IGNORADA. Santa Clara de Uchunya señala que no fue consultada sobre la construcción de una planta del Grupo Ocho Sur, implicada en una investigación por deforestación.

La solitaria lucha de una comunidad ante el avance del negocio de la palma aceitera

La solitaria lucha de una comunidad ante el avance del negocio de la palma aceitera

IGNORADA. Santa Clara de Uchunya señala que no fue consultada sobre la construcción de una planta del Grupo Ocho Sur, implicada en una investigación por deforestación.

Foto: David Díaz Gonzales/ OjoPúblico

La instalación de una planta procesadora de aceite de palma cerca a tierras indígenas no consideró su impacto y consulta con la comunidad shipibo-konibo de Santa Clara de Uchunya, en la Amazonía de Ucayali. OjoPúblico revisó el Estudio de Impacto Ambiental de la planta del Grupo Ocho Sur, implicado en una investigación por deforestación, y la opinión técnica del Ministerio de Cultura, y ambos documentos no consideraron a la comunidad dentro del área de influencia, pese a ubicarse a menos de dos kilómetros del proyecto. Un equipo periodístico viajó a la zona y documentó las denuncias de los líderes locales que solicitan garantías para sus vidas por amenazas de muerte.

26 Septiembre, 2021

A casi 40 kilómetros de Pucallpa, capital de la región amazónica de Ucayali, ubicada en la frontera con Brasil, los miembros de la comunidad shipibo-konibo de Santa Clara de Uchunya inician sus actividades diarias a las cinco de la mañana. Se despiertan con el canto de los gallos que viven en los corrales instalados afuera de las viviendas de madera. A esa hora, los primeros miembros de la comunidad se dirigen hasta el peque-peque que los transportará por el río Aguaytía para llegar al interior de los bosques donde tienen sus cultivos. 

La zona de pesca y las chacras de alimentos se encuentran a veinte minutos en bote y luego dos horas a pie. En el límite de estas tierras tituladas, que hace solo seis años los miembros de la comunidad recorrían sin inconvenientes, hay carteles que indican la prohibición de la tala de árboles y otros que anuncian la presencia de cultivos de palma aceitera. 

Durante los últimos años, el cultivo de esta planta introducida a la Amazonía ha desencadenado una serie de conflictos por la tierra con varias comunidades indígenas. La historia de Santa Clara de Uchunya es una de ellas e involucra a la empresa Ocho Sur P (llamada antes Plantaciones de Pucallpa). Hace años los dirigentes denuncian que se han deforestado bosques en zonas que demandan como sus territorios para sembrar este fruto.

Pero durante los últimos meses esta tensión ha ido escalando. A la vigente disputa, se ha sumado la instalación, desde marzo del 2020, de una planta extractora de aceite de palma sin informar ni consultar con la comunidad a pesar de que está en un área que limita con la comunidad: el fundo Tibechoca. Los líderes locales que denuncian esta situación han solicitado garantías para sus vidas por amenazas recibidas de personas ajenas a sus territorios.

¿Cómo se aprobó este proyecto industrial sin que los miembros de la comunidad tuvieran conocimiento previo del mismo? OjoPúblico viajó a Ucayali y acompañó a los líderes de la comunidad a recorrer los linderos de su territorio.  

La planta y la consulta

 

El año pasado, el ruido generado por el funcionamiento de la planta de aceite de palma del Grupo Ocho Sur (que agrupa a las empresas Ocho Sur P, Ocho Sur U y Servicios Agrarios de Pucallpa), tomó por sorpresa a los líderes de Santa Clara de Uchunya, entre ellos, a Efer Silvano Soria, jefe de la comunidad.  

—Se escucha bien clarito y los animales huyen con la bulla. Yo tengo mi chacra por allí y casi todos los días se escucha hasta las cuatro de la tarde. Ni yo ni la comunidad sabíamos sobre la planta. La empresa [del grupo Ocho Sur] nunca vino a informar— relata Efer Silvano a un equipo de OjoPúblico

La planta extractora de aceite de palma en mención se inauguró en marzo del 2020 y es una de las más grandes del país: tiene una capacidad para procesar 45 toneladas por hora. La instalación permite la transformación industrial del fruto de la palma en aceite que se usa en la producción de alimentos industriales, jabones, champú, cosméticos, desinfectantes y otros. La compañía considera a esta planta la “más moderna de Sudamérica y orgullo de la región Ucayali”. 
  
