A una semana de la muerte de cinco jóvenes en el distrito de Colcabamba (Huancavelica), se ha abierto una investigación fiscal por el presunto delito de homicidio calificado contra ocho soldados, en medio de interrogantes sobre la forma en que se actuó en las horas y días posteriores a la intervención militar. 

La cronología de los hechos muestra retrasos y limitaciones que marcaron el inicio de las diligencias fiscales y policiales para esclarecer la muerte de cinco civiles el pasado 25 de abril en el convulsionado Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Todo empezó el jueves 23 de abril. Ese día –de acuerdo a la información documental a la que OjoPúblico tuvo acceso– la División de Operaciones Especiales Antidrogas (Depinesp) de la Policía Nacional, que opera en el Vraem, solicitó la ejecución de una intervención contra el tráfico ilícito de drogas (TID) y delitos conexos, con la participación de personal de la Compañía Especial de Comandos Pachacútec, unidad que forma parte de la 31 Brigada de Infantería de Huancayo, según un documento al que este medio tuvo acceso.

La cronología de los hechos muestra retrasos y limitaciones que marcaron el inicio de las diligencias fiscales y policiales para esclarecer la muerte de cinco civiles.

Se trata de un oficio dirigido al general de brigada EP Edgar Quilca Molina, comandante general de la 31 Brigada de Infantería, donde el mayor PNP Roger Yon Hinostroza, jefe de la Depinesp Vraem, señala que se cuenta con información de inteligencia que indica que “una pluralidad de personas dedicadas al TID estaría realizando el transporte de droga en camionetas 4x4, con apoyo de personal de seguridad aprovisionado con armas de fuego de corto y largo alcance, así como radios de comunicación”. 

En ese contexto, refiere que se han efectuado coordinaciones con personal de la Compañía Especial de Comandos Pachacútec para intervenir. 

El viernes 24 de abril, una patrulla de siete efectivos del Ejército del Perú (EP), al mando del capitán Luis Joel Montenegro Pardo (31), llegó hasta la carretera Colcabamba-Ayacucho, en la provincia de Tayacaja, región Huancavelica (coordenadas 12°21'42.57"S, 74°37'54.51"W), para realizar “una intervención por drogas y armamento”, de acuerdo con un documento, suscrito por la fiscal provincial penal Zina Romero Chávez, de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tayacaja, que forma parte de la carpeta fiscal del caso.

REFERENCIA. Campo Armiño se ubica en la vía por donde circulaba la camioneta donde viajaban las cinco víctimas mortales y los tres sobrevivientes.

Foto: Informe de inteligencia

A las 4:00 a.m. del día siguiente, la patrulla —compuesta por el capitán Montenegro Pardo, el teniente EP Brayan Fernández Dett (26), los suboficiales de segunda EP Douglas Villacorta Saboya (34), Edilberto Edis Marcos Guerra (28), Andy Jesús Sánchez Ríos (32) y Jorge Luis Aguilar Garde (32), así como por los suboficiales de tercera EP Américo Vásquez Rojas (27) y Fernando Córdova Mariano (25)— fue informada por radio sobre el desplazamiento de un vehículo de color gris oscuro, de placa W4A-866, marca Toyota, modelo Hilux. 

A las 4:15 a.m., el vehículo llegó al punto donde se encontraban los soldados que ordenaron que hiciera alto. “Sin embargo, el conductor de dicho vehículo habría continuado con su desplazamiento y empezaron a realizar disparos contra los efectivos del Ejército, por lo que empezaron a repeler el ataque con armas de largo alcance fusil que portaban”, de acuerdo al documento fiscal. 

“Dicho enfrentamiento habría generado que los agraviados sean impactados con un proyectil de arma de fuego, y fallezcan, y el vehículo terminó a unos 500 metros, empotrado en un árbol, quedando los fallecidos dentro del vehículo”.

En la camioneta atacada viajaban Jaime Bendezú Paraguay (28), William Núñez Soto (19), Cristian Vilcatoma Aguila (18), Wilder Romero Sivipaucar (30), el ciudadano colombiano Nilson Montenegro Valencia (25), así como Eber Soto Quispe (25), Jhonatan Águila Gutiérrez (23) y Ricardo Acuña Quispe (20). Los cinco primeros mencionados fallecieron en el ataque, mientras que Soto Quispe y Águila Gutiérrez resultaron heridos con impactos de bala. Solo Acuña Quispe resultó ileso.

