Cada año, unos 12 mil peruanos son diagnosticados con cáncer en los establecimientos del Ministerio de Salud, pero la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) estima que la tasa real de incidencia anual supera los 66 mil afectados en todo el país. El tratamiento de esta enfermedad es largo y costoso, pues el precio de los medicamentos químicos y biológicos que son considerados de mayor efectividad fluctúan entre los S/1.500 y S/5.200 por cada dosis. 

Para la mayoría de familias sería imposible adquirirlos de forma directa y sin un seguro médico, por lo que los centros de salud públicos y privados se han convertido en los principales compradores de estos fármacos especializados, a través de licitaciones o contratos al por mayor. Los proveedores son laboratorios multinacionales que, desde hace dos décadas, gozan de privilegios fiscales por cada fármaco que ingresan al país con fines oncológicos, pero también para tratamientos contra el VIH.

Estas empresas fueron liberadas del pago de aranceles y del Impuesto General a las Ventas (IGV) desde el año 2001, cuando el Congreso aprobó la Ley 27450, con la promesa de reducir el costo final de estas medicinas, en beneficio de los pacientes. Recién diez años después, en 2011, el Ejecutivo creó una comisión multisectorial para evaluar si esta medida había resultado eficaz o no.

OjoPúblico accedió al último informe elaborado a fines de 2020 por este grupo de trabajo, el cual detalla que no hay evidencia para demostrar que el beneficio fiscal generó un mayor acceso de la población a los medicamentos oncológicos y antirretrovirales. El informe señala también que cinco grandes laboratorios fueron los más favorecidos por los millonarios impuestos que dejó de recaudar el Estado.

El documento de 120 páginas fue elaborado por funcionarios del Ministerio de Economía, de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), Indecopi y de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), y enviado el pasado 14 de enero a la viceministra de Economía, Brigitt Bencich Aguilar. El estudio incluye información de Aduanas y de comercialización de fármacos recopilada desde el 2016 hasta el cierre del 2018. 

Según estas cifras, en 2018 el Estado dejó de recaudar US$21'448.183 en IGV y aranceles, solo por la importación de medicamentos oncológicos y antirretrovirales. Es decir, unos S/68,6 millones al cambio de la época. La lista de cinco compañías que concentraron el 56,2% de este ahorro lo lidera la gigante suiza Roche Farma S.A., una empresa que factura alrededor de US$53 mil millones anuales, y que fue liberada del pago de US$ 5 millones (23,4%) en impuestos por ingresar este tipo de fármacos al Perú.

La gigante suiza Roche lidera la lista de empresas con mayores importaciones exentas de impuestos.

Roche ha logrado posicionar en el mercado local el uso de cuatro medicamentos oncológicos de alto costo: Herceptin (Trastuzumab), Perjeta (Pertuzumab), Avastin (Bevacizumab) y Kadcyla (Trastuzumab Emtansina), inyectables que se venden a los hospitales públicos a S/4.348 por unidad, y hasta S/8.228 si se adquiere en boticas, como consta en el Observatorio de Medicamentos del Minsa.

Le sigue Tecnofarma S.A., subsidiaria del grupo canadiense Valeant Pharmaceuticals, que se ahorró el pago de US$ 2,1 millones; la colombiana Seven Pharma SAC, con presencia en  Sudamérica y el Caribe (US$ 1,7 millones); y las filiales de las estadounidenses Merck Sharp & Dohme Perú S.R.L. (US$ 1,6 millones) y Bristol-Myers Squibb Perú S.A. (US$ 1,4 millones).  El 66% de los US$ 21 millones que se dejó de recaudar el Estado, en 2018, se concentraron en 20 marcas de medicamentos que son comercializados, en su mayoría, por los cinco laboratorios mencionados.

Otro de los hallazgos que se desprende del estudio de enero es el cálculo de  los costos actuales de estos beneficios tributarios después de que salen de Aduanas, pues estos también se aplican en la cadena de comercialización, un monto que hasta ahora no se había podido determinar. Es así que, según datos de la Sunat, en el 2020 el Perú dejó de cobrar S/164,3 millones por la inafectación a los medicamentos oncológicos y contra el VIH. De estos, unos S/84,2 millones corresponden a la liberación de aranceles aduaneros; y otros S/80,1 millones a su venta en el mercado interno.

Esta cifra supera a los S/155 millones que ejecutó el Programa Presupuestal de Prevención y Control del Cáncer para la compra de fármacos en 2018, el último dato conocido; y es equivalente a la inversión de S/168,9 millones que hicieron los hospitales públicos, ese mismo año, para adquirir medicinas oncológicas a través del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Variación de precios

Las conclusiones de la comisión coinciden con otros tres estudios que se elaboraron en los años 2012, 2013 y 2016, y que fueron detallados por OjoPúblico. En estos también se cuestiona la necesidad de seguir manteniendo el beneficio fiscal porque no ha probado su eficacia en 20 años de aplicación. Por el contrario, indican que algunos productos se volvieron más accesibles a los pacientes debido a otras razones. 

Por ejemplo, una mayor oferta de medicamentos autorizados, la promoción de fármacos genéricos de calidad, una mejor postura de negociación del Estado en las compras internacionales, el apoyo a programas de prevención y tratamiento, y la práctica en compras públicas en grandes volúmenes.

“Se observa que el comportamiento de los precios de los fármacos, luego de producida la inafectación (liberación de tributos), ha sido muy variado, pues mientras los precios de algunos medicamentos disminuyeron según lo esperado, otros lo hicieron en porcentajes menores o no se redujeron. Incluso hubo algunos que incrementaron su precio”, señala el informe.

