COP26. La cumbre del clima tiene como objetivos asegurar la carbono neutralidad, el financiamiento y movilizar medidas para la adaptación a los efectos de la crisis climática.

El negocio del carbono: el debate en la COP26 sobre vender y comprar la reducción de emisiones

El negocio del carbono: el debate en la COP26 sobre vender y comprar la reducción de emisiones

COP26. La cumbre del clima tiene como objetivos asegurar la carbono neutralidad, el financiamiento y movilizar medidas para la adaptación a los efectos de la crisis climática.

Ilustración: Shutterstock

El evento mundial en el que se adoptan acuerdos entre más de 190 países sobre las acciones frente a la crisis climática se realizará entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre en Glasgow, Escocia. Este año uno de los principales temas a abordar será la reglamentación del artículo 6 del Acuerdo de París, el único sobre el cual las Partes no llegaron a un acuerdo en las dos últimas conferencias. Este permite que los países puedan intercambiar entre ellos la reducción de emisiones (conocidos como créditos o bonos de carbono) por dinero. Las naciones también negociarán el financiamiento, la adaptación a las consecuencias del cambio climático y el aumento en los compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

24 Octubre, 2021

Cada año, desde 1995, se lleva a cabo la Conferencia de las Partes (COP), un evento mundial en el que participan presidentes, representantes de los Gobiernos y miembros de la sociedad civil de más de 190 países para tomar decisiones relacionadas a la crisis climática. Esta cumbre anual, realizada por la Convención Marco de las Naciones Unidas en Cambio Climático (CMNUCC), tiene el objetivo de evaluar los progresos conseguidos en las medidas adoptadas por las Partes —197 en total, que incluye la Unión Europea— para alcanzar el objetivo de estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

En esta conferencia mundial, los representantes de cada una de las Partes anuncian nuevos compromisos climáticos y avanzan en negociaciones que impactan a todos los países participantes, a las empresas que operan en su territorio y a sus ciudadanos. “La responsabilidad recae en todos y cada uno de los países. Y todos debemos hacer nuestra parte porque, ante el cambio climático, tendremos éxito todos juntos o fracasaremos todos juntos", dijo Alok Sharma, presidente designado de la COP, el pasado 12 de octubre, en un discurso realizado en el Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, en París.

Este año, la COP26 tiene como uno de los principales puntos de agenda reglamentar el artículo 6 del Acuerdo de París (CMA, por sus siglas en inglés), un tratado internacional firmado en 2015, que busca evitar que la temperatura del planeta supere el umbral crítico de 1,5 ºC. 

Aquí se están negociando cambios de la forma en cómo se está conduciendo la economía”, dijo Brendan Oviedo.

Para entender la importancia y la dificultad de llegar a acuerdos en torno a este artículo, es necesario retroceder hasta 1997: ese año, se firmó el Protocolo de Kioto, el cual entró en vigor en 2005 y estableció que los países industrializados (37 naciones y la Comunidad Europea) deben comprometerse a implementar políticas y otras medidas para reducir las emisiones de GEI. Allí se determinaron dos períodos para avanzar con dicho objetivo: uno que iba del 2008 al 2012 —cuya meta era que la emisiones se redujeran en 5 % respecto a los niveles de 1990—, y un segundo período —desde el 2013 al 2020—, con el objetivo de reducir las emisiones a, al menos, un 18 %. 

Sin embargo, una de las principales críticas hecha por las Partes que suscribieron este protocolo fue que, al no incluir a todos los países, los firmantes —que solo representaban el 12 % del total de emisiones del mundo— veían limitados su desarrollo frente a los países que no firmaron el acuerdo. Por ejemplo, algunas de las naciones que quedaron exentas del tratado fueron China e India, quienes ocupan el primer y el tercer lugar entre los países que emiten más toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, según un reporte de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de 2019. 

“Ellos [los países firmantes] dijeron ‘yo, que emito menos que China, tengo que reducir mis emisiones y China no. Eso me va a hacer menos competitivo’. Tenían un punto válido”, explicó Brendan Oviedo, abogado especializado en mercado de carbono que participó como negociador en la COP15 de Copenhague, en 2009.

En este contexto, los progresos de la COP21, realizada en 2015, fueron importantes. Por un lado, significó la firma del Acuerdo de París y, por otro, incluyó a todos los países miembros de la CMNUCC, tanto a los desarrollados como a aquellos en vías de desarrollo. Sin embargo, recién tres años después —en la COP24, celebrada en la ciudad de Katowice, Polonia—, los países establecieron un libro de reglas (“The Katowice Rulebook”), en el que describieron de qué manera se iban a cumplir cada uno de los 29 artículos. A pesar de estos avances, hubo un punto en el que lograron un acuerdo y, por eso, no se estableció una directriz: el artículo 6. 

