Procuraduría evalúa pedido de investigación contra funcionarios involucrados en tala ilegal de Saweto

Luego del reportaje publicado ayer por OjoPúblico, representantes de esta entidad informaron que analizan el caso para definir los delitos en los que habrían incurrido los funcionarios regionales.

ENFRENTAMIENTO. Los miembros de la comunidad habían sido amenazados en diferentes ocasiones por los madereros que operaban en la frontera de Perú y Brasi

ENFRENTAMIENTO. Los miembros de la comunidad habían sido amenazados en diferentes ocasiones por los madereros que operaban en la frontera de Perú y Brasi

Ilustración: Enrique Casanto Shingari.

Luego de la publicación del reportaje de OjoPúblico, sobre las irregularidades en el rol de funcionarios del gobierno regional de Ucayali encargados de investigar la denuncia presentada por Edwin Chota por tráfico de madera, la procuraduría de delitos ambientales del Ministerio del Ambiente evalúa el pedido para ampliar la investigación. En esta entidad explicaron que han solicitado información para definir si se solicita la incorporación de estos funcionarios en la investigación por tala ilegal de la comunidad Alto Tamaya Saweto. 

El 2014, Edwin Chota, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez fueron asesinados en la frontera de la Amazonía de Perú y Brasil, por las mafias de tráfico de madera que venían denunciando desde el 2008. Fuentes de procuraduría del Ministerio del Ambiente dijeron a OjoPúblico que por las fechas en las que ocurrieron los hechos -años 2013 y 2014- era probable que los presuntos delitos podrían haber prescrito. Sin embargo, la información que recabe este despacho en los próximos días permitirá conocer si estos funcionarios pueden ser incorporados como investigados en el proceso penal que están en marcha. 

Como informó OjoPúblico, el 2013 Edwin Chota -presidente de la comunidad Alto Tamaya Saweto- siguió la ruta de un cargamento de madera que señalaba haber sido extraída ilegalmente de su comunidad hasta la ciudad Pucallpa. El hecho fue denunciado ante la dirección forestal regional, pero el  funcionario responsable Roy Pinedo López se negó a intervenir el cargamento y luego autorizó su desembarco a través de una llamada telefónica, sin contrastar ni solicitar los papeles del cargamento.

La representante de la Defensoría del Pueblo señaló que este caso mostraba una debilidad del Estado

Para César Ipenza, abogado especializado en temas ambientales, la prescripción de los presuntos delitos cometidos por los funcionarios es discutible porque podrían estar involucrados en otros casos, debido al “modus operandi” y porque -en alusión al ingeniero Roy Pinedo-  “algunos de estos funcionarios han estado laborando en el Estado hasta 2018”. 

En la actualidad, el director de flora y fauna de Ucayali que recibió las denuncias de tráfico de madera planteadas por Chota ha vuelto a ocupar el mismo puesto durante la gestión regional vigente. Se trata de Marcial Pezo Armas. 

Consultada sobre el tema, Alicia Abanto, adjunta del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, sostuvo que los retrasos en las denuncias de Chota permiten entender cómo las comunidades de la Amazonía no cuentan con “garantía alguna de protección del Estado” y así “nos encontramos ante un escenario para los líderes y lideresas de alto riesgo y desprotección total del Estado”. 

Abanto también reflexionó sobre el papel de las fiscalías ambientales e indicó que era necesario preguntarse en qué medida eran efectivas para investigar  delitos “muy complejos y vinculados al crimen organizado”. Además, la representante de la Defensoría del Pueblo señaló que este caso mostraba una debilidad del Estado “en  la protección de las personas que están afectadas por la tala ilegal y además en los territorios que son fronterizos”

Ayer, durante su último día de visita en Lima, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, habló de  Saweto y lo calificó como un caso emblemático. También indicó que varios funcionarios del gobierno han reconocido que existen deficiencias en el Estado para proteger a los defensores de derechos humanos.

Cuestionó el retraso en el juicio contra los autores de los crímenes de los dirigentes ashéninkas. “Si se compara la eficiencia con la que actúan las autoridades cuando están en juego los intereses de poderosos agentes económicos, el desequilibrio es sorprendente”, dijo en su declaración oficial. 

Entrevistado por OjoPúblico, Michel Forst precisó: “Hasta ahora, puedo confiar que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Agricultura están en la misma línea para implementar nuestras recomendaciones. Si no lo hacen, por supuesto que lo informaremos”.

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