El negocio educativo de las familias Acuña y Luna confronta la reforma universitaria

El negocio educativo de las familias Acuña y Luna confronta la reforma universitaria

Ilustraciones: Jesús Cossio.

Son dos líderes políticos, vinculados a acciones de obstrucción a la reforma universitaria, los que han construido un conglomerado empresarial en torno al sector educación. José Luna Gálvez, fundador de Podemos Perú; y la familia de César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, conformaron sociedades con fines de lucro para constituir 12 universidades, colegios y asociaciones vinculadas a la enseñanza. Sus inversiones se ven directamente afectadas por el rol de la Sunedu.

13 Diciembre, 2020

Ilustraciones: Jesús Cossio

La reforma universitaria se inició hace seis años para imponer estándares de calidad y ordenar la oferta educativa que se extendió desde la década de los ‘90, cuando se oficializó la enseñanza con fines de lucro y se les otorgó inmunidad tributaria sin verificar que el servicio ofrecido vaya acorde a sus altas tarifas y millonarios sueldos. Este proceso está a cargo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y del Ministerio de Educación y, en este tiempo, han enfrentado acciones judiciales y legislativas que buscan obstruir su labor. 

Hasta ahora son 94 las universidades licenciadas y 47 las denegadas. Para aprobar los nuevos controles y no cerrar sus puertas, los empresarios educativos han debido adecuar sus programas y gestión administrativa, contratar a más docentes a tiempo completo e incrementar el presupuesto que destinan a investigación, entre otros aspectos. Dos de ellos son César Acuña, líder del partido Alianza para el Progreso, y José Luna Gálvez, fundador de la agrupación política Podemos Perú.

Los datos analizados por OjoPúblico, respecto a sus estados financieros, declaración tributaria, pedidos de acceso a la información y Registros Públicos, detallan el conglomerado empresarial que ellos y sus familiares construyeron en torno a la educación. Ambos están vinculados a 12 universidades, colegios, institutos, escuelas y asociaciones educativas, cuyas razones sociales están relacionadas con 87 inmuebles comprados o alquilados, que funcionan como domicilio fiscal, sucursales, depósitos y locales administrativos, según sus declaraciones tributarias. 

La reforma los obligó a redireccionar los recursos educativos para mejorar su calidad e intentar obtener el licenciamiento. Además, frenó la expansión de su modelo de negocio, que se sostiene en la captación del mayor número de estudiantes para facturar mejores ingresos, pues el marco legal que acompaña a la Ley Universitaria dispuso una moratoria que impide la creación de más filiales. Este bloqueo venció en abril de 2020, y el Congreso todavía no aprueba su prórroga.


La red empresarial de la familia Acuña

César Acuña

El candidato presidencial y fundador de Alianza para el Progreso, César Acuña Peralta, y su familia, están vinculados a ocho empresas educativas en el Perú: cuatro universidades, tres colegios y una academia. Bajo sus razones sociales se han registrado 61 inmuebles ante la Sunat, propios o alquilados, los cuales funcionan como domicilio fiscal, sucursales, oficinas administrativas y depósitos. 

La institución más importante, en este grupo, es la Universidad César Vallejo S.A.C., empresa que César Acuña fundó y dirigió durante 29 años, hasta marzo de 2019, cuando anunció que se alejaba del directorio. En aquel entonces, su institución estaba enfocada en subsanar las observaciones de la Sunedu a fin de obtener el licenciamiento, algo que logró en junio de dicho año.

Precisamente, una de las condiciones que le puso la Superintendencia fue revisar “la conformación de su directorio y evaluar la posibilidad de que se sumen a él directores independientes. Esto, con la finalidad de contar con un órgano de gobierno integrado por personas que cuenten con independencia económica”, se lee en la resolución 077-2019 que le otorga el permiso.

Para alcanzar los estándares exigidos, la universidad tuvo que cerrar cinco filiales y desistir de 39 programas de estudio: 9 de pregrado, 21 maestrías, 2 doctorados y 7 segundas especialidades que le generaban ingresos, pero no ofrecían enseñanza de calidad. Además, debieron incrementar el número de docentes a tiempo completo y su presupuesto asignado a investigación, de S/2 millones a S/13,8 millones. 