Este proyecto es propiedad de Servicios Agrarios de Pucallpa, que pertenece al Grupo Ocho Sur y se  ubica a 1,6 kilómetros de distancia del centro de la comunidad. Sin embargo, pese a la cercanía, los dirigentes y otras personas de la zona entrevistadaa por OjoPúblico señalan que nunca fueron informados o consultados sobre la nueva instalación en el fundo Tibecocha que colinda con sus territorios.

 
Mapa Servicios Agrarios de Pucallpa
CERCANÍA. La construcción del Grupo Ocho Sur se ubica a 1,6 kilómetros de los territorios titulados de Santa Clara de Uchunya, pero esta comunidad nunca fue consultada sobre el proyecto. 
Mapa: Ministerio de Cultura 

 

Santa Clara de Uchunya es una comunidad indígena reconocida como tal por el Ministerio de Cultura y su registro en la base de datos obliga a realizar una consulta previa sobre cualquier actividad o construcción que genere un impacto en su territorio. Sin embargo, en el caso de la planta de Servicios Agrarios de Pucallpa, el Ministerio de Producción —a cargo de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental— no consideró que este pueblo shipibo-konibo debía ser incluido dentro de la zona de influencia del proyecto. 
 
En el distrito de Nueva Requena, donde se ubica Santa Clara de Uchunya, la pérdida de bosques se incrementó casi seis veces entre 2010 y 2020. También ha sido lugar de violentas disputas de invasores y traficantes de terrenos. En 2018, seis agricultores fueron asesinados en medio de un conflicto vinculado al tráfico de tierras.

 

Construcción sin consulta

 

En 1975, Santa Clara de Uchunya fue reconocida como pueblo shipibo-konibo por el extinto Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (Sinamos). Once años más tarde, en setiembre de 1986, el Ministerio de Agricultura les otorgó un título de propiedad por 218 hectáreas para “el cultivo y la ganadería". 

En las décadas posteriores, con el aumento de las familias en la comunidad, los dirigentes iniciaron el proceso para ampliar sus territorios ancestrales. En 1996 presentaron una primera solicitud a la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali, pero no hubo avances en los pedidos hasta el 2019, cuando esta oficina regional aprobó la titulación de 1.500 hectáreas adicionales a las que tenían. 

Hoy, la comunidad espera que la Dirección de Agricultura de Ucayali amplíe sus territorios a 20 mil hectáreas que ellos reclaman como suyas, basados en el Convenio 169 de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), que especifica que los gobiernos deben respetar la importancia que tiene para los pueblos indígenas su relación con las tierras o territorios. 

“En los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”, señala en uno de sus artículos el documento suscrito por el Perú.

OjoPúblico solicitó información sobre el avance de este pedido, presentado por la comunidad hace años, al gobierno regional de Ucayali, pero Bella Nair Salas Pérez, a cargo de la Dirección de Agricultura de Ucayali, no atendió las preguntas a pesar de que inicialmente dijo que daría una entrevista. 

En julio del 2018, dos años después de su inscripción en Registros Públicos, el entonces representante legal de Servicios Agrarios de Pucallpa, Javier Freyre Trivelli, presentó ante el Ministerio de Producción la solicitud para que esta cartera acepte el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) del denominado proyecto 'Industrial de Oleaginosas'. El proceso tomó nueve meses: en abril del 2019 esta cartera aprobó el documento elaborado por la consultora FC Ingeniería y Servicios Ambientales SAC.

El expediente inicial, que tiene más de 700 páginas, incluye los detalles técnicos de la planta, entre ellos el área de influencia social que fue determinada por la “proximidad existente” de las “zonas urbanas al proyecto”. En este punto se consideró a los centros poblados Naranjal, Unión Progreso y Miraflores.

