El administrador se acercó a ella cuando limpiaba el área de archivo, donde no había cámaras de vigilancia, e intentó besarla. “Al no obtener ello, se molestó diciéndome que por qué me negaba, mentándome la madre, y diciéndome 'porque no me haces caso, me voy a meter un balazo por tu culpa'”.

Esta escena la narró, en octubre de 2022, una trabajadora de limpieza de una unidad territorial del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres (Juntos), del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). El denunciado era, entonces, administrador de dicha oficina.

No fue la primera vez. Ese año, según su testimonio, el administrador le pidió que le abrazara, que le diera masajes, la buscaba constantemente en la oficina de archivo, le ofrecía invitaciones a salir fuera del horario laboral, le decía “que estaba enamorado de ella y que no le importa arriesgar”. Luego de que la mujer reportara el hecho a la empresa de servicios en la que trabajaba, hubo un giro: “Ahora, me trata mal. Me manda a hacer cosas que no me corresponden”, contó.

— Usted, señora, ¿se ha sentido ultrajada, acosada sexualmente? —le preguntaron en la Unidad de Recursos Humanos de la institución, en octubre de 2022. 

— Sí, y temo mucho quedarme sin trabajo. 

La operaria de limpieza era víctima de hostigamiento sexual, una forma de violencia caracterizada por conductas no deseadas, con connotación sexual o sexista, que pueden humillar, intimidar y afectar la situación laboral o de cualquier otra índole de la víctima. 

Entre 2021 y 2025, se registraron 720 denuncias, en la vía administrativa, por esta falta grave en más de 200 instituciones públicas, según cifras de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), a las que accedió OjoPúblico. La mayoría de las presuntas víctimas fueron mujeres. 

La Corte Superior de Justicia de Lima, el programa Warmi Ñan (antes Aurora) y el Ministerio Público figuran entre las instituciones con más denuncias por hostigamiento sexual laboral".

En ese periodo, entre las entidades con más reportes figuran el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), con 36 casos; la Contraloría General de la República, con 30; y el Ministerio de Educación (Minedu), con 28.

Le siguen la Corte Superior de Justicia de Lima, con 27 denuncias; el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (antes Aurora, ahora Warmi Ñan), del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), con 25 casos; así como la gerencia general del Ministerio Público, con 21.

Las tres últimas instituciones con más denuncias por hostigamiento sexual cumplen un rol clave en la erradicación de la violencia de género y están vinculadas con la recepción de casos o atención a las víctimas. Según extitulares del MIMP y especialistas de Servir, la cantidad de casos que presentan puede obedecer a que el personal tiene acceso a mayor información, lo que facilita la identificación y denuncia de este tipo de violencia.

“En algunas oficinas, donde hay mayor consciencia, se reconoce más. En otras, donde no hay mayor profundización de la temática, eso no se denuncia (...). Aquellas que están más capacitadas pueden identificar que hay una situación, saber cuáles son los canales de denuncia”, refirió la exministra de la Mujer y abogada, Marcela Huaita Alegre.

No obstante, si solo se toma en cuenta los procesos administrativos que, en primera instancia, concluyeron en sanciones, el programa Warmi Ñan (antes Aurora), también es la institución pública con más casos: 13, entre los años 2021 y 2025. 

Es decir, la misma entidad pública reconoció que sus servidores civiles cometieron actos de hostigamiento. Por ello, dispuso tres destituciones, una suspensión y otras nueve sanciones no especificadas. 

CASOS. El programa Warmi Ñan (antes Aurora), del MIMP, vinculado a la lucha contra la violencia de género, registra 25 denuncias internas por hostigamiento sexual laboral.

Foto: MIMP

Le siguen la Contraloría; con nueve casos; el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; el Minedu, el Instituto Nacional Materno Perinatal (ex Maternidad de Lima), con seis registros cada uno; y la Corte Superior de Justicia de Lima, con cuatro, de acuerdo a los reportes recibidos por Servir.

Más abajo se encuentra el programa social Juntos, donde la trabajadora de limpieza denunció hostigamiento sexual de un servidor civil. La institución informó a OjoPúblico que, entre 2021 y 2025, tramitó siete procedimientos administrativos: tres concluyeron en sanciones, dos con destitución, uno con suspensión por 12 meses y uno con absolución. Otros tres fueron archivados. 