La casa de estudios también se comprometió a ejecutar auditorías internas, regular el pago de dividendos a sus accionistas, prohibir la entrega de préstamos a sus socios y terceros, y reinvertir el 70% de sus utilidades en la mejora del servicio educativo. Para que la institución siga operando, la Superintendencia puso como condición “que la UCV (Universidad César Vallejo) presente evidencia documentada de la implementación de sus nuevas políticas”.

La UCV obtuvo el licenciamiento con la condición de que la Sunedu fiscalice sus finanzas por cuatro años".

“Durante los próximos cuatro años, la UCV deberá presentar a la Dirección de Licenciamiento de la Sunedu los Estados Financieros auditados (...) y un anexo con el Estado de Resultados, por sede y filial, a fin de corroborar su sostenibilidad”, indicó la Superintendencia. La supervisión financiera no es antojadiza. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) multó a Alianza para el Progreso con S/ 2 '267.440 por recibir aportes en exceso de parte de la Universidad César Vallejo, cuando Acuña postuló a la presidencia, en 2010. 

Tras un largo proceso administrativo, en 2015, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aceptó la apelación del partido y le redujo la sanción, que inicialmente era de S/9,3 millones. Aún así, la multa no fue cancelada y la ONPE tuvo que recurrir al Poder Judicial, pero el proceso no se resuelve. En paralelo, César Acuña es investigado por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Lavado de Activos para determinar el origen de su patrimonio y las transacciones financieras que realizó entre 2010 y 2016. 

La indagación al político, que por aquel entonces presumía tener “plata como cancha”, se centra en la transferencia de US$30,2 millones de sus cuentas al exterior, a su partido y al publicista brasileño Luis Favre, que lo asesoró en su campaña. Este año, el fiscal Eduardo Cueva Poma sumó a sus pesquisas la compra de un chalet en una de las zonas más exclusivas de España, valuado en 1 millón 200 mil euros, que pagó al contado en 2016. Además, la adquisición de una casa de playa de 900 mil dólares en el balneario limeño de Pucusana, que Acuña concretó en diciembre de 2019, como consta en Registros Públicos.

El modelo de negocio de esta universidad no depende del monto de las pensiones, pues sus tarifas fluctúan entre S/200 y S/450 mensuales en la mayoría de sus carreras; solo medicina llega a costar S/1.100. La rentabilidad está en el número de alumnos captados: 96.790 en total. El pago que ellos realizan por los servicios académicos le generó a esta casa de estudios ingresos por S/645 '399.000 en 2019, según sus estados financieros. Sin embargo, su producción científica respecto al resto de instituciones educativas del Perú, la ubica en el puesto 30, según Scimago Institutions Ranking (SIR).

Historieta 2
INGRESOS. La UCV fue multada por la ONPE por hacer aportes en exceso a la campaña de Alianza para el Progreso, en 2011. La entidad apeló y redujo su sanción de S/9 millones a S/2,2 millones.
Ilustración: OjoPúblico/Jesús Cossio

La entrega de becas es una de las modalidades usadas por la institución para captar alumnos que egresan de la secundaria, y aquellos que no logran un cupo en los exámenes de admisión de otros centros de estudios. Entre 2016 y 2017 esta universidad se ahorró el pago de S/50 '314.396 en Impuesto a la Renta, acogiéndose al beneficio de Crédito Tributario por Reinversión (CTR) y, precisamente, el mayor porcentaje del dinero fue destinado a subvencionar dichas becas.

De los 61 inmuebles registrados en la Sunat a nombre de las empresas educativas de la familia, la UCV cuenta con 39 locales, propios o alquilados. De estos, 19 están destinados a fines estudiantiles en La Libertad, Lima, Huaraz, Chiclayo, Piura y San Martín. También tiene una sede en Miami Dade, bajo la razón social  Universidad César Vallejo LLC, cuyo socio es el hijo mayor del fundador, César Acuña Núñez, según el reporte del Estado de Florida.

Su afán de crecimiento pasó por alto la normativa vigente, pues hasta 2017 ofrecía clases en otras cinco sedes sin licencia, o creadas luego de la moratoria. Tras un largo proceso administrativo, en marzo de 2019, la Sunedu la multó por estos hechos con S/4 '439.456.