Sin embargo, a pesar de ubicarse a 1,6 kilómetros del proyecto, la comunidad de Santa Clara de Uchunya no fue considerada como un área de potencial impacto para las actividades industriales que realizaría Servicios Agrarios de Pucallpa, con una inversión estimada de cerca de US$7 millones.

 

Ilustración: OjoPúblico / Claudia Calderón

 

Antes de que el Ministerio de Producción apruebe el EIA de la empresa, en abril del 2019, el Ministerio de Cultura brindó una opinión técnica respecto a la ubicación de territorios indígenas en el área de la planta. Este sector indicó en su análisis que no habían identificado comunidades "en el ámbito del proyecto”. Sin embargo, sí señalaron que “las áreas vinculadas al ámbito del proyecto” estaban “cercanas” a Santa Clara de Uchunya.

¿Qué implicó esto? El Ministerio de Producción explicó a OjoPúblico que en el documento del sector Cultura no se les recomendaba “incluir a dicha comunidad dentro de la zona impactada” porque el proyecto no estaba “dentro de sus áreas de influencia técnicamente determinadas” y “los puntos de mayor cercanía corresponden a ciertos tramos de la vía de acceso y no al predio del proyecto en sí mismo”.  

Consultado sobre este tema el exdirector general de Derechos de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, Gustavo Zambrano Chávez (entre febrero del 2019 y enero del 2020) considera que sí se debió incluir a Santa Clara de Uchunya dentro del área de influencia directa del proyecto. “La información es clarísima. Está a 1,6 kilómetros. Si no era un proceso de consulta previa, al menos era uno de participación. Hasta por responsabilidad social debes ir e indicar [a la comunidad] que vas a estar allí por 20 años. Eso se llama sentido común”, explicó.

Zambrano Chávez, especialista en procesos de consulta previa, señaló que en estos casos la responsabilidad también recae en los funcionarios que elaboraron el informe, porque ellos son los que deben recomendar una evaluación para considerar a la comunidad identificada dentro del área de influencia.   

“Si el proyecto se encuentra cerca, se recomienda que se haga una evaluación que incluya a la comunidad identificada como parte del área de influencia. Pero en el informe que elaboró el Ministerio de Cultura no hay ninguna recomendación”, precisó.

Interna Santa Clara 6
DISPUTA. En 2015, Santa Clara de Uchunya denunció el desbosque en territorios que reclama como suyos. Hoy la fiscalía de crimen organizado tiene en curso una investigación sobre el tema en Lima. 
Foto: David Díaz / OjoPúblico 


OjoPúblico accedió al informe técnico de ocho páginas que elaboró Daniella López Lancho, entonces coordinadora de información oficial sobre pueblos indígenas u originarios del Ministerio de Cultura. La exfuncionaria indicó a OjoPúblico que la elaboración del informe se realizó a pedido del Ministerio de Producción y que este respondía a “un análisis objetivo” e “informativo”, a partir de los registros en la base de datos que manejaba su área.
 
López Lancho añadió que la decisión de garantizar la consulta previa correspondía a la entidad dueña del proceso, en este caso el Ministerio de Producción. “Ellos tenían la decisión de incluir o no a la comunidad en un proceso de consulta previa. Y para eso el Ministerio de Cultura les dio toda la información técnica”, añadió. 

Antes de su traslado al Ministerio de Producción, el informe tuvo como último filtro a la dirección de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, entonces a cargo de Ángela Acevedo Huertas. La exfuncionaria, también viceministra de Interculturalidad entre julio del 2019 y agosto del 2021, reiteró a OjoPúblico que el rol de Cultura era el de responder sobre las características e información que manejaban sobre comunidades indígenas y “brindar asistencia técnica” a solicitudes de otros sectores. 

Acevedo Huertas también planteó que se debía evaluar la ley vigente para que el Ministerio de Cultura pueda identificar qué se consulta y qué no. “Hay que ver los pro y contra. El pro es que el Ministerio de Cultura es la entidad especializada en materia indígena y el contra es que el Ministerio o viceministerio de Interculturalidad no va a saber de todos los sectores”, dijo. 

