La Universidad Ricardo Palma obtuvo más de S/3 millones como “beneficio ilícito” luego de cobrar a sus estudiantes, en 2018, un interés moratorio superior a lo permitido, de acuerdo con resoluciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Por este caso, en enero de 2023, Indecopi confirmó una multa de 225 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) —es decir, más de un millón de soles— que, hasta marzo de este año, aún estaba pendiente de pago. Esta sanción, y otras cinco impuestas por el organismo, la convierten en la más multada en los últimos cuatro años en el Perú. 

Un análisis de OjoPúblico a los registros y resoluciones firmes de Indecopi evidencia que, entre enero de 2022 y diciembre de 2025, 60 universidades públicas y privadas del país recibieron, el menos, 553 sanciones de Indecopi —amonestaciones y multas— por infringir las normas de protección al consumidor. Entre las faltas detectadas figuran realizar cobros indebidos a sus estudiantes, no convalidar carreras, dictar clases en locales no autorizados y condicionar trámites al pago de mensualidad.

De los casos analizados, 56 universidades recibieron 322 multas que superaron las 1.300 UIT. Esto equivale a más de S/6,5 millones.

Ricardo Palma, Garcilaso de la Vega, la USIL, LA UPN y César Vallejo son las universidades más multadas por Indecopi".

Según el monto acumulado en multas, Ricardo Palma es la universidad con más sanciones, con más de S/1,1 millón. Entre las primeras, también, aparecen las instituciones privadas Inca Garcilaso de la Vega, que supera los S/760.000 y que, a la fecha, tienen licencia institucional denegada; y San Ignacio de Loyola —fundada por el exvicepresidente  y exministro Raúl Diez Canseco Terry— con más de S/580.000.

Le siguen la Universidad Privada del Norte (UPN) —del grupo Laureate Perú, integrado, además, por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)— con alrededor de S/430.000 en multas, así como la Universidad César Vallejo, fundada por el excandidato a la Presidencia y al Senado César Acuña Peralta, con un aproximado de S/307.000. 

Para el cálculo de las multas mencionadas en este reportaje, OjoPúblico consideró el valor de la UIT correspondiente al año de emisión de la resolución sancionadora, sin incluir gastos procesales. Por ello, el monto puede ser conservador e incluso menor a lo que aún adeudan algunas universidades. 

El análisis de este medio, además, identificó que la principal infracción cometida por las universidades ha sido la falta de idoneidad; es decir, cuando el consumidor no recibe el servicio o el producto en las condiciones que fueron ofrecidas.

Esta infracción concentra el 72% (375) del total de las sanciones analizadas y representa más de S/4,7 millones en multas. Le siguen otras, en menor porcentaje, como las vinculadas a la atención de reclamos, la falta de información, el acceso al libro de reclamaciones, métodos comerciales coercitivos (cuando el proveedor pretende obligar a asumir pagos no pactados) y cláusulas abusivas.

Uno de los casos de falta de idoneidad se reportó en la Universidad Privada Telesup, con licencia denegada y fundada por el actual congresista y excandidato a la Presidencia y Senado José Luna Gálvez. 

En abril de 2021, la estudiante P.R.B.M. la denunció por no brindar de manera adecuada el taller de tesis para obtener su título de Contabilidad y Finanzas, por el que pagó S/4.096. El docente a cargo no dio información sobre el proceso de sustentación durante varios meses, ni sobre la tesis.

Telesup aseguró que cumplió con brindar el servicio completo y que hubo cambios de fecha por la pandemia de covid-19. La denunciante, por el contrario, alegó que la universidad implementó un cronograma informal y que, pese a ello, los plazos pasaron de seis a más de 19 meses. P.R.B.M. decidió retirarse y tomar un taller de tesis en otra universidad.

CASO. La Universidad Telesup, fundada por el congresista José Luna Gálvez, figura entre las sanciones por falta de idóneidad e incumplir con el servicio ofrecido.

