Actualización: 1 de setiembre de 2021 - 11:36 a. m.

Durante varios meses de 2020, Carmelo Ticona, pequeño agricultor de 54 años, no pudo vender sus productos. Desde la región de Puno —ubicada en el extremo sur del país, en la frontera con Bolivia—, relata que la cuarentena estricta de los primeros meses de pandemia le impidió salir a los mercados de su ciudad y de otras ciudades vecinas, como Juliaca, el principal centro de intercambio del altiplano peruano. Por eso, tuvo que almacenar parte de sus cosechas de quinua y papa en su natal Santiago de Pupuja, en la provincia de Azángaro. Luego, fue vendiéndolas poco a poco. 

A casi un año y medio del inicio del estado de emergencia, Ticona no la está pasando mejor. 

―La arroba de quinua [11,5 kg] está costando 40 o 35 soles, antes costaba 60, 70. Nada ganamos, así ya no se puede. Un poquito hemos guardado. A ver si va a recuperar el precio, estamos esperando. Pero ya está afectando la humedad porque no hay buen almacén ―dice quien este año también ha tenido que almacenar parte de su cosecha―. Por mientras nuestros ganaditos estamos pasteando.

RESISTENCIA. Los pequeños agricultores de productos como la quinua o la cebolla están sufriendo la baja de sus precios de venta, así como la disminución de compradores. 

Foto: OjoPúblico/ Álvaro Franco

 

Mientras el experimentado agricultor vende el kilo del cereal andino a menos de S/ 4, en los supermercados de Lima puede costar entre S/ 6 y S/ 15 y, en Estados Unidos, llega a precios de entre USD 6 y USD 20, dependiendo de la variedad. Ticona señala, además, que no ha vuelto a vender tanta quinua ni papa como antes de la pandemia, ni a ganar la misma cantidad de dinero. Además de la baja de los precios, también ha influido el clima: la falta de lluvias y las repentinas heladas. 

Carmelo Ticona pertenece a la pequeña Asociación de Productores Agropecuarios Villa Florida Virgen del Carmen de Saytococha, conformada por 35 miembros. A pesar de las dificultades económicas que están experimentando, ninguno de sus miembros ha accedido a algún apoyo del gobierno regional ni a los créditos impulsados por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) para su sector. Ni siquiera se lo han planteado: no tienen mucha confianza en el sistema financiero, ni creen que puedan reunir los requisitos. 

Miles de pequeños agricultores peruanos se encuentran en situaciones similares a las de Ticona. En mayo de 2021, el economista agrario Eduardo Zegarra ―actual jefe de asesores del Midagri―, estimó que la pobreza en los hogares agropecuarios había llegado a 49,3 %, seis puntos porcentuales más que el año anterior. Esto equivale a unas 700.000 personas más en pobreza agraria. 

Hasta el momento, el FAE- Agro ha adjudicado 9,6 % del total de su fondo".

En ese contexto de empobrecimiento, en octubre del año pasado, se puso en marcha el Programa de Garantía del Gobierno Nacional para el Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-Agro), cuya función es garantizar créditos para los pequeños productores agropecuarios que, afectados por la Covid-19, necesitan dinero para sacar adelante sus campañas agrícolas. El programa estatal cuenta con un fondo de S/2.000 millones. Sin embargo, hasta la fecha, solo ha logrado adjudicar S/192'518.000 a distintas entidades financieras, a través de ocho subastas. Es decir, el 9,6 % del total.

A la vez, según Midagri, dichas entidades financieras han conseguido colocar apenas S/ 151,8 millones a través de 15.672 créditos. Esto es, 7,5 % del total del fondo del FAE-Agro y 78,8 % del monto adjudicado en las subastas. En otras palabras, a 10 meses del funcionamiento del programa, la ayuda que viene brindando aún es mínima, pues originalmente se estimaba beneficiar a más de 230.000 productores de agricultura familiar.