Sobre este mismo tema, el investigador del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp), Bruce Barnaby Rubio, sostuvo que la actual ley de consulta previa presenta dificultades en su interpretación y debe “responder a un marco normativo mucho más grande e internacional sobre los derechos humanos y colectivos”.

Para el caso específico de Santa Clara de Uchunya y la planta del Grupo Ocho Sur, Barnaby Rubio apuntó que no incluir a la comunidad dentro del área de influencia del proyecto se acercaba más a “una práctica ilegal que a un verdadero interés de defender sus derechos”. 

El especialista también consideró que el sector agroindustrial debía apuntar al cumplimiento del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, aprobado en junio último. Este documento, según el investigador, se encuentra alineado a estándares internacionales de procedimientos de “debida diligencia”, es decir, la responsabilidad que tienen las compañías para respetar los derechos humanos en sus actividades.

TERRITORIO. La comunidad shipibo-konibo de Santa Clara de Uchunya tiene 1.500 hectáreas tituladas, pero espera incrementar su extensión para continuar sus actividades agrícolas y de pesca. 
Foto: David Díaz / OjoPúblico. 

 

Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha advertido desde 2009 (dos años antes de que se apruebe como ley) el rol que tiene el Estado peruano en el cumplimiento del derecho a procesos de consulta previa. Esta institución también ha planteado que el gobierno, para el caso de proyectos donde se aprovechen recursos naturales, considere las razones o el objeto de la actividad, los lugares de las zonas que se verían afectados, entre otros puntos. 

Roger Merino, abogado y profesor asociado de la Universidad del Pacífico, propone tres medidas para que la consulta previa tenga mejores resultados. Primero debe verse como una “actividad constante” para que no solo sea un “trámite para las empresas” sino también funcione como una forma de “interrelación constante” entre las comunidades y el sector privado. 

Un segundo punto es que, según Roger Merino, las organizaciones de la sociedad civil deberían estar bien definidas y registradas para tener representación en el proceso. Como última recomendación, el especialista indicó que el viceministerio de Interculturalidad debería tener un rol protagónico durante este proceso de participación ciudadana.  
“Si queremos que la consulta mejore debería haber un ente rector. El viceministerio de Interculturalidad debería estar como supervisor, pero ese rol no lo asume [ahora] y eso debe cambiar si queremos que la consulta sirva para que haya una armonía entre la empresa y comunidades”, dijo Merino. 

La defensa de Santa Clara de Uchunya, a cargo del Instituto de Defensa Legal, señaló que existían argumentos para exigir ante el Poder Judicial la paralización de las operaciones de la planta procesadora y evaluarán dicha posibilidad.

Por su parte, el Grupo Ocho Sur señaló a OjoPúblico que sus actividades “ocupan un área muy reducida y que no tiene ninguna interacción con Santa Clara de Uchunya”.

 

Actividades en la planta

En noviembre del 2019, siete meses después de que el Ministerio de Producción apruebe el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la planta, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realizó una supervisión a Ocho Sur P. En esta visita quedó constancia de que se había instalado una planta industrial a 500 metros del ingreso al fundo Tibecocha. Al ser consultados por OEFA, el representante de Ocho Sur P señaló que la obra no se encontraba dentro del fundo y que pertenecía a Servicios Agrarios de Pucallpa.

Asimismo, en el EIA aprobado se incluyó una estimación de los proveedores que tendrá la planta procesadora ubicada en la carretera Federico Basadre. En la lista se encuentra Ocho Sur P con el 48 % de la palma, Ocho Sur U con el 40 %, y el 12 % restante de la Federación de Palmicultores del Programa Alianza Productiva Estratégica (Fedepape) y terceros considerados agricultores que cuentan con sus áreas de cultivo de palma aceitera. 

Respecto a las compañías del grupo económico, que serán a la vez sus proveedores de palma, Servicios Agrarios de Pucallpa detalló en su EIA que estaban “tramitando la evaluación de sus respectivos instrumentos de gestión ambiental correctivos” ante las autoridades del sector. 

En su respuesta enviada a OjoPúblico, el Grupo Ocho Sur dijo que mientras se aprobaban sus certificaciones ambientales se encontraban en “estricto cumplimiento de la legislación nacional vigente”. Sus operaciones no se han detenido e incluso han sumado una planta que no consideró la participación de Santa Clara de Uchunya en un posible proceso de consulta previa.  

