Viceministra de la Mujer elimina el lenguaje inclusivo en el sector que antes lo promovía

La implementación del lenguaje inclusivo en las distintas instancias y niveles del Gobierno resistió durante casi veinte años en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Hasta el 1 de setiembre. 

OjoPúblico accedió al documento firmado por la viceministra de la Mujer, Erika Valdivieso López, que puso fin a esta directiva, orientada a visibilizar la presencia de hombres y mujeres en la escritura, el habla y la representación. 

Esta disposición, realizada a menos de un mes de su incorporación en el MIMP, sector que antes promovía el lenguaje inclusivo, se sustentó en la Ley 32535, de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, impulsada por Renovación Popular y promulgada en diciembre de 2025. 

La viceministra de la Mujer puso fin al uso del lenguaje inclusivo en el MIMP, en el marco de la ley impulsada por Renovación Popular".

A través de un memorándum múltiple al que accedió este medio, la viceministra solicitó a las direcciones Contra la Violencia de Género, Igualdad de Género y No Discriminación, y Promoción y Desarrollo de la Autonomía Económica de las Mujeres, la difusión y el cumplimiento de la ley. En específico se refirió al uso del lenguaje inclusivo. 

“El uso del lenguaje inclusivo no implica el desdoblamiento del lenguaje para referirse a mujeres y hombres cuando exista un término genérico que ya incluya a ambos”, citó la Ley 32535. 

Esta indicación, de acuerdo con la viceministra, debía transmitirse al personal y verse reflejada en todos los documentos del sector, incluyendo la adecuación de planes, políticas, directivas, guías, entre otros, “los cuales evitarán desdoblar el lenguaje de la manera referida”.

La eliminación del lenguaje inclusivo en el ministerio contradice lo declarado por la titular del MIMP, María Seminario Marón, quien, tres semanas después de la emisión del memorándum, aseguró a OjoPúblico que no se había emitido ninguna disposición interna sobre el tema en su sector.

“No por el momento. Hay gente que usa 'todos y todas'. No hay [documentos], al menos que yo haya firmado y en mi gestión. [¿Desde el viceministerio?] No creo, no le he puesto el visto bueno (...). Me imagino que será progresivo, no es lo sustantivo de la ley. Y si hay, no soy consciente de eso, puede haberse hecho antes o en algún momento. No ha pasado, yo no le he puesto visto bueno, te lo puedo asegurar”, dijo. 

Para Patricia Ruiz Bravo López, doctora en Ciencias Sociales e investigadora en temas de género de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), el lenguaje inclusivo apunta a visibilizar la presencia de mujeres en distintas esferas, como el trabajo y la educación, así como a contribuir a la elaboración de diagnósticos apropiados, por ejemplo, aquellos vinculados a la medicina.

“Es un retroceso [las disposiciones que frenan el lenguaje inclusivo]. Están desmantelando el ministerio, desde el enfoque de género. Van a tratar de desmantelar todos los avances que se han dado”, sostuvo la especialista. Recordó, además, que el Ejecutivo mantiene la facultad de presentar iniciativas legislativas si discrepa con las leyes en materia de género aprobadas el año pasado y que hoy el propio sector viene implementando.

GESTIÓN. La ministra María Seminario acompañada de sus viceministros Erika Valdivieso y Juan Carlos Pasco, así como de personal del MIMP.

Foto: MIMP

Como reveló un reciente informe de OjoPúblico, incluso antes de ser designada en el Viceministerio de la Mujer, Valdivieso López, había cuestionado el enfoque de género y documentos oficiales como la ley para enfrentar la violencia contra la mujer y la guía técnica nacional para la aplicación del aborto terapéutico.

En setiembre de 2023, Valdivieso López mostraba su rechazo al lenguaje inclusivo, cuestionado en otra iniciativa legislativa de Renovación Popular. “Atenta contra el sentido común, contra el principio de economía del lenguaje, además de sonar muy mal y ser innecesario. Que se haya tenido que aprobar una ley para eliminarlo comprueba que, desde sus inicios, se trató de una imposición ideológica”, publicó en en su cuenta de X. 

