Por Elizabeth Salazar, Natalia Arbeláez y Nohora Celedón

El Perú y Colombia buscan reactivar sus economías, luego del primer año de pandemia que dejó en ambos países cifras negativas sobre sus indicadores de producción y de recaudación fiscal. El común denominador en esta apuesta es el cobre, un mineral que experimenta un ciclo de precios altos en el mercado internacional, y que en abril pasado superó la barrera de los USD 10.000 por tonelada métrica. Esta cotización responde a la incesante demanda del mineral, principalmente desde China. 

Los usos de este mineral van desde la fabricación de computadores, celulares y cables que transmiten electricidad, hasta muebles y sectores como el de construcción y el de energías renovables, sobre todo desde 2016, luego del Acuerdo de París. Un estudio del Banco Mundial, publicado en 2020, señala que en los próximos 25 años el mundo va a demandar la misma cantidad de cobre que necesitó en los últimos 150 años. Solo para fabricar paneles solares la demanda aumentará un 300 % en 2050.

En los próximos 25 años el mundo demandará la misma cantidad de cobre que en los últimos 150 años".

El Perú ya es el segundo productor mundial de cobre y atiende el 11% de la demanda global. Cada año el Perú exporta unos USD 12.000 millones de este metal, pero el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha señalado su interés por ampliar este tipo de explotación. Según datos del sector, el 68% de los proyectos mineros previstos en el corto plazo son de cobre, y representan una inversión futura de USD 38.000 millones.

El 96,4% de la producción peruana se concentra en diez multinacionales, principalmente de China, Canadá, Estados Unidos, México, Luxemburgo y Sudáfrica que han extendido sus sucursales en el país. Ocho de ellas están vinculadas a compañías constituidas en territorios de baja o nula tributación, conocidos como paraísos fiscales. Incluso, algunas trasladan sus ganancias a accionistas constituidos en estos lugares.

Por su parte, la actividad minera de Colombia se ha concentrado durante años en el carbón; convirtiéndose en el mayor productor de América Latina. Sin embargo, el gobierno de Iván Duque le está dando mayor apertura a los proyectos de cobre: en 2018 solo el 1 % (268) de los contratos mineros de la Agencia Nacional de Minería (ANM) eran de cobre, pero a julio de este año la cifra ya era del 15 % (1.108 contratos). La nueva meta que fijó su gestión es aumentar en un 1.000 % la producción de este mineral hasta el 2024.

En medio de las expectativas de ambos gobiernos, y de las empresas a cargo de estas operaciones, están las familias y comunidades indígenas que viven en las zonas de influencia donde se extrae el mineral. 

En Perú, según la Defensoría del Pueblo, las jurisdicciones mineras mantienen conflictos socioambientales vinculados a la reducción y contaminación de fuentes de agua, y a una menor disponibilidad de tierras para la agricultura. Áncash, Tacna, Moquegua, Arequipa, Apurímac y Junín son las principales regiones proveedoras de cobre, y pese a sus exportaciones millonarias registran desiguales niveles de ingresos y de desarrollo social.

El riesgo de conflictividad se replica en territorios mineros de Colombia. Puntualmente en el proyecto de exploración Quebradona, ubicada en Antioquia, y donde actores políticos, organizaciones civiles y defensores del medio ambiente se han unido para pedir a la Autoridad de Licencias Ambientales que rechace su solicitud de licencia. 

Algo similar sucede en Puerto Libertador, donde la canadiense Minerales Córdoba tiene a cargo uno de los proyectos estratégicos de cobre para Colombia, pero cuyas actividades de exploración vienen generando conflictos con los mineros artesanales y ha dejado en incertidumbre a las comunidades indígenas aledañas. Además, la autoridad de facto en esta zona es el Clan del Golfo, uno de los grupos armados de narcotraficantes más grandes del país.

Este especial, realizado por OjoPúblico y La Silla Vacía, de Colombia, profundiza en el panorama minero en tiempos de reactivación económica.