Foto: OjoPúblico / Leslie Searles

EN AGENDA. La COP26 tiene como uno de sus objetivos brindar la misma importancia a la mitigación que a la adaptación a los efectos de la crisis climática.
Foto: OjoPúblico / Leslie Searles

 

El artículo 6 y su regulación del mercado de carbono 

 

El artículo 6 del Acuerdo de París permite que los países puedan negociar entre ellos la transferencia de reducción de emisiones (conocidos como créditos de carbono).  Es decir, si un país supera su límite de emisiones de GEI, este artículo le permite compensar su excedente financiando un proyecto que reduzca esa misma cantidad de carbono en otro país. Brendan Oviedo ejemplifica cómo funciona esta transacción: “Imagínate que mi límite como país es de 100 y yo emito 110. Entonces, necesito reducir mis emisiones en 10. Lo que pasa ahí es que yo reduzco mis emisiones en ocho y esos dos que faltan los compró de países en vías de desarrollo”. 

Según Osver Polo —miembro del Climate Action Network Latinoamérica, una red global de organizaciones no gubernamentales comprometidas en la lucha contra las causas y los efectos del cambio climático—, este artículo busca sentar las reglas sobre cómo funcionará el mercado global de carbono. Al respecto, Oviedo, actual presidente de la Sociedad Peruana de Energías Renovables, precisa que se habla de mercado de carbono porque todos los GEI tienen un nivel de carbono. Por ejemplo, tanto el dióxido de carbono como el metano —principales gases contaminantes— tienen carbono en su composición. Por ello, la contabilidad de cuánto se emite o se reduce se hace en toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente.

Sin embargo, Cristian Salas, director ejecutivo del Centro de Cambio Global UC de Chile, precisó que el artículo 6 también aborda mecanismos de no mercado. Con eso quiere decir que existen otras medidas que no implican una transacción entre naciones. El especialista pone como ejemplo los impuestos verdes, es decir políticas fiscales que un país puede implementar sin necesidad de una transferencia con otra nación o con un tercero.

Las transacciones para reducir las emisiones de GEI se pueden hacer de diferentes maneras. Uno de los mercados de carbono que opera actualmente es el de tope y canje, explicó Sala. Este establece un límite para que los países emitan determinada cantidad de GEI y, como los países en sí mismos no son los que emiten los gases, sino que son las empresas, este tope se traslada a las mismas. 

De esta manera, si una empresa no sobrepasa su tope, puede vender el permiso excedente a otra empresa; o si, por el contrario, lo supera también puede negociar. “Por ejemplo, a la industria minera le pongo un límite de emisiones de 80 y pueden transar con ese límite. Es decir, si yo minera X sigo superando ese límite y estoy en 85, puedo pagarle a alguien que hace captura de emisiones en cinco”, explicó Salas.

COP26, Claudia Calderón, 2021

 

Otro mecanismo de regulación del mercado de carbono es el de la compensación. Este consiste en que un país puede comprar bonos o créditos de carbono a otros países. Salas explicó a OjoPúblico que este mecanismo permite, por ejemplo, que una minera sin capacidad para disminuir su compromiso de emisiones compre créditos de carbono, reforestando o financiando a alguien que hace conservación del bosque. “Compensa [a otro] para que reduzca emisiones, en lugar de [hacerlo con] su industria”, dijo. 

Este modelo, denominado mecanismo de desarrollo limpio (MDL) en el Protocolo de Kioto y que, a partir de ahora, se llamará mecanismo de desarrollo sostenible (MDS), fue exitoso en Perú. Oviedo explicó que en el país se aprovechó para desarrollar proyectos que no emitían GEI y vender esos bonos de carbono. Es decir, en lugar de construir una planta térmica de petróleo, que genera emisiones, se construía una planta solar con cero emisiones; y esa diferencia de GEI que no iban a producir, se reflejaban en créditos de carbono. 

Entonces, si con la planta térmica se hubiera emitido 10 y con la solar no se emite, esos 10 se convierten en bonos de carbono. “Los proyectos MDL en el Perú fueron un éxito, se generaron más de 70: biodigestores, hidroeléctricos, solares, eólicos. Esto generó mucho billete, porque Perú vendía estos créditos a empresas en el extranjero que tenían obligaciones”, afirmó el especialista que trabaja el tema de mercados de carbono desde 2004.