―Quisiéramos recibir más apoyo, por eso la gente debe conocer lo que es nuestra realidad. Tenemos tanto deseo de superarlo, de trabajar bien la tierra, pero capital es lo que nos falta ―dice Carmelo Ticona. 

 

El escaso alcance de los créditos agropecuarios

Celso Bustamante es un pequeño agricultor de cebollas, ajos, papas, paltas, granadas y uvas del distrito de La Joya, en Arequipa. A sus 72 años, el también ingeniero agrónomo ha resistido todos los embates económicos de la pandemia. Explica que en 2020 no pudo vender sus productos y este año el precio de la cebolla ha caído de entre 70 y 60 céntimos el kilo a 30 o 20 céntimos. Para resistir mejor, Bustamante accedió a un préstamo del fondo FAE-Agro. 

―Individualmente sí he accedido, pero no es la regla general para mis compañeros. Desde nuestras asociaciones hemos tratado de inmiscuir a mis vecinos agricultores para que saquen crédito, pero tienen temor, muchas dudas ―dice Bustamante―. No está difundido como debe ser.

MENOR MERCADO. En regiones como Puno, algunos pequeños productores agropecuarios no han vuelto a viajar con tanta frecuencia a otras ciudades para vender sus cosechas.

Foto: OjoPúblico/ Álvaro Franco

 

Para Laureano del Castillo, presidente ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes), una de las causas del lento avance del FAE-Agro es la difusión. “Hay un problema bastante serio con ese aspecto. Tienen que llegar a una población dispersa, pero se olvidan de emplear los medios de comunicación como la televisión o, mucho mejor, la radio”, señala del Castillo. 

El especialista del Cepes considera que es importante tomar en cuenta los antecedentes: de acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario de 2012, solo un poco más del 8 % de los más de 2,2 millones de productores agropecuarios había accedido a créditos. Si no se cambian de estrategias, sostiene, seguirá primando la poca confianza de los pequeños agricultores en las entidades financieras.  

Otras de las dificultades que identifica Laureano del Castillo son los requisitos para poder acceder a los créditos. “Son préstamos, no lo olvidemos, no son bonos, no se le está regalando nada a los agricultores. Y estos préstamos tienen requisitos ―remarca―. El asunto es que para un pequeño agricultor puede ser difícil reunirlos”. 

"Agrobanco ha desembolsado créditos por S/ 354,64 millones a 37.629 pequeños productores".

“En ningún momento ni el FAE-Agro ni el Agrobanco han podido dar el apoyo necesario a los pequeños agricultores, las cosas hay que decirlas tal como son”, dice Roger Flores, presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano de Puno. 

El nuevo titular del Midagri, Víctor Maita Frisancho, proviene de este sector. Antes de asumir la cartera, fue secretario de la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru (Fartac), una de las organizaciones de agricultores más importantes de Cusco. En las últimas semanas, Maita Frisancho ha mencionado la necesidad de fortalecer la agricultura familiar con la capacitación a los productores y la industrialización del agro nacional.

OjoPúblico solicitó una entrevista con el ministro para indagar sobre las estrategias y posibles reajustes que se evalúan para el FAE-Agro y otros temas vinculados a la producción agropecuaria familiar. Pero hasta el cierre de este reportaje, no fue posible concretarla. 

Sin embargo, en conversación con este medio, fuentes del sector indicaron que se está impulsando la participación de Agrobanco en el programa ―la entidad aún no forma parte de las subastas y están ajustando detalles para concretar su entrada―. Con esta idea, señalaron, se busca cumplir el objetivo inicial del programa: alcanzar a 230.000 productores, una cifra que representa a poco más del 10 % del total de productores de acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario de 2012. 

