El ingreso principal de la comunidad awajún de Pagki, en el río Cenepa, provincia de Condorcanqui, región Amazonas, luce gradas en buen estado, barandas fijas de metal y un portal amarillo de cemento. En otro punto, dentro de la misma comunidad, a unos 20 metros de la orilla del río, destaca la flamante sede del local comunal: bases y paredes de concreto, y un techo de calaminas nuevas.
Ninguna comunidad vecina, en este sector de la Amazonía peruana, goza de infraestructura en ese buen estado. El pasado 2 de marzo, a apenas unos 50 metros de la escalinata, tres dragas estaban aparcadas en posición de descanso en la orilla del Cenepa. Cuando estas estructuras entran en funcionamiento, sus potentes motores y equipos succionan el lecho del río en busca de oro, una actividad ilegal en Perú.
De acuerdo a diversos dirigentes de la zona entrevistados por OjoPúblico, las obras en Pagki fueron financiadas por los propios mineros ilegales, provenientes de regiones como Huánuco, Madre de Dios y Ucayali. La escalinata y el portal, por ejemplo, se inauguraron en 2022.
En un contexto de escasa presencia del Estado, esta estrategia de la minería ilegal —obras a cambio de que la población les permita operar en la zona— se está arraigando en algunas comunidades del río Cenepa, ubicadas entre su desembocadura en el Marañón y Huampami, la capital del distrito de El Cenepa.
IMPONENTE. La cuenca del río Cenepa empieza en la frontera con Ecuador. Sus aguas desembocan en el río Marañón, que es tributario del gran Amazonas.
Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía
La organización Paz y Esperanza ha identificado 53 puntos de explotación aurífera en ese mismo tramo. Un equipo de este medio recorrió el lugar y visitó dos comunidades con presencia de minería ilegal: Wawaim y Tutino, a unas dos horas de distancia entre sí en deslizador.
“Ante el abandono del Estado, las comunidades han tomado la decisión de trabajar esta actividad”, justificó un dirigente minero entrevistado, que pidió mantener su identidad en reserva.
Existen indicios sobre un robustecimiento de la red de vigilancia de los mineros ilegales".
Estos acuerdos han ocasionado, a la par, una mayor exposición a la violencia para poblaciones vulnerables. Los abusos sexuales y el trabajo infantil, por ejemplo, se han incrementado, según la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (Demuna) del distrito. En ambos casos, aseguran, están involucrados los mineros ilegales.
Además, existen indicios sobre un robustecimiento de la red de vigilancia de estos actores. Representantes de organizaciones de sociedad civil y funcionarios que conocen la zona explicaron que los mineros se mantienen alertas al ingreso de desconocidos. En algunos casos, incluso, han amenazado y atacado a personas del lugar, como los motoristas de las embarcaciones que facilitan el ingreso de visitantes.
DRAGAS.Operarios de las dragas trabajan largas jornadas. Para separar el oro de otros componentes, utilizan sustancias tóxicas, como el mercurio.
Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía
PORTAL. La comunidad de Pagki, en el río Cenepa, destaca por ser una de las pocas con una vía de ingreso ordenada y vistosa. Las obras se financiaron con dinero de la minería, sostienen dirigentes.
Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía
Algunas comunidades indígenas que rechazan la minería —y las estrategias de estas organizaciones ilícitas— han logrado, ocasionalmente, desalojar a los mineros, con apoyo de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc). Sin embargo, esto ha agudizado las tensiones. En Nuevo Kanam, un anexo de Tutino, los comuneros están divididos.
“Me han agredido por denunciar la minería y he tenido que huir. Ahora, luego de un tiempo, he vuelto, y ya no reclamo por temor a nuevas agresiones”, reconoció Augostina Mayán Apikai, exdirigenta de la Odecofroc, en conversación con OjoPúblico.
Pese a que la lideresa awajún cuenta con el reconocimiento del Ministerio de Justicia (Minjus) como defensora de derechos humanos, el riesgo para ella no ha desaparecido. Ese también es el caso de Isaías Mayán Yampís, quien en 2022 tuvo que dejar la comunidad de Canga, ubicada en la misma cuenca, para mantenerse a salvo de las amenazas de mineros, a los que denunciaba.