Por todo eso, Oviedo destacó que las negociaciones que tendrán lugar en la COP26 tienen impactos económicos. “Esto no es cualquier cosa, estamos hablando de un cambio de mentalidad de conceptos económicos. Aquí se están negociando cambios de la forma en cómo se está conduciendo la economía y la dirección hacia dónde la queremos llevar”, resaltó. 

Teniendo en cuenta la relevancia que tiene este artículo es necesario que su reglamentación se haga de la manera más precisa posible, puesto que una mala regulación puede dejar cabos sueltos que pongan en riesgo la transparencia en la contabilidad de las reducciones de GEI en todos los países.

“El artículo 6, que regula los mercados de emisiones, es una de las partes más polémicas y difíciles de consensuar del Acuerdo de París. Unas reglas débiles podrían poner en peligro la implementación del acuerdo”, aseguró Polo, quien apoya al Movimiento Ciudadano por el Cambio Climático (MOCICC) con insumos sobre negociaciones climáticas.

Si un país supera sus emisiones, el artículo 6 le permite compensar su excedente financiando un proyecto que reduzca esa misma cantidad de carbono en otro país”.

Una de las dificultades al regular este artículo es que se podría caer en la doble contabilidad. Esto significa, básicamente, que tanto el país que vende como el país que compra la reducción de emisiones contabilicen por separado la reducción. Por ejemplo, si el país en vías de desarrollo redujo 5 % de emisiones y otro país desarrollado compra esta reducción, los dos no pueden afirmar que redujeron 5 % cada uno, puesto que eso daría la idea de que se redujo un 10% de las emisiones de GEI. “Si hay una transferencia solo lo puede contabilizar uno de los países. Este es uno de los temas por los que se ha demorado tanto [reglamentar el artículo 6]. No es nada sencillo y cuesta mucho ponerse de acuerdo”; aseguró Salas. 

Otro de las dificultades al regular este artículo es la adicionalidad. Esta hace referencia a que los países deben demostrar que están haciendo esfuerzos para desarrollar proyectos que emiten menos GEI y que los mismos no se hubieran hecho si no existieran los créditos de carbono. Es decir que, en condiciones normales de mercado, ese proyecto no se hubiera desarrollado. “Tú tienes que poder probar que los proyectos que vas a desarrollar como MDL, no hubieran sido posibles sin este mecanismo, porque al final el MDL te va a generar créditos de carbono, que es el dinero que tú necesitas para hacerlo”, precisó Oviedo.

Por último, uno de los temas a abordar en la regulación de este artículo es que muchos países ya han emitido créditos de carbono. Entonces, existe la intención de que estos créditos, que se desarrollaron bajo la denominación de MDL, se contabilicen bajo la nueva denominación de MDS. En este punto, hay una controversia entre las Partes: por un lado, los países en vías de desarrollo que cuentan con estos bonos de carbono plantean que sí se los cuente y, por otro lado, los países desarrollados sostienen que todo lo que pasó antes de la COP26 no debe tomarse en cuenta, hasta que se reglamente el artículo 6. 

Dicha reglamentación —con un gran impacto económico para los países y en la cantidad de proyectos con emisiones de carbono que van a poder llevarse a cabo—  no pudo realizarse en la COP24 ni en la COP25, pero existen grandes esperanzas de que las Partes al fin lleguen a un acuerdo en la conferencia de este año.

Aunque las conversaciones entre los países sobre este artículo giran en torno al mercado, no mercado y sus economías, es importante tener en cuenta que la falta de regulación del mismo limita una de las posibilidades para reducir las emisiones de GEI —el tema central que convoca a todos estos negociadores y a la sociedad civil—. “El hecho de que no se llegue a un acuerdo no quiere decir que no se pueda seguir avanzando, pero se reduce una de las herramientas que tienen los países de alcanzar la neutralidad carbono”, subrayó Cristian Salas.

 

Más de un tema en agenda

 

Además del artículo 6 del Acuerdo de París, uno de los temas a tratar en la COP26 es el financiamiento climático. ¿Qué implica esto? Los países necesitan dinero para implementar medidas que reduzcan las emisiones de GEI, pero también para poder adaptarse a los cambios que la crisis climática ya está generando. Por eso, uno de los aspectos principales a discutir va a ser cuánto dinero van entregar los países desarrollados —que son los que emiten más GEI— a los países en desarrollo, para avanzar en el cumplimiento de los objetivos.

