AOE. La evidencia científica ha demostrado que este método no interrumpe un embarazo existente y que es seguro para todas las mujeres.

La píldora del día siguiente: el acceso gratuito entra en una etapa decisiva

La píldora del día siguiente: el acceso gratuito entra en una etapa decisiva

AOE. La evidencia científica ha demostrado que este método no interrumpe un embarazo existente y que es seguro para todas las mujeres.

Ilustración: Claudia Calderón

La prevención en salud sexual y reproductiva va en retroceso en el Perú: el año pasado se triplicó el número de niñas menores de 10 años forzadas a ser madres. El acceso gratuito al anticonceptivo oral de emergencia en los establecimientos de salud pública –sea para casos de violación o cuando fallan otros métodos– entra en un momento decisivo ahora que una demanda será evaluada por el Tribunal Constitucional. Aunque existe abundante evidencia científica que descarta su supuesto efecto abortivo, los expertos temen que el Estado suspenda de manera definitiva esta alternativa y condene a miles de mujeres a llevar un embarazo no deseado.

21 Noviembre, 2021

Tenía 18 años cuando la violaron. Era 23 de marzo de 2014. Un grupo de hombres –entre ellos un excompañero de la escuela– la detuvo en una zona rural de Huánuco y la obligó a respirar una sustancia que la hizo dormir. Horas después, María* despertó en un parque con dolor intenso en los genitales. Sus padres la llevaron a un hospital, pero el personal de salud le exigió contar con una denuncia para darle atención inmediata. Fueron a dos estaciones de policía hasta que consiguieron el documento y la hospitalizaron. 

A los dos días, una obstetra le dejó una receta al pie de la cama sin mayor explicación. Se trataba del anticonceptivo oral de emergencia (AOE). El sistema de salud público no se la proporcionó y tuvo que recurrir a una farmacia privada. Nadie le dio indicaciones. Así que se tomó las dos pastillas juntas, y no con 12 horas de diferencia, lo que puso en riesgo su efectividad. Por suerte, la joven no quedó embarazada, pero todos sus derechos fueron vulnerados.

Su caso no generó conmoción. Fue uno más dentro de un país que, entre 2012 y 2018, registró 40.916 denuncias por violencia sexual a mujeres, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística e Información (INEI). Pero María —con apoyo del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), Paz y Esperanza y el Centro de Derechos Reproductivos— decidió romper con tanta indiferencia. A mediados de marzo de 2016, la joven denunció al Estado peruano frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reclamar justicia por haberle negado el AOE en el contexto de una violación sexual. 

El acceso gratuito al anticonceptivo oral de emergencia volverá a ser evaluado por el Tribunal Constitucional".

La causa fue admitida y, cinco años después, aún se espera una respuesta del organismo internacional. Sin embargo, su historia vuelve a resonar cuando el acceso gratuito a lo que se conoce como la “píldora del día siguiente” —tanto en caso de violación como por falla en el método anticonceptivo— podría estar en riesgo, ahora que una medida judicial que permitió su distribución en los establecimientos de salud volverá a ser evaluada por el Tribunal Constitucional (TC).

La ONG católica Acción de Lucha Anticorrupción “Sin Componenda” —conocida como ALA Sin Componenda— mantiene un proceso legal desde 2004 contra el Ministerio de Salud (Minsa) para detener la distribución del AOE por supuestos efectos abortivos. Su reclamo, que impone creencias religiosas por encima de las evidencias científicas, puso en jaque el derecho de la salud sexual y reproductiva de las peruanas al lograr que se interrumpiera el acceso a la píldora por más de siete años, entre 2009 y 2016. Incluso, en el caso de violaciones. Tras la decisión del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima de reanudar su distribución gratuita en 2016, el grupo conservador apeló y ahora será el TC quien deberá tomar una decisión definitiva.