El equipo de prensa de César Acuña se negó a gestionar la entrevista solicitada por OjoPúblico, alegando que el candidato ya no está vinculado a la universidad desde marzo de 2019. En efecto, la Junta General de Accionistas del 26 de febrero de ese año lo removió del cargo, junto con otros dos directores, pero el 29 de julio lo designaron por unanimidad como apoderado general de la casa de estudios, como consta en Registros Públicos. Sus poderes le permiten transferir fondos, abrir o cerrar cuentas, solicitar créditos, celebrar contratos, constituir hipotecas, entre otros.

La salida de César Acuña del directorio de la Universidad César Vallejo motivó la inclusión de un político de su extrema confianza: Luis Valdez Farías, el secretario general de Alianza para el Progreso y congresista que asumió fugazmente la presidencia del Legislativo tras la toma del poder de Manuel Merino de Lama. Valdez Farías ocupó la vicepresidencia del directorio entre el 26 de febrero de 2019 y 4 de marzo de 2020, periodo en el que se aprobó el licenciamiento.

"Dejé el cargo antes de juramentar como congresista. Estoy a favor de la reforma universitaria y de la Sunedu, no solo por principio de transparencia, sino a manera empresarial, pues su regulación impide el ingreso de otras instituciones privadas al mercado. Hay una disposición en el partido Alianza para el Progreso para que nuestra bancada no presente ningún proyecto de ley que tenga que ver con el funcionamiento o modificación de universidades”, señaló a OjoPúblico

Apoderado general
PODER EN LA UCV. En 2019, a través de un comunicado, se informó el alejamiento de César Acuña del directorio de la universidad, pero en julio de ese año lo nombraron apoderado general. 
Captura: OjoPúblico

 

En sus declaraciones oficiales, César Acuña también se ha mostrado a favor de la Sunedu. Sin embargo, son cinco los proyectos de ley que presentó su partido para crear más universidades públicas, aprovechando que la Ley de Moratoria -que debe impedir este tipo de iniciativas- aún no se aprueba en el Pleno. “Una universidad pública no tiene relación con la César Vallejo, al contrario, es una competencia. Los congresistas lo piden por la necesidad que ven en sus regiones”, añadió Valdez. 

Hasta marzo de 2020, Luis Valdez fue vicepresidente del directorio de la UCV. Él ocupó la presidencia del Congreso tras la vacancia".

En un periodo electoral, la creación de una universidad pública suma réditos. Pero, más allá del gesto político, no contempla la asignación de presupuesto -que estará a cargo del Ministerio de Economía-, mecanismos de calidad ni plazos de construcción. El marco legal de la reforma universitaria prohíbe la conformación de más casas de estudios para, posteriormente, promover la extensión de filiales que ya cuentan con una calidad mínima comprobada. 

En marzo de 2020, al mismo tiempo que Luis Valdez se alejaba del directorio, se revocó a Humberto Acuña del cargo de director general de la Universidad César Vallejo, en su sede de Lambayeque. El hermano de César Acuña y miembro de Alianza para el Progreso, preside la Comisión de Presupuesto que retuvo la Ley de Moratoria entre junio y octubre, para al final abstenerse.

El directorio actual lo preside Ana Teresa Fernandez Gill, ejecutiva de la empresa de agua potable en La Libertad, Sedalib, vinculada laboralmente a la universidad desde 2003. 

De acuerdo con el título inscrito en Registros Públicos en agosto de 2020, desde marzo de este año los otros miembros del directorio son: el periodista Augusto Álvarez Rodrich, el empresario Carlos Alberto Mujica Castro y el ingeniero Sandro Paz Collado, exdirector en el área de Educación Superior Universitaria del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace). Esta oficina depende del Ministerio de Educación y ofrece un procedimiento complementario al que realiza Sunedu.

Además de la Universidad César Vallejo, César Acuña fundó la Universidad Señor de Sipán, pero en 2016 tuvo que transferir la propiedad a su exesposa, Carmen Rosa Núñez, tras un proceso de divorcio. Ella es la apoderada legal de la institución y su hijo, el excongresista Richard Acuña, ocupa los cargos de presidente del directorio y gerente general. Él también es miembro de Alianza para el Progreso y ejerce como Director Ejecutivo Nacional. Su hermana Kelly Acuña Núñez es socia de la misma universidad y, a la vez, gerente del nido Alphabet Creative Pre School, que funciona en el distrito de Magdalena. 

