en el país, la Universidad César Vallejo. El abogado es yerno del parlamentario Roberto Chiabra, de APP. 

El abogado reconoció el nexo con el legislador de APP, pero señaló que, de presentarse alguna iniciativa relacionada al legislador, se abstendría de emitir opinión alguna. “A la fecha no he hecho nada en las comisiones donde participa y no lo haría tampoco”, expresó.  

ANÁLISIS. En 2013, a pedido de la desaparecida ANR, el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga expuso en la comisión de Educación sobre la "inconstitucionalidad" de la nueva ley universitaria.  

Imagen: ANR.

 

La relación de Quiroga León con temas ligados a la reforma universitaria se remonta al 2013. En pleno debate del proyecto de nueva ley universitaria, el abogado constitucionalista se presentó ante la comisión de Educación para exponer un análisis legal, elaborado a pedido de la entonces Asamblea Nacional de Rectores (ANR), presidida en ese momento por Orlando Velásquez, hoy procesado por el presunto delito de tráfico de influencias y sus vínculos con Los Cuellos Blancos del Puerto. Durante su gestión como representante de los rectores del país, Velásquez Benites también fue un férreo opositor de la actual ley universitaria. 

La relación de Quiroga León con el Congreso es larga. En 2020 fue contratado por este poder del Estado junto a Domingo García Belaunde y Enrique Ghersi  a raíz de una demanda ante el Tribunal Constitucional, por una moción de vacancia presentada contra el entonces presidente Martín Vizcarra. La misma fue declarada improcedente en noviembre del 2020. 

Quiroga León es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y socio director de la firma Asesoría Legal y Defensa Procesal SAC. En la campaña presidencial del 2021 representó al candidato Hernando De Soto en un proceso de tacha que no procedió. 

Entre los abogados que suscribieron el comunicado del 20 de enero de 2022 también se encuentra Antero Flores- Aráoz, exrepresentante legal de la desaparecida ANR y presidente del Consejo de Ministros del breve régimen de Manuel Merino en noviembre del 2020. En declaraciones a la prensa, antes de juramentar el cargo, Flores - Aráoz sostuvo que las universidades con licencia denegada debían tener una segunda “oportunidad”, a pesar de que Sunedu halló que no garantizaban la calidad mínima de enseñanza educativa. 
 

Apoyo al dictamen

Además del comunicado público firmado por los 17 juristas, los cambios contra la Sunedu han sido defendidos ampliamente en algunos medios por el abogado Luis Lescano Sáenz, socio principal del Estudio Lescano, Lescano & Asociados que, entre otras áreas, está especializado “en la implementación del licenciamiento” y la “asesoría y consultoría especializada para la creación de universidades y filiales”.

Pero Lescano Sáenz es también presidente del Instituto Peruano de Derecho Educativo (IPDE), constituido en registros públicos desde 2015 como una asociación civil, pero que no registra movimientos ni está inscrito en Sunat, por lo que no tiene tampoco un número RUC. Solo cuenta con una página en Facebook, cuya dirección coincide con la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (Fipes, que también cuestiona a Sunedu) y su estudio de abogados. 

Con este cargo ha sido presentado en varios medios de comunicación en los que él ha respaldado las medidas para cambiar la estructura de la Sunedu. “Nosotros creemos que quienes tienen que participar son los actores naturales del sistema educativo”, indicó a inicios de febrero a Tv Perú, en alusión a la propuesta de que representantes de las universidades vuelvan a ocupar cargos directivos en la autoridad supervisora.

Lescano Sáenz sostuvo a OjoPúblico que para él el dictamen aprobado en Congreso no representaba un retorno al sistema de la ANR porque en la propuesta se planteaba la incorporación en el consejo directivo de la Sunedu de docentes y no rectores, quienes según la ley vigente tienen su cargo a dedicación exclusiva. “La representación en un organismo, en este caso la Sunedu, creo que siempre debe tener representantes de las universidades públicas y privadas porque son quienes mejor conocen al interior de la universidad”, explicó. 