Los datos y testimonios brindan nuevas evidencias de otra forma de violencia contra las mujeres en el Estado. Y ocurre en un contexto en el que el Congreso impulsa iniciativas que desalientan a las denunciantes y ponen en riesgo su protección legal, que buscan eliminar el delito de feminicidio del Código Penal, mientras el Ejecutivo deroga los lineamientos de la Educación Sexual Integral (ESI).

“Hablé muchas veces con el señor [para] que me dejara tranquila. Pero no le importó, porque él se cree el todopoderoso de la oficina y porque se siente respaldado, porque es profesional y yo solo un personal de limpieza”, narró la víctima de hostigamiento sexual en la oficina del programa social Juntos, en 2022.

El denunciado dijo, como parte de sus descargos, que mantuvo una relación sentimental con la denunciante, que no era su subordinada, ni hubo tocamientos. Añadió que ella actuó por interés económico, ya que le había prestado dinero y no quiso devolvérselo. La denunciante sostuvo, por el contrario, que a raíz de ese préstamo empezó el acoso diario.

En marzo de 2023, la entidad ordenó dos meses de suspensión sin goce de remuneraciones. Sin embargo, tras una nulidad y la apelación del servidor civil, en diciembre de 2024, el Tribunal de Servir confirmó una sanción más severa: 12 meses. 

En la actualidad, cumplido el plazo, el administrador trabaja como personal con Contrato Administrativo de Servicios (CAS) en la misma dependencia de Juntos, según el registro oficial hasta abril último.

Las denuncias

“Te quiero mucho (a mi manera)”.

“Anoche me soñé contigo y ahora me haces esto”.

“En Navidad no me diste un abrazo. Para Año Nuevo seguro tampoco lo harás”.

“¿Por qué nos menosprecias? Solo porque no tenemos sacos tan bonitos como el tuyo, me refiero al de cuadritos rojito”.

“Se te extraña, no tengo a quien molestar”.

“Gracias… por eso te quiero”.

Estas frases forman parte de las conversaciones, vía el aplicativo WhatsApp, que un abogado del Centro Emergencia Mujer (CEM) San Miguel, del programa Warmi Ñan (antes Aurora), sostuvo con una integrante del equipo, en 2024 y 2025. En enero de este año, la mujer denunció ante su centro laboral haber sido víctima de hostigamiento sexual, falta disciplinaria contemplada en la Ley de Servicio Civil.

Esta forma de violencia puede manifestarse con el uso de términos de naturaleza sexual o sexista —que refuerza estereotipos o suponen una subordinación de género—, insinuaciones o proposiciones sexuales, gestos obscenos o exhibición a través de cualquier medio de imágenes de contenido sexual, que resulten hostiles u ofensivos para la víctima, según la Ley 27942. Puede darse de manera escrita o verbal.

El hostigamiento en el ámbito laboral puede ocurrir, incluso, fuera del centro de trabajo. No requiere que haya jerarquía entre los involucrados; es decir, también se comete entre compañeros. Tampoco necesita reiteración, ni que se acredite el rechazo expreso de la víctima. La normativa en el servicio civil ampara a cualquier tipo de vínculo laboral o civil como los locadores de servicio.

El programa Warmi Ñan y otras 212 instituciones de la administración pública registraron 720 denuncias en los últimos cinco años, según las cifras de la plataforma Estado sin acoso de Servir, a las que accedió OjoPúblico el último 25 de marzo. 

Se trata de casos que, en primera instancia, llegaron a la Oficina de Recursos Humanos o la Secretaria Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario de cada entidad para su investigación y que concluyeron con el archivo o la sanción por parte del jefe de la referida oficina o el titular de la institución. 

En 2021 hubo 55 casos; en 2022, 113 y en 2023, 213. Al año siguiente, pasó a 156 y en 2025 se elevaron a 183 los reportes de las entidades públicas.

Asimismo, en los últimos cinco años, al menos, 113 casos concluyeron en sanciones (sin especificar el tipo), 19 en destitución, 21 en suspensión y 37 en archivo, según las resoluciones finales en primera instancia. En ocho adicionales se identificó falta de pruebas, en seis otros motivos y 516 fueron declarados “sin información”. 

Mariel Herrera Llerena, titular de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de Servir, indicó que las cifras de denuncias internas aún no son muy altas, pero han ido incrementándose de manera sostenida desde 2020, cuando se implementó la plataforma Estado sin acoso. En esta, las entidades públicas deben registrar, de manera obligatoria, si han recibido o no casos de hostigamiento. Sin embargo, en 2025, solo 86 de más 3.000 instituciones reportaron denuncias.

