En febrero de este año, tres asháninkas de Junín salieron al bosque en busca de frutos y animales. Caminaban por la montaña cuando escucharon a un extraño que les preguntaba a gritos: “¿Qué hacen ustedes aquí?”. Ya había anochecido, pero alcanzaron a ver a que un grupo de cuarenta personas se les acercaba. Al estar frente a frente notaron que cargaban mochilas y fusiles. Asustados, los indígenas les explicaron que buscaban comida y, como los vieron armados, retrocedieron lentamente para refugiarse en un descampado. Esa noche no regresaron a casa por temor a ser atacados. 

Al amanecer, los indígenas volvieron a su comunidad -por seguridad no la identificamos- y avisaron a la Central Asháninka del Río Ene (CARE) del encuentro intempestivo que tuvieron. Además, el jefe de la comunidad reportó el hecho a la base militar Valle Esmeralda. El comandante de esta dependencia se comprometió a visitarlos una semana después, pero nunca llegó. Entonces, los asháninkas fueron hasta el lugar del encuentro a recolectar pruebas, acompañados por el presidente del Comité de Autodefensa de la CARE, Américo Salcedo. En la zona encontraron plásticos, envolturas de alimentos y una trocha en medio del bosque. También había rastros de botas. 

Las actas de las asambleas comunales registran encuentros de indígenas con hombres armados en el bosque". 

No era la primera vez que se cruzaban con hombres armados, en medio del bosque. Las actas de sus asambleas comunales registran al menos cuatro encuentros de este tipo en los últimos tres años. Pero esa no es su única preocupación: el apu Ángel Pedro Valerio, presidente de CARE, contó que, cuando baja el caudal del río, aparecen cadáveres. “Todo el año hay muertos que bajan por el río Ene”, dijo a OjoPúblico.

Para Valerio, el último encuentro de los tres asháninkas con hombres armados confirmó el temor que había tenido por varios años: el narcotráfico seguía avanzando en silencio. Desde hace una década, en un intento por frenar esta embestida, el apu y los líderes asháninkas vigilan las fronteras de su territorio. Dice que lo hacen solos, sin la ayuda de las fuerzas del orden. Quieren evitar revivir las décadas de los 80' y 90', cuando el terrorismo provocó desplazamientos forzados y violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas. En el Vraem el narcotráfico avanza con el apoyo del grupo narcoterrorista de Victor Quispe Palomino, 'José'.

En diciembre del año pasado, un grupo de indígenas de la comunidad Kamantavishi, uno de los anexos del distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, encontró un cadáver en las orillas del río Cutivireni. El cuerpo exhibía el tatuaje de una cobra en el brazo izquierdo. Como ellos no se tatúan, creyeron que era de un colono, como denominan a las personas que no son indígenas. No movieron el cuerpo, lo dejaron allí, pero informaron a los líderes de su comunidad.   

ESCENARIO. En San Miguel del Ene, localizado en el Vraem, un grupo ligado a la facción de Víctor Quispe Palomino asesinó a 16 personas el pasado domingo.   

Foto: OjoPúblico/ Edgard Matienzo

 

Un mes después hallaron otro cadáver y, entonces, convocaron a una asamblea comunal de urgencia, para adoptar medidas concretas. En el acta de la reunión reportaron el hallazgo de los dos cadáveres, que para ellos serían de narcotraficantes. Los cuerpos, señalaron los indígenas, llegaron por el río desde la Reserva Comunal Asháninka, ubicada en el distrito del Río Tambo (Junín) y que tiene una extensión de 184.468 hectáreas.

Las comunidades donde viven los asháninkas forman parte del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), una de las zonas con mayor producción de hoja de coca, que sirve como insumo principal para la elaboración de pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína. Por sus territorios boscosos, que abarcan localidades de las regiones de Ayacucho, Junín, Apurímac, Cusco y Huancavelica, se desplazan los llamados 'mochileros', personas que se dedican a transportar la droga desde este valle hacia las grandes ciudades. 

Ellos caminan entre nueve y diez días por trochas de herradura hasta los puntos de acopio. “Esta forma de trasiego de droga es considerada la más segura por algunos narcotraficantes [por los pocos controles a los que se enfrentan]. La droga es llevada hasta Oxapampa y otras regiones aledañas”, señala Pedro Yaranga, experto en seguridad ciudadana.

 

El narcotráfico: un monstruo de larga data

Víctor Quispe Palomino es el último cabecilla de importancia de la facción narcoterrorista del Vraem. Sus principales lugartenientes fueron: Orlando Borda Casafranca ‘Alipio’, Marco Antonio Quispe Palomino ‘Gabriel’ y Jorge Quispe Palomino ‘Raúl’, quienes fueron abatidos entre el 2013 y el 2020, en el marco de operaciones policiales y militares. 

Hace al menos una década, ‘José’ rompió con la organización terrorista Sendero Luminoso y creó lo que él denomina Militarizado Partido Comunista del Perú, que desde entonces está ligado al negocio del narcotráfico, como lo han documentado especialistas en seguridad nacional y las mismas fuerzas del orden.