El abogado también es gerente general de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (Fipes), registrada en la misma dirección que el estudio legal de Lescano Sáenz, que ha tenido una participación activa en actividades convocadas por Sunedu relacionadas al licenciamiento de universidades.

En 2020, este gremio encargó a un grupo de constitucionalistas la elaboración de un informe para analizar diversas iniciativas legislativas que buscaban regular las pensiones y matrículas de los estudiantes. Uno de los abogados que participó de esta publicación fue Víctor García Toma, exministro de Justicia durante el segundo gobierno de Alan García Pérez.y hoy miembro del comité consultivo del Congreso. También es uno de los firmantes del pronunciamiento público a favor del dictamen. 

En su análisis para Fipes, García Toma, también exabogado de la Universidad Garcilaso de la Vega y exmagistrado del Tribunal Constitucional, argumentó que los proyectos de ley afectaban derechos como la libertad de empresa, propiedad, autonomía universitaria y otros. El lazo de García Toma con los pedidos contra Sunedu viene desde el 2013. Ese año el abogado desarrolló otro informe jurídico en 2013, cuando cuestionó la creación de la Sunedu al considerarla “inconstitucional”. 

En sus intervenciones públicas, Lescano Sáenz ha defendido la reactivación en el sector universitario del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), que entró en reestructuración con la Ley Universitaria del 2014 y, de acuerdo a Lescano Sáenz, se encuentra “disminuido porque se ha puesto todo el foco en el licenciamiento".

El dictamen aprobado restituye a este organismo donde antes Lescano Sáenz, a la par de sus actividades en el sector privado, se desempeñaba como miembro del directorio del Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior No Universitaria (Coneaces), un órgano que integraba al Sineace. El abogado evitó responder a OjoPúblico sobre una posible convocatoria e incorporación al organismo donde se desempeñó con anterioridad. “Prefiero no opinar sobre casos hipotéticos”, dijo.
 

Reuniones estratégicas

Desde la vigencia de la Ley Universitaria, promulgada en julio del 2014, otro actor gremial, así como la Fipes, ha tenido un rol protagónico. Se trata de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), un gremio fundado ese mismo año como reemplazo a la desaparecida ANR. Desde entonces ha sido crítica contra la Sunedu.

Los vínculos de la ASUP con la extinta ANR siguen vigentes. Entre los fundadores de esta institución aparece el investigado como presunto integrante de una organización criminal, Orlando Velásquez Benites, también expresidente de la ANR y del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). 

La actual directiva de la ASUP se encuentra encabezada por la Universidad Ricardo Palma, representada por su rector Iván Rodríguez Chavéz y también expresidente de la ANR. Hay una tercera funcionaria de la ASUP que ha respaldado el dictamen que debilita las funciones de la Sunedu desde que la iniciativa se encontraba en la comisión de Educación. Se trata de Ada Gallegos Ruiz Conejo, exasesora de la presidencia de la ANR en la gestión de Velásquez Benites y hoy directora ejecutiva de la ASUP. 

Sin embargo, el papel de Gallegos Ruiz Conejo, también docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y distinguida por el alcalde Jorge Muñoz por su “trayectoria profesional”, va más allá de su postura mostrada en diferentes medios de comunicación a favor del dictamen aprobado el 1 de febrero. 

Apenas dos días después de la primera votación en el pleno del Congreso, Ada Gallegos visitó por poco más de dos horas el despacho del ministro de Educación, Rosendo Serna Román. En esta reunión coincidió con rectoras de cinco universidades públicas, entre ellas Jerí Ramón Ruffner de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; y Lidia Ascencios Trujillo de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Ambas autoridades también respaldan la propuesta de volver al viejo esquema de la ANR.
 