Composición con imágenes de Andina y Congreso

En febrero de 2022, Indecopi ordenó a Telesup devolver lo pagado por la estudiante y le impuso una multa de 3,49 UIT, equivalente a más de S/16.000. Hasta marzo último, la universidad solo efectuó el pago parcial, según los registros a los que accedió este medio.

Asela Urteaga Rojas, especialista de la Dirección de Protección al Consumidor del Indecopi, señaló que la tendencia de la cantidad de sanciones e infracciones de universidades —principalmente por la falta de idoneidad— no ha variado en los últimos años. “Hemos notado que el deber de idoneidad es un punto muy fuerte de los proveedores por mejorar (...). Hay brechas por cubrir”, dijo.

Las universidades más sancionadas

La UPC es la universidad con mayor número de sanciones del Indecopi en los últimos cuatro años. Esta institución privada societaria (con fines de lucro) forma parte del grupo Laureate Perú, dueño de la UPN y del instituto Cibertec. En 2025 registró más de 79.000 alumnos matriculados y facturó un promedio de S/1.550 millones, de acuerdo a Perú Top Publications. 

La universidad recibió 72 amonestaciones y 18 multas, entre 2022 y 2025. Uno de sus últimos procesos con sanción monetaria —resuelto en setiembre del año pasado— identificó dos infracciones: no convalidar los cursos que el denunciante llevó en un instituto tecnológico y no atender de forma adecuada los correos, brindar respuestas repetitivas y sin argumentos sólidos del rechazo al estudiante, según la resolución. 

LISTA. La UPC es la universidad más sancionada por Indecopi en los últimos cuatro años, según registros oficiales.

Foto: Facebook de UPC

En la apelación, la universidad no negó que el trámite de convalidación haya sido rechazado, sino que lo justificó alegando que lo hizo de acuerdo a los lineamientos vigentes. Este argumento fue cuestionado en la resolución de Indecopi.

Cada infracción ameritó una multa de 3,49 UIT (más de S/18.000), las cuales ya han sido pagadas en su totalidad, de acuerdo a registros revisados por este medio.

Después de la UPC, las instituciones con mayor cantidad de sanciones son la UPN con 77; Inca Garcilaso de la Vega (UIGV), con 47; la Universidad Continental, con 30, y con 26 la Universidad Alas Peruanas (UAP) y la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) de Intercorp, uno de los grupos económicos con mayores ingresos en el país. A excepción de la UIGV, el resto son privadas con fines de lucro. 

Asela Urteaga, de la Dirección de Protección al Consumidor, precisó que Indecopi tiene competencia respecto a las universidades particulares. No obstante, también puede sancionar a las públicas cuando actúan como proveedores en el mercado; es decir, cuando ofrecen servicios a cambio de pago. Esto ocurre en programas de maestría y posgrado, por ejemplo.

De acuerdo a sus registros, Indecopi sancionó a 47 universidades privadas y 13 públicas en los últimos cuatro años. Estas recibieron, en total, 231 amonestaciones —equivalente a una llamada de atención por infracciones leves— y 322 multas, cuyo monto varía según la gravedad y puede alcanzar las 450 UIT.

La principal infracción ha sido la falta idoneidad; es decir, cuando el consumidor no recibe el servicio ofrecido".

El presidente de Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), Crisólogo Cáceres Valle, no descarta un subregistro en las cifras oficiales, por el temor a represalias: “Son tantas universidades, es un negocio realmente millonario. Y los reclamos lo hacen los alumnos cuando se animan. Un porcentaje muy pequeño de los reclamos que se podrían formular ingresan, finalmente, al sistema”.

En respuesta a OjoPúblico, Laureate Perú informó que la UPC y la UPN han cumplido de manera íntegra los procedimientos correspondientes de Indecopi, “aunque no estén de acuerdo con ellos siempre”. 

Añadió que han reforzado protocolos internos, subsanado observaciones para mejorar la atención y asegurar una comunicación más eficiente y oportuna, aspectos identificados como parte de los motivos que dieron lugar a las sanciones impuestas.

