Sala del PoderReportajes28 Jun 2018

El mecanismo de sobornos que puso a la Sunarp al servicio del crimen organizado

A pocas horas del inicio de una audiencia clave, Ojo-Publico.com narra en detalle el mecanismo de sobornos de la red Orellana que involucró a las más altas esferas de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).
JUICIO. La Fiscalía Anticorrupción acusa al exsuperintendente Álvaro Delgado y a diversos funcionarios de Sunarp por recibir presuntos sobornos a cambio de inscribir irregularmente terrenos e inmuebles.
Foto: Andina

En el año que transcurrió entre abril del 2009 y marzo del 2010, un abogado llamado Eyner Flores Ramos visitó en 11 oportunidades el desangelado edificio con fachada verde de la calle Armando Blondet 260, en San Isidro, donde funciona la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Lo que aparentaban ser visitas protocolares de no más de diez minutos cada una, no lo eran: Flores Ramos era un miembro del estudio del controvertido abogado y empresario Rodolfo Orellana -el cabecilla de una de las mayores redes de estafa y lavado de activos del país- y en cada ocasión llegaba para dejar un sobre con dinero en efectivo en una oficina del sexto piso.

El principal ambiente de ese sector era el despacho del también abogado Álvaro Delgado Scheelje, en ese entonces superintendente adjunto de Sunarp. Las visitas mensuales del emisario de la red de Orellana eran para él.

REGISTRO. Eyner Flores visitó 11 veces al entonces superintendente adjunto de la Sunarp, Álvaro Delgado.
Tabla: Ojo-Publico.com

Lo que ocurría entonces es considerado ahora como uno de los principales casos de infiltración del crimen organizado en una institución capital del Estado, de acuerdo a las indagaciones de la Fiscalía anticorrupción a las que tuvo acceso Ojo-Publico.com. Se trató de una red de sobornos a distintos funcionarios que manejaban los registros públicos para que inscribieran títulos falsos de propiedades con problemas legales, un mecanismo que permitió a la red de Orellana apropiarse de extensos terrenos en al menos diez distritos de Lima.

Los sobres que llegaban a la oficina del superintendente adjunto de Sunarp eran el eslabón más alto en una cadena de procedimientos que involucró a más de veinte personas y que los fiscales han logrado establecer al detalle con base en centenares de documentos, registros de llamadas telefónicas y de visitas, y las versiones de decenas de testigos.

El mecanismo

Álvaro Delgado Scheelje, un hombre alto y de contextura gruesa que viste con trajes holgados, era un funcionario de carrera en la Sunarp. Antes había trabajado durante un año en el Instituto Libertad y Democracia, la institución fundada por el economista Hernando de Soto, conocida por su persistente difusión de la importancia de los registros de propiedad.

En el 2006 Delgado Scheelje pasó a los Registros Públicos y en poco tiempo avanzó en el escalafón de la institución. Menos de cuatro años después, en el 2010, fue promovido al cargo de superintendente nacional. Para entonces, según los testigos de la Fiscalía, ya había sido contactado por la red de Orellana.

CAPTADO. El entonces superintendente de Sunarp, Álvaro Delgado Scheelje (medio), colaboró con la red liderada por los hermanos Rodolfo y Ludith Orellana, según las pesquisas de la Fiscalía.
Foto: Andina

La hipótesis fiscal es que Delgado Scheelje fue el primero de los funcionaros captados en una operación encabezada por la también abogada Ludith Orellana, hermana del cabecilla de la red y segunda al mando de la organización. El trato entre el superintendente y la abogada se remonta al 2008 y llegó a ser tan estrecho que, según testigos del caso, ella lo llamaba “Alvarito” y solía elogiar su eficacia para atender sus encargos.

Ambos se reunían en el exclusivo restaurante Balthazar, de San Isidro, el mismo que, por coincidencia, ha sido punto de encuentro de otros implicados en recientes casos de corrupción (como los empresarios integrantes del llamado ‘Club de la Construcción’). El restaurante está cerca de la sede de la Sunarp.

