El Lote 192, ubicado en la Amazonía peruana, es una de las reservas de petróleo más importantes del país. Se estima que alberga alrededor de 127 millones de barriles, pero las operaciones se encuentran sobre uno de los territorios indígenas más afectados por décadas de explotación y contaminación petrolera: la cuenca del río Marañón, en Loreto, donde las comunidades locales se abastecen de agua embotellada porque las fuentes naturales ya no son aptas para el consumo humano.

En los últimos años el impulso del Gobierno y las entidades involucradas para reactivar esta actividad ha sido accidentado. En 2023, Petroperú asumió la administración, luego de un periodo de paralización de tres años, tras el abandono de Pluspetrol Norte por el fin del contrato. La compañía anunció su liquidación y dejó sin remediar 373 sitios contaminados.  

La empresa estatal debía buscar un socio con experiencia y solvencia financiera para explotar el lote, y apostó por Upland Oil and Gas. Sin embargo, una investigación de OjoPúblico —en base a información oficial— identificó que la compañía registra más de S/4 millones en multas por infracciones ambientales.

Un documento enviado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en respuesta a una consulta de la gerencia de Gestión Social y Ambiental de Perúpetro detalla que Upland registra tres expedientes por infracciones contra el ambiente en los Lotes XXIII (Tumbes) y XXIV (Piura).

El primer expediente expone conductas infractoras muy graves, graves y leves. Se detalla que Upland Oil and Gas incumplió lo establecido en su instrumento de gestión ambiental, pues no contaba con un almacén de sustancias químicas en el Lote XXIII. Según el mismo documento, tampoco realizó un adecuado almacenamiento de fluidos en el desarrollo de operaciones de uno de los pozos.

Un segundo expediente señala que se ejecutaron actividades de abandono de instalaciones en el Lote XXIV sin contar con un plan aprobado por la Autoridad de Certificación Ambiental.

En el último expediente se precisa que Upland no cumplió el mandato del OEFA de presentar ante la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem) el Plan de Abandono del Lote XXIV (Piura).

Para Erick García Portugal, exdirector general de Hidrocarburos, tener estas faltas podría ser motivo de observación por parte de Perúpetro y por lo tanto, una vez más, el inicio de la explotación del lote quedaría estancado.

“[Una empresa] puede haber tenido incumplimientos, pero lo más importante es haber levantado estas observaciones: resanar, remediar y pagar la multa. Sería un mal indicativo que no quieras pagar una multa de S/4 millones, pero quieres tener un lote con USD 800 millones de compromiso de inversión”, sostuvo.

El Lote 192, que ha sufrido tanto daño ambiental y social, requiere una empresa que tenga experiencia en ejecución de abandono", señala Melissa Marengo.

Melissa Marengo, especialista de Natural Resource Governance Institute (NRGI), señala que una compañía que está en el Registro Único de Infracciones Ambientales (RUIAS) como empresa reincidente no debería ser calificada por Perúpetro para explotar el Lote 192. Y recomienda que esto debería ser tomado en cuenta por la agencia estatal para tomar una decisión sobre Upland.

En 2021, el Estado emitió una norma que introdujo condiciones mínimas que deben cumplir los interesados para suscribir contratos en un área. Allí se estableció que no pueden ser operadores las compañía con infracciones graves o muy graves en el Registro de Infractores Ambientales (RINA) de OEFA, salvo que acrediten el cumplimiento correctivo.

Un estudio reciente de NRGI recomienda, precisamente, que se tipifique como una infracción grave o muy grave la no presentación de un Plan de Abandono, pues la legislación vigente considera que se trata de una infracción leve.

HERENCIA. Los 50 años de extracción de petróleo en la Amazonía peruana han dejado profundos daños e impactos. Los derrames fueron ignorados y los daños se acumularon.

Foto: Bárbara Fraser

“El Lote 192, que históricamente ha sufrido tanto daño ambiental y social, requiere una empresa que tenga experiencia en ejecución de abandono de lotes petroleros, de rehabilitación y remediación de áreas, tanto en términos ambientales como sociales”, indicó Marengo.

Consultada sobre estos temas, Upland Oil and Gas respondió a OjoPúblico que, frente a estas sanciones, han presentado impugnaciones por la vía legal y están a la espera de una respuesta por parte de las autoridades. “La compañía reitera su compromiso de cumplimiento normativo y transparencia, y asegura que ha cumplido con toda la normativa ambiental vigente”, escribieron. 