En 2009, los países desarrollados se comprometieron a dar USD 100.000 millones anuales entre 2020 y 2025 a los países en vías de desarrollo para apoyar la adaptación a la crisis climática y reducir las emisiones de GEI. Santiago Lorenzo, jefe de la Unidad de Economía del Cambio Climático de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), precisó a OjoPúblico que, hasta el momento, se han desembolsado aproximadamente USD 80.000 de los USD 100.000 millones prometidos. 

Por lo que uno de los puntos cruciales a decidir —señaló Rodrigo Rodríguez, secretario de Cambio Climático del Gobierno de Argentina, en el evento de Periodistas por el Planeta—  es si los los países desarrollados entregarán el monto total, o si esa deuda se suprimirá y recién, a partir de esta COP, lo darán.

Foto: OjoPúblico / Leslie Searles

DEPREDACIÓN DE BOSQUES. Casi el 50 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de Perú son producto de la deforestación. 
Foto: OjoPúblico / Leslie Searles

 

Otro tema a abordar será la transparencia que deben tener los países sobre los avances que realizan para alcanzar los objetivos climáticos. Debido a que cada país adopta compromisos (NDC), estos deberían tener la capacidad de informar sobre sus avances. Sin embargo, destacó Oviedo, hay distintos tipos de compromisos y esto complica una estandarización en los informes a entregar. Asimismo, Antonio Zambrano, coordinador nacional del MOCICC, resaltó que hay interés para crear una agencia especial encargada de monitorear cómo se está utilizando el financiamiento climático a nivel mundial. 

La transparencia también está relacionada con mayores compromisos para reducir las emisiones. Kate Harrisson, embajadora británica en Perú, destacó que uno de los cuatro objetivos del Reino Unido, como organizador de esta COP, es asegurar la carbono neutralidad global. Es decir, que haya un equilibrio entre las emisiones de GEI que se expulsan a la atmósfera y las que se retienen. Los otros tres objetivos son fortalecer las políticas de adaptación climática, movilizar y aumentar el monto del financiamiento climático, y trabajar en conjunto y de manera combativa. 

A su vez, Silvana  Rebaza, directora de COP26 y gerenta de Cambio Climático de la Embajada Británica en Perú, afirmó que una de las prioridades de conversación con el Perú es lo relacionado con los esfuerzos por reducir la deforestación y promover la reforestación. Este tema resulta crucial si se tiene en cuenta que, en 2020, Perú deforestó 203.272 hectáreas de bosques amazónicos, la cifra más alta de deforestación en el país de los últimos 20 años. “Casi el 49 % de nuestras emisiones son por la deforestación de bosques”, detalló Zambrano, quien ha participado en conferencias anteriores como observador de la sociedad civil.

Otro de los temas a tratar será el de la mitigación y la adaptación. En las últimas dos décadas, el financiamiento climático se ha venido utilizando para cumplir con los objetivos de mitigación. Es decir, de reducción de las emisiones de GEI. Sin embargo, países como Colombia y Perú representan menos del 1 % de las emisiones globales. Por eso, explicó Harrisson, la mitigación no es uno de sus principales retos, aunque sí la adaptación, pues los cambios generados por la crisis climática tiene grandes impactos en estas regiones con una gran biodiversidad. 

De hecho, el informe “Countdown sobre la salud y el cambio climático”, publicado en “The Lancet” evidenció que el rápido aumento de eventos climáticos extremos y severos —como las olas de calor, los incendios forestales, las sequías, los cambios de las enfermedades infecciosas y la subida del nivel del mar —, combinados con medidas de adaptación insuficientes están afectando la salud de las personas en todo el mundo. 

“El 72 % de los países experimentó un aumento en la exposición humana a los incendios forestales; la idoneidad ambiental; la transmisión de enfermedades como el dengue, la malaria y el cólera está aumentando en todo el mundo; y en 2020, hasta el 19 % de la superficie terrestre mundial se vio afectada por una sequía extrema en un mes determinado, lo que puso a las personas en peligro de inseguridad alimentaria y hídrica”, concluyeron.

Uno de los principales aspectos a discutir va a ser cuánto dinero van a entregar los países desarrollados a los países en desarrollo".

Por estas razones, la COP26 tiene como uno de sus objetivos brindar la misma importancia a la mitigación que a la adaptación a los efectos de las crisis climáticas, e impulsar que el financiamiento se utilice de manera proporcional para ambos fines. No obstante, Antonio Zambrano resaltó que el objetivo de adaptación no es aplicable para todas las naciones del planeta, puesto que hay Estados que colapsan frente al incremento de la temperatura. “Por ejemplo, [hay] islas que van a desaparecer”, dijo.

Finalmente, un tema de igual relevancia para todos los países es la ambición de incrementar las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés). Es decir, los compromisos que asumen para reducir emisiones de GEI y afrontar la crisis climática. 