Sobre los inicios del narcotráfico en Perú, Pedro Yaranga sostiene que esta actividad ilegal ya existía en nuestro territorio desde 1935. Sin embargo, a finales de 1982, los narcotraficantes hicieron una alianza estratégica con ‘Artemio’ (de la cúpula de Sendero Luminoso), en las provincias de Huallaga y Tocache, en la región San Martín. 

“En esa época Artemio [cuyo nombre real es Eleuterio Flores Hala] arribó por primera vez al valle del Huallaga y se enfrentó a los narcos, pero después llegaron a un acuerdo y empezaron a trabajar juntos”, señala Yaranga. ‘Artemio’ dominó esta zona hasta 2012, cuando fue capturado y luego condenado a cadena perpetua por terrorismo. 

Mientras tanto, en el Vraem, desde inicios de los años 90 operaba Óscar Ramírez Durand ‘Feliciano’, quien fue capturado nueve años después en Huancayo (Junín) y ahora cumple cadena perpetua en la Base Naval del Callao, donde también están recluidos ‘Artemio’ y Abimael Guzmán, fundador de Sendero Luminoso. 

Con la caída de ‘Feliciano’, en 1999, los hermanos Quispe Palomino tomaron el control del Vraem. No obstante, en la actualidad solo Víctor Quispe Palomino ‘José’ continúa con vida.

CRECIMIENTO. Según Devida y Unodc los cultivos de hoja de coca han aumentado en Perú, de 40.300 hectáreas (2015) a 54.655, en 2019. 

Foto:  Andina

 

Los informes de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas- Devida y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) señalan que, durante los últimos cinco años, los sembríos de hoja de coca se han incrementado en Perú en 14.355 hectáreas: pasaron de 40.300 hectáreas, en 2015, a 54.655, en 2019. 

El 48% de toda la producción de hoja de coca en nuestro país procede del Vraem. En Junín la siembra de estas plantaciones se concentra en el distrito de Vizcatán del Ene (Satipo), considerado uno de los 15 distritos con mayor superficie cultivada en 2019, con 2.596 hectáreas. 

Sin embargo, para Yaranga estas cifras se quedan cortas, pues “la lucha contra el narcotráfico en el Perú fue descuidada desde la gestión del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, al igual que el monitoreo de las plantaciones de hoja de coca en el país”, indicó. 

 

Invasión cocalera en territorios indígenas de Junín

 

En setiembre de 2019, cuando el apu Ángel Pedro Valerio participó en la Cumbre de Acción Climática, promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ofreció un discurso donde contó que había sido amenazado de muerte tras denunciar la invasión y depredación de los bosques de la comunidad Catungo Quempiri, en la región Junín. En aquella cumbre, el líder asháninka explicó, también, que en los últimos años sus territorios habían sido invadidos por colonos (foráneos) que llegaban para sembrar hoja de coca y luego venderla a los cárteles del narcotráfico. 

Un año antes, el líder indígena había recorrido los territorios ocupados, en la frontera de Junín y Cusco, junto al jefe de la comunidad de Catungo Quempiri, Wilfredo Vegas. En ese viaje observaron los cultivos ilícitos, donde antes había bosques naturales, y vieron a un grupo de aproximadamente cuarenta personas instaladas en la zona, en campamentos improvisados. Los líderes indígenas les preguntaron por su presencia y ellos señalaron que habían conversado con otro líder local. Valerio y Vegas regresaron meses después al lugar y comprobaron que la cantidad de colonos había aumentado. Ambos indígenas les pidieron que se retiren o avisarían a las fuerzas armadas. Al volver a casa, Valerio empezó a recibir amenazas por teléfono. 

Catungo Quempiri no es la única comunidad invadida por personas que siembran hoja de coca destinada al narcotráfico. Boca Pachir, anexo de la comunidad Centro Tsomaveni, en el distrito de Pangoa y muy cercano al río Ene, es otra de ellas. Según Valerio, sus tierras comenzaron a ser invadidas en 2017 por extraños que talaron sus bosques y se establecieron en un área que bautizaron como Campo Verde. En este lugar se han reportado algunos enfrentamientos entre habitantes de la zona e indígenas. 

Ángel Pedro Valerio ha sido amenazado de muerte por defender el territorio de los narcotraficantes". 

La Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura establece que la provincia de Satipo (Junín) alberga a 158 comunidades indígenas, de las cuales 114 fueron tituladas hasta 2018. Al año siguiente se titularon otras 10, pero todavía está pendiente la formalización de 34 comunidades más. 

No obstante, el jefe de la Dirección Regional de Agricultura de Junín, Ulises Pánez Beráun, dijo a OjoPúblico que, en la actualidad, el hecho de que una comunidad esté titulada no garantiza que no sea invadida por foráneos. “Es lo que ocurre con Catungo Quempiri y otras. No respetan los derechos indígenas, se meten a la fuerza”, precisó. 

