Durante una entrevista televisiva, Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular y primera vicepresidenta del Congreso, fue consultada sobre el proyecto de ley que busca crear el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva y crear órganos jurisdiccionales para procesar este tipo de casos.

Al respecto, Juárez se refirió a las competencias de las 26 unidades de flagrancia que se encuentran en funcionamiento, y expresamente dijo lo siguiente: “En estas unidades de flagrancia no se ven temas que tienen que ver, por ejemplo, con extorsiones, no se ven temas de delitos violentos”.

Sin embargo, la red AmaLlulla verificó que esto es falso. Estas unidades sí abordan casos de extorsión y otros delitos violentos, según datos de la Comisión Nacional de Implementación de las Unidades de Flagrancia.

En principio, las unidades de flagrancia son una sede judicial y especializada integrada por el Poder Judicial (PJ), el Ministerio Público (MP), el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y la Policía Nacional del Perú (PNP). Su función es “el conocimiento de los casos de delitos flagrantes tramitados como procesos especiales inmediatos”, de acuerdo con el Protocolo de Actuación Interinstitucional de la Unidad de Flagrancia, aprobado en agosto del 2022 (Decreto Supremo 005-2022).

El Tribunal Constitucional ha explicado que, para que un delito sea considerado flagrante, requiere de dos requisitos: inmediatez temporal, cuando el delito se da en el momento o en instantes previos; y de inmediatez personal, cuando el implicado está en el lugar de los hechos en el momento que se cometió el delito. 

Contra lo mencionado por la congresista Juárez, las unidades de flagrancia sí admiten denuncias o casos de extorsión y delitos violentos. 

La red AmaLlula accedió a un cuadro con datos de los tipos de delitos tramitados en las unidades de flagrancias, actualizado al último 31 de marzo, que fue remitida por Edman Rodríguez, secretario técnico de la Comisión Nacional de Implementación de las Unidades de Flagrancia, del PJ, como parte de una solicitud de acceso a la información pública. 

La comisión en mención es encabezada por el presidente del Poder Judicial, y está encargada de gestionar los recursos, capacitar al personal, identificar los inmuebles y adecuar los espacios físicos para la implementación de las unidades de flagrancia a nivel nacional. 

Con esa base, desde julio de 2022, cuando se implementó la primera unidad de flagrancia en el distrito judicial de La Libertad, hasta el 31 de marzo de 2025, las unidades de flagrancia a nivel nacional registraron un total de 21 casos de delitos de extorsión ingresados. De ese total, se resolvieron 17, es decir, casos que cuentan con una sentencia condenatoria.

“Las unidades de flagrancia ya han conocido 21 casos de extorsión. Sí, es posible sentenciar a las personas por estos casos dentro de plazos bastante cortos, siempre y cuando estos se hayan advertido en flagrancia delictiva”, precisó a AmaLlulla el secretario técnico Rodríguez. 

De acuerdo a una nota de prensa del Poder Judicial, en octubre de 2024 se realizó la primera audiencia de una unidad de flagrancia por un caso de extorsión, acto calificado por la institución como un hecho histórico. 

En dicha nota se detalla que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte ordenó cinco meses de prisión preventiva contra el imputado, a quien se le acusó de extorsionar a dos trabajadores y al dueño de un hotel en el distrito de San Martín de Porres.

Ahora bien, la parlamentaria Juárez afirmó también que las unidades de flagrancia no tramitan delitos violentos, pero esto también es falso. 

Además de la extorsión, el cuadro de delitos seguidos por las unidades de flagrancia también registra otros delitos considerados violentos como: 

-Robo agravado (512)

-Robo (64)

-Formas agravadas del delito de violencia y resistencia a la autoridad (63)

-Violación sexual de menor de edad (33)

-Violación sexual (29)

-Lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar (9)

-Homicidio simple (5) 

-Homicidio calificado (5)

Cabe precisar que el Protocolo de Actuación Interinstitucional de la Unidad de Flagrancia establece que estas unidades no tienen competencia para abordar los delitos de terrorismo y espionaje y otros delitos comprendidos en la Ley Contra el Crimen Organizado. En esta última ley, si bien está comprendida la extorsión, esta solo hace referencia a cuando opera bajo una estructura organizada y compleja compuesta “por tres o más personas con carácter permanente o por tiempo indefinido”. 

Es decir, las unidades de flagrancia están impedidas de abordar casos de extorsión con las características de organización criminal. 

Sin embargo, sí tienen facultades para tramitar delitos de extorsión cometidos por individuos fuera de una organización criminal, en caso flagrante y que no resulten complejos, con base en los presupuestos materiales del proceso inmediato estipulados en los fundamentos del Acuerdo Plenario Extraordinario 2-2016/CIJ-116, de la Corte Suprema de Justicia. 

Así lo explicó a AmaLlulla el secretario técnico Edman Rodríguez, de la Comisión Nacional de Implementación de las Unidades de Flagrancia: “Los casos de flagrancia se van a abordar siempre y cuando sean casos sencillos, sin complejidad en la investigación ni en la cantidad de imputados. Por ejemplo, dos jóvenes que se juntan, evalúan una determinada zona y comienzan a extorsionar. [...] Los capturan en flagrancia y hay suficiente evidencia probatoria para poder juzgarlos en las unidades de flagrancia, ya que no son una organización criminal”.

De acuerdo a la data obtenida de la Comisión Nacional de Implementación de las Unidades de Flagrancia, desde que se implementó la primera unidad de flagrancia, en julio de 2022, hasta el 31 de marzo de 2025, se han atendido 14.225 casos delictivos. 

AmaLlulla se contactó vía llamada telefónica con Patricia Juárez, con el fin de obtener precisiones sobre su afirmación. Como respuesta, la congresista solo se limitó a decir que no iba a dar declaraciones.

En función de lo expuesto, la red AmaLlulla concluye que es falso el dato de Patricia Juárez, parlamentaria por Fuerza Popular y vicepresidenta del Congreso, acerca de que las unidades de flagrancia no atienden casos de extorsión ni delitos violentos.