“El Tribunal Constitucional recibió el caso y lo asignó a la Segunda Sala. Eso ocurrió en febrero de este año y, desde entonces, no han emitido una sentencia definitiva”, explicó Rossina Guerrero, directora de Programas del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex). “Hemos pedido que sea remitido al Pleno, en virtud de la importancia del tema. Una medida cautelar no es un acto definitivo. Necesitamos que se ratifique la decisión de 2016 de permitir la distribución gratuita de la AOE. No podemos seguir en un limbo jurídico. El personal médico necesita certezas. Al igual que las mujeres a quienes les falló o tuvieron un accidente en el uso del método. Ni hablar de aquellas que fueron víctimas de violencia sexual. Eso sería justicia para miles de mujeres en el Perú”, sostiene.


El mito de la “píldora abortiva”

 

El AOE lleva a cuestas el estigma de ser una supuesta píldora abortiva porque, durante la década del 80 y 90, se creyó que podría tener efectos sobre la implantación del embrión. No fue sino hasta 1998 cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) le dio luz verde, al aprobar el primer producto específico para la anticoncepción de emergencia por considerarlo seguro y eficaz.

Los estudios sobre este método anticonceptivo de uso ocasional comenzaron en 1960. El primer ensayo médico se publicó en 1977 por parte del doctor canadiense Albert Yuzpe. El método, que lleva su nombre, proponía utilizar píldoras disponibles en el mercado y aumentar la dosis de hormonas con la toma de cuatro unidades en la mañana y otras cuatro al día siguiente, lo que se convirtió en la primera alternativa para las mujeres que habían tenido relaciones sexuales sin protección. Luego, se iniciaron las investigaciones de un medicamento exclusivo para uso poscoital de urgencia.

En ese entonces, la Organización Mundial de la Salud (OMS) manifestó sus dudas con respecto a la incipiente anticonceptiva de emergencia por considerar que, además de interferir en la ovulación y en la marcha espermática, “podría tener un tercer efecto anti-implantatorio”, que con el tiempo quedó descartado. “[En esa época] se comprobó que el método Yuzpe funcionaba como contraceptivo. El problema es que no se sabía cómo funcionaba”, explicó Guillermo Ortiz, ginecólogo salvadoreño y miembro de Ipas, una organización de Carolina del Norte especializada en derechos sexuales y reproductivos. “Había varias teorías. Una de ellas era que afectaba la implantación”.

Ortiz recuerda que por la década de los 80 se hicieron pruebas en Europa con otra píldora llamada Mifepistrona, que logró su aprobación en Francia para su uso en abortos médicos. Un hecho que abonó el terreno para el surgimiento de más detractores, cuando la AOE se comenzó a comercializar en algunos países, a finales de los años 90. La asociación con aquel medicamento terminó por desprestigiar a la “píldora del día siguiente” bajo el argumento de que tenía supuestos efectos abortivos. 

La FDA aprobó el primer producto específico para la anticoncepción de emergencia en 1998, por considerarlo seguro y eficaz”.

Una investigación publicada en 1999 por James Trussell intentó dar luces frente aquella confusión: “la anticonceptiva de emergencia a veces se confunde con el aborto con medicamentos. Sin embargo, mientras que los medicamentos de aborto se utiliza para interrumpir un embarazo existente, la anticonceptiva de emergencia solo es eficaz antes de que se establezca el embarazo. La AOE puede prevenir el embarazo durante los cinco días después del coito, pero es ineficaz después de la implantación”. 

A pesar de eso, la píldora seguía sin ser aceptada a inicios del siglo XXI. Así lo evidenció una encuesta realizada en 2003 a 800 mujeres estadounidenses de entre 18 y 49 años, que reveló que solo 6% había usado alguna vez la AOE. “Muchas mujeres desconocen la existencia de la anticoncepción de emergencia, malinterpretan su uso y seguridad, no tienen un acceso conveniente y rápido a ella o no la utilizan cuando surge la necesidad. Aumentar el conocimiento son prioridades en el esfuerzo por reducir los embarazos no deseados”, reseña la publicación número 69 del boletín de The American College of Obstetricians and Gynecologists, de diciembre de 2005. 