En la actualidad, de acuerdo con un informe del Instituto del Bien Común, los procedimientos para la inscripción y titulación de las comunidades campesinas e indígenas son lentos y burocráticos y, en algunos casos, pueden prolongarse hasta por 15 años. Sin embargo, la titulación individual es más ágil. El problema es que, bajo este último procedimiento, se entregan títulos dentro de los territorios indígenas. 

Así lo alertó Mar Pérez, de la coordinadora Nacional de Derechos Humanos, quien cuestionó la entrega indiscriminada de títulos de propiedad individuales por parte de las direcciones regionales de Agricultura de varias regiones, con presupuesto del programa Devida. 

RESISTENCIA. El líder ashánina Ángel Pedro Valerio lucha, desde hace décadas, contra la invasión de narcotraficantes en territorio indígena. 

Foto: Dirección Regiona de Agricultura de Junín

 

“Hasta el 2018 se entregaron títulos individuales de forma irregular, sobre tierras reclamadas por pueblos indígenas en la zona del codo de Pozuzo. Se dieron títulos a personas vinculadas con el narcotráfico, que deberían ser anulados”, dijo Pérez. Al respecto, Devida señaló que, si bien ellos financian titulaciones en algunas regiones del país, los encargados del proceso son los gobiernos regionales. 

Conocedores de su extenso territorio, el 8 de junio del año pasado, dirigentes de la comunidad de Quimaropitari, en el distrito de Río Tambo, región Junín, reportaron a la base militar Valle Esmeralda el hallazgo de una pista de aterrizaje. La vía, que fue descubierta por un grupo de asháninkas, se encontraba a dos cuadras del puente de Quempiri, muy cerca de las comunidades de Pampa Alegre y Nuevo Progreso, en la frontera entre Ayacucho, Huancavelica y Cusco. 

Luego del aviso, patrullas combinadas de la Policía y el Ejército destruyeron la pista de aterrizaje. Sin embargo, el especialista Yaranga sostiene que esas pistas clandestinas pueden ser deshabilitadas en un día y reconstruidas inmediatamente. Hace cuatro años, señala, había más de 200 en el Vraem, que fueron destruidas por el Ejército y la Policía. Pero, poco después, ya estaban reubicadas en otras partes del país, como el Río Pichis (Oxapampa), Puerto Inca (Huánuco), parte de la selva del Cusco y en la triple frontera de Loreto. 

 

Pueblos indígenas en el olvido

 

El Ministerio de Cultura del Perú registra la existencia de un total de 55 pueblos indígenas en todo el país, cinco de los cuales se localizan en Junín: los Kakintes, Nomatsiguengas, Quechuas, Yaneshas y Asháninkas. Esta última es la etnia más numerosa de la Amazonía peruana. Sin embargo, los servicios básicos de agua y desagüe, salud y educación siguen siendo bastante precarios en la zona. 

El III Censo de Comunidades Nativas 2017 registró que, de las 2.703 comunidades indígenas censadas, solo el 32% tenía establecimientos de salud. El otro 68% debe salir de sus territorios y viajar, durante varios días incluso, para llegar hasta una posta médica. 

Al narcotráfico y la falta de acceso a servicios básicos se suma otro problema grave, según Irupé Cañari. La abogada y asesora legal del CARE explica que el Estado carece de una política de pertinencia cultural a la hora de recoger las denuncias y reportes de las comunidades. “No es lo mismo que en la ciudad. Aquí no hay celulares para registrar las amenazas, no hay cámaras para tomar fotos, el asháninka tiene que ir hasta el monte más alto para conseguir señal telefónica y pedir auxilio”, dice. 

CARE pidió al gobierno no desactivar los comités de autodefensa de las cuencas de los ríos Tambo y Ene". 

Por eso Lizardo Cauper, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), cree que el Estado debe ayudarlos a fortalecer sus sistemas de vigilancia territorial. El apu Valerio, además, solicitó al Gobierno peruano no desactivar los comités de autodefensa indígena en las zonas del Vraem, específicamente en las cuencas de los ríos Tambo y Ene. 

En un reciente comunicado, publicado luego del asesinato de 16 personas en San Miguel del Ene, dijeron que “durante los últimos años, el narcotráfico ha presentado un crecimiento exponencial en la zona”. Asimismo, indicaron que “en reiteradas oportunidades ha denunciado la presencia de personas armadas en otras partes, como son en territorios de las comunidades de Potsotincani, Camantavishi, Parijaro, y en la misma Reserva Comunal Ashaninka”.  

En consecuencia, CARE dijo que “la estrategia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no es eficiente ni efectiva, lo que ha facilitado el crecimiento del narcotráfico”. Ante esa débil presencia del Estado y las pocas alternativas de empleo, Valerio contó a OjoPúblico que “los indígenas jóvenes han empezado a sembrar un cuarto y media de hectárea de hoja de coca en sus chacras, que luego venden de manera legal a Enaco (Empresa Nacional de la Coca)”. 

Para revertir esa situación, Pedro Yaranga considera urgente aumentar los cultivos alternativos de cacao y café, pues “los que siembran la hoja de coca son los que menos ganan en esa cadena”.