Dictamen en Mayoría_Ley Que Modifica Conformación en Miembros de Consejo Directivo de Sunedu by OjoPúblico Periodismo de Investigación on Scribd

Cerca de dos semanas luego de la visita al Minedu, la representante de la ASUP también llegó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para encontrarse con el primer ministro Aníbal Torres Vásquez, designado en el cargo el 8 de febrero último. En esta reunión de casi dos horas la acompañaron nuevamente las rectoras de San Marcos y la de Educación Enrique Guzmán y Valle. La otra participante fue la titular de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Cristina Alzamora Rivero. 

Apenas un día después del encuentro, el 15 de febrero, Ada Gallegos registró otra visita de casi hora y media a la PCM. En esta oportunidad la acompañaron Marcial Curahua Callañaupa de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle; y Juan Carlos Norabuena Castañeda de la San Marcos. En enero de este año, Norabuena Castañeda, Ada Gallegos y Orlando Velásquez firmaron en conjunto una publicación académica donde se cuestiona el proceso de licenciamiento liderado por la Sunedu. 

Las gestiones de la representante de la ASUP, antes de la aprobación del dictamen, también se desarrollaron en el Poder Legislativo. Entre setiembre y diciembre del 2021, cuando se alistaban iniciativas de ley contra la reforma universitaria, Ada Gallegos registró una docena de reuniones en despachos de asesores y parlamentarios de Alianza para el Progreso, Perú Libre, Renovación Popular y Fuerza Popular, las dos últimas bancadas que apoyaron en bloque el dictamen que debilita a la Sunedu.

OPOSITORA. Ada Gallegos, directora ejecutiva de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), se ha mostrado en contra de la Sunedu y apoya el dictamen que debilita su independencia. 

Foto: Andina

En total, entre noviembre y febrero de este año, los integrantes de la ASUP han realizado 15 visitas a sectores del Ejecutivo y el Congreso. Para conocer la agenda y motivos de estas reuniones, OjoPúblico se puso en contacto con las universidades involucradas pero al cierre de esta publicación no atendieron las consultas enviadas por correo electrónico y mensaje de texto. También se contactó con el número celular de Ada Gallegos, pero no respondió nuestros mensajes ni llamadas realizadas. 

Además de la ASUP, la aprobación del dictamen contra la reforma universitaria ha despertado el interés de la Universidad Peruana del Centro (Upecen), una casa de estudios que no logró el licenciamiento exigido por la Sunedu y que integra la Asociación de Universidades Asociativas sin Fines de Lucro (AUF Perú), un colectivo –que no aparece en los Registros Públicos ni ante la autoridad tributaria, hasta el momento– integrado por siete universidades con licencia denegada por la Sunedu. Los otros cuatro miembros de esta asociación son las universidades Científica del Perú (Loreto), José Carlos Mariátegui (Lima), Católica Los Ángeles de Chimbote (Áncash) y Particular de Chiclayo (Lambayeque). 

Uno de los integrantes del consejo fundador de la Upecen, Miguel Ángel León Untiveros, este mes registra cuatro visitas a la oficinas parlamentarias de Perú Libre y Acción Popular. A primera hora del 2 de febrero, después de la aprobación del dictamen, León Untiveros visitó a Jhon Ángel Donayre Pari, asesor principal de Paul Gutiérrez Ticona, congresista de Perú Libre por Apurímac.

Dos semanas más tarde, el representante de la universidad con licencia denegada, registró otras dos visitas con personal de los legisladores Jhaec Darwin Espinoza Vargas (Acción Popular) y Elías Marcial Varas Meléndez (Perú Libre). El 18 de febrero último, logró reunirse una hora con Varas Meléndez, congresista por Áncash. Desde esa fecha no se han registrado nuevas reuniones. Solo este año ha realizado un total de cuatro visitas a diferentes despachos del Congreso.

Los asesores contrarreforma

En la Comisión de Educación del Congreso se ha contratado a personal de confianza vinculado a universidades con licencia denegada o casas de estudios que han impulsado el dictamen contra la Sunedu. 