RIESGO. En un contexto de iniciativas que debilitan la protección a las mujeres y a la niñez, otra forma de violencia amenaza a las servidoras públicas: el hostigamiento sexual laboral.

Foto: MIMP

“En este tipo de casos [de hostigamiento] hay un subregistro. Lo vemos tanto por la situación de personas que no optan por la denuncia sino, más bien, por renunciar o por comentar solo a un círculo muy privado. A veces consideran que el denunciar puede perjudicarlas en su ámbito de trabajo”, señaló a OjoPúblico. 

En el caso de Warmi Ñan reportado este año, la denunciante narró que los comportamientos hostiles del abogado se trasladaron al ámbito presencial, a través de comentarios verbales sobre su vestimenta, miradas insistentes y aproximación física que resultaba incómoda. También dijo sentir temor a quedarse sola en ambientes cerrados y preocupación por posibles reacciones del denunciado. 

Este programa adscrito al MIMP, que debe contribuir a la reducción de la violencia familiar en mujeres, niños, adolescentes y promover acciones de protección, recibió 25 denuncias internas de hostigamiento sexual contra sus servidores civiles, entre 2021 y 2025, según cifras de Servir. Por la cantidad de casos reportados, se ubica quinta de más de 200 instituciones analizadas.

El hostigamiento sexual laboral cometido por un servidor civil es considerado una falta disciplinaria grave, que puede ser sancionada, previo proceso administrativo, con suspensión temporal o destitución. Esta última tiene como medida accesoria la inhabilitación por cinco años para prestar el servicio en el Estado. 

Una misma acción que, en un centro de trabajo constituye hostigamiento sexual laboral y se investiga por la vía administrativa, también puede configurar el delito de acoso sexual. El Código Penal considera un agravante la condición de subordinación o dependencia de la víctima respecto a su agresor. Las penas son hasta de ocho años de prisión. 

El abogado del CEM, del programa Warmi Ñan, denunciado por la vía administrativa este año rechazó los hechos de hostigamiento de los que se le acusa, refirió que las imágenes ofrecidas por la denunciante no eran conversaciones bajo un contexto sexual y que él nunca fue sindicado en su trabajo. Aseguró que su actuar fue “alturado, respetuoso y diligente”. 

En marzo último, dicho abogado fue sancionado con la destitución y la automática inhabilitación del ejercicio del servicio civil por cinco años, según una resolución de la dirección ejecutiva de Warmi Ñan. Esta fue declarada firme en abril último. 

Al respecto, Warmi Ñan indicó por escrito a este medio que el abogado denunciado "no mantiene vínculo laboral con la entidad y el procedimiento administrativo se encuentra concluido con resolución firme". La denunciante continúa laborando en dicha institución. 

Para Janeyri Boyer Carrera, abogada y expresidenta de Servir, las cifras de instituciones como Warmi Ñan pueden vincularse a diversas razones, no necesariamente a que sea la institución con mayor presencia de hostigamiento. “Tiene que ver, por ejemplo, con que son entidades públicas que canalizan adecuadamente los procedimientos, que los llevan a término, que recogen las denuncias, que el equipo está preparado para procesarlas o que reporta a Servir”. 

En paralelo, Shely Cabrera Loayza, abogada de la ONG Manuela Ramos, consideró que el incremento de denuncias en las instituciones públicas y los registros de entidades como el programa Warmi Ñan o el Ministerio Público mezcla dos elementos. Primero, que se ha repartido mayor información sobre los derechos y las personas dan a conocer estos hechos.

“Sin embargo, el hecho de que instituciones que deben trabajar por la garantía de derechos registren esas cifras de hostigamiento hace explícita la situación de la capacitación de servidores y servidoras. Y no solo se ve en hostigamiento, sino en procesos donde los funcionarios han agredido a las víctimas. Creemos necesario que se haga el perfil completo de quienes contratan, sobre todo para instituciones de este tipo que tienen que velar por los derechos, sobre todo de víctimas”, dijo.

Precisamente, en enero de 2025, una investigación de OjoPúblico reveló que casi un tercio de los abogados que trabajaban en los CEM (301)—servicio que brinda atención gratuita a personas afectadas por violencia de género y sexual— registraba  procesos administrativos disciplinarios. De ese total, 15 fueron investigados por violencia psicológica, sexual y física y por comportamientos inadecuados en el desempeño de sus funciones.