Su postura sobre el lenguaje inclusivo también contrastaba con la que mantenía el MIMP ese año. El ministerio —que había aprobado lineamientos y una guía para promover su uso— advertía que eliminar el desdoblamiento de palabras en las políticas públicas podría perjudicar el recojo de información desagregada por sexo, así como la atención diferenciada entre mujeres y hombres en su diversidad por parte de las entidades públicas en los tres niveles de gobierno. 

A esto se suman declaraciones, identificadas por este medio, en las que, entre 2017 y 2020, la actual viceministra respaldó la castidad como método preventivo ante el embarazo adolescente, criticó el acceso a la píldora del día siguiente, rechazó el enfoque de género en el currículo escolar y sostuvo que los hombres agresores deben recibir asistencia psicológica para reintegrarse a su familia. 

OjoPúblico solicitó, a través del área de comunicaciones del MIMP, una entrevista con Erika Valdivieso y su asesora Patricia Crosby Crosby. También trasladó el pedido a sus correos institucionales. Hasta el cierre de este informe, no hubo respuesta. 

El entorno de la viceministra

Erika Valdivieso, abogada por la Universidad de Piura y doctora en Derecho de la Sociedad Global por la Universidad de Navarra, fue designada como viceministra de la Mujer el 5 de agosto de este año. 

En casi tres meses en el cargo ha recibido más de 90 visitas, entre ellas de actores vinculados a organizaciones conservadoras y provida. El 10 de agosto, cinco días después de su designación, recibió a Matteo Fraioli, coordinador de incidencia en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del Global Center for Human Rights, organización no gubernamental que, entre otros ejes, se opone al aborto.

Esta entidad, en una reciente publicación, destacó la supuesta consolidación de un “bloque provida latinoamericano” durante el 63 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, integrado por Perú y otros cinco países, para “detener el aborto y la ideología de género”. “Latinoamérica comenzó a unirse para defender sus valores comunes y esto recién comienza”, sostuvo en su cuenta de X.

Entre 2017 y 2020, la abogada respaldó la castidad como método preventivo ante el embarazo adolescente y criticó el acceso a la píldora del día siguiente".

En este evento, que se llevó a cabo entre el 7 de setiembre y 7 de octubre, el representante permanente del Perú en Ginebra, Elmer Schialer, se refirió a la desvinculación del Perú de términos “no consensuados” contenidos en resoluciones como “derechos sexuales reproductivos”, “enfoque de género” e “identidad de género”. 

Matteo Fraioli, de Global Center for Human Rights, registra otra visita a la viceministra Valdivieso el 12 de agosto. 

Según los registros oficiales, a esa reunión también ingresó Carlos Polo Samaniego, director para Iberoamerica de Population Research Institute, organización estadounidense católica ultraconservadora que promueve la prohibición del aborto y la anticoncepción. También ha sido promotor de la Marcha por la Vida y figura como miembro de la junta directiva de Hazte Oír, organización española de extrema derecha.

POSTURAS. En 2022, un vehículo con el logo de la fundación CitizenGo ingresó al Congreso y tuvo el respaldo de congresistas conservadores.

Foto: Facebook de Alejandro Muñante

En ambas reuniones, los visitantes fueron registrados como personas naturales, no como representantes de alguna entidad. Fraioli y Polo estuvieron vinculados a la organización ultraconservadora CitizenGo, cuyo logo apareció en un vehículo que, en 2022, ingresó al Congreso peruano con el mensaje: “A la mujer la define la biología, no la ideología”.

El 7 de octubre, en tanto, la viceministra Valdivieso sostuvo un encuentro con Betsy Cortegana Sánchez, también a título personal. La visitante, afiliada a Renovación Popular, es presentada, en redes sociales, como especialista en matrimonio y familia, así como promotora del Congreso Internacional de la Familia (Cifam). También ha expresado su rechazo al aborto en declaraciones públicas. 