FC Ingeniería y Servicios Ambientales SAC, la consultora que elaboró el EIA de Servicios Agrarios de Pucallpa, no atendió los correos ni solicitudes de entrevista. 

Comunidad dividida 


Antes de que el cultivo de palma aceitera se ampliara en el distrito de Nueva Requena, los miembros de Santa Clara de Uchunya cuentan que no había disputas por tierras y podían cazar animales o cultivar sus alimentos sin problemas. Hoy la comunidad cuenta con poco más de 130 personas, pero antes fueron menos de cinco quienes llegaron desde Callería, distrito que tiene como capital a Pucallpa. 

Uno de los primeros en instalarse en la comunidad fue Manuel Silvano Díaz (72), a mediados de la década del 60. 

—Yo he venido a los 16 años. Aquí había tres casitas. Luego conversé con otras tres personas para hacer un caserío y de allí éramos ocho nomás. Entonces a mí me nombraron secretario y luego, en 1986, fui jefe de la comunidad por casi 30 años— recuerda Silvano Díaz. Él es uno de los fundadores de la comunidad y ha sido testigo de todo el proceso previo a la actual disputa con el Grupo Ocho Sur. 

Con el incremento de las inversiones de palma aceitera en la zona, desde 2014, también empezó la disputa legal con Plantaciones de Pucallpa SAC, hoy Ocho Sur. 

En este proceso, Silvano Díaz recuerda que han aparecido personas que “quieren ser más que el jefe de la comunidad” y “formar un grupito”. No lo menciona pero los actuales dirigentes señalan a Alex Soria Bardales, miembro de Santa Clara de Uchunya y también regidor distrital de la Municipalidad de Nueva Requena por Alianza Para el Progreso. 

RUTA. Los miembros de Santa Clara de Uchunya surcan a diario el río Aguaytía para pescar y dirigirse a sus tierras de cultivos de frutas y verduras.
Foto: Aramís Castro / OjoPúblico.

 

Los líderes de la comunidad recuerdan el papel que tuvo Soria Bardales en la suscripción, en marzo último, de un convenio de cinco meses de duración entre la municipalidad de Nueva Requena y Ocho Sur para mejorar los caminos comunales de Santa Clara de Uchunya. 

El documento, cuya vigencia finalizó a fines de agosto, lo firmaron el alcalde Gilder Pinedo Pinedo (sentenciado hace menos de un mes a cuatro años de prisión suspendida por negociación incompatible), Serge Georges Verhaert, entonces gerente general de Ocho Sur; Alex Soria Bardales y Lino Arévalo Soria, ambos de Santa Clara de Uchunya. El último indicó a este medio que el convenio solo “daba un permiso” para que se ejecute la carretera pero no representaba algún acuerdo o compromiso posterior entre la comunidad y Ocho Sur. 

Meses previos a la firma del convenio, en diciembre del 2020, la defensa de Santa Clara de Uchunya presentó una denuncia contra Alex Soria Bardales por los delitos de usurpación de funciones, coacción e instigación. De acuerdo a la acusación, entregada a la fiscalía de Campo Verde, Soria Bardales abusó de su cargo de regidor en la Municipalidad de Nueva Requena y “manipuló” a Lino Arévalo para que convoque a asambleas con el objetivo de que, por encargo del alcalde distrital, la comunidad firme un acuerdo con Ocho Sur. 

Respecto a la falta de firmas de autoridades de la comunidad en el convenio, Ocho Sur señaló a este medio que el documento fue aprobado en un acto público “por la máxima autoridad de la comunidad que es la asamblea” y que unos “pocos dirigentes no quisieron firmar el acta pese haber participado activamente en la asamblea de la comunidad”. 

Sin brindar nombres de los aludidos, la compañía también indicó que esos “mismos dirigentes” eran quienes “han generado algunas publicaciones con denuncias sin fundamentos” para intentar “confundir a la opinión pública y dar la impresión de que existe algún tipo de conflicto que no hay en lo absoluto”. 