Hace poco menos de un año, Perú anunció  que su NDC busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 30 % y un 40 % para el 2030 y lograr la neutralidad de carbono para 2050. Este compromiso, realizado durante el gobierno transitorio de Francisco Sagasti, fue reiterado por el actual mandatario, Pedro Castillo, en la 76° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

 

El impacto de la pandemia 

 

La pandemia de la Covid-19 visibilizó la estrecha relación que existe entre los humanos, los animales, el medioambiente y la salud. El “Informe especial sobre cambio climático y salud” de la OMS pide a los representantes de los 200 países que participarán en la COP26 que los acuerdos a favor de la acción climática que se adopten tomen en cuenta los vínculos entre clima y salud.

“El cambio climático ya está afectando la salud de muchas maneras, incluso provocando muertes y enfermedades a causa de eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes, como olas de calor, tormentas e inundaciones, la interrupción de los sistemas alimentarios y el aumento de zoonosis”, sostienen. 

Sin embargo, la pandemia no solo proporciona más argumentos para empezar a tomar acciones, sino que también supone un reto para asegurar mayor participación dentro de una COP que se da en circunstancias atípicas. En principio, esta conferencia estaba programada para noviembre de 2020; sin embargo, en el contexto de la emergencia sanitaria, los representantes de la ONU decidieron, el 1 de abril de 2020, posponer el evento para este año. 

Foto: Andina

PANDEMIA. La COP26 es la primera cumbre climática que se realiza en el contexto de una pandemia, lo que ha supuesto grandes retos a nivel de organización.
Foto: Andina / Renato Pajuelo

 

La primera Conferencia de las Partes realizada durante una pandemia implica grandes desafíos, que —tal como menciona Azul Schvartzman, becaria del programa de la ONU “Race to Zero Youth Resilience”— impiden que esta se convierta en la COP más inclusiva de todas. Ello debido, sostiene Schvartzman, a que hay muchos limitantes para asegurar la participación de las Partes y la sociedad civil. 

“Tenemos limitantes estructurales, [otros propios] de la pandemia, temas logísticos, más una comunicación bastante desorganizada y cambiante en términos de cómo ingresar o no al Reino Unido”, dijo la activista climática, en una conferencia organizada por Periodista por el Planeta y la Embajada Británica en Argentina. Al respecto, Kate Harrisson precisó a OjoPúblico que la COP26 tiene el objetivo de ser lo más inclusiva posible, teniendo en cuenta el contexto. “No es fácil porque hay diferentes situaciones [frente a la Covid-19] en cada país”, dijo.

Una de las principales dificultades para asegurar la participación equitativa de todas las naciones consiste en que el Reino Unido estableció una lista roja de países que, por su situación actual de contagios del nuevo coronavirus, deben cumplir ciertos requisitos antes de ingresar a su territorio, como realizarse una prueba de Covid-19 tres días antes de su viaje y cumplir con una cuarentena obligatoria, al llegar. 

Esta publicación oficial establece que los miembros de las delegaciones de siete países (Perú, Colombia, Ecuador, Haití, Panamá, República Dominicana y Venezuela) que vayan a la COP necesitan hacer una cuarentena de 10 días o cinco días, en caso estén vacunados. Harrisson explicó que las naciones que se encuentran en la lista tienen en sus territorios variantes como Mu y Lambda de las cuales aún no existe información sobre su comportamiento frente a las vacunas. “Para esos países tenemos un sistema de cuarentena, pero todos los costos de esa cuarentena va a ser pagado por el Reino Unido”, indicó 

A su vez, Silvana Rebaza, gerenta de COP26 de la Embajada Británica en Perú, afirmó que el Reino Unido está buscando dar cierta flexibilidad en este tema al aceptar todas las vacunas y reducir los días de cuarentena para los vacunados y para los representantes principales de esos países (presidentes y ministros), que no tendrán la obligación de cumplir con esos períodos. 

Otra de las dificultades constituye los altos costos que implica viajar hasta Glasgow para participar en la COP26. El secretario de Cambio Climático del Gobierno de Argentina, Rodrigo Rodríguez, resaltó que, para las personas que planean participar en el evento internacional, el costo de una habitación de hotel es de, aproximadamente, 300 libras esterlinas por noche (es decir, alrededor de USD 413). Por su parte, la asociación Ruta del Clima calculó que una noche en una de las habitaciones en el portal oficial del hotel para la COP26 puede costar USD 1.030. “Esta es una suma increíblemente grande para muchos representantes del Sur Global”, enfatizaron. 

 

 

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