Como informó OjoPúblico, Erika Valdivieso tiene como asesora a la abogada Ana Patricia Crosby Crosby, quien propuso —como consta en un libro donde figura como autora (2022)— un replanteamiento del MIMP hacia lo que denominó el Ministerio de la Familia e Igualdad de Oportunidades.

VÍNCULO. Patricia Crosby, asesora de la viceministra Valdivieso, presentó, en 2022, un libro que planteaba el Ministerio de la Familia e Igualdad de Oportunidades.

Foto: Linkedin Colegio Santa Margarita

Además, en noviembre de 2022, Crosby Crosby, como docente de Derecho de Familia de la Universidad San Ignacio de Loyola, elaboró un informe técnico favorable al proyecto de ley de enfoque de familia de la excongresista y ahora senadora Renovación Popular Milagros Jáuregui Martínez de Aguayo. Dicha opinión especializada fue solicitada y recibida por el despacho de la legisladora.

Esta iniciativa se convirtió en la Ley 32426 en agosto de 2025. Según oficios a los que accedió este medio, desde octubre de 2025, el MIMP ha solicitado la difusión de dicha norma a gobiernos regionales, a direcciones y organismos adscritos, así como a los ministerios. Los lineamientos estarán listos antes de fin de año.

La postura

OjoPúblico también ha detectado nuevas evidencias sobre la postura de Valdivieso López a favor del enfoque de familia y sus cuestionamientos a las políticas vigentes en temas de género, salud reproductiva y educación.

En 2020, cuando postulaba al Congreso por el partido Contigo, como representante de Lambayeque, dijo que entre sus principales propuestas estaba el enfoque de familia. Asimismo, planteó modificar el tratamiento de los casos de violencia y cuestionó que el agresor sea separado del núcleo familiar sin que reciba asistencia psicológica para su posterior reintegración.

“Estas familias donde hay un varón agresor y es separado del núcleo, se desintegra. No hay forma de volverla a integrar. Si una persona agrede a otra es porque está mal, no es producto del patriarcado (...). Tiene un problema que tiene que arreglarse, tiene que mejorarse por el bien de la familia, de los hijos”, señaló en una entrevista.

Shely Cabrera, abogada del movimiento Manuela Ramos, explica que en el Perú existe la resocialización y que las sentencias incluyen terapia psicológica no solo para la víctima, sino también para el agresor. “Sin embargo, aceptar que esto sea una necesidad, porque lo es, no es equiparable a decir que todos los agresores tengan que volver al núcleo familiar (...). Hay que priorizar a las víctimas y su seguridad”, refiere. 

ATENCIÓN. En lo que va del año, se han reportado más de 136.000 casos de violencia y 107 feminicidios en Centros de Emergencia Mujer (CEM).

Foto: MIMP

Patricia Ruiz Bravo, investigadora en temas de género de la PUCP, añade que, según diversos estudios, la violencia de género no responde a un problema de salud mental ni a una enfermedad de los agresores. Sostiene, además, que los atacantes requieren un tratamiento, sobre todo, en el control de la violencia. 

“La violencia es una expresión de poder. Eso se debe trabajar: que la potencia masculina no debe expresarse en la violencia. Eso implica un trabajo, más bien, de cambio en los roles, en la socialización, en las escuelas”. Aclara que no se puede obligar a una mujer víctima de maltrato que, tras los hechos y un eventual tratamiento al agresor, lo vuelva a recibir en su hogar. No es un mandato. 

En plena campaña electoral de 2020, Valdivieso López también se refirió a la castidad como una “barrera” efectiva contra las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo adolescente y cuestionó que no se incluyera en políticas de salud sexual y reproductiva de años previos. Asimismo, respaldó iniciativas a favor del concebido, medidas que en el último periodo legislativo han apuntado a restringir el acceso al aborto terapéutico.

ROL. En 2021, Erika Valdivieso participó como ponente en un evento impulsado por Alejandro Muñante para promover el enfoque de familia en las políticas públicas.