En esta lista se encuentra el asesor principal de la comisión, Carlos Mamani Jove, quien se desempeñó como docente en la Universidad José Carlos Mariátegui hasta el año 2020. En este mismo centro de estudios, a quien Sunedu le negó la licencia porque no cumplía los estándares mínimos de calidad, Mamani Jove fue asesor de tesis del hermano del congresista Esdras Medina Minaya, actual presidente de la comisión de Educación. 

En diciembre del 2021, la comisión presidida por Medina Minaya aprobó un proyecto de ley que les da una nueva oportunidad a las universidades privadas que perdieron el licenciamiento. Semanas previas a este debate, como informó Caretas, el asesor Mamani Jove recibió en su despacho a representantes de la universidades Telesup y Marcelino Champagnat, ambas con el licenciamiento denegado por Sunedu.  
 

PENDIENTE. La próxima legislatura del Congreso, que inicia en marzo, tendrá en carpeta la segunda votación del dictamen que reduce la autonomía de la Sunedu. 

Foto: Andina.

Otro funcionario de esta comisión es Juan Carlos Condori Huamán, docente de profesión y consultor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, centro de estudios que impulsó el proyecto para cambiar la elección del superintendente de la Sunedu. La iniciativa fue presentada en noviembre del año pasado por Esdras Medina, de Renovación Popular. 

Condori Huamán también cuenta con afiliación vigente a Renovación Popular y fue candidato distrital a Ventanilla por Fuerza Popular (2014) y Perú Patria Segura (2018). En 2020, con Solidaridad Nacional, postuló sin éxito al Congreso por la región Callao.  

Otra asesora de la comisión es la comunicadora Carol Lita Villavicencio Lizárraga, que se desempeña como personal técnico. En 2020, postuló al Congreso por Solidaridad Nacional pero no logró el escaño para Junín. 

Una cuarta trabajadora es Paola Martínez Paitan, quien se ha desempeñado como directiva de la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia (Renafam), agrupación cercana al colectivo ultraconservador Con mis hijos no te metas. En sus redes sociales, Martínez Paitan ha compartido contenidos que atacan a la Sunedu y difunden información falsa. 

Votación pendiente

Si bien el Pleno del Congreso todavía no ha ratificado el dictamen contra la Sunedu, el panorama muestra que las bancadas con mayoría —como Fuerza Popular, Perú Libre y Renovación Popular— respaldarán de nuevo la iniciativa para su posterior análisis en el Poder Ejecutivo que decidirá si la promulga o retorna al Legislativo. Así lo han anunciado los líderes de estos partidos políticos.
 
El 1 de febrero, los votos a favor sumaron 69, entre ellos los de legisladores con vínculos en universidades: José Luis Luna Gálvez de Podemos y fundador de la Universidad Telesup; Yessica Rosselli Amuruz Dulanto de Avanza País y representante legal de la Universidad Politécnica Amazónica; y David Jimenez Heredia de Fuerza Popular y gerente de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosvelt. 

El día de la primera votación no asistió José Luis Elías Ávalos de Podemos y fundador de la Universidad Privada San Juan Bautista. Mientras que los hermanos María Grimaneza y Humberto Acuña Peralta de Alianza para el Progreso, cercanos a la Universidad César Vallejo, dieron su voto contra la norma. 

La legisladora Diana Gonzales Delgado (Avanza País), una de las pocas integrantes titulares de la comisión de Educación que votó en contra del dictamen, indicó a OjoPúblico que mantendrá su decisión por considerar que no se podía retornar a un sistema como el que manejaba la Asamblea Nacional de Rectores. 

“El modelo en que los rectores de las universidades integraban una entidad pública que, en teoría, velaba por la calidad universitaria no ha funcionado sino que también ha fracasado. Me parece absurdo que el regulado tenga el control del regulador. En los diferentes sectores el regulador es un ente completamente autónomo'', declaró.

A puertas del inicio de la nueva legislatura, programada para principios de marzo, se evidencian los intereses por cambiar la estructura de la Sunedu, mientras que el Ministerio de Educación —como ocurrió en el debate del dictamen— ha preferido el silencio antes que tomar una posición de respaldo público al organismo supervisor.