La duda sobre el supuesto efecto abortivo de la AOE también desató una corriente opositora a la píldora en América Latina. No solo Perú comenzó una lucha judicial para impedir su acceso gratuito, sino también México, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina. Entre 2001 y 2007, el desconocimiento condujo a iniciar al menos 15 procesos judiciales sobre la AOE en la región: 14 para evitar su distribución y comercialización, y uno para obligar la distribución gratuita, según un balance del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)

En paralelo, seguían surgiendo evidencias científicas que desmontaban el mito del efecto abortivo. Esto llevó al Programa Especial de Investigación, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana (HRP) –parte del grupo de investigación de la OMS– a avalar, en octubre 2005, el uso de las pastillas anticonceptivas de emergencia. “Se ha demostrado que las píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE) que contienen levonorgestrel, previenen la ovulación y que no tienen un efecto detectable sobre el endometrio (revestimiento interno del útero) o en los niveles de progesterona cuando son administradas después de la ovulación. Las PAE no son eficaces una vez que el proceso de implantación se ha iniciado y no provocarán un aborto”. 

El 20 de junio de 2013, la FDA también actualizó su información sobre la AOE y respaldó su uso como producto de venta libre para todas las mujeres en edad fértil. “La píldora trabaja en forma similar a estas píldoras anticonceptivas al detener la ovulación y, por lo tanto, prevenir el embarazo. El Plan B One-Step [como se le conoce en EE. UU.] no interrumpe la gestación cuando una mujer ya está embarazada y no hay evidencia médica de que el producto haga daño al feto en desarrollo”, indicó.

Anticonceptivo Oral de Emergencia
Anticonceptivo Oral de Emergencia
Anticonceptivo Oral de Emergencia
Anticonceptivo Oral de Emergencia
Anticonceptivo Oral de Emergencia
Anticonceptivo Oral de Emergencia
Anticonceptivo Oral de Emergencia
Anticonceptivo Oral de Emergencia

 

Una larga contienda 

 

Las evidencias científicas sobre la seguridad de la AEO son contundentes. No obstante, Perú lleva dos décadas en una batalla legal para prohibir el acceso gratuito a la anticonceptiva oral de emergencia, que parece no tener fin. Su incorporación dentro de la política de planificación familiar se inició en 2001, durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua Coraza. Solo que la orden de distribución no llegó a cumplirse a cabalidad en los centros de salud, según refiere Rossina Guerrero, directora de Programas de Promsex.

“Desde que la AOE se incorporó a la oferta de planificación familiar, en el año 2001, se ha tenido que exigir el cumplimiento de su distribución en los servicios de salud”, explicó Guerrero en una publicación de OjoPúblico. “Luego de años de incumplimiento por parte del Minsa, un grupo de ciudadanas feministas acudimos al Poder Judicial con un proceso que, finalmente, llegó al Tribunal Constitucional (TC). Así, este organismo señaló, en una sentencia de 2006, que la AOE era un método anticonceptivo y que el Minsa debía garantizar su distribución”.

En paralelo, otras presiones comenzaron a ganar influencia. Por un lado, la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (Usaid), uno de los donantes más importantes de los programas de salud del Perú, prohibió a sus donatarios en materia de planificación familiar —fueran públicos o privados— usar sus fondos para actividades relacionadas a la AOE, según registra el documento “Las migajas bajo el mantel: la política fundamentalista de Usaid y el caso de la anticonceptiva oral de emergencia en el Perú”, de 2006. Aquella medida provenía de la política del presidente republicano George Bush, llamada “Regla Mordaza Global” (Global gag rule, en inglés), que buscaba desvincular a su gobierno de cualquier cosa que pudiera asociarse con el aborto, recuerda Susana Chávez, directora ejecutiva de Promsex. 

Perú incorporó la AOE a su política de planificación familiar en 2001. Distintas acciones legales han intentado obstaculizar el acceso desde entonces”.

Este medio intentó contactarse con el representante de Usaid en Perú para conocer su versión sobre el tema, pero hasta el cierre de este informe no respondió a la comunicación enviada por correo electrónico. Tras aquel episodio, Chávez asegura que la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos no dio mayor explicación. Se produjo un cambio de gobierno, entraron los demócratas y la “Regla Mordaza Global” se suspendió. Al final, Usaid dejó de trabajar los temas de planificación familiar en Perú y se abocaron a otras áreas. 