Wawaim te da la bienvenida
Wawaim, con unos 1.000 habitantes, es la primera comunidad que se encuentra en el río Cenepa, partiendo por el Marañón desde la localidad de Imacita, en la provincia de Bagua.
Antes del amanecer, el último sábado 2 de marzo, una pequeña embarcación estaba estacionada al borde de la comunidad. No había personas cerca, y solo se escuchaba, lejano, el bullicio de unos niños.
Además de parecer abandonado, el bote llamaba la atención por su cargamento: 10 rollos de alfombra, una pala de cuchara cuadrada, una bolsa con decenas de pitillos de tabaco, dos cilindros vacíos y un platillo de metal gastado. Excepto el tabaco, el resto de herramientas son utilizadas en la extracción ilegal del oro.
Esa misma mañana, más arriba en el río —pero en un tramo que todavía corresponde a la comunidad— la organización Paz y Esperanza contabilizó nueve focos de minería ilícita. Desde hace algunos años, Wawaim se ha hecho conocida por esta actividad: aquí, en julio de 2022, policías y fiscales incautaron seis dragas, dos motores y un grupo electrógeno.
SIN DESCANSO. Los motores trabajan día y noche para extraer el máximo provecho al lecho del río, donde se encuentra el oro.
Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía
En esta parte de la selva peruana, ubicada cerca a la frontera con Ecuador, el negocio del oro ilegal se mantiene boyante. En setiembre de 2023, la misma organización civil había identificado 70 focos de minería. Aunque en diciembre del año pasado se redujeron a 31, a inicios de marzo de 2024, la recuperación fue notoria: 53 puntos.
El puesto de salud de Wawaim no tiene electricidad. Además, debieron reubicarlo unos 30 metros tierra adentro por la erosión de la orilla del río Cenepa.
Elisiano Chimpa Antunt es uno de los dos técnicos enfermeros que atiende junto a una obstetra. Allí reciben a pacientes provenientes de cinco anexos. Su mobiliario es viejo. No tienen doctor, tampoco señal de internet ni computadoras, pero sí cantidades valiosas de oro cerca a sus pies: en el lecho del río.
El mobiliario del puesto de salud de Wawaim es viejo. No tienen doctor, tampoco señal de internet".
El puesto de salud solo cuenta con una chalupa —pequeña embarcación de velocidad rápida—, pero no combustible. “A veces, nosotros mismos tenemos que financiar [la gasolina] cuando hay emergencia”, admite Elisiano Chimpa Antunt.
Río arriba, entre las comunidades de Mamayaque y San Antonio, la situación es todavía más crítica: a inicios de marzo, Paz y Esperanza detectó 32 dragas y 12 tracas o pitones, aunque no todas operativas.
PUNTOS DE EXPLOTACIÓN. Según una georreferenciación realizada el 2 de marzo, en los 38 kilómetros que tiene el río entre Huampami y el Marañón se identificaron 53 focos de minería.
Mapa: Paz y Esperanza
La mayoría de las dragas presentes en la zona son plataformas de madera asentadas sobre embarcaciones peque-peque. De ahí que también sean llamadas pequedragas por los habitantes.
Luego de explotar un punto, estas se desplazan al siguiente. A veces, también se agolpan una al lado de la otra en un extremo del río o, incluso, en la mitad, obstaculizando el paso de embarcaciones comunes, como comprobó OjoPúblico.
Las tracas o pitones, en cambio, son estructuras imponentes. Se caracterizan por tener un andamiaje que sostiene dos tubos de metal unidos, apuntando al lecho del río. Pueden estar en tierra o sobre balsas, y llaman la atención por su aspecto siniestro, como de insecto.
La capacidad de succión de estas últimas es mayor al de una draga corriente pues utilizan motores más grandes y potentes. Los rastros que dejan se pueden ver en varios tramos del río, donde aparecen montículos de piedras que modifican el paisaje.
El fin de ambas estructuras es el mismo: absorber el lecho del río a toda potencia para retener, en sus alfombras, los sedimentos con las areniscas que contienen el oro. Dichos sedimentos, luego, son vertidos en cilindros donde empieza el batido y se emplea mercurio —una sustancia sumamente tóxica para las personas y la fauna— con el objetivo de separar el oro de otros componentes.