La Universidad Señor de Sipán, que facturó ingresos por S/90 millones el año pasado, obtuvo su licenciamiento en enero de 2020, con la condición de aplicar mejoras en su ejecución presupuestal. Si bien obtuvo el permiso para operar en su única sede de Chiclayo, en mayo último, aprovechando el vencimiento de la moratoria, presentó a la Sunedu una solicitud para extender sus filiales a Lima y Piura. Actualmente, esta Superintendencia la investiga por el presunto desvío de S/ 65 '608.564 de sus fondos para fines no educativos, como reveló OjoPúblico.

La tercera casa de estudios que fundó César Acuña, en 2007, es la Universidad Autónoma del Perú. Sus actuales dueños son su hermana María Teresa Acuña Peralta, el esposo de ella, Juan Hitler Alfaro Cabanillas, y sus hijos Juan Carlos, Anthony y Christian Alfaro Acuña. El campus se ubica en el distrito de Villa Salvador, al sur de Lima, y ofrece servicios a 5.700 alumnos. Obtuvo el licenciamiento de la Sunedu en 2018, pero se vio obligada a reducir de 28 a 8 los programas académicos.

La Universidad Señor de Sipán, que facturó ingresos por S/90 millones el año pasado, obtuvo su licenciamiento en enero de 2020.

La cuarta institución educativa vinculada al clan familiar es la Universidad de Lambayeque, denegada en 2018 por la Sunedu, por lo que deberá cerrar sus puertas. Su dueño es Virgilio Acuña Peralta, quien ha tomado distancia de su hermano y en las últimas elecciones postuló al Congreso por Unión por el Perú (UPP). Este partido fue el que promovió la moción de vacancia presidencial, y es dirigido por el condenado por homicidio y secuestro, Antauro Humala. Solo tiene 646 estudiantes y, según sus últimos estados financieros, alcanzaba ingresos académicos de S/2,9 millones y un déficit de S/148 mil.

Virgilio Acuña también es gerente general de la empresa Academia Virtual Preuniversitaria Nota 20 S.A.C, con domicilio fiscal en San Borja, que brinda clases grabadas y en vivo. Su hija Rocío Acuña Chaparro, que fue directora ejecutiva de la Universidad de Lambayeque, señala en su Linkedin que también es CEO de la mencionada academia. Además, es fundadora del programa virtual no escolarizado Secundaria Creativa Secrea, dirigido a los mayores de 18 años que no pudieron concluir el colegio.

Finalmente, otra de las compañías educativas de esta familia es el colegio Brüning College, que brinda enseñanza en los niveles de inicial, primaria y secundaria, en sus sedes de Trujillo y Chiclayo. Su gerente general es el también hermano de César Acuña, Segundo Héctor Acuña Peralta, quien lidera la lista de precandidatos de Alianza para el Progreso al Congreso, por la región La Libertad. 

 

José Luna y tres instituciones denegadas

José Luna

Durante los dos periodos congresales anteriores, el partido que se opuso con dureza a la reforma y votó en contra de la Ley Universitaria fue Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori y vinculado a la Universidad Alas Peruanas, una casa de estudios denegada por la Sunedu e investigada por lavado de activos. En 2014, al poco tiempo de ser promulgada, 32 congresistas de esta bancada suscribieron una acción de inconstitucionalidad, alegando que la norma vulnera la autonomía universitaria. La iniciativa, sin embargo, no prosperó. 

En la última etapa de la contienda electoral de 2016, la candidata Fujimori cambió su discurso y prometió respetar la reforma. Pero, al mismo tiempo, su congresista José Elías Ávalos intentaba reactivar la denominada Ley Cotillo, para extender el mandato de los rectores universitarios. Elías es fundador de la Universidad Privada San Juan Bautista, que logró el licenciamiento en noviembre de 2019 y, al igual que el resto de instituciones aprobadas, será fiscalizada en los próximos seis años por la Sunedu.