Efer Silvano Soria
DENUNCIA. El jefe de Santa Clara de Uchunya, Efer Silvano Soria, lidera la denuncia por desbosque contra Ocho Sur (antes Plantaciones de Pucallpa).  
Foto: David Díaz / OjoPúblico. 
 

OjoPúblico solicitó la lista de la asamblea mencionada por Ocho Sur, pero la empresa no atendió el pedido y señaló que la Municipalidad de Nueva Requena podía entregar dicho documento. Luego de solicitar en reiteradas oportunidades el acta suscrita en marzo último, el municipio no volvió a atender las comunicaciones de este medio. 

El jefe de Santa Clara de Uchunya, Efer Silvano Soria, comenta que el acercamiento de la empresa ha generado una división al interior de la comunidad. Por un lado, un grupo que ha acompañado las denuncias que iniciaron contra Plantaciones de Pucallpa (hoy Ocho Sur) en 2015, y otro más cercano al hoy regidor Alex Soria Bardales a quien consideran tiene una mejor relación con la compañía.

En las actividades públicas que ha desarrollado la empresa en la comunidad, como en el aniversario de Santa Clara de Uchunya a fines de agosto último, Alex Soria ha acompañado a la delegación de Ocho Sur en representación de la Municipalidad de Nueva Requena, pero también como miembro de la comunidad shipibo-konibo.  
OjoPúblico intentó comunicarse con Soria Bardales, pero al cierre de este informe no atendió nuestras llamadas ni mensajes enviados. 

—Desde que entré a la municipalidad lo que he buscado es que la empresa, independientemente de los líos que pueda tener, cumpla con una responsabilidad social— sostuvo el alcalde de Nueva Requena, Gilder Pinedo Pinedo, en una visita de junio último a la comunidad. El burgomaestre tampoco atendió las llamadas ni mensajes enviados por este medio.

 

Un historial de conflictos

El Grupo Ocho Sur tiene un conflicto con la comunidad que se originó el año 2015, cuando estas operaciones pertenecían a Plantaciones de Pucallpa, en ese momento una empresa vinculada al empresario checo-norteamericano Dennis Melka. 

En mayo del 2015, la fiscalía ambiental de Ucayali inició una investigación preliminar, luego de que dirigentes de la comunidad denunciaron la destrucción de bosques primarios en el fundo Tibecocha, localizado en Nueva Requena.

La complejidad y cantidad de involucrados en el caso vinculado a la presunta deforestación por palma en Nueva Requena generó que a inicios del 2018 el expediente sea derivado a la fiscalía de crimen organizado de Lima. Este despacho investiga hasta ahora la destrucción de 7.000 hectáreas de bosques, un área equivalente a casi 100 veces la extensión del Parque Natural de Pucallpa, el zoológico más importante de Ucayali.

La construcción de la planta no ha sido la única obra realizada en los alrededores de la comunidad de Santa Clara de Uchunya sin que hayan sido informados o consultados. Antes de la construcción de Servicios Agrarios de Pucallpa, llegaron las plantaciones de palma, que comenzaron a extenderse. Pronto, los líderes locales dicen que ya no podían ir a territorios que antes recorrían para sus actividades de cultivo y pesca. 

Interna Santa Clara de Uchunya
FUNDADOR. Manuel Silvano Díaz llegó a los 16 años a Santa Clara de Uchunya. Desde entonces ha seguido el proceso de su comunidad y sus disputas por el cultivo de palma aceitera. 
Foto: Aramís Castro / OjoPúblico. 

 

—Nosotros no sabíamos que era una empresa [de palma aceitera], ni lo que estaban haciendo. Las personas que estaban allí nos decían que eran madereros. Allí empezaron los problemas porque no nos dejaban cazar al otro lado, pero es territorio de nosotros—señala el fundador de la comunidad Manuel Silvano Díaz, luego de una jornada de trabajo en su chacra. 

Silvano Díaz desconoce la fecha, pero los primeros registros de capital extranjero para palma aceitera en Ucayali corresponden al 2010. Desde este año, el empresario checo-estadounidense empezó a invertir en el Perú y lo hizo a través de cuatro compañías: Plantaciones de Manatí, Plantaciones de Tamshiyacu, Plantaciones de Pucallpa y Plantaciones de Ucayali. Solo las dos últimas tuvieron actividades en el país y en 2016 fueron adquiridas por el Grupo Ocho Sur. 