TRACAS. Los pitones o tracas trabajan con motores más potentes que el de una draga común. Su capacidad para succionar es mucho mayor, al igual que el impacto que causa a los ríos.
Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía
En Perú, está prohibido el uso de estos artefactos en todos los cursos de agua, ríos, lagos, lagunas, cochas, espejos de agua, humedales y aguajales. A pesar de eso, entre 2014 y 2023, se registraron 6.249 denuncias de minería ilegal en todo el país, de acuerdo a información del Ministerio del Ambiente (Minam) a la que accedió este medio.
Del total, 3.470 se reportaron en los últimos tres años. Sin embargo, los datos no especifican en qué regiones, provincias o distritos se denunciaron los casos.
Según información de la municipalidad de El Cenepa, en 2023, el distrito tenía una población de más de 17.000 habitantes, y el 95% de ella hablaba el idioma awajún. En una carta, enviada en junio del año pasado a la presidenta Dina Boluarte, su alcalde, Edinson Espejo Nujigkus, advirtió sobre la presencia de la minería ilegal en la parte baja de la cuenca por la llegada de “ciudadanos peruanos procedentes de zonas andinas y de la costa”.
A pesar de estos antecedentes, la presencia de autoridades es escasa. Entre enero de 2021 y febrero de 2024, se realizaron 528 operativos contra la minería ilegal en la región Amazonas, según la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional. Sin embargo, solo cinco de ellos se centraron en el río Cenepa.
Este medio se comunicó con el Ministerio del Interior y con la Dirección de Medio Ambiente de la Policía para consultar sobre este reducido número de operativos. Pero, al cierre de este informe, no se obtuvo respuesta.
Ganarse a la población
El 2 de marzo último, la organización Paz y Esperanza detectó cinco focos de minería en la comunidad de Pagki: tres dragas y dos tracas o pitones. Las primeras se encontraban cerca a una escalinata y el portal de ingreso al lugar.
En la ruta del Cenepa, no hay otra comunidad con tal ornato. Comuneros y líderes entrevistados por OjoPúblico confirmaron que dichas obras se hicieron con financiamiento de la minería ilegal. Lo mismo ocurrió con un puente y un centro comunal, con paredes de cemento y techos de calaminas nuevas.
Amparándose en tratados internacionales, como el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un dirigente minero entrevistado por este medio reivindicó “la autonomía” de las comunidades indígenas para decidir sobre su forma de desarrollo.
“Con ese trabajo [la minería ilegal], las comunidades han hecho las obras: casa comunal, puentes, agua entubada, escalinatas, pistas, por lo que nunca los ha apoyado el Estado (...). Parece que se ve mal, pero los que estamos en la zona, están educando a sus hijos, apoyan a sus familias, compran útiles escolares”, dijo.
CASA COMUNAL. Los mineros se presentan como salvadores y ofrecen dinero y obras a las comunidades. En Pagki financiaron la construcción de su casa comunal, según dirigentes locales.
Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía
Zebelio Kayap Jempetik, expresidente de Odecofroc, quien dejó la zona por motivos de salud y por las amenazas que sufría al oponerse a la minería ilegal, ha sido testigo del surgimiento de la actividad en la cuenca. Allí, explica, la cantidad de focos activos puede ir variando, pero sus impactos se recrudecen.
“Ellos [los mineros] llegan a las comunidades y se instalan bajo una cuestión económica, controlan a los apus, líderes y lideresas y profesores pagándoles. Con la producción que sacan del oro, pagan semanalmente 600 soles. Entonces, los apus y las autoridades comunales, sin hacer ningún trabajo, están siendo pagados”, advierte.
Según otra fuente local, los profesores —una figura respetada en la Amazonía— muchas veces son captados por los mineros para que convenzan a la comunidad de aceptar la actividad ilícita.
Las tracas o pitones son estructuras con una capacidad de succión mayor al de una draga corriente".
Debido a la ausencia del Estado, la minería aurífera está siendo legitimada por los propios comuneros, asegura Fernando Cueva Cortez, jefe de la Oficina Defensorial de Amazonas. “Ellos [los comuneros] dicen ‘el minero nos construye puentes, si uno cae enfermo nos da plata, ellos [los mineros] dan trabajo a nosotros, a nuestros niños, a nuestras señoras’”, cuenta.