Foto: Facebook Alejandro Muñante

Sobre la castidad como método preventivo, la abogada Shely Cabrera sostuvo que carece de fundamento científico y normativo pretender regular el momento en que una persona va a iniciar su vida sexual. “Una realidad verificable y que ha sido estudiada es que en los países donde se aplica una Educación Sexual Integral y esta es garantizada, la edad de inicio de la vida sexual en adolescentes tiende a retrasarse (...). Pueden tomar decisiones más informadas”, detalló.

En 2019, luego de que el Poder Judicial declarara infundada la demanda contra el enfoque de género en el currículo escolar, la ahora viceministra lo calificó de sesgado, parcializado, incompleto y reduccionista. En su opinión, este enfoque no funciona y se establece sobre “bases ideológicas anticientíficas”.

“La ideología de género o enfoque de género es el marco legal que se tiene. Es aborto, relaciones sexuales a edad temprana, repartir preservativos y anticonceptivos a niños, educación sexual sin valores al margen de lo que dicen los padres”, afirmó sin presentar evidencias. 

Patricia Crosby, entonces docente de USIL y ahora asesora de Erika Valdivieso, elaboró un informe técnico favorable al proyecto de ley de enfoque de familia".

Esta afirmación es desmentida por Patricia Ruiz Bravo, quien sostiene que el enfoque de género busca identificar las causas de la desigualdad entre hombres y mujeres, y analizar las relaciones de poder, la socialización, los roles de género, la división sexual del trabajo y la exclusión del espacio público en ámbitos como la familia y la escuela. 

“Ellos la llaman ideología de género. Es una manera de engañar, de mentir. Una manera de elaborar un discurso que pueda calar en el público. Se elabora algo sencillo, se dice que va a homosexualizar, que no quieren a la familia. Se repite en el colegio, en las iglesias. Es como cuando repites una fake news”, refiere.

En otras ocasiones, la ahora viceministra de la Mujer también ha cuestionado el acceso a la píldora del día siguiente, los argumentos sobre la desigualdad entre hombres y mujeres y la aprobación de mecanismos como de divorcio “express”, que puede realizarse en una municipalidad acreditada o notaría, en lugar de promover la estabilidad matrimonial.

CARGO. Antes de incorporarse al MIMP, Erika Valdivieso había cuestionado el enfoque de género y la guía del aborto terapéutico en artículos académicos.

Foto: MIMP

El 24 de setiembre, para un reportaje previo, OjoPúblico le preguntó a la ministra María Seminario su opinión sobre las posiciones de Erika Valdivieso y Patricia Crosby. En respuesta, señaló que son posturas personales, que las respeta y que no cambiarán la ruta trazada en el ministerio. 

“No sé, sus posiciones personales, en qué podrían afectar. Y si en algún momento, de ellas o de cualquier otra persona, hay alguna cosa que corregir, se corregirá, si hay alguna cosa que fortalecer, se fortalecerá”, indicó.

Según la ministra, la visión de Valdivieso López, también investigadora y académica, aporta al ministerio en plena implementación de la ley de igualdad de oportunidades y enfoque de familia. “Si tenemos el mandato de la ley, tenemos que cumplirlo”, justificó.

“Si una persona no considera los derechos de las mujeres como legítimos, no debería estar en el MIMP. Este se ha generado precisamente para lograr y promover que las mujeres puedan ejercer sus derechos y uno de ellos son los sexuales y reproductivos. No podemos negarlos, igual que el derecho a la educación, trabajo, participación política”, dice Ruiz Bravo.

Para la abogada Shely Cabrera, las opciones personales de los funcionarios encargados de garantizar derechos fundamentales no pueden ir en contra de estos.

“Posiciones de este tipo en alguien con el cargo que posee son realmente peligrosas y nos lleva a preocuparnos sobre cuál va a ser la situación de la niñez, las adolescentes, de las mujeres en general, porque algo que no se tiene que ignorar es la situación de disparidad que se vive, la situación increíblemente grande de violencia”.