Otras instituciones

El 16 de febrero de 2022, cerca de las siete de la noche, una mujer de 34 años, que desempeñaba labores de guardianía en el Ministerio Público, estaba en el baño de mujeres, en el área de mezzanine de la sede central. Mientras se cambiaba de ropa, desde otro cubículo, un trabajador de la entidad la grababa por celular. No había sido la primera vez: en el aparato se halló grabaciones a otras personas.

Durante el proceso administrativo, el investigado admitió su responsabilidad, pero alegó que tenía trastorno obsesivo compulsivo, por lo que no podía controlar sus actos. Sin embargo, tras las evaluaciones, la entidad refirió que dicho trastorno no acreditaba un estado de incapacidad mental para percibir lo ilícito de su accionar.

Según la resolución del Tribunal de Servir, de noviembre de 2022, fue destituido de la institución. La sanción permanece vigente.

De las 21 denuncias internas reportadas por el Ministerio Público, entre 2021 y 2025, tres fueron sancionadas, en primera instancia, con destitución.

INSTITUCIÓN. En el Ministerio Público, entidad que también investiga casos de violencia de género, se ha sancionado a servidores por hostigamiento sexual integral.

Foto: Andina / Editora Perú

Hace dos semanas, a través de un informe de ATV, se conoció que una trabajadora de la Contraloría presentó una denuncia interna contra un gerente de la entidad por presunto hostigamiento sexual, desde setiembre de 2025 hasta febrero de 2026. 

A la fecha, hay un procedimiento administrativo en desarrollo y, según indicó la entidad a OjoPúblico, en tanto no exista pronunciamiento definitivo, el funcionario mantiene su vínculo laboral. Con relación a la denunciante, añadió, se le ha garantizado las condiciones para el desarrollo regular de sus funciones y la protección institucional.

De acuerdo con las cifras de Servir, la Contraloría registró 30 denuncias internas, de las cuales una concluyó en destitución y otras ocho en sanciones, en primera instancia. En contraste, la entidad refirió haber identificado 33 casos, de los cuales 20 fueron archivados, tras las investigaciones, y 13 terminaron en sanciones.

Según la exministra del MIMP, Marcela Huaita, en la Contraloría hubo un comité de género que realizó un trabajo importante en el ámbito interno. “Eso puede ser que haya elevado el número de personas conscientes de las situaciones y que generen denuncias, a diferencia de otras oficinas donde no lo perciba tanto”, dijo a este medio.

En respuesta a un cuestionario de OjoPúblico, la Contraloría dijo que los registros reflejan la importancia de fortalecer la cultura de prevención, sensibilización, respeto en el ámbito laboral y mantener mecanismos de denuncia accesibles.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es una de las instituciones con más casos que concluyeron en sanciones (6), en primera instancia, según las cifras de Servir de los últimos cinco años. No obstante, la misma entidad informó que 10 de 22 denuncias culminaron con suspensión (5) y destitución (5). Esto, añadió, representa el 0,2% del total de sus servidores.

La institución señaló a este medio que las cifras reportadas son el resultado del “fortalecimiento” de los mecanismos de denuncia y de una mayor disposición de las personas afectadas para reportar hechos que antes permanecían invisibilizados.

“Creemos que la existencia de denuncias no es un indicador de permisividad institucional respecto del hostigamiento sexual, sino de que los canales de atención y reporte están siendo utilizados y que han sido fortalecidos”, respondió.

Por su parte, el Minedu ocupa el tercer lugar en denuncias, pese a que la herramienta Estado sin acoso de Servir —que agrupa a instituciones nacionales, regionales y locales— solo incluye los casos de personal administrativo y no de los docentes de colegio denunciados por hostigamiento sexual laboral. Estos tienen un régimen disciplinario especial. No respondió a la consultas de este medio hasta el cierre del informe.

OjoPúblico también trasladó sus consultas al INPE, la entidad con más denuncias en los últimos cinco años, a la Unidad Ejecutora 003 Corte Superior de Justicia de Lima, a Warmi Ñan (antes programa Aurora), al Ministerio Público y a la ex Maternidad de Lima. Solo Warmi Ñan respondió al cierre de este informe.

A través de respuestas por escrito, Warmi Ñan indicó que de los 25 casos registrados, 24 corresponden a esta institución y uno a otra unidad ejecutora del MIMP. De los 24 casos, en 13 "se llegó a probar la existencia de conductas que constituyen hostigamiento sexual laboral, habiéndose impuesto sanciones de suspensión y destitución, respectivamente". De ese total, 11 personas fueron inhabilitadas para el ejercicio de la función pública; mientras que dos han sido sancionados con suspensión.