La Universidad Continental, en tanto, indicó que el volumen de denuncias resulta bajo en relación con la cantidad de estudiantes: en 2025, por ejemplo, reportaron dos denuncias y solo una derivó en multa. Y, en torno a estas últimas, sostuvo que registra, en promedio, un caso por año. En 2026 no ha sido sancionada, añadió. “Todas las multas se encuentran pagadas y siempre son pagadas en el menor plazo que establece Indecopi”.

La UTP respondió que, en ningún caso, se ve afectada la continuidad ni la calidad de la formación a sus estudiantes. Añadió que lo determinado por Indecopi fueron “incidencias aisladas, con alcance muy limitado, que no afectaron la prestación del servicio educativo”. Refirió que estas fueron atendidas de manera inmediata y priorizaron la prevención de recurrencias. “La UTP tomó oportunamente las medidas correctivas y cumplió con informar a la autoridad”, precisó a este medio.

La UAP también respondió a OjoPúblico sobre las sanciones: indicó que la evolución de las denuncias debe analizarse en función del contexto operativo y de la reducción progresiva de su población estudiantil. Sostuvo que no existe un crecimiento proporcional en el número de casos y que una parte relevante corresponde a situaciones propias del proceso de cierre. “La universidad atiende sus obligaciones de manera progresiva, conforme la disponibilidad financiera y al cese en curso”.

Las más multadas

Si bien la UPC tiene el mayor número de sanciones, no es la universidad con el monto más alto en multas. Entre las instituciones analizadas en este informe, la Universidad Ricardo Palma (URP) registra el mayor monto acumulado en multas: 235 UIT, que equivale a más de S/1,1 millón. 

Esta casa de estudios sin fines de lucro —que facturó un promedio de S/187,5 millones, en 2025, según Perú Top Publications— recibió seis multas en los últimos cuatro años. 

La mayor fue confirmada en enero de 2023. Según resoluciones del caso, durante el 2018, la institución cobró por concepto de interés moratorio la tasa del 5% de los saldos de las pensiones adeudadas. Esto superó lo permitido por la Ley 29947, de Protección a la Economía Familiar respecto del pago de pensiones en institutos, escuelas superiores, universidades y escuelas de posgrado. 

Entre las faltas figuran realizar cobros indebidos a estudiantes, condicionar trámites al pago de pensiones y no convalidar carreras".

En sus descargos, la universidad dijo que, por decisión del Consejo Universitario en 2019, se suspendieron dichos cobros, por lo que no se impusieron restricciones a los alumnos para que continuaran matriculándose. En tanto, otra resolución señaló que devolvió a los afectados los importes cobrados en exceso. 

Finalmente, la institución fue multada con 225 UIT; es decir, más de un millón de soles. Ese monto aún no ha sido pagado, según los reportes de la Unidad de Ejecución Coactiva de Indecopi hasta marzo último.

“Sé que no es la única universidad, sino varias [sancionadas] respecto a la tasa de interés por mora. La norma dispone que no puede exceder la tasa de interés cobrada a la tasa de interés establecida por el Banco Central de Reserva”, comentó Asela Urteaga, abogada de la Dirección de Protección al Consumidor de Indecopi.

SANCIONES. La Universidad Ricardo Palma, sin fines de lucro, registra el mayor monto en multas con más de un milón de soles.

Foto: Facebook de URP

Según Crisólogo Cáceres, de Aspec, otro incumplimiento está vinculado a la oferta. El proveedor, señala, debe cumplir con la ubicación, cantidad de locales, modalidades del servicio (presencial y virtual) y otras características ofrecidas. “Si una universidad va a ofrecer algo a los alumnos, a través de los medios de comunicación, también tiene que cumplirlo (...). Se le conoce como efecto vinculante de la publicidad”, refiere.

Por ejemplo, en mayo de 2024, la Universidad César Vallejo (UCV) fue sancionada porque dispuso, de manera unilateral, que las clases del segundo semestre de la carrera de Derecho, de la filial de Piura, sean virtuales y no presenciales, según denunció el padre de un estudiante ante Indecopi. En respuesta, la UCV aseguró  que sí informó de manera oportuna esta modalidad.

Indecopi la multó con 3,49 UIT (más de S/17.000). La sanción figura como pagada.