Sin embargo, detrás de la llegada de grandes inversiones de palma aceitera a la región Ucayali también pesan sospechas de irregularidades. En mayo del 2013 un grupo de agricultores del caserío Bajo Rayal, en el distrito de Nueva Requena, denunció ante la fiscalía ambiental a Plantaciones de Ucayali por presunta deforestación en áreas ubicadas fuera del predio adquirido por la empresa.  

Desde el año pasado, el Poder Judicial tiene pendiente programar la audiencia para determinar si se archiva o continúa la acusación contra los investigados, entre ellos Dennis Melka. El empresario extranjero también figura como investigado por liderar una presunta red de crimen organizado que deforestó casi 7.000 hectáreas de bosques en Ucayali, una parte dentro de lo que la comunidad Santa Clara de Uchunya señala como su territorio ancestral que todavía no ha sido reconocido por las autoridades locales. 

Melka fue uno de los fundadores de Plantaciones de Pucallpa SAC, compañía que en 2016 fue adquirida por Ocho Sur P, que tiene hoy al ciudadano estadounidense Michael Spoor como nuevo gerente general. La empresa señala en su portal institucional que adquirió el fundo Tibecocha a través de un remate público. Sin embargo, las indagaciones fiscales continúan para determinar algún posible vínculo entre los anteriores inversionistas y la firma hoy a cargo de las operaciones de palma en Nueva Requena.  

La investigación fiscal se encuentra en etapa preparatoria y está liderada por Álvaro Rodas, en Lima. En su hipótesis señala que el principal objetivo de la organización era fortalecer su actividad agroindustrial, a través del sembrado y cultivo de la palma aceitera, en predios del Estado ubicados en la Amazonía. Para lograrlo, según la fiscalía, contaron con la participación de funcionarios de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali, con la finalidad de poder obtener predios titulados de manera ilegal, que contenían bosques primarios.

Entre la información que forma parte de la carpeta fiscal se encuentran imágenes satelitales que advierten  que las actividades agroindustriales comenzaron en el año 2012, con Plantaciones de Pucallpa S.A.C. y luego continúan con la empresa Ocho Sur P, en 2016. Antes solo había bosques.



DESBOSQUE.Imágenes satelitales muestran la pérdida de bosques que ha existido en territorios hoy ocupados por el Grupo Ocho Sur para el cultivo y extracción de aceite de palma. 
Mapas: MAAP. 

 

Dentro del esquema delictivo, según la información fiscal, el grupo operaba en dos momentos. El primero, cuando Plantaciones de Pucallpa adquiría predios solo con certificados de posesión, es decir, terrenos no inscritos en Registros Públicos, y donde efectuaban el desbosque de los predios, sin autorización administrativa, para luego intervenirlos con el sembrío de palma aceitera. 

En un segundo momento, la compañía empezó a exigir que los predios, no solo debían de tener un certificado de posesión, sino que los mismos debían de ser inscritos en Registros Públicos. Con esta medida, según la fiscalía, la empresa no esperaba ser el titular registral de los predios para iniciar las actividades de desbosque, sino que lo eran los propios “supuestos posesionarios”. 

Este último esquema fue descrito en una investigación de OjoPúblico de julio del 2019, donde se informó sobre la participación de exfuncionarios del gobierno regional de Ucayali hoy investigados por presunto tráfico de tierras. 

Asimismo, había tres niveles de cargos en la organización vinculada a Plantaciones de Pucallpa (hoy Ocho Sur). El líder era Dennis Nicholas Mella, quien coordinaba de manera directa con otras seis personas que tenían cargos en la empresa. En los mandos intermedios figuran Rubén Antonio Espinoza, Walter Alejandro Gutsch, María Elena Montoya Angulo, Esteban José Hilgert, Javier Freyre Trivelli y Serge George Verhaert. 