CELULAR. Registro de llamadas de Álvaro Delgado revela conversaciones con miembros de la red Orellana. 
Tabla: Ojo-Publico.com

Cuando el estudio Orellana necesitaba dar trámite a un título falso presentado en la mesa de partes de la Sunarp, el superintendente recibía una llamada de Ludith Orellana -a quien sus subordinados llamaban ‘Cruela de Vil’ por la dureza de su carácter- o de otro miembro de la organización, quien le daba el número de expediente que acababa de ingresar en el sistema de la institución. Entonces se activaba una secuencia de contactos internos que tenía como objetivo asegurar la inscripción de los documentos apócrifos en las partidas de terrenos que estaban en litigio o a los que previamente se les había inventado un arbitraje.

El primer paso de Delgado Scheelje era ordenar al ingeniero de sistemas Wilfredo Núñez Peña, analista de la Unidad de Tecnología de la Información, que utilizara sus privilegios de acceso para detectar el número de expediente en cuestión y alterar el flujo aleatorio de documentos para direccionar el caso hacia la sección 77, una de las oficinas donde los registradores revisan e inscriben los títulos.

DRA. LU. Ludith Orellana Rengifo, brazo derecho de su hermano en el estudio jurídico, dirigió una organización criminal que penetró incluso las altas esferas de Sunarp.
Foto: Andina

La Fiscalía ha establecido que entre septiembre del 2009 y diciembre del 2010, Núñez Peña transfirió de esa manera irregular 27 títulos presentados por Ludith Orellana o sus cómplices. Los metadatos del sistema, analizados por Ojo-Público.com, revelan que cada una de esas transferencias ilegales ocurrió en un promedio de 4 horas después de que los documentos fueron presentados en la mesa de partes de la Sunarp.

En el grupo de expedientes falsos transferidos por Núñez Peña estaba un terreno de la comunidad campesina Llanavilla, otro de la Caja de Pensión Militar y Policial, y varios más en distritos como Pueblo Libre, Surco, La Victoria, Villa El Salvador o Miraflores.

IRREGULAR. Wilfredo Núñez transfirió 27 títulos a la sección 77, dirigida por Pedro Guzmán Molina.
Tabla: Ojo-Publico.com

El siguiente eslabón en la cadena para legalizar el fraude era el registrador Pedro Guzmán Molina, un abogado al que los integrantes de la red Orellana llamaban “Muñeco”. Guzmán Molina era el encargado de recibir los expedientes y, tras una revisión ficticia, inscribirlos a nombre de los presuntos clientes o testaferros del estudio Orellana. Las coordinaciones para estos procedimientos eran tan esenciales que, según los informes recabados por la Fiscalía, el registrador se comunicó 600 veces por teléfono e intercambió más de mil mensajes de texto con el círculo de los hermanos Orellana.

Guzmán Molina llegó a registrar un total de 49 predios en favor de la organización criminal. A los que le había enviado Núñez Peña, se sumaron 22 que le llegaron en una segunda etapa a través de la mesa de partes. En este grupo había un terreno que pertenecía al Hospital Hermilio Valdizán y que, a causa de este mecanismo fraudulento, terminó en manos de un testaferro.

Delgado Scheelje estuvo a cargo de esta red mientras estuvo en el cargo, hasta el 2011, pero el sistema siguió funcionando al menos durante un par de años más.

El departamento de sobornos

Estos servicios ilícitos eran recompensados con el envío de sobres con dinero en efectivo para los principales involucrados. El emisario que visitaba la oficina del superintendente Álvaro Delgado Scheelje, en el sexto piso de la Sunarp, solía dejarle sobres manila con montos que oscilaban entre 300 y 1.000 dólares cada vez, según las versiones coincidentes de varios testigos y al menos un colaborador eficaz. Además, un testigo en reserva de la Fiscalía declaró que Delgado Scheelje recibió tres entregas adicionales por medio de otra abogada del estudio Orellana, Carla Cruzado Crisólogo. Una de esas entregas fue por 2.000 dólares, según esa versión.

DESMENTIDO. En 2014 Pedro Guzmán Molina negó estar involucrado en la red de Rodolfo Orellana y aseguró que no era responsable de que los títulos falsos de esta organización lleguen a su sección en Sunarp.
Video: Canal N

El Ministerio Público ha establecido que el registrador Pedro Guzmán recibió sobornos por montos parecidos. Un testigo, cuya identidad ha sido protegida con un código, contó que en septiembre del 2012 acudió a reunirse con Guzmán en el quinto piso de un edificio en Lince. Allí le entregó un sobre con 1.000 dólares, que, según recordaba, el funcionario contó rápidamente. Al salir de ese edificio, el emisario caminó apenas cuatro cuadras, hasta el domicilio de otro personaje para entregarle un sobre con la misma cantidad.