Por eso, asegura Zebelio Kayap Jempetik, las comunidades no respetan los acuerdos tomados por las organizaciones indígenas sobre las actividades ilegales. “[Por el contrario], ponen condiciones a las organizaciones para obedecer”. Entre ellas, según describe, proyectos alternativos que les generen ingresos a corto plazo. “Y, si no llegas con estos proyectos, dicen que se quedan en la minería”.
MÚLTIPLES. Las dragas y tracas se agolpan en medio del río. A veces, llegan a obstaculizar el tránsito normal de las embarcaciones comunes.
Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía
En la zona, la Odecofroc no tiene el poder de convocatoria de años previos. Su local —ubicado en Mamayaque— luce abandonado. Hace dos años, fue incendiado por presuntos mineros ilegales. Dante Sejekam Espejo, actual presidente de la organización, explica que la sede se encuentra inoperativa porque algunos líderes aún reciben amenazas.
Así como Dante Sejekam Espejo, otros dirigentes y comuneros han sido intimidados y sufrido agresiones. Isaías Mayán Yampis, dejó Canga —una comunidad ubicada río arriba de Huampami— en 2022: recibía amenazas por oponerse a la minería ilegal. Según contó a este medio, un hombre de Wawaim le alertó que lo estaban buscando para matarlo.
En julio de ese mismo año, la Subprefectura provincial de Condorcanqui le había otorgado garantías personales. Sin embargo, la medida solo era declarativa, detalló Rubén Ninahuanca Rivas, abogado de Paz y Esperanza. Por eso, tuvo que salir del lugar e instalarse, por un tiempo, en Jaén, Cajamarca.
“Los mineros, algunos, vienen de Nieva, o de Jaén. Se les conoce por sus apodos, como ‘Serrucho’, o ‘Sapo’, pero no sabemos quiénes son exactamente”, explicó Isaías Mayán Yampis a OjoPúblico.
EN GRUPO. Trabajadores de las dragas dan mantenimiento a las máquinas que hacen posible la actividad ilegal.
Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía
DEBILIDAD. La organización indígena Odecofroc ha sido blanco del ataque de los mineros. Hoy, su local se encuentra inoperativo, pues los dirigentes reciben amenazas.
Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía
Entre el 1 enero de 2019 y el 31 de enero de 2024, se identificaron 16 situaciones de riesgo para defensores de derechos humanos en la región Amazonas, según información del Minjus. Dos de ellas en el distrito de Imaza, en la provincia de Bagua; 12 en el distrito de El Cenepa y otras dos en el distrito de Río Santiago, ambos en la provincia de Condorcanqui.
Estos hechos involucraron directamente a 43 defensores. Todos fueron amenazados, y 31 de ellos también sufrieron agresiones físicas.
Debido al incremento de la violencia, Isaías Mayán Yampis y otros representantes y líderes del pueblo Awajún, como Augostina Mayan Apikai y Zebelio Kayap Jempetik, han recurrido al Minjus. Desde abril de 2021, existe un mecanismo que involucra a casi una decena de sectores del Estado para brindar medidas de seguridad a favor de personas defensoras de derechos humanos.
Sin embargo, es muy poco lo que este mecanismo, coordinado por el Minjus, puede hacer en campo. El distrito de El Cenepa no cuenta con comisaría, ni con policías. Tampoco hay oficinas fiscales. Las más cercanas están en la provincia de Bagua, a unas ocho horas por transporte terrestre y fluvial.
Menores en riesgo
En los últimos tres años, 20 adolescentes de entre 15 y 17 años de distintas comunidades de El Cenepa dieron a luz, y hoy se hacen cargo de los niños sin el acompañamiento de los progenitores. Según información de la Demuna, estos son foráneos que llegaron a la cuenca para hacer minería.
Aunque no tiene cifras exactas, Elías Autukai Wisum, responsable de dicha Demuna, explica que, en algunos casos, los vínculos fueron consentidos y, en otros, se trató de violaciones sexuales. Como informó OjoPúblico días atrás, la expansión de diversas actividades ilícitas en la Amazonía está ocasionado un incremento de la violencia sexual hacía niñas y adolescentes indígenas.