Ahora Elías es candidato al Congreso por Podemos Perú, partido fundado por José Luna Gálvez, quien encabeza la lista de candidatos para una curul en los comicios de 2021. El empresario y su familia están vinculados a cuatro empresas educativas: la Universidad Privada Telesup, con cinco sedes en el Cercado de Lima, La Victoria y Huachipa; la Universidad Ciencias de la Salud, en Arequipa; la Escuela Internacional de Posgrado, en Lima; y el instituto Intur Perú, en San Isidro y Cercado.

Las razones sociales de estas compañías están asociadas a 25 inmuebles, entre oficinas, locales, depósitos y domicilios fiscales, según sus registros ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat). Ninguna de estas obtuvieron el licenciamiento por carecer de infraestructura y programas educativos adecuados, por lo que pesa sobre ellas una orden de cierre. 

Las dos universidades y la Escuela de Posgrado de la familia Luna están vinculadas a 23 inmuebles, según la Sunat.

El caso más emblemático es el de Telesup, denegada en mayo de 2019, y en cuya sede de San Juan de Lurigancho se levantó una fachada de siete pisos para una construcción que realmente tenía cuatro niveles. La empresa llegó a su cúspide en 2014, cuando registraba 14 sedes y una facturación anual que bordeaba los S/40 millones. En ese momento, Luna Gálvez ya tenía el récord de haber sido congresista por 15 años, la mayoría de las veces con Solidaridad Nacional, y decía cobrar S/1 por su actividad pública porque se financiaba con sus empresas.

A la fecha, el líder de Podemos Perú es investigado en dos despachos fiscales. El primero es por el delito de lavado de activos, por presuntamente recibir dinero ilícito de las empresas brasileñas OAS y Odebrecht, en 2014, para financiar la campaña de Solidaridad Nacional, cuando era secretario general de dicho partido. El caso consta en el expediente 012-2019, y está a cargo de la fiscal especializada en corrupción de funcionarios, Milagros Salazar Paiva.

El segundo caso forma parte de la carpeta fiscal 007-2019, a cargo de Sandra Castro Castillo, del Equipo Especial los Cuellos Blancos del Puerto. Aquí se le acusa de liderar la organización criminal Los Gánsteres de la Política, a través del cuál Luna Gálvez habría realizado pagos encubiertos a los magistrados del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), para que elijan como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a Adolfo Castillo Meza. Esto, con el objetivo de lograr la inscripción de Podemos Perú, el partido que ahora lo postula al Congreso.

Según la fiscalía, los hechos ocurrieron entre el 2016 y 2017 y, para lograrlo, la ONPE contrató a personas que tenían o tuvieron vínculos laborales con la universidad Telesup. El pasado 7 de noviembre se dictó una orden de detención preliminar contra el fundador de esta casa de estudios. Él se internó en una clínica, pero una semana después se revocó la decisión y continúa siendo investigado en libertad. El hijo de Luna Gálvez, el congresista José Luna Morales, también forma parte de las investigaciones.

Luna
INVESTIGACIÓN. José Luna Gálvez es investigado por la fiscalía por un presunto pago de sobornos a los magistrados del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). El objetivo era inscribir su partido. 
Ilustración: OjoPúblico/Jesús Cossio
 

"A través de la Universidad Telesup se habrían realizado pagos a los exconsejeros Guido Aguila e Iván Noguera, utilizando como medio de encubrimiento contratos de cesión de derechos y auspicio de obras jurídicas a cambio de que estos últimos beneficien a Adolfo Castillo Meza", se lee en parte de la resolución que aprobó la detención preliminar.

Mediante un escrito, los abogados de la familia desestimaron las denuncias porque se sostienen en declaraciones de postulantes a colaboradores eficaces. "Los contratos sobre [el financiamiento de] libros entre la Universidad Telesup y Guido Águila e Iván Noguera son anteriores a la elección de Castillo Meza como Jefe del ONPE, en 2017. Entonces es falso que se habrían realizado dichos “pagos” para nombrar a Castillo. Sobre todo que a la fecha de los contratos nadie sabía que Mariano Cucho no iba a ser ratificado como jefe del ONPE", indicaron a OjoPúblico.

Telesup tiene como gerente general a Luis Felipe Luna Morales, hermano del congresista José Luna Morales. Esta es la única institución denegada que ha sido renuente a acatar la medida. En 2019 la universidad se incorporó a una demanda de amparo que presentó un alumno en el Juzgado Civil de Bagua, Amazonas, para bloquear el procedimiento de cierre, y obtuvo una medida cautelar. Este fue anulado en octubre de ese año, luego que la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) abriera un proceso contra su autor, el juez Alberto Cohen Vela, quien terminó renunciando al despacho.