Entre los integrantes de menor jerarquía, quienes cumplían las órdenes del líder que eran transmitidas por los mandos intermedios, se encuentran: Alberto Rivera Loarte y José Renzo Puyen Rivera. También está en este grupo Dialeny Rivera Muñoz, fundadora de la empresa Navcom SAC, que puso maquinaria pesada a disposición de Plantaciones de Pucallpa SAC. 

Desde 2018 el Tribunal Constitucional (TC) también tiene pendiente de resolver una acción de amparo presentada por la comunidad de Santa Clara de Uchunya en la que pide se reconozca la ampliación de sus territorios ancestrales, hoy ocupados por la actividad en el fundo Tibecocha de Ocho Sur. Dirigentes de la comunidad han anunciado que este 28 de setiembre llegarán a Lima para realizar un plantón frente al local del TC. 

A la carpeta fiscal y la demanda que sigue sin resolver el Tribunal Constitucional, se suma un proceso administrativo en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que multó a Ocho Sur, en diciembre del 2020, con más de S/9 millones y ordenó paralizar sus actividades por no contar con certificación ambiental que garantice sus operaciones. 

En abril último, la dirección de fiscalización del propio OEFA aprobó un recurso de reconsideración a favor de la compañía con lo que la millonaria multa quedó sin efecto. En su defensa, la empresa señaló que la posible paralización de sus actividades supondría “la caída de los frutos, su inmediata descomposición con la aparición de plagas, insectos, hongos y otros tipos de enfermedades que no solo aparecen por el efecto paralización sino por la falta de mantenimiento de cosechar”. 

A la fecha, el Tribunal de OEFA se encuentra pendiente de resolver en última instancia otras tres infracciones ambientales de la firma, mientras la comunidad de Santa Clara de Uchunya exige la ampliación de su territorio para retornar a las actividades que realizaban cuando la palma aceitera todavía no se cultivaba sobre áreas que reclaman como suyas.

 

Garantías otorgadas

Los líderes de Santa Clara de Uchunya también han denunciado amenazas de personas que rondan los límites de su comunidad y en agosto del 2020 pidieron la activación del protocolo para defensores ambientales. La solicitud fue aceptada en febrero de este año, luego de que, en noviembre del 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitó al gobierno peruano adoptar “las medidas necesarias [...] para proteger los derechos a la vida e integridad personal” de los miembros de la comunidad. 

En la Resolución Directoral aprobada por el Ministerio de Justicia, a favor de Santa Clara de Uchunya, se indica que se debía comunicar a las autoridades competentes para la “oportuna protección policial para los miembros de la comunidad”. 

 

Interna Santa Clara
COMUNIDAD. En Santa Clara de Uchunya viven alrededor de 130 personas. El Ministerio de Cultura los reconoce como pueblo shipibo-konibo.
Foto: David Díaz / OjoPúblico. 

 

Al ser consultados sobre las medidas y avances sobre este punto, la directora general de seguridad democrática, Silvia Paulina Mori Vásquez, señaló que la Dirección General de Seguridad Democrática no había recibido comunicación sobre la "adopción de medidas de protección u otras en función a lo señalado en el documento de la referencia". Sin embargo, solo adjuntaron un informe para conocer la ruta que había seguido el documento en diferentes instancias de la policía. 

En el documento preparado por la Dirección de Autorizaciones Especiales y Garantías del Ministerio del Interior se indicó que el 25 de febrero último la Prefectura Regional de Ucayali remitió un oficio e hizo conocer que "oportunamente se hizo atención a la solicitud de garantías personales en favor de los ciudadanos de la comunidad Santa Clara de Uchunya".

En julio último se dispuso a todas las prefecturas regionales mantenerse vigilantes y atentos ante cualquier pedido de garantías personales en sus respectivas jurisdicciones. En los últimos meses no se han reportado nuevas amenazas contra los dirigentes ni población de la comunidad, pero piden que no se descuide su protección.  

En un contexto social marcado por las amenazas y la espera por lograr la ampliación de sus tierras, Santa Clara de Uchunya suma el funcionamiento de una planta del Grupo Ocho Sur sobre la que no recibió ningún aviso de su instalación pero que ya opera en áreas que antes recorría sin impedimentos.