Desde que se promulgó la ley, la relación de insumos que pueden acogerse al beneficio tributario ha ido cambiado por decreto supremo. La última actualización es del 2016 y permite la liberación de impuestos a 155 medicamentos: 124 oncológicos y 32 antirretrovirales. 

La comisión analizó la evolución de 132 de ellos, y determinó que el 49% redujo sus precios entre 10% y 25%, al poco tiempo de ser incluidos en la lista; mientras que el 13% (17)  cayeron en mayor proporción “lo que demuestra la presencia de otros factores diferentes a la inafectación tributaria”, se lee en el documento. Pero el 38% de fármacos (50 medicamentos) no bajaron su costo en la medida esperada, se mantuvieron igual o lo incrementaron. 

Los datos con los que trabajaron los responsables del informe fueron proporcionados principalmente por Minsa, Essalud y las Fuerzas Armadas y Policiales, pues el sector privado no está obligado a atender estos pedidos. La empresa Jhonson & Jhonson les entregó datos consolidados por semestre y anuales, por lo que no pudieron ser usados en los comparativos; y Bristol-Myers se limitó a indicar a los funcionarios que su información es de carácter confidencial.

50 medicamentos no redujeron sus precios acorde a los esperado, otros se mantuvieron igual o se incrementaron. 

A través de un escrito, la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe), gremio que reúne a las principales empresas, señaló a OjoPúblico que no están de acuerdo con recortar los actuales beneficios tributarios, pues consideran que sin ellos el costo sería mayor para el paciente. 

“Las políticas públicas de inafectación del IGV son positivas para el paciente. Ahora bien, los productos cuentan con esta reducción, siempre y cuando estén incluidos en el listado de exoneración. Y vale recalcar que la última actualización del listado se dio en diciembre de 2016. Es un retraso que debería tener una propuesta de automatización para su mejor trazabilidad”, señalaron.

Mercados internacionales

Siete de cada diez medicamentos que ingresan al país amparados en este beneficio fiscal tienen fines oncológicos. El resto es para tratamiento del VIH, un mercado que ha logrado disminuir sus costos al mismo tiempo que aumentó la competencia entre sus importadores y distribuidores. “El precio de retail de los medicamentos antirretrovirales analizados fue en promedio más bajo en Perú. En comparación con Canadá y México, el Atazanavir y el Raltegravir presentaron un menor precio en Perú de 44% a 45%”, señala la comisión.

Esto no sucede con los productos contra el cáncer, donde todavía existen empresas que poseen exclusividad en las patentes de producción, y otros de producción casi monopólica en Latinoamérica. Un ejemplo de esto es el Trastuzumab (Roche), indicado para el cáncer de mamá en estado avanzado, y cuyo precio por cada inyectable es 130% mayor en nuestro país en comparación al precio retail en Canadá y México, donde no se aplica IGV.

Lo mismo sucede con una tableta de Imatinib Mesilato de 400 mg, comercializada por el laboratorio Novartis bajo la marca Glivec, cuyo costo es 243% más caro que en dichos países, y otros como Chile, Uruguay e India que sí aplican IGV. 

Desde finales de 2019, y por primera vez desde su ingreso al mercado peruano, el Trastuzumab tiene dos competidores registrados en Digemid: Pharmaris con la marca Ogivri, y Farmindustria con la marca Bisintex. Esto fue posible luego de la reglamentación del registro de los productos biosimilares, en 2016. La organización Acción Internacional para la Salud (AIS) analizó el impacto de esta medida y encontró que el fármaco de Roche redujo su precio en un 56%: de S/5.200, en 2017, a S/4.212, al cierre de 2019. En tanto, Bisintex llegó a ofertar el mismo producto en S/ 2.289.

Javier Llamoza, exdecano del Colegio Químico Farmacéutico Departamental Lima, sostiene que promover el mayor ingreso de medicamentos biosimilares o compras internacionales son más efectivas que un beneficio tributario. “Tenemos una medida fiscal que no sirve, existe más de una evidencia documental que demuestra que la competencia es la mejor forma para reducir el precio de los medicamentos. El Estado debe salir de los diagnósticos e iniciar una estrategia gradual para su retiro, sin que eso afecte al consumidor final. Además, se debe empezar a revisar el  rango de precios de medicamentos vitales”, añadió.

Por su parte, Roberto López, representante de AIS, coincide en que la pandemia ha encendido las alarmas sobre la necesidad de regular el precio de los medicamentos, a fin de evitar el aumento abusivo de los productos farmacéuticos que llegan a Aduanas.

“En otros estudios ya hemos demostrado que los productos ingresan al puerto con un precio base, pero este se incrementa por los costos de traslado hasta el establecimiento de salud. Esto puede regularse en la legislación. Alentar la competencia ayuda, sí, pero cuando hay proveedores monopólicos y el mercado es pequeño para un medicamento, se acaban las opciones”, explicó.

Para Alafarpe, un posible control de precios reducirá la oferta de medicamentos, pues habrá menos incentivos para ingresar al mercado peruano, y menos pacientes podrán acceder a medicamentos en establecimientos formales. "[Con el control de precios] se generan mercados negros, donde los pacientes adquieren medicamentos a precios superiores al mercado formal y se dificulta regular la calidad de estos”, indicó el gremio farmacéutico. 

El Decreto Supremo 004-2011, que creó la comisión multisectorial, no solo ordena al MEF, Sunat, Indecopi y Digemid realizar estudios a fin de verificar el impacto que ha tenido el privilegio tributario en la población, sino también adoptar acciones en caso ello no suceda. 

No es la primera vez que un estudio del sector público o de la sociedad civil alerta que los principales beneficiados con la norma no son los pacientes. Pero, tras dos décadas de aplicación, las medidas correctivas no se concretan.