Del otro lado, estaba la presión de la ONG católica Acción de Lucha Anticorrupción “Sin Componenda” —conocida como ALA Sin Componenda—, que inició un nuevo proceso legal contra el Minsa para detener la distribución gratuita de la AOE. La presión terminó por bloquear el camino al método anticonceptivo de urgencia. En 2009, el TC cambió su posición sobre la “píldora del día siguiente”  y prohibió su distribución en los servicios de salud públicos, sin tomar en cuenta la evidencia científica presentada durante el proceso. Pero mantuvo su distribución en el mercado privado, lo que muchos consideraron como una medida discriminatoria. 

Hubo que esperar hasta 2016 para que el Estado volviera a distribuir de manera gratuita el anticonceptivo oral de emergencia, a raíz de una medida cautelar dictada por el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima. Decisión que podría quedar sin efecto si el TC ahora fija una posición en contra, lo que iría en detrimento del derecho de las peruanas a acceder a los avances científicos y a su autonomía reproductiva.

 

Derechos sexuales en retroceso

 

En febrero de este año, la OMS actualizó su manual de planificación familiar y reafirmó una vez más que este método no interrumpe un embarazo existente y que es seguro para todas las mujeres. Por tanto, seguir cuestionando su uso en estos tiempos resulta un debate desfasado. “Abogar para que se restrinja el acceso a la AEO por considerar que es un método abortivo no solo significa un retroceso en el campo de la medicina, sino también una regresión en términos de salud y de derechos”, opinó Ortiz de la organización Ipas.

Perú, sin embargo, ya ha mostrado un retroceso en la prevención de la salud sexual y reproductiva. El año pasado, por ejemplo, se triplicó el número de niñas menores de 10 años forzadas a ser madres, las muertes maternas se incrementaron en 45% y el número de parejas protegidas por todos los métodos anticonceptivos en los servicios de salud del Minsa se redujo en 23% a enero de 2021, según datos de UNFPA. Un análisis de este organismo internacional determinó que, en el contexto de la pandemia de la Covid-19, Perú fue el país de América Latina que registró la mayor inflación en el precio de los anticonceptivos orales: nueve veces por encima de la inflación general durante 2020, lo que afectó a 238.181 mujeres en ejercer su planificación familiar. 

Uno de cada dos nacimientos ocurridos en los últimos cinco años en Perú no fueron deseados en el momento de la concepción”.

Pero más que un asunto coyuntural, lo que pasa en Perú es un problema de fondo. Las peruanas no se han apropiado de los anticonceptivos como un recurso del ejercicio sano de su sexualidad. La prevalencia de métodos modernos entre las mujeres unidas (casadas y convivientes) apenas llega a 55%, de acuerdo con los registros de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) 2020, una cifra que está por debajo del 69,9%, alcanzado en el resto de la región. Si se suma el número de solteras, viudas y divorciadas, siete de cada 10 peruanas sexualmente activas no cuentan con una protección de larga duración,  revelan los cálculos de UNFPA. 

De hecho, la discontinuidad en el uso de estos métodos llega a ser de 45,5% (Endes 2020). Lo que significa que casi la mitad de las peruanas que recurren a los anticonceptivos dejan de utilizarlos en los siguientes 12 meses. Ese comportamiento, que evidencia la falta de una educación sexual integral, permite entender por qué uno de cada dos nacimientos ocurridos en los últimos cinco años en el país no fueron deseados en el momento de la concepción.

“Nuestra historia de planificación familiar no ha sido la más exitosa”, reconoce Alfredo Guzmán, presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. “Los métodos de larga duración tuvieron un problema serio, luego de las esterilizaciones forzadas. Aún muchos proveedores tienen temor de ofrecerla, y se decantan por las inyecciones. Tenemos una cultura muy conservadora y, aparte, contamos con zonas de muy difícil acceso. A ello hay que sumarle el machismo, que impuso que las mujeres no deberían cuidarse y obligó a muchas a descartar las pastillas por ser muy visibles. De ahí que estemos estancados en lo que respecta al uso de los métodos anticonceptivos”.

 

Alternativa ante una violación

 

En opinión de Rossina Guerrero, la AOE es indispensable en la oferta pública de salud, pues representa una segunda oportunidad para muchas mujeres que desean prevenir un embarazo en el marco de relaciones consentidas, ya sea porque el método anticonceptivo falló o porque no se usó ninguno. Pero, también es la única alternativa de muchas víctimas de violación sexual para evitar un embarazo forzado, pues el aborto en el país está criminalizado.