Víctimas y sobrevivientes

Familiares de las víctimas y Anthony Crespo Barrionuevo, abogado de Águila Gutiérrez y Vilcatoma Águila, indicaron a OjoPúblico que el grupo retornaba a la ciudad de Huancayo luego de participar en un campeonato de fútbol en Huallhua, capital de distrito de Pucacolpa, en la provincia de Huanta, región Ayacucho.

Inicialmente, en la camioneta viajaban Vilcatoma Águila junto a Águila Gutiérrez y Montenegro Valencia, quien conducía; posteriormente se habrían subido al vehículo Bendezú Paraguay, Núñez Soto, Romero Sivipaucar, Acuña Quispe y Soto Quispe.

El grupo retornaba a Huancayo luego de participar en un campeonato de fútbol en el distrito de Pucacolpa, provincia de Huanta, en Ayacucho.

En la ruta, a la altura de Colcabamba, fueron interceptados con disparos. Al creer que se trataba de asaltantes, no se detuvieron y avanzaron aproximadamente 10 metros, hasta que el conductor recibió un disparo en la cabeza.

Los sobrevivientes del ataque, Águila Gutiérrez y Acuña Quispe, le relataron al abogado Crespo Barrionuevo que los militares no se identificaron, usaban pasamontañas y tenían prendas que no eran propias del Ejército, y que ellos fingieron estar muertos para salvarse. 

Águila Gutiérrez tiene siete impactos de bala y tres esquirlas, mientras que Soto Quispe presenta cuatro impactos de bala en el cuello y el tórax, señaló el abogado Crespo Barrionuevo. Ambos ya han sido dados de alta. En tanto, Acuña Quispe salió ileso tras descender del vehículo, lanzarse hacia un barranco y avanzar durante una hora bordeando el río Mantaro. Se escondió detrás de una piedra grande.

DUDAS. La defensa de las víctimas señala que el vehículo atacado no ha tenido cadena de custodia durante los días previos a la realización de las pericias.

Foto: Ministerio Público

Al amanecer del sábado 25, Acuña Quispe logró ver a militares y se acercó a ellos. Estaba presente “una doctora” [la fiscal adjunta Yannette Carrillo Cayllahua, que acompañaba la intervención militar junto a personal policial], quien le dijo: “cuéntame la verdad, qué has hecho, no van a hacer nada”. 

Acuña Quispe ha dado dos versiones diferentes sobre lo ocurrido. En una primera declaración señaló que participaba en el traslado de droga en el Vraem, pero luego se retractó, indicando que declaró bajo amenaza y precisó que retornaba de un partido de fútbol en Pucacolpa.

Saturnino Tovar Curo, padrastro de Ricardo Acuña Quispe, indicó a este medio que el joven viajó a Pucacolpa para visitar a su enamorada y que, como le gusta jugar fútbol, fue a Huallhua, donde se realizaba un campeonato deportivo. “Mi hijo no es narcotraficante como dicen ellos, la mayoría de nosotros nos dedicamos a la agricultura. Mi hijo siempre ha dicho: voy a ser agricultor”, señaló.

NECROPSIA. Familiares de las cinco víctimas mortales de Colcabamba aguardan en la puerta de la sede de Medicina Legal de Huancayo, ubicado en el distrito de Hualhuas.

Foto: OjoPúblico / Yoselin Alfaro

Oliver Gutiérrez, familiar de Jhonathan Águila Gutiérrez y Cristian Vilcatoma Águila, corroboró que ambos eran aficionados al fútbol y que viajaron a Pucacolpa para participar en un campeonato por el aniversario de la localidad. Detalló que Jhonathan es egresado de la carrera de enfermería y que Cristian tenía previsto iniciar clases de mecánica automotriz en un instituto de Huancayo a inicios de mayo.

Un familiar del ciudadano colombiano Nilson Montenegro, quien pidió no ser identificado, señaló a este medio que el joven llegó a Perú en diciembre de 2025 con sus documentos en regla y que decidió extender su permanencia en el país hasta junio de este año. Detalló que fue invitado a la zona donde ocurrieron los hechos para jugar fútbol y que en Colombia se dedicaba a la mecánica.

Pesquisas policiales y fiscales

El sábado 25, según el citado documento fiscal, la comisaría de Colcabamba detuvo a los militares mencionados debido a que “cinco personas se encuentran fallecidas al parecer por disparos que realizó personal militar y personal civil”.

Ese día también se realizó la primera Inspección Técnica Policial (ITP), pero con personal encargado del levantamiento de los cuerpos y no de peritos especializados, indicó el abogado de las víctimas y sobrevivientes. La diligencia estuvo a cargo de la Fiscalía Penal de Pampas Tayacaja.