Warmi Ñan señaló que en otros 11 casos se determinó que no hubo elementos que prueben la denuncia realizada, por lo que no existió responsabilidad administrativa discipinaria. 

Los agresores y las víctimas

En 2025 —con 183 denuncias—, el 91% de las presuntas víctimas fueron mujeres; mientras que el 97% de los posibles agresores, hombres. Este patrón se repite en los últimos cinco años: la mayoría de agraviadas fueron mujeres. 

Según un reciente informe de Servir, la mayoría (56%) de las presuntas víctimas, el año pasado, laboraban bajo regímenes laborales existentes como los decretos legislativos 276 o CAS. En tanto, el 30% lo hacía por locación de servicios; es decir, sin condiciones de protección y estabilidad laboral; y el 14% bajo la modalidad formativa (practicantes). 

Si se toma en cuenta las dinámicas de poder y la asimetría que ahí se desprende —refiere el estudio— se puede conjeturar que las víctimas que laboran en las dos últimas condiciones mencionadas “tendrían menos mecanismos de protección frente al hostigador”, el cual cuenta con una relación formal.

En efecto, el 88,5% de los denunciados se encontraba en una relación formal con la entidad. “En contextos donde existen diferencias de poder —ya sea por jerarquía, estabilidad contractual o control sobre la evaluación del desempeño— el riesgo de hostigamiento puede verse amplificado, así como las barreras para realizar la denuncia”, añade el estudio.

SERVICIO. Diversos programas sociales atienden a mujeres, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad, por lo que se requiere garantizar perfiles adecuados, según especialistas.

Foto: Instagram de Juntos

Para la exministra Marcela Huaita, el hecho de que estos casos ocurran con subordinadas representa un retroceso. “Me parece terrible, porque si algo se había mejorado [en el tiempo] era la responsabilidad jerárquica (...). Esto es una consecuencia del deterioro del sector en los últimos años por la alta rotación de personal”.

El programa Juntos detalló a OjoPúblico que los hombres son los principales denunciados por sus colegas o usuarias vinculadas al programa. Algunos casos ocurrieron en espacios laborales y otros, en actividades relacionadas con el servicio. Juntos está destinado a mujeres gestantes, niñas, niños y adolescentes de hogares pobres.

Lo mismo sucede con los casos de La Contraloría. La entidad informó a este medio que los hechos denunciados se produjeron —de superiores a subordinados, así como entre compañeros de trabajo— durante actividades laborales o espacios vinculados al entorno institucional. La mayoría de agresores fueron hombres y las víctimas, predominantemente, mujeres. 

Consultada sobre la incorporación de este personal a la institución, que también fiscaliza acciones relacionadas al hostigamiento sexual laboral, Contraloría dijo que sus procesos de selección se realizan conforme al marco vigente y a la evaluación de requisitos. “Sin embargo, como ocurre en cualquier organización de gran escala, la conducta posterior de un trabajador puede derivar en hechos que no necesariamente son previsibles al momento de su contratación”, añadió.

En 2025, el 91% de las presuntas víctimas fueron mujeres; mientras que el 97% de los posibles agresores, hombres".

En los casos del Ministerio de Justicia, esta institución, incluso, detectó a defensores públicos hostigando sexualmente a usuarias. Al respecto, indicó que, aunque la evaluación psicológica no constituye un requisito obligatorio dispuesto por Servir, en el caso de la Defensa Pública, y a solicitud del área usuaria, desde julio de 2025, el sector implementa ese tipo de examen como parte del proceso para acceder a ese puesto.

La Contraloría y Juntos coincidieron, entre sus medidas preventivas, con la difusión de protocolos de intervención y de actuación, así como el fortalecimiento de los canales de denuncia. El sector Justicia, en tanto, aprobó un plan de acción para la evaluación y diagnóstico anual 2025 para la identificación de hostigamiento sexual.

“Hay que ver con mayor atención cómo este clima de retroceso de derechos de las mujeres afecta directamente. En este caso, a las que están en un espacio laboral”, dice la exministra de la Mujer, Diana Miloslavich Túpac. El hostigamiento sexual ocurre en el hogar, en las calles, en los centros de estudio, en espacios laborales y también dentro de las propias instituciones que deberían prevenirlo, sancionarlo y erradicarlo. Ahí, donde el Estado debería ofrecer mayor protección, persiste la violencia.