El proceso lo llevó el estudio de abogados de Ántero Flores Aráoz, el fugaz titular del Consejo de Ministros en la gestión de Merino. Flores Aráoz es autor de los informes jurídicos que se usaron en el debate de la Ley Universitaria. Según recuerda él mismo en su libro “¿Hay autonomía universitaria?”, los documentos fueron usados por la extinta Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (Fipes), que mantiene una demanda contra el Estado.

La defensa de la familia Luna señala que Telesup no tuvo las mismas condiciones ni plazos para tramitar su licenciamiento.

“La medida cautelar fue concedida, pero se inició una campaña mediática y de desinformación al respecto. Esto llevó a que haya presión sobre el Juez de Bagua y este renunció. La nueva juez hizo lo imposible para que el caso quedara ahí, pero fue apelado. Ese es el estado actual de la causa”, explicó el abogado de la familia Luna, Luis Alfonso Morey. Según dijo, la carta notarial que Telesup presentó a la Sunedu -al día siguiente de la juramentación de Flores Aráoz- fue porque dicha entidad no quiere reconocer la apelación.

La Universidad Telesup sostiene que no le dieron los mismos plazos que a otros centros de estudios para cumplir los requisitos, y que el reglamento cambió cuando ya habían solicitado el proceso de licenciamiento. “Nosotros estamos a favor de la Sunedu, de hecho el señor José Luna Gálvez, cuando fue congresista, votó a favor de la reforma universitaria y de su conformación. Nosotros acataremos cualquier orden, pero solicitamos que Telesup sea tratada al igual que otras universidades, en plazos y oportunidades”, añade Morey.

Según refiere, el reglamento inicial no contemplaba el cierre y los nuevos indicadores, y a diferencia de la Universidad Ciencias de la Salud, que tuvo 1.083 días para cumplir los requisitos, “la Sunedu solo le entregó 584 días y ninguna oportunidad [a Telesup], lo que no hizo con otras universidades privadas. Eso es discriminatorio y, por lo tanto, ilegal”, sostiene el abogado. 

La Sunedu responde que desde diciembre de 2015 se estableció el cronograma para la presentación de solicitudes de licenciamiento, y a Telesup le correspondió hacerlo entre setiembre y 15 de octubre de 2017, pero envió la documentación un día después de vencido el plazo. Además, durante los años siguientes no pudo demostrar que cuenta con infraestructura y servicios adecuados. El pasado 5 de octubre, mediante la Resolución de Consejo Directivo 118-2020, la Superintendencia confirmó una multa de S/6,8 millones contra la universidad por no acatar la medida de cierre.

Apelación
MULTA. La universidad Telesup ha sido multada, en segunda instancia dictada en octubre, por no iniciar su proceso de cierre.
Captura: OjoPúblico

La Universidad Ciencias de la Salud y la Escuela Internacional de Posgrado, en las cuales el congresista José Luna Morales es accionista, fueron rechazadas a fines de 2019, tras detectarse irregularidades en el manejo de sus flujos de efectivo y una proyección financiera insostenible, e iniciaron sus respectivos procesos de cierre para los próximos dos años. El Instituto Intur Perú EIRL, enfocado en el turismo y gastronomía, es el único que sigue vigente.

El negocio educativo de los Luna también se había extendido al Instituto Sabio Antunez de Mayolo, que obtuvo el licenciamiento del Ministerio de Educación en diciembre de 2019 para continuar brindando cursos en Los Olivos y Lince. La empresa se formó bajo la razón social Telesup EIRL, pero cambió de dueños. Los Luna se mantuvo detrás del centro de estudios a través de un convenio, el mismo que se rompió cuando se iniciaron las investigaciones fiscales contra el patriarca de la familia.

De acuerdo con Registros Públicos, hasta setiembre de este año, el gerente del instituto fue Luis Felipe Alejandro Luna Morales, y ahora ha sido reemplazado por Yanni Ferr Chávez Ingam, una persona de la que no se conoce actividad empresarial o política. 

Personajes
Ilustración: OjoPúblico/Jesús Cossio