Dos días después de estos hechos, el lunes 27, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tayacaja dispuso la libertad de los militares, debido a que no se contaba con graves y fundados elementos de convicción en contra de los investigados. Según la defensa de las víctimas, el personal policial no había recabado ni remitido los resultados de exámenes y pericias.

En esa misma línea, la disposición de libertad expedida por la fiscal provincial Zina Romero Chávez indica que su despacho no contaba con los resultados de los exámenes balísticos a los cuerpos de los fallecidos para determinar la distancia de los disparos y los orificios de entrada y salida, así como pruebas balísticas de ojivas extraídas de los cuerpos a fin de que sean homologados con las armas de fuego incautadas. 

PARTIDA. El féretro con los restos de Wilder Romero (30) fue trasladado hasta Pichanaki donde fue enterrado. Era agricultor y viajó a Colcabamba para jugar fútbol.

Foto: OjoPúblico / Yoselin Alfaro

El documento añade que el perito no pudo realizar estas pruebas el día 26 porque se encontraba realizando pericias a las armas incautadas, que eran de “una cantidad significativa”. Tampoco se realizaron exámenes balísticos a los sobrevivientes. 

En cuanto a los exámenes de absorción atómica a los cuerpos de los occisos y a los sobrevivientes, la inspección balística de la camioneta incautada, la pericia balística de los casquillos hallados en el lugar de los hechos, las pericias a las armas incautadas al personal del Ejército, así como los exámenes biológicos, balísticos y forenses de las prendas de vestir de los occisos y de los heridos para verificar si presentan orificios de PAF, entre otras diligencias relevantes, la fiscal provincial Zina Romero indicó que no contaba con dichos resultados porque no habían sido remitidos por la Comisaría de Colcabamba.

Recién el martes 28 de abril, tres días después de los hechos, la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín pudo conducir jurídicamente la inspección técnica del crimen y recojo de evidencias como parte de la investigación a los ocho militares por el delito de homicidio calificado en agravio de los cinco civiles, informó el Ministerio Público. Estas labores se realizaron en inmediaciones de Campo Armiño, una infraestructura eléctrica ubicada en la vía donde ocurrió el incidente, que conecta Pucacolpa (Ayacucho) con Colcabamba (Huancavelica).

El martes 28 de abril, la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín condujo la inspección técnica del crimen y recojo de evidencias.

Al respecto, el abogado Crespo Barrionuevo señaló que, por falta de logística y de personal no fue posible realizar ese día los exámenes de balística, huellas ni de adherencia. Los peritos más cercanos, ubicados en Huanta (Ayacucho), no contaban con la especialidad requerida, mientras que los de Huancayo —los únicos capacitados para estas pericias— demoraron en obtener la orden correspondiente y no recibieron las garantías necesarias para ejecutar el trabajo, indicó a este medio.

RECONSTRUCCIÓN. Fiscales y policías revisan los alrededores del lugar del ataque militar. Uno de los tres sobrevivientes se ocultó en una piedra grande en un barranco.

Foto: Ministerio Público

Al día siguiente, los peritos de Huancayo, pertenecientes a la Oficina de Criminalística de la Policía, realizaron los exámenes de huellas y balística. El peritaje continuó el jueves 30 con un examen de adherencia de sustancias en el vehículo, cuyos resultados indicaron la presencia de partículas de una sustancia que podría ser droga. 

Según el abogado Crespo Barrionuevo, quien estuvo presente en la diligencia, solo se encontró esta sustancia en el timón. Además, subrayó que al aplicar un examen de sarro ungueal al cuerpo del ciudadano colombiano fallecido (Montenegro Valencia) no se detectó ninguna adherencia de sustancias. Esto, sostuvo, da indicios de una contrariedad en los resultados recabados hasta el momento.

“Después de tanto tiempo, lo único que esto hace es desacreditar estas pericias, se pierde fiabilidad y certeza. Probablemente ha habido manipulación o alteración, se pudo haber contaminado el lugar de los hechos”, señaló Anthony Crespo.

“Ese vehículo no ha tenido cadena de custodia, no ha tenido vigilancia policial. Cualquier persona pudo haberse acercado luego de dos días allí. Para nosotros, estas pericias ya no tienen la fuerza que deberían haber tenido en las 24 o 48 horas [siguientes al incidente]”, agregó.

JUSTICIA. Los familiares de las víctimas de Colcabamba pidieron celeridad en la investigación del caso cuando se realizaron las pesquisas policiales.

Foto: Fuente de OjoPúblico

Por su parte, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional emitieron el 27 de abril un comunicado conjunto donde afirman que “la patrulla militar fue atacada con armas de fuego por presuntos integrantes de redes vinculadas al narcotráfico”, por lo que el personal actuó “en legítima defensa, conforme al artículo 20, inciso 3 del Código Penal, resultando personas fallecidas, herida y un detenido”.

Además, se indica que se dispone de “indicios materiales, documentales y testimoniales, en cadena de custodia, que evidencian la posible vinculación de los hechos con presunto tráfico ilícito de drogas”.

Informes de inteligencia de la Policía Nacional sobre el caso, a los que accedió este medio, señalan que en el lugar de los hechos “no se halló evidencia de fuego cruzado y/o hallazgo de arma de fuego, drogas, o insumos químicos y bienes fiscalizados”.

Investigación bajo el Protocolo de Minnesota

El Ministerio Público ha informado que se aplicará el Protocolo de Minnesota en los cuerpos de las víctimas para determinar si hubo uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del orden. 

El fiscal de Derechos Humanos de Huancavelica, Honorio Casallo Díaz, explicó a OjoPúblico que este protocolo funciona como un manual especializado para determinar la causa de la muerte cuando los presuntos responsables son agentes del Estado, ya sean de las Fuerzas Armadas, la Policía o personal encargado de la custodia de personas privadas de libertad. “El Protocolo de Minnesota tiene que practicarse a toda persona que tuvo una muerte potencialmente ilícita”, señaló.

Se aplicará el Protocolo de Minnesota en los cuerpos de las víctimas para determinar si hubo uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del orden. 

Debido a la complejidad de este tipo de investigaciones, el protocolo requiere la intervención de múltiples especialistas. “En este protocolo intervienen peritos, médicos legistas, psicólogos, psiquiatras, ingenieros, físicos, químicos, entre otros”, precisó el fiscal.

Sin embargo, Casallo Díaz advirtió que la eficacia de estas diligencias depende también de quién conduce las investigaciones. Explicó que, de acuerdo con disposiciones del Congreso, la investigación está a cargo de la Policía Nacional, mientras que el fiscal cumple un rol de conducción. “Lo que tiene que hacer el fiscal es conducir, [pero] la policía no se encuentra preparada, ni siquiera tiene el conocimiento para llevar este tipo de trabajo”, sostuvo.

Este esquema responde a la Ley 32130, publicada en octubre de 2024, que modificó el Código Procesal Penal y otorgó a la Policía Nacional la conducción de las investigaciones preliminares y diligencias urgentes, mientras el Ministerio Público supervisa el proceso. 

Por desacatar el cumplimiento de esta norma mediante la aplicación de un reglamento interno del Ministerio Público, la exfiscal de la Nación Delia Espinoza fue inhabilitada por diez años  para el ejercicio de la función pública por el Congreso en 2025.

Estados de emergencia en el Vraem

Colcabamba es parte del ámbito de influencia del Vraem, según el Decreto Supremo 015 de 2024. Esta zona integra la ruta de salida de la droga del Vraem, que comprende 80 distritos y 10 provincias de las regiones de Cusco, Ayacucho, Junín, Huancavelica y Apurímac. Debido a la persistencia de amenazas, el Ejecutivo prorroga de manera recurrente el estado de emergencia en diversas localidades del área. 

La última prórroga es del 25 de marzo de este año y amplía la medida excepcional por 60 días más en ocho centros poblados y 12 distritos, así como en el eje energético del gas de Camisea y en el Corredor operacional fluvial-terrestre del Ene, en base a una evaluación efectuada por el Comando Especial del Vraem que consideró “la continuidad de actividades terroristas y de tráfico ilícito de drogas en dicha área”. Entre los distritos bajo estado de emergencia se encuentra Pucacolpa. 

La reiteración de estas medidas no ha impedido la continuidad de la violencia en la zona. El caso de Colcabamba remite a antecedentes recientes en el Vraem, como la matanza de 16 personas —entre ellas cinco menores de edad— ocurrida el 23 de mayo de 2021 en el centro poblado San Miguel del Ene. 

Las víctimas fueron acribilladas con fusiles AKM y Galil, y algunos de los cuerpos fueron quemados tras el ataque. Cinco años después, los responsables no han sido identificados y los deudos de las víctimas siguen esperando justicia.

Con el apoyo de Brayan Ramos y Álvaro Meneses