Perúpetro, por su parte, señaló que estos antecedentes están siendo considerados dentro de la evaluación que realizan de la compañía, y que el plazo con el cuentan para emitir su opinión vence el jueves 30 de octubre.

Sobre el rechazo que han manifestado la Comunidad Nativa Nuevo Andoas, autoridades y pobladores sobre el ingreso de Upland en el Lote 192, que reportaron en julio, la agencia señala que hasta donde tienen conocimiento "continúa".

Hasta el cierre de esta edición el OEFA no atendió nuestra consulta sobre el estado actual de las multas impuestas a Upland. Petroperú tampoco respondió.

Una elección cuestionada

En 2022, con la publicación del Decreto Supremo 009-2022-EM, se aprobó el Contrato de Licencia para la explotación de hidrocarburos en el Lote 192 por parte de Petroperú. Pero, para poder realizar esta operación la compañía estatal necesitaba un socio estratégico con experiencia y respaldo financiero.

Un año más tarde, la petrolera estatal anunció que había escogido a la empresa candiense Altamesa Energy Perú S.A.C., tras una convocatoria internacional. Ambas firmaron un contrato en marzo de 2024, donde Petroperú le cedió 61% de su participación.

Sin embargo la sociedad duró poco. Un año después, en marzo de 2025, la Contraloría General advirtió que Altamesa había incumplido con el contrato, pues a esa fecha no había iniciado la explotación del Lote 192 y tenía deudas con empresas comunales y proveedores por más de USD 28 millones.

RETROCESO. La anterior socia de Petroperú, Altamesa, no pudo asumir los compromisos económicos y abandonó el proyecto.

Foto: Perúpetro

Para evitar perder el Lote 192, Petroperú aceptó ser el garante temporal de Altamesa y lanzó, en abril, una convocatoria pública para buscar su reemplazo. Pero culminado los plazos, nadie se presentó.

En junio, la petrolera estatal inició un proceso de negociación directa con al menos cinco empresas interesadas. Solo tres enviaron cartas de interés, según el diario El Comercio: Petrotal, New Stratus y Upland Oil and Gas. 

A mediados de julio, Petroperú dio a conocer que eligió a Upland Oil and Gas, una empresa fundada en Texas, Estados Unidos, con capitales peruanos y norteamericanos. En Perú, la sucursal se registró en 2007 con un capital de USD 2.000. Jorge Fernando Rivera Reusche fue nombrado “mandatario nacional” de esta subsidiaria. En la actualidad es el director ejecutivo de la compañía.

Rivera Reusche está vinculado a las compañías Jakf Inversiones, Zorritos Peru Holdings y United Petroleum Capital. El ejecutivo también aparece como accionista de Brigstock Holdings S.A., empresa creada en Panamá a través del estudio de abogados, Mossack Fonseca, denunciados en los Panama Papers e investigados por crear empresas offshore. 

Sobre este punto, Upland señaló que se trató “simplemente” de un “vehículo de inversión”, y que no tiene injerencia en las operaciones de la compañía.

A setiembre, Upland registra una producción diaria en promedio de 2.818 barriles de petróleo en el Lote 8, según datos de Perúpetro."

En 2011, Upland Oils and Gas de Perú fue adquirida por la candiense PetroToro INC con el objetivo de explotar el Lote XXIV ubicado en Paita, Piura. Sin embargo, luego de una inversión de más de USD 30 millones en la exploración, no se encontró petróleo.

También se adjudicó el Lote XXIII y aunque se ha encontrado hidrocarburo y gas natural aún no se inicia la explotación de esta área. En julio de 2024, —sin haber extraído ni un barril de petróleo, según medios especializados— la compañía firmó un contrato con Perúpetro para explotar el Lote 8.

El contrato implica reactivar 55 pozos productores y reacondicionar 21 pozos, para lo que Upland deberá desembolsar USD 54 millones. Esta elección fue cuestionada porque cuando la empresa fue elegida en 2023 como sujeto económico apto para explotar este activo, Isabel Tafur Marín era la presidenta de Perúpetro y Upland había sido un anterior empleador, según el congresista Jorge Morante (Fuerza Popular).

Este medio consultó con el legislador sobre el estado de la denuncia que ingresó al Ministerio Público y señaló que no ha tenido ninguna respuesta de la institución.