RÁNKING. La Universidad César Vallejo, fundada por César Acuña, figura entre las universidades más multadas.

Foto: Facebook de la Universidad César Vallejo

La UCV, institución con fines de lucro y fundada por César Acuña Peralta, también, figura entre las primeras con el mayor monto de multas: 21 sanciones que suman 63,46 UIT (aproximadamente S/307.000). 

En 2025, esta universidad registró más de 210.000 alumnos matriculados y facturó un promedio de S/1.250 millones, de acuerdo a Perú Top Publications. En enero de 2026, le otorgó poderes para temas de financiamiento a la gerenta general Karina Cárdenas Ruiz y a Acuña Peralta, también fundador de las universidades Señor de Sipán y Autónoma del Perú.

Según Luis Lescano Sáenz, experto en derecho educativo, en las universidades de corte societario (con fines de lucro), la prestación del servicio educativo está directamente relacionado con las decisiones tomadas por las altas direcciones. 

“Si tienes una alta dirección responsable, con mirada de investigación y que invierte, eso funciona (...) Está muy relacionado con la calidad de personas que tienen a la cabeza, rectores, presidentes de universidades”, opinó el abogado.

OjoPúblico intentó comunicarse con las universidades más multadas: Ricardo Palma, César Vallejo, San Ignacio de Loyola, Garcilaso de la Vega y UPN. Pero solo las dos últimas (UPN, a través de Laureate Perú) atendieron las consultas.

Universidades sin licenciamiento

De las 56 universidades multadas en los últimos cuatro años, 47 son licenciadas y nueve tienen licencia denegada; es decir, que no lograron acreditar las condiciones básicas para ofrecer el servicio educativo ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Estas últimas acumulan multas, al menos, por 252,55 UIT, equivalente a un millón de soles. 

Entre las denegadas figuran, además de la Garcilaso de la Vega, las universidades Alas Peruanas, implicada en una investigación fiscal junto con Fuerza Popular y Joaquín Ramírez; así como Telesup, fundada por el actual legislador y excandidato presidencial José Luna Gálvez. 

A ellas se suman la Andina Néstor Cáceres Velásquez (Puno), Marítima del Perú (Callao), la Peruana del Oriente (Loreto), San Pedro (Áncash), Científica del Perú (Loreto) y Guillermo Urrelo (Cajamarca). 

En la Universidad Marítima del Perú, por ejemplo, se identificó que, aunque ya cesó sus actividades, aún no ha cancelado sus multas. “Indecopi está facultado para interponer denuncias no solo contra la persona jurídica, sino contra sus representantes legales”, explicó el abogado Crisólogo Cáceres.

En paralelo, detalló, otro camino adoptado por diversas instituciones es interponer una demanda contenciosa administrativa ante el Poder Judicial, lo cual dilata el proceso.

OjoPúblico intentó comunicarse con las universidades con licencia denegada y solo contestaron Alas Peruanas y UIGV. A través de un correo electrónico, la primera refirió que la institución cuenta con un número significativo de sanciones en proceso de revisión en sede judicial, “lo que suspende su exigibilidad inmediata conforme al marco normativo vigente”.

La Administración Concursal de la UIGV, a cargo de la universidad desde fines de mayo de 2022, respondió que las sanciones se refieren a denuncias presentadas antes de ese año, en la gestión del exrector Luis Cervantes Liñán, cuando se identificaron irregularidades, como un salario superior al millón de soles. 

La UIGV, también, señaló que las deudas se pagan "en atención a lo previsto por la normativa concursal" y que su prioridad, ahora, es mantener operativa la universidad. Este medio identificó dos denuncias formuladas en 2022: una por un hecho de ese mismo año y otra por uno del 2020.

El análisis de OjoPúblico consideró casos entre enero de 2022 y diciembre de 2025, cuya data fue obtenida el 1 de abril de 2026. Las cifras de 2025 son preliminares, según el mismo Indecopi. Por ello, el monto de multas y sanciones en este informe —basadas en el registro oficial— pueden presentar una ligera variación frente a lo reportado hacia fines de abril.