El pasado jueves 26 de agosto, en su discurso de investidura para pedir el voto de confianza al Congreso, el primer ministro Guido Bellido también mencionó la próxima inclusión de Agrobanco en el programa, aunque sin mayores detalles. Además, según pudo conocer OjoPúblico, se pretende extender la duración del FAE-Agro a unos dos o tres años para inyectar los S/ 1.000 millones adicionales, anunciados por el presidente Pedro Castillo Terrones durante su discurso de Fiestas Patrias. De esta manera, el programa llegaría a contar con un fondo total de S/ 3.000 millones. 

CLIMA. La ausencia de lluvias o las repentinas heladas también afectan la cantidad y calidad de la producción de los pequeños agricultores.

Foto: OjoPúblico/ Álvaro Franco

 

Por otro lado, Agrobanco, mediante el Fondo Agroperú y fondos propios, viene dando mejores resultados a comparación de 2020. Pero estos también son insuficientes. De enero a julio de 2021, según reportó la entidad, ha desembolsado créditos por S/ 354,64 millones a 37.629 pequeños productores de la agricultura familiar. Las regiones con mayor desembolso fueron: Puno (11,2 %), Huánuco (8 %), San Martín (7,6 %), Arequipa (7,2 %), Junín (7,1 %), Cajamarca (6,3 %), Ayacucho (5,7 %), Cusco (5.6 %), Piura (4,7 %) y Áncash (4,2 %).

De ese total, S/ 128,64 millones se han otorgado a más de 9.000 pequeños productores agropecuarios, a través del Fondo para la Inclusión Financiera del Pequeño Productor Agropecuario (FIFPPA) de Agrobanco. Y S/ 225,99 millones se han destinado a más de 27.000 desde Fondo Agroperú (este último recibirá S/ 400 millones más para la nueva campaña agrícola, de acuerdo a distintos anuncios oficiales). 

Según las cifras que Agrobanco facilitó a OjoPúblico, en julio último se batió un récord de desembolsos: S/ 66,4 millones en préstamos agrícolas y pecuarios, un monto que superó en 37 % al último récord mensual obtenido en setiembre de 2017, con S/ 48,6 millones. Sin embargo, en lo que va del 2021 todo el desembolso de la entidad solo ha alcanzado a alrededor del 1,5 % del total de productores agropecuarios del país. 

Ante las diversas dificultades económicas que conlleva ser un pequeño agricultor en Perú, hay quienes encuentran distintas formas de salir adelante. Irving Berríos, agricultor de papa de la Federación de Comunidades Campesinas de la Provincia de Ambo, en el departamento de Huánuco, ha dejado de producir el tubérculo por la mala experiencia del 2020. 

―El año pasado yo sembré papa, pero este año no, porque me fue mal. El precio en que lo compran es muy bajo, no ha servido ni para compensar la producción ―explica―. Ahora estoy sembrando alfalfa, porque es más rentable: menos inversión y hay mercado seguro aquí, en Huánuco. 

Dice Irving Berríos que él y sus compañeros ya no desean seguir padeciendo. Que están cansados de esperar la presencia del Estado en su provincia, mientras ven cómo cada año la situación sigue empeorando. 

APOYO. En paralelo a la agricultura hay quienes, además, se dedican a la ganadería. Esta también ha sufrido el impacto económico de la pandemia. 

Foto: OjoPúblico / Álvaro Franco

 

Amílcar Huamán, presidente de la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru de Cusco (Fartac), invita a las personas de las ciudades a conocer la realidad de sus compañeros agricultores. 

―Yo diría a un hermano de la ciudad, “vamos a la chacra” para que vea cuánto gasto generamos por trabajar un topo [más o menos 3.500 metros cuadrados de tierra] o dos topos de la chacra. No alcanza, hermana, no nos alcanza. Y esas cosas se tienen que decir, si no se dice vamos a seguir así ―reclama. 

Huamán cree que si siguen en ese camino los agricultores tendrán que dedicarse a otras actividades. Pero entonces, se pregunta “¿quién va a trabajar el campo?”, “¿quién producirá la comida?”.