Upland informó a OjoPúblico que actualmente sus operaciones han superado los 5.000 barriles de petróleo diarios. “Este logro evidencia la capacidad técnica y operativa de la compañía para reactivar campos petroleros que estuvieron paralizados por años”, indicaron.

En estas semanas le corresponde a Perúpetro calificar la propuesta de Upland y dar su conformidad para que, a través de un decreto supremo se modifique el contrato vigente, y la compañía sea reconocida formalmente como socia de la empresa estatal. Esta vez con un 79% de participación.

CONTRATO. Durante la gestión de Rómulo Mucho en Energía y Minas, Upland se adjudicó la explotación del Lote 8 por cuatro años.

Foto: Perúpetro

El especialista en hidrocarburos, García Portugal, explica que el Lote 192 de la Amazonía es de operación “compleja”, lo que incrementa sus costos operativos. “Para sacar un barril de petróleo de ese lote tengo que sacar más de 10 barriles de agua. Eso hace difícil la operación y que sea más cara”, anotó.

Para comenzar con la explotación en este lote, Upland requiere una inversión inicial de alrededor USD 90 millones, un monto que, en el largo plazo, podría aumentar a USD 800 millones, estima Erick García. Este ha sido el principal cuestionamiento a la empresa, que al igual que Altamesa no cuente con el dinero.

Perúpetro detalló a este medio que las obligaciones contractuales se estiman en USD 430 millones, monto que no incluye inversiones adicionales "necesarias" para reactivar el campo. Agregaron que el programa de trabajo para la explotación de lote contempla la perforación de 41 pozos de desarrollo y un pozo exploratorio. El plazo de ejecución de esta etapa es de un año e inicia en octubre de 2025.

Sobre el tema financiero, Upland dijo a OjoPúblico que “está preparada para invertir los recursos adicionales que sean necesarios en las siguientes etapas del proyecto para lograr la reactivación total del lote”.

La fragilidad financiera de Petroperú

La inestabilidad política también alcanza a la empresa estatal. A solo una semana del inicio del Gobierno de José Jerí, el Poder Ejecutivo decidió retirar a Alejandro Narváez Liceras de la presidencia de Petroperú. En su reemplazo se designó a Fidel Moreno Rodríguez, el noveno presidente desde 2021.

El Gobierno sostuvo que esta medida se tomaba para fortalecer la gobernanza de la compañía, así como para optimizar su eficiencia operativa y garantizar su sostenibilidad económica, "sin comprometer mayores recursos públicos". Narváez Liceras, declaró en RPP, que su separación responde a una cuestión política porque la empresa mostraba signos de mejora, estaba “aumentando mercado y reduciendo pérdidas”.

Al cierre del primer semestre, la compañía cerró con pérdidas de USD 278 millones, lo que refleja una mejora, frente a los USD 452 millones que registró en el mismo periodo del año pasado, según los estados financieros más recientes analizados para este reportaje.

Petroperú informó a su Junta General de Accionistas que a setiembre registraba pérdidas acumuladas que superan el 50% de su capital social".

Los factores que influyeron en este resultado están asociados al incremento del volumen de ventas en el mercado interno. A junio de este año, Petroperú tenía el 26% de participación en el mercado. La gestión de Narváez proyectaba alcanzar un 35% al 2030.

Pero la situación no deja de ser crítica. A fines de setiembre, el diario Gestión informó que Petroperú detalló a su Junta General de Accionistas —conformado por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Energía y Minas— que la compañía registraba pérdidas acumuladas de USD 299,4 millones, lo que representa el 50% de su capital social.

De acuerdo al Instituto Peruano de Economía (IPE) los diversos apoyos financieros que el Estado le ha brindado a la compañía de petróleos ascienden —del 2013 al 2024— a más de S/20.000 millones. “Estos fondos podrían haber financiado la ejecución de 100 colegios de alto rendimiento y 40 hospitales de mediana complejidad”, anotaron.

Para el vocero del Colegio de Economistas de Lima, Ronald Casana, la compañía estatal necesita una reestructuración que incluya la reducción de personal, y cambios de políticas y de sus negocios. Si bien iniciar la explotación del Lote 192 podría ser beneficioso, según el economista, sin un cambio en su manejo interno, la empresa continuará con perspectiva negativa.