El destinatario de ese sobre era Carlos Vargas-Machuca Arrese, un antiguo técnico registral. Tras la salida del superintendente Delgado Scheelje de la Sunarp, Vargas-Machuca se convirtió en la pieza clave del mecanismo de sobornos para manipular la inscripción de títulos a favor de la red Orellana.

ORGANIZACIÓN. La red de Rodolfo Orellana Rengifo, que se desintegró a fines del 2013, estableció un sistema de pago y registro de sobornos a través de emisarios y dos bases de datos en cógido. 
Foto: Andina

La hipótesis del Ministerio Público es que Vargas-Machuca utilizaba su antigua red de contactos para mover los hilos adecuados al interior de los Registros Públicos. Por cada servicio de esa naturaleza, según los documentos fiscales, cobraba unos 500 dólares. La versión del testigo es que algunas veces incluso acudía al estudio Orellana para recibir directamente la comisión.  

Durante mucho tiempo, los involucrados en este caso negaron tanto su participación en el direccionamiento de los expedientes como el haber recibido dinero de una de las redes criminales más extensas y peligrosas del país. Incluso cuando se iniciaron las investigaciones fiscales, argumentaban que no había forma de probar esos vínculos. El caso dio un giro importante a mediados del 2017, cuando el Poder Judicial sentenció a dos colaboradores eficaces de la organización de Orellana.

Uno de esos colaboradores eficaces entregó a los fiscales anticorrupción Elvis Suárez y Eiser Jiménez dos bases de datos con miles de registros sobre los presuntos sobornos otorgados por la red Orellana a los funcionarios de la Sunarp. Eran los archivos secretos de la llamada ‘Area de saneamiento’, una sección del estudio Orellana encargada de obtener la inscripción de los títulos a toda costa. El área estaba a cargo de la propia Ludith Orellana.

JUICIO. Los fiscales Elvis Suárez (derecha) y Eiser Jiménez (izquierda) analizaron dos bases de datos con los presuntos sobornos otorgados por la red Orellana, evidencia clave para procesar a los funcionarios de Sunarp. 
Foto: Justicia TV

Para cumplir ese objetivo, Orellana había sistematizado todos sus costos, incluyendo el pago de sobornos a los funcionarios de la Sunarp. La información de esas transferencias estaba en dos archivos digitales guardados con los nombres 'Caja Chica' y 'Bóveda Central'. Los presuntos sobornos recibían el nombre de comisiones y variaban según el valor de la propiedad y la complejidad de cada caso registrado con esa modalidad. Los destinatarios estaban señalados mediante códigos, cuya relación era manejada por una funcionaria específicamente designada por Ludith Orellana.

La relación de pagos, que incluye miles de líneas, solo pudo ser descifrada con la versión de los colaboradores eficaces. Fue entonces que se hizo evidente el esquema de sobornos a funcionarios de los registros públicos y los nombres de algunos testaferros que facilitaron las operaciones.

La caída

Uno de sus antiguos colaboradores en el Área de Saneamiento contó a los fiscales que en noviembre del 2014, durante una reunión pactada en la heladería Caplina de Huacho, Ludith Orellana le hizo una advertencia con sabor a amenaza: debía tener cuidado con lo que declaraba. Una semana después, la número dos de la organización criminal fue detenida en un hotel en la misma ciudad. 

PRISIÓN. La Fiscalía solicita entre cuatro y 8 años de prisión para los miembros de la organización criminal.
Tabla: Ojo-Publico.com

Las capturas de Álvaro Delgado y Pedro Guzmán se producirían recién el año siguiente, durante la operación policial 'Tempestad'. Ahora el grupo, que incluye a una veintena de personas, está acusado de pertenecer a una organización criminal y enfrenta una condena de entre cuatro y 18 años de prisión.

El caso podría tomar un giro decisivo hoy, durante la audiencia de control de la acusación presentada por la Fiscalía Anticorrupción, donde el juez Juan Sánchez Balbuena también deberá decidir sobre el pedido de prisión preventiva contra los principales involucrados: Álvaro Delgado, Pedro Guzmán, Carlos Vargas-Machuca, Ludith Orellana y su socia Katherine Diaz. Hoy se marca el futuro del juicio del más importante caso de corrupción en los Registros Públicos. 

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