"Hace un año atrás, como en estos días, Juliaca estaba siendo masacrada. El 9 de enero esa masacre dejó 18 fallecidos y más de 500 heridos", dijo Raúl Samillán Sanga, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas, en la conferencia de prensa por el año de la represión policial a las protestas contra el Gobierno, el Congreso y en pedido del adelanto de elecciones en esa ciudad puneña. 

La familia Samillán Sanga perdió a Marco Antonio (31), el séptimo de nueve hermanos. Desde entonces, ha puesto su casa a disposición de la asociación, que es presidida por Raúl y reúne a deudos de otros 17 fallecidos y a heridos. En el último año, allí se han realizado todas las reuniones, concentraciones para protestar y pedir justicia, talleres para sobrellevar el duelo, entrevistas con periodistas y encuentros con víctimas de la violencia de las fuerzas de seguridad de otras regiones.  

A un año de la represión policial de Puno, la asociación organizó tres días de actividades, del 7 al 10 de enero de 2024. Además, invitaron y recibieron a representantes de las asociaciones de Apurímac y de Ayacucho. Semanas atrás —el 11 y 12 de diciembre en Andahuaylas, y el 15 de diciembre en Huamanga—, los deudos de Puno también los acompañaron a ellos.

 

CEREMONIA. Los padres de Brayan Apaza Jumpiri (15) y Paul Mamani Apaza (20) realizaron una misa en el lugar donde ambos murieron, en el centro de la ciudad de Juliaca.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

 

El 8 de enero, durante la conferencia, Rosa Luque Mamani, madre de Heliot Cristhian Arisaca (18) dijo que, en Juliaca, son 11 familias las que han perdido a sus hijos más jóvenes o, incluso, menores de edad —tres de los 18 fallecidos durante la represión policial en esta región eran adolescentes—. 

Mientras ella hablaba, se escuchaban los sollozos de una mujer entre los deudos que estaban ubicados detrás de la prensa. Era Faustina Huanca Calla, la madre de Elmer Leonardo Huanca, un adolescente de 16 años que recibió el impacto de un proyectil 7,62 mm. Antes de su muerte, sólo vivía con su hijo. Se acompañaban y trabajaban juntos. 

—Hasta ahora, no me gusta caminar sola. Siento como si [él] me siguiera. Se esconde detrás de las paredes y me awayta [mira / vigila] —dice Faustina refiriéndose a su hijo.

Ella, como otros deudos de las protestas del último año, no ha recibido terapia psicológica aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó, en mayo de 2023, brindar soporte psicológico a las víctimas. 

Asunta Jumpiri Olvea, quien perdió a Brayan Apaza Jumpiri, de 15 años, estaba preocupada porque la última actividad programada para el 9 de enero era un cacerolazo en Juliaca. Uno que —estaba segura— le haría recordar el momento exacto en el que se enteró que su hijo fue herido: el sonido de fondo que ella escuchaba mientras corría hacia el hospital.

SOPORTE. Los hermanos menores de Brayan Apaza y Paul Mamani acompañaron a sus padres y los consolaron durante las actividades realizadas hoy. 

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

DENUNCIA. Mariela Cayo Sánchez, quien sostiene a su hijo, es viuda de Manuel Quilla Ticona (36). Sostiene que su pareja murió a causa de torturas de parte de policías, en Lima. El caso está en investigación.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

MOVILIZACIÓN. Los ciudadanos recorrieron varias calles de la ciudad. También aquella donde está la Unidad de Emergencias de la Policía, donde trabajaba José Luis Soncco Quispe.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

 

Un año sin justicia

En la tarde del 8 de enero, las familias y ciudadanos de Juliaca se concentraron en el Teatro Municipal de esa ciudad. Hubo música, poesía, fotografía, documentales, presentaciones de libros, testimonios; todo eso para hacer memoria y pedir justicia. En las paredes de los costados y en el escenario se colocaron los retratos de las víctimas; al frente, un banner que decía “¡Exigimos justicia y reparación!”

Todos los familiares dicen que, a un año de la represión, no sienten que haya un proceso de justicia eficaz. Algunos —como el padre de Paul Mamani Apaza (20)— recuerdan a las víctimas del conflicto armado interno y dicen que no quieren que la historia se repita con procesos judiciales que llevan décadas. 

Sus arengas, durante las movilizaciones, incluyen frases como “sin justicia no habrá paz” o “justicia lenta no es justicia”.

OLVIDO. El hueco de la bandera ensangrentada que guarda la asociación deja ver el rostro de uno de los heridos. Muchos de ellos aún viven con proyectiles en el cuerpo.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

 

César Quispe Calcín, abogado de gran parte de las familias de Juliaca explicó que, durante el año, se ha cambiado cinco veces al fiscal a cargo del caso. Informó, además, que la semana pasada se identificaron a cinco policías y militares responsables.

—Pedimos, lo más importante, justicia. Que se investiguen a los responsables, a quienes hayan ordenado que disparen de esa forma— dice la hermana de Crhistian Mamani Hancco (22), un músico que murió durante la represión. 