Perú registra el mayor número de denuncias por violencia sexual en niñas y adolescentes en América del Sur, según el informe ”Vidas Robadas” del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (Clacai). Solo entre enero y agosto de este año se reportaron 4.416 casos de violación a menores de edad, de acuerdo con cifras del Centro de Emergencia Mujer (CEM). Lo que significa que 18 niñas o adolescentes son ultrajadas al día por un hombre que, casi siempre, pertenece a su entorno directo. Como consecuencia, el país reporta 3.500 embarazos por violación al año y 29 de cada 100 muertes maternas en adolescentes están vinculadas al aborto inseguro, de acuerdo con el reporte de Clacai.

En ese contexto, se pensaría que Perú cuenta con un mecanismo de atención integral a las víctimas de violación sexual para garantizar que no sean revictimizadas en los establecimientos de salud o en los centros de administración de justicia. El protocolo existe, en efecto. Pero no funciona tal como está plasmado en el papel. En teoría, las afectadas deberían ser remitidas de inmediato a un establecimiento de salud para hacerles una evaluación médica y recibir un kit, que contiene la AOE y otros medicamentos para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, solo 5% de las víctimas llega a ser atendida en un hospital.

“Tenemos un sistema de atención a la violencia que no está organizado para evitar la revictimización”, dice Guillermo Atencio.

Así lo confirman las cifras de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Minsa. “Hasta setiembre, hemos entregado 1.850 kits de emergencia. Ese número no se equipara con las denuncias, porque solo 5% llega a los establecimientos de salud”, afirma Guillermo Atencio, director ejecutivo de Salud Sexual y Reproductiva del Minsa. “No es un problema de falta de abastecimiento. Contamos con suficientes kits. El asunto es que tenemos un sistema de atención a la violencia que no está organizado para evitar la revictimización. Se debe mejorar la capacidad de respuesta del Estado, porque ocurre que las víctimas nunca son remitidas de forma directa o llegan cuando el medicamento ya no tiene efecto”.

Esa cadena de obstáculos para acceder al AOE de manera gratuita empeoró con la llegada de la pandemia. Un informe de la Defensoría del Pueblo, que recoge datos de 57 establecimientos de salud a escala nacional, detectó que algunos centros de atención pública no ofrecieron la píldora del día siguiente a las usuarias que lo requerían (35%), otros no garantizaron su entrega en los casos de violencia sexual contra las adolescentes ni pusieron a disposición el servicio de consejería para su uso (30%) y hubo locales que exigieron la autorización de una persona adulta para entregar el AOE a las adolescentes (42%).

“Resulta preocupante que no se esté garantizando el acceso gratuito a la anticonceptiva oral de emergencia en los centros de salud, considerando las cifras de abusos sexules y el índice de embarazo adolescente en el país”, afirma Diana Portal, comisionada adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. “Se ha aumentado la distribución de los kits de emergencia y eso es una buena noticia. Pero todavía falta, porque no corresponde con el alto número de denuncias. Urge reforzar la capacitación del personal médico y de la administración de justicia porque, al bloquear el acceso al anticonceptivo de emergencia, el Estado peruano viola el derecho a la salud sexual y reproductiva”.


Condenar a las mujeres

 

Honduras es el único país de América Latina que prohíbe la “píldora del día siguiente”. Ni siquiera se autoriza su venta en establecimientos privados. Su acceso estuvo permitido a partir de 1999, a raíz de la situación de emergencia que ocasionó el huracán Mitch. Se obtenía en los centros asistenciales de forma gratuita y se expendía en las farmacias. Pero, luego del golpe de Estado de 2009, se firmó un acuerdo ministerial que impidió la venta, uso, consumo y distribución. Las autoridades esclesiásticas de ese país centroamericano alegan que este tipo de anticonceptiva de emergencia provocaba abortos, esterilidad y cáncer, pese a que la evidencia científica lo ha descartado.