Las cooperativas y la migración interna

En Perú, los pequeños productores agropecuarios, por lo general, están dispersos y sus propiedades, fragmentadas. El Censo Agropecuario de 2012 indicaba que solo un poco más de 500.000 productores agropecuarios pertenecían a alguna asociación, comité o cooperativa. Más de un 1,7 millones, 77 % del total, trabajaban por su cuenta. 

Para promover su unión, el 10 de agosto pasado, se aprobó la Ley Nº 31335 “Ley de Perfeccionamiento de la Asociatividad de los Productores Agrarios en Cooperativas Agrarias”. Esta fomenta la reunión de los pequeños agricultores en cooperativas, para una mayor rentabilidad, innovación y bienestar. Dicha ley también fortalece el rol del Midagri como principal ente que apoyará a dichas organizaciones.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Víctor Maita Frisancho, ha destacado el impulso de la asociatividad y el cooperativismo como uno de los pilares de la “segunda reforma agraria”, consigna incluida en el plan de gobierno para los primeros 100 días de Pedro Castillo Terrones y anunciada en diversas ocasiones por el presidente.

Esta, según indicó, tiene como uno de sus objetivos darle prioridad a la revalorización y crecimiento de la agricultura familiar. Algunas de las vías para lograrlo, aparte del impulso de las cooperativas, serían convertir a los pequeños agricultores en proveedores del Estado o limitar las importaciones de productos que se cultivan en el país. 

UNIÓN. La nueva ley de cooperativas busca alcanzar una mayor rentabilidad para los pequeños productores agropecuarios, quienes en la actualidad trabajan dispersos.

Foto: OjoPúblico/ Álvaro Franco

 

Para Laureano del Castillo, presidente ejecutivo del Cepes, la nueva ley de cooperativas puede ser una excelente medida, siempre y cuando se cumplan dos condiciones. La primera es la antes mencionada difusión. “Si los pequeños agricultores no saben que existe esta ley, entonces no la van a usar. Y deberían, pues es una ley que tiene una serie de ventajas de incentivos tributarios, de comercialización, de participación activa de mujeres, etc.”, dice. 

La segunda condición —la más importante, según del Castillo— es el rol que debe asumir el Estado. “Debe acatar el compromiso para aplicarla, lo cual le corresponde al Ministerio de Desarrollo Agrario, este tiene que mantener su papel para promover, apoyar y fiscalizar a las cooperativas”, añade. 

"Uno de cada tres de los 250.000 migrantes internos de la pandemia habría vuelto a la agricultura, según GRADE".

Por su parte, Mauricio Espinoza, investigador adjunto de GRADE, sostiene que si bien esta es una medida ideal para contrarrestar la fragmentación de la propiedad agropecuaria, no es la solución total al problema nacional del agro. “Podría impactar sobre todo en cadenas de valor, como el cacao o el café, [pero] no llegaría a más de dos millones de pequeños productores”, señala. El investigador insiste en que todavía se debe seguir trabajando en los accesos a créditos e innovación y tecnología. 

Además, Espinoza cree importante no perder de vista el cambio económico que podría ocurrir en las zonas rurales debido a la migración desde las ciudades. Un reciente estudio de GRADE, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), calcula que, en Perú, 250.000 personas que vivían en ámbitos urbanos regresaron al campo entre marzo y noviembre de 2020 (30 provincias rurales acogieron al mayor número de migrantes internos).

“Hay un buen grupo que ha vuelto a la agricultura. Más o menos uno de cada tres, entre un 30 y 40 %”, explica Espinoza y añade: “Por un lado, tienen ciertos desafíos porque hay mayor presión sobre los recursos naturales y puede haber conflictos. Pero, por otro lado, muchos de los que vuelven son jóvenes que tienen experiencia en la ciudad: capacitación, estudios. Y también puede ser un foco dinamizador de estos espacios rurales”.