SIN CONTROL. Cerca a las dragas es común ver menores de edad que vigilan el ingreso de desconocidos. Algunas hacen labores de cocina o son llevadas a bares.
Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía
En El Cenepa, los agresores no han sido identificados porque ingresaron a la zona con nombres falsos. Los casos se han dado, principalmente, en las comunidades de Santa Fe, Mamayaque, Suwa Pagki, Tutino, Wawaim, Pagata y Kusu Kubain, explica Elías Autukai Wisum.
En las dragas también se ve otro tipo de abuso: menores de edad que trabajan para los mineros cumpliendo la función de vigilantes. Estos se pueden ver, incluso, sumergidos cerca de las dragas, expuestos a los contaminantes y diversos accidentes.
Fernando Cueva Cortez, de la Oficina Defensorial de Amazonas, alerta que los niños y jóvenes están viendo a la minería ilegal como “una oportunidad de tener dinero y, en consecuencia, están trabajando desde los 10 u 11 años, sin ningún tipo de medidas de protección y a expensas de sus estudios, por lo que hay un alto nivel de deserción escolar”.
Los mineros —foráneos o apash en lengua awajún— aparecen como salvadores, que dan soluciones inmediatas a demandas concretas. “Ellos [los comuneros] piden una escalera de cemento, y aquí tienen su escalera”, señala Augostina Mayán Apikai, exdirigenta de Odecofroc. En el caso de las mujeres, varias ceramistas han recibido ofertas para trabajar como cocineras de los mineros. “Pero ellas [se] resisten”, cuenta.
Oro sucio
El domingo 3 de marzo, el equipo de OjoPúblico que recorrió la cuenca pudo observar más de 30 dragas y tracas operando en el trayecto entre Huampami y la desembocadura del Cenepa en el Marañón. En la comunidad de Tutino, seis tracas escupían piedras de la dimensión de un balón.
Según algunos entrevistados, el oro extraído por estos equipos se transporta, desde Bagua (Amazonas), hacia Jaén, San Ignacio (Cajamarca) y, luego, hacia Ecuador. Sin embargo, de acuerdo a las mismas fuentes, una parte no determinada queda en Perú y es utilizada para elaborar productos que, después, se comercializan en joyerías de Chiclayo (Lambayeque).
En un recorrido por dichos comercios, este medio comprobó el interés de algunos compradores por el oro proveniente de la selva, no solo de la región Amazonas, sino también de Loreto. En una exclusiva joyería del pasaje Woyke, en Chiclayo, el dueño llegó a ofrecer hasta S/140 por gramo de oro del Cenepa, de 18 quilates.
A más gramos, mejor es el pago. “Si tienes 100 gramos para vender, te puedo pagar hasta 155 soles por cada gramo”, dijo el dueño. No exigen ningún documento para demostrar el origen legal del metal.
RUTA. Según fuentes locales, el oro que sale del Cenepa se destina principalmente a Ecuador. Sin embargo, una parte va a joyerías y tiendas de compra y venta de ciudades cercanas.
Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía
Para conocer mayores detalles sobre las acciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Bagua, OjoPúblico visitó el despacho del fiscal provincial Henry Azula Mondragón. Sin embargo, el funcionario se negó a brindar declaraciones.
Este medio también se comunicó con la oficina de la Coordinadora Nacional de las FEMA, Flor de María Vega Zapata. No se obtuvo respuesta, a pesar de la insistencia.
Días después del recorrido de OjoPúblico por la cuenca del Cenepa, un motorista que brinda servicios de transporte fue atacado por presuntos mineros ilegales, que dejaron inutilizable el motor de su principal herramienta de trabajo.
Aunque no es la primera vez que actores ilegales buscan atemorizar a la población, el hecho ejemplifica el control de las organizaciones en el lugar y la violencia a la que están expuestas las comunidades. En esta parte de la Amazonía, la minería ilegal está ganando la batalla.
*El recorrido de OjoPúblico por la cuenca del río Cenepa contó con el apoyo logístico de la organización Paz y Esperanza.