Desde entonces, las voces de las mujeres se han impuesto a través de la campaña “Hablemos de lo que es” para exigir que se reanude el acceso a la AOE, en un país donde se reportan más de 4 mil violaciones a menores de edad al año, según los registros del Ministerio Público y Medicina Forense. “El aborto, la píldora del día después y el matrimonio igualitario son temas que están vetados en Honduras”, cuenta Ana Fálope, miembro de la asociación Acción Joven Honduras y promotora de la iniciativa. “Solo se necesita la firma del ministro de Salud para revertir la medida, pero el tema está politizado y nadie mueve un dedo sin orden presidencial”. 

En 2014 se abrió una tregua, y el Ministerio de Salud convocó a un grupo de expertos para redactar un protocolo de atención a las víctimas de violencia sexual. Pero las autoridades se negaron a incluir al AOE y la iniciativa no prosperó. “Hasta ahora, la única opción que tienen las mujeres en Honduras es comprarlas en mercados o pulperías a un alto precio o pasarlas como contrabando desde Nicaragua. Es una condena, porque el Estado no las protege de la violación ni tampoco de las consecuencias”, afirma Fálope.

La AOE está disponible en más de 80 países del mundo. Incluso, Canadá, Finlandia, Francia, Portugal, Bélgica, Reino Unido y Estados Unidos la venden sin receta médica, de acuerdo con el informe de UNFPA “La Anticoncepción Oral de Emergencia. El Debate Legal en América Latina” (2008). Su aceptación en América Latina se logró, pero con resistencia. Brasil fue el primero en permitir su comercialización, en 1999, y Venezuela se sumó al año siguiente. Uruguay y Paraguay también permitieron su acceso a comienzos del 2000. Después vino México, que aprobó su venta en farmacias en 2004 y, un año más tarde, la incorporó a su lista de medicamentos distribuidos de manera gratuita por los hospitales públicos. Le siguió, en 2005, la provincia de Río Negro, en la Patagonia argentina, donde el aborto era la segunda causa de muerte de las mujeres. La medida que impulsó la diputada Marta Milesi sentó un precedente para que, en 2007, se aprobara en el resto del país.

AOE en América Latina

 

Colombia también fue uno de los primeros países en la lista, al considerar las pastillas anticonceptivas de emergencia en el plan de salud desde 2000. Pero la norma técnica que rige la planificación familiar se actualizó en 2008 para especificar en qué casos usarlas, como una violación sexual y relaciones sexuales sin protección. Chile, por su parte, libró una larga batalla legal para conseguir el acceso: en 2007, el Tribunal Constitucional prohibió su distribución y la AOE se retiró de los servicios de salud. Hasta que, en enero de 2010, el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet restableció la entrega de la píldora en el servicio público de salud, pero puso una barrera para las menores de 14 años, al requerir un consentimiento de sus padres. 

En ese mismo año, Bolivia emitió una normativa nacional que permitió el acceso gratuito en hospitales y la venta libre. El Ministerio de Salud de Ecuador, entretanto, no aprobó la distribución gratuita de la píldora del día siguiente sino hasta 2013. Sin embargo, en 2019 incluso algunas farmacias se negaban a venderlas, por “razones éticas”. Lo que obligó al Estado a recordar que existía un mandato constitucional sobre el derecho a la salud. 

Los expertos aseguran que quienes hoy todavía obstaculizan el acceso a la AOE pierden de vista que prevenir los embarazos no deseados podría evitar entre 20% y 35% la mortalidad materna, según cálculos de la UNFPA. Lo que, en términos económicos, representa beneficios por el orden de USD 398 millones, con solo desarrollar acciones que incrementen 10 puntos porcentuales el uso de los métodos anticonceptivos.

“Restringir hoy el acceso a la píldora del día después es no ver los daños que esa medida puede acarrear a futuro”, explica Guillermo Ortiz. “Las menores de 15 años con un embarazo impuesto tienen tres veces mayor riesgo de morir. Aparte, existe una alta tasa de mortalidad neonatal. Un embarazo impuesto tiene afectación en la salud mental. Las mujeres no encuentran salida y pueden tomar caminos desesperados como un aborto inseguro o el suicidio. Negarles la anticonceptiva oral de emergencia a una víctima de violencia sexual es revitimizarla”, recuerda.

 

 

* El nombre de María se cambió para garantizar su anonimato.

 

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