En la noche del 8 de enero, un grupo de familiares encendió faroles encima del bypass de la ciudad. Cada farol estaba hecho de un bidón blanco. En cada uno había pegada una letra y, dentro, arena para sostener una vela encendida. Colocaron los faroles juntos de manera que, desde lejos, se leía: “Quechuas y aymaras en búsqueda de justicia”.

Lugares de memoria y una gran movilización

El bypass de la ciudad de Juliaca se encuentra cerca al aeropuerto donde fallecieron y resultaron heridos los civiles durante la represión policial de esta ciudad. Allí, se concentraron hoy —día central de las conmemoraciones— miles de personas provenientes de todas las provincias de Puno.

A un lado del puente, se colgaron retratos de los heridos y, al otro, de los deudos de la represión. Los ciudadanos llenaron el bypass. Desde allí gritaban, aplaudían y gritaban arengas: “la sangre derramada jamás será olvidada”, “Dina asesina, el pueblo te repudia” o “¿Qué pedimos?: ¡Justicia!” 

Abajo, en la pista, los familiares —vestidos todos de negro— llevaban los retratos que han cargado todo el año. Los sikuris soplaban sus instrumentos de viento y hacían sonar sus tambores. La banda tocaba el canto que, desde Puno, se extendió a otras regiones del país: “Esta democracia ya no es democracia”. Miles de ciudadanos, mientras tanto, arengaban distintas frases y sostenían banderas peruanas, las de siempre, y las de luto: blancas y negras.

RECLAMO. Dominga Hancco, madre de Jhamileth Aroquipa participó durante la misa en el bypass junto a otros deudos de la represión y se dirigió a la presidenta Dina Boluarte. 

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía
 

MÚSICA. Más de 10 grupos de sikuris se unieron para tocar y cantar durante la manifestación en el bypass y la movilización por las calles de Juliaca.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

ORGANIZACIÓN. Todos los miembros de la asociación tienen un polo negro con la foto y el nombre de sus familiares asesinados; así como Asunta Jumpiri, la madre de Brayan Apaza (15).

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

 

Durante la misa realizada allí mismo, el padre Luis Zambrano, de la parroquia Pueblo de Dios, quien ofició la liturgia, mencionó cada uno de los nombres de los civiles que murieron durante la represión policial y militar en el país. Luego del nombre, todos gritaban: “¡Presente!”. Lo mismo para el policía José Luis Soncco Quispe y los seis soldados que murieron ahogados en el río Ilave. 

En la ceremonia participaron varios deudos. Entre ellos, Dominga Hancco, madre de Jhamileth Aroquipa Hancco, quien explicó la circunstancia de la muerte de su hija y se refirió a la presidenta Dina Boluarte: 

—¿Por qué lo mataste a mi hija? Mi hija era para mí, para ti no será nada. Para mí, era la razón de vivir, mi hija mayor.

Mientras los familiares y el sacerdote hablaban en el estrado, Pedro Samillán Sanga, uno de los heridos por un proyectil de arma de fuego y hermano de Marco Antonio, sostenía una bandera peruana manchada con sangre que la asociación ha guardado desde enero del año pasado. La han sacado a casi todas sus manifestaciones. Usualmente, la guardan cubierta con un plástico transparente para que no se desgaste.

Los miembros de la parroquia Pueblo de Dios cuentan que el 9 de enero de 2023, cuando fueron al hospital para ayudar a los heridos que llegaban, un joven ingresó envuelto en esa bandera. Las enfermeras la estaban botando al tacho de basura, pero ellos la recogieron y, luego, se la entregaron a la asociación.

REPRESENTACIÓN. Un grupo de ciudadanos armó un muñeco que simbolizaba a la presidenta Dina Boluarte sosteniendo un arma.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

SÍMBOLO. Durante la movilización, Pedro Samillán Sanga sostuvo la bandera peruana ensangrentada que, ahora, pertenece a la asociación de víctimas. 

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

 

Después de la misa, se realizó una gran movilización en la ciudad, desde el bypass hacia la plaza principal. Adelante, los familiares de quienes murieron en Juliaca. Luego, acompañándolos, representantes de las asociaciones de víctimas de Apurímac y Ayacucho; y los heridos. Detrás, los sikuris, organizaciones de barrios, mercados, la banda de música, representantes de comunidades y de las rondas campesinas de las 13 provincias de la región Puno. 

En diciembre de 2023, cuando se cumplió el año de los asesinatos en Apurímac y Ayacucho, la mayoría de familiares realizaron ceremonias de cambio de luto: un rito andino para dejar de vestir de negro. También se realiza en Puno, generalmente, acompañada de una gran fiesta.

Ninguno de los familiares de Juliaca va a dejar de vestir de negro. El padre de Reynaldo Ilaquita Cruz (19), decidido, dice: 

—Voy a dejar el luto cuando encuentre justicia.

MEMORIA. Retratos de los heridos de la represión policial en Juliaca colgados en el bypass de esa ciudad esta mañana antes de las concentraciones.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía