El ritmo del acordeón de un vallenato colombiano acompaña el trayecto en mototaxi, desde el aeropuerto de San Antonio del Estrecho hasta la plaza de armas de esta localidad peruana ubicada en la frontera con Colombia, a un costado del río Putumayo. La música se repite en bares, restaurantes y otros espacios públicos de esta ciudad amazónica a la que solo es posible llegar a través del único vuelo diario que parte desde Iquitos, en Loreto; o luego de navegar de cinco a siete días por el río Putumayo, desde Puerto Leguízamo, en Colombia.

En los últimos años, sobre todo durante y después de la pandemia, los denominados Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR) –como el Gobierno de Colombia llama a los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otros herederos de las organizaciones terroristas, paramilitares o cárteles de la droga que no se sumaron a los acuerdos de paz– han avanzado su influencia y control territorial del Putumayo. No solo para controlar la ruta de la droga en esta parte de la Amazonía que conecta hacia Brasil, sino también los masivos cultivos de hoja de coca y la producción de cocaína en el lado peruano.

Una serie de testimonios, viajes a la zona y documentos oficiales reservados a los que accedió OjoPúblico para esta investigación, confirman que el tránsito de embarcaciones con grupos armados ilegales es frecuente en el Putumayo, aunque pocas veces ingresan a las localidades más grandes como El Estrecho, en el lado peruano.

“Ellos siempre se detienen por una antena [de telefonía]. Allí puedes ver sus embarcaciones, pero no se meten con las comunidades. A algunos les dan incluso trabajo”, es lo único que quiere comentar un habitante de una comunidad local. No quiere decir más, porque nadie aquí, por seguridad, quiere hablar de los grupos criminales que operan en la zona y de cómo los cultivos de hoja de coca se han multiplicado.

FRONTERA. La localidad del Estrecho, lugar comercial para miembros de grupos armados, se ubica en la zona limítrofe de Perú y Colombia, en la región Loreto.  

Foto: OjoPúblico. 

 

OjoPúblico –como parte del proyecto NarcoFiles, coordinado por Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP)– recorrió esta zona entre el año pasado y este, entrevistó a testigos y oficiales de la policía, y accedió a documentos reservados de la Policía y la Fiscalía de Colombia que exponen cómo las organizaciones criminales procedentes de este país se han afianzado en territorio peruano desplazando a grupos criminales locales.

Los grupos armados con presencia en el Putumayo son de Comando de la Frontera (conocido en el argot militar como GAOR-E48), que recorre la zona norte entre Colombia y Perú, donde se ubica El Estrecho; y el frente Carolina Ramírez (GAOR-E1), que se desplaza hacia el sur del río Putumayo, más próximo a la Triple Frontera que comparten Perú, Brasil y Colombia. Los enfrentamientos entre ambas organizaciones criminales por el control de la zona han ocasionado decenas de asesinatos en el lado colombiano. 

Hacia el lado peruano, el persistente desplazamiento de estos grupos y sus actividades ilegales han incrementado la demanda de servicios y las transacciones económicas generan ingresos diarios a los habitantes locales.

“A veces [los miembros de estos grupos] vienen de civiles a fin de mes o en quincena, pero hay algo parecido a un acuerdo que no está escrito: las autoridades de aquí no se meten y ellos tampoco”, resume una profesional que hace más de cinco años trabaja en el Estrecho y que, por su seguridad, solicitó no ser identificada. 

Las principales actividades económicas formales en la zona –las más visibles– están centradas en el comercio de combustible y venta de alimentos. Sin embargo, la economía real es dinaminazada por la coca. Los documentos fiscales y policiales, a los que OjoPúblico accedió –como parte de Narcofiles– confirman el poder económico detrás de las actividades económicas ilegales como el narcotráfico y la producción de drogas, pero también la minería ilegal de oro, todo en manos de estos grupos armados.

LÍMITE NATURAL. El río Putumayo, ubicado en la zona limítrofe de Perú y Colombia, es la vía más importante de comunicación entre las comunidades indígenas y centros poblados de la zona. 

Ilustración: OjoPúblico / Jhafet Ruiz Pianchachi

 

En el Putumayo del lado peruano, además de migrantes y colonos, viven 95 comunidades de los pueblos indígenas Yagua, Bora, Huitoto, Ocaina, Maijuna, Kichwa, Tikuna Secoya y Cocama. El distrito del Putumayo –con una población de alrededor 9.000 habitantes– se ubica en la provincia del mismo nombre y limita con otra de las provincias con mayor extensión de cultivos ilegales de hoja de coca, Mariscal Ramón Castilla.

En esta zona, solo entre 2021 y 2022, los cultivos de hoja de coca en Perú aumentaron 18%, hasta alcanzar las 95.008 hectáreas, de acuerdo al último informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Las regiones donde más se han incrementado los cultivos son Ucayali y Loreto, sobre todo en las zonas fronterizas con Brasil (controlada por la organización criminal Comando Vermelho) y Colombia.

El informe también revela la expansión de cultivos de hoja de coca en la Amazonía peruana. Desde el 2018, Ucayali y Loreto son las regiones amazónicas del Perú que más incremento registraron. La primera aumentó en 11.966 hectáreas y la segunda en 8.722 hectáreas.

Los grupos ilegales armados se disputan precisamente por el control de este masivo aumento del cultivo de hoja de coca en Perú. Solo en lo que va del año se han registrado cuatro masacres de civiles en el lado colombiano del Putumayo: 16 personas han sido asesinadas, registra la organización Indepaz.

Las localidades colombianas más afectadas son los municipios de Puerto Leguizamo, Puerto Guzmán, Puerto Asís, Puerto Caicedo y Orito, en el departamento del Putumayo. "Los grupos armados ven como una amenaza los procesos comunitarios, los cuales se han organizado para oponerse a la presencia de actores armados en sus territorios", alerta Indepaz.

 

“Por aquí pasan algunos del Cártel de Sinaloa. Una vez los vi en un yate”, dice, sin dar más detalles, un trabajador que se dedica a la venta de combustible en el río Putumayo. 

La atribución a la conocida organización criminal mexicana radica en que a una facción de los grupos armados colombianos, el GAOR-E48, también se la denomina Mafia de Sinaloa. La información reservada de la fiscalía colombiana –a la que OjoPúblico accedió como parte de NarcoFiles– precisa que en realidad esta banda se denomina Comandos Bolivarianos de Frontera o Disidencia del 48.

Comandos de la Frontera y Frente Carolina Ramírez

 

En sus inicios, el GAOR-E48 estuvo liderado por Pedro Oberman Goyes Cortés, quien era conocido como “Sinaloa”. Este personaje –de acuerdo a la información oficial del gobierno de Colombia, fue asesinado en marzo del 2019 presuntamente por integrantes de su misma organización. 

Las autoridades colombianas señalan que esta facción cuenta con cabecillas zonales que ejercen “control territorial y social” en zonas urbanas y rurales pertenecientes a los municipios de Puerto Leguízamo, Piamonte, Puerto Asís, Puerto Caicedo, San Miguel, Valle Del Guamuez, Orito, Puerto Guzmán, Villa Garzón y Mocoa.

Comandos de la Frontera está integrado, según cálculos policiales y de las fuerzas armadas peruanas indicados a este medio, por alrededor de 300 miembros que cumplen diferentes funciones, desde el manejo logístico de armas hasta actividades más operativas directamente vinculadas al tráfico de drogas, asesinatos, extorsiones y otras actividades ilícitas

Un reporte reservado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas peruanas –al que accedió OjoPúblico– confirma también que la zona de influencia de los miembros del GAOR-E48 va más allá de la frontera peruana y alcanzan otras localidades de la región Loreto. Esto ocurre desde la comunidad indígena Puerto Libertad, ubicada en el distrito de Manuel Clavero; hasta la comunidad Huapapa, localizada en el municipio de Yaguas, ambas pertenecientes a la provincia del Putumayo.

DESCRIPCIÓN. En distintas carpetas fiscales, el Ministerio Público de Colombia describe la historia y papel de las facciones de los GAOR. 

Captura: Fiscalía de Colombia.

 

Pero el Comando de la Frontera (o GAOR-48) no opera solo en la zona. Los documentos de la justicia colombiana y las fuentes policiales en Perú confirman lo que los índices de violencia y asesinatos exponen: la creciente disputa por el control territorial entre este grupo con el frente Carolina Ramirez (o GAOR-E1) –autodenominado así por el nombre de una de sus integrantes que murió cuando este grupo se declaró en disidencia de los acuerdos de paz–. Esta organización está bajo el mando de Danilo Albuzú.

El frente Carolina Ramírez, según la hipótesis de la Policía peruana que conoció OjoPúblico en entrevistas con altos mandos en Loreto y Lima, cuenta con el apoyo de exmiembros de la organización terrorista Sendero Luminoso, que ofrecen ahora sus servicios de seguridad a los cargamentos de droga. Sin embargo, a la fecha, no hay un sustento que respalde la indagación policial. Para el Ejército, solo se trata de delincuentes que dan soporte a las actividades de la organización colombiana.

Los miembros del Frente Carolina tienen presencia en la zona baja —en la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú— y en la zona alta del Putumayo, lugar donde se disputan el control del territorio con Comandos de la Frontera. En el municipio colombiano de Puerto Guzmán, en noviembre del 2022, se registró el asesinato de, por lo menos, 18 personas, durante un enfrentamiento entre las dos facciones que compiten por el control de las rutas del narcotráfico. 
 

Narcotráfico y minería ilegal de oro

“Queremos trabajar y a veces no estamos legalizados. Para la minería tenemos una balsita nomás, pero es un ingreso y [lo hacemos] por la necesidad que tenemos”, confiesa en una breve conversación el dirigente peruano de una comunidad indígena cercana al Estrecho, respecto a la extracción de oro que realizan en el Putumayo. 

LABORATORIO DE COCAÍNA. Con frecuencia la policía interviene centros de procesamiento de coca en el Putumayo.

Foto: Policía Nacional del Perú

 

Además del narcotráfico, en la Amazonía peruana y colombiana, la minería ilegal se ha extendido, incluso sobre territorios indígenas. Miembros entrevistados de las Fuerzas Armadas peruanas señalaron a OjoPúblico que esta actividad tiene financiamiento de ciudadanos colombianos y brasileños.

En el Putumayo y en otras cuencas con acceso a los ríos Napo, Curaray y Nanay la extracción de oro se realiza con mayor intensidad de noche, a través de dragas artesanales que permanecen escondidas durante el día.

Las autoridades colombianas han detectado nexos de grupos armados con la minería ilegal. En marzo del 2022, según un boletín interno que revisó este medio, personal del ejército de Colombia detuvo a dos personas señaladas como “trabajadores” de Comando de Frontera (GAOR-E48) que se encontraban realizando “una explotación ilícita en un yacimiento minero en Puerto Guzmán, una localidad ubicada aproximadamente a 60 kilómetros de la frontera con Perú. 

La información reservada de las autoridades colombianas también atribuye a las dos facciones del GAOR el control de la producción de droga en zonas próximas al Estrecho. Otros reportes de la fiscalía colombiana, apuntan a una serie de zonas como Pacora, Soplín Vargas y Tres Fronteras, entre otras. 

INTERVENCIÓN. Un reporte de la fiscalía colombiana reporta el vínculo de miembros de grupos armados y la minería ilegal en el Putumayo. 

Captura: Fiscalía de Colombia. 

 

Agentes de la Dirección Antidrogas de la Policía peruana en Loreto (Perú), que prefirieron mantener su nombre en reserva, informaron a OjoPúblico que en la provincia del Putumayo han identificado más de 100 puntos con indicios de presencia de laboratorios de droga. Sin embargo, dijeron que todavía no pueden intervenir el área porque requieren de logística, presupuesto y personal que por ahora no les han asignado. 

Por su parte, miembros de inteligencia militar de Loreto indicaron que han detectado a jóvenes de comunidades indígenas en trabajos de cultivo y cosecha de hoja de coca con salarios de alrededor de S/ 1.200 (unos USD 315.00): entre dos y tres veces más de lo que pueden obtener con la agricultura o pesca.
 

Impacto económico y político

En la plaza de armas del Estrecho, ubicada a menos de 100 metros del cauce del río Putumayo, además de una losa deportiva que destaca en uno de sus extremos, y distintas instituciones públicas a su alrededor, se encuentran negocios que ofrecen abarrotes, conexión inalámbrica a Internet por horas y venta de combustible para las embarcaciones fluviales.

En un trabajo de investigación para su tesis sobre los grupos armados colombianos y el impacto en el Perú, el coronel del Ejército Roger Carpio Villafuerte propone un mejor control tributario en el Estrecho, a partir de la instalación de un puesto de control de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) que permita verificar el intercambio comercial y enfrentar el contrabando de productos desde Colombia y Brasil. 

En el Putumayo se han identificado más de 100 puntos con indicios de presencia de laboratorios de droga.

OjoPúblico consultó a la Sunat sobre el trabajo que desarrollan en la zona del Putumayo y la institución indicó que cuentan con un puesto de control aduanero ubicado en Santa Rosa del Yavarí. Desde este punto, agregó la autoridad, realizan inspecciones a medios de transporte que ingresan o salen del Perú hacia Brasil y Colombia, “incluyendo aquellas embarcaciones que tienen como lugar de procedencia o destino la localidad de San Antonio del Estrecho”.  
 

CAUDAL. La localidad del Estrecho, en la región Loreto, se ubica en los márgenes del río Putumayo. Esta ruta fluvial también es la vía para llegar a las comunidades indígenas del lugar. 

Foto: OjoPúblico.

 

La autoridad aduanera no respondió si contaban con alguna iniciativa en curso para instalar un punto de control en la localidad del Estrecho y precisó —al detallarles lo detectado por este medio en el lugar— que no tenían registro sobre ingresos o salidas de “mercancías formales” en esta zona. 

Fuentes locales del Ejército y de Migraciones que solicitaron no ser identificados declararon que no solo los posibles delitos aduaneros deben ser prioritarios en este territorio de la frontera, sino también los aumentos en procesos de naturalización de ciudadanos colombianos en la provincia del Putumayo. Según sus indagaciones, algunas personas con antecedentes en Colombia, buscan obtener el documento de identidad del Perú con el fin de “evitar la acción legal de la justicia colombiana” y, en un futuro, poder elegir autoridades locales a través del voto. 

Esta información se encuentra respaldada por el incremento de personas que han obtenido un Documento Nacional de Identidad (DNI) en el distrito Teniente Manuel Clavero, en la frontera con el municipio colombiano de Puerto Leguízamo. 

Según la información a la que accedió OjoPúblico –a través de un pedido de acceso a la información– hubo un aumento del 16,8% en la población identificada con DNI entre 2017 y 2022. En el caso del Putumayo, donde se ubica el Estrecho, la cantidad de residentes con DNI peruano creció en 3%, entre 2017 y 2022. 

Una de las consecuencias al obtener la documentación del Perú, señalan los fuentes de las Fuerzas Armadas entrevistadas, es la de adquirir los derechos nacionales y tener en el futuro mayor cercanía a los políticos locales. En una primera visita al Estrecho, en plena campaña regional del año pasado, este medio observó los gastos realizados por los diferentes candidatos al municipio provincial del Putumayo.

SIN SERVICIOS BÁSICOS. Las comunidades indígenas aledañas al río Putumayo no cuentan con señal de teléfono y tampoco acceso a agua. Solo tienen luz eléctrica entre 6 y 8 horas al día. 

Foto: OjoPúblico

 

A once meses del inicio de sus funciones, las contribuciones económicas recibidas en campaña por los cuatro ganadores distritales dejan sospechas sobre el origen de los fondos declarados. En este territorio de frontera, la agrupación Somos Perú se impuso en las alcaldías de Putumayo (César Campos Asenjo), Rosa Panduro (Jhonny Garcés Fatama), Teniente Manuel Clavero (Alcides Arévalo Durand) y Yaguas (Rafael Gaytán Gonzales). 

Además, OjoPúblico detectó una particularidad en los ingresos de campaña reportados a la autoridad electoral: la mayoría de personas que aportaron a los alcaldes ganadores no tenían un domicilio declarado en la provincia del Putumayo sino que correspondían a distritos en Maynas, alejados de la frontera y donde se ubica Iquitos, la capital de la región Loreto. 

Incluso, en los ingresos reportados por el hoy alcalde de Yaguas, Rafael Antonio Gaytán Gonzales, se consideraron montos provenientes de ciudadanos con domicilio en el distrito de Banda de Shilcayo, municipio localizado en la región San Martín. 

En ninguno de los cuatro casos tampoco se especificó gastos o donaciones de combustible, a pesar de que durante la campaña el candidato se desplazó entre las comunidades del distrito con transporte fluvial.

OjoPúblico solicitó entrevistas a los alcaldes mencionados y envió consultas sobre la situación de sus aportes declarados, pero hasta el cierre de esta edición no respondieron sobre sus gastos de campaña. 
 

Fuerzas del orden con débil infraestructura

Al llegar a una comunidad del medio Putumayo, zona donde también se ubica el Estrecho y cuyo nombre permanecerá en reserva por seguridad, una edificación se impone sobre el resto. Por su dimensión, no luce como las viviendas del lugar y el descuido en su interior —con una base de madera a punto de colapsar— evidencia la falta de atención a un punto que debería ser clave para enfrentar delitos en territorio de Perú y Colombia. Se trata de uno de los 15 Puestos de Vigilancia Fronterizas (PFV), instalados a lo largo del río Putumayo. 

Estas unidades, bajo el mando de la Policía Nacional del Perú, se encuentran a cargo de actividades preventivas y de supervisión entre Perú y los países donde tiene frontera como Brasil y Colombia. Sin embargo, la realidad muestra que se encuentran limitados para estos trabajos y cuentan, para sus funciones, con menos de una decena de efectivos. 

DESUSO. Un transporte fluvial sin motor y oxidado acompaña la precaria infraestructura policial en un punto de la provincia del Putumayo. 
 

OLVIDO. En un puesto policial fronterizo de la provincia del Putumayo, en Loreto, se evidencia un descuido y precariedad en el local donde deben brindar seguridad en la zona.

Foto: OjoPúblico.

 

El puesto visitado en noviembre del año pasado por OjoPúblico también registraba una estructura metálica de lo que alguna vez fue un deslizador para el traslado y supervisión fluvial en la zona, pero la falta de presupuesto para el combustible no permitió que tuviera mucho uso luego de su instalación, por lo menos hace cinco años atrás. 

“Aquí nunca nadie lo ha usado. La gasolina es cara y no nos dan dinero para eso”, relata un policía que va por el tercer mes de los seis que debe permanecer en este lugar. Si en alguna oportunidad debe visitar el Estrecho, la única posibilidad es que algún vecino lo traslade a ese punto de buena fe. Y deberá repetir la misma operación para retornar a la base policial.

Al igual que la población del Estrecho, los policías de frontera entrevistados señalaron no haber notado la presencia de grupos armados sobre el río. Al solicitar información a la Policía, vía la Ley de Transparencia, las acciones que más crecieron desde 2011 en los puestos de frontera respondieron a las intervenciones para identificación de personas así como operaciones de control hacia extranjeros. 

DESORDEN. El poco personal policial, de un puesto fronterizo del Putumayo, se encuentra acompañado por la limitada infraestructura que tienen en el lugar. 

Foto: OjoPúblico. 

 

En el puesto ubicado en el Estrecho, las cifras vinculadas a operaciones de control a ciudadanos extranjeros se triplicaron entre 2018 —el primer año que se realizó este tipo de diligencias— y noviembre del 2022. Además, hubo un aumento en operativos en aeropuertos: el número pasó de apenas seis casos en 2018, a 217 en noviembre pasado. 

Otro sector que debería garantizar el orden interno en territorio fronterizo es la Marina de Guerra del Perú. Esta institución cuenta con una base en los márgenes del Putumayo en el Estrecho, pero más allá de su presencia arquitectónica los resultados de su trabajo son mínimos. 

Ante un pedido de información de este medio, respondido solo después de que el Tribunal de Transparencia le ordenó a hacerlo, la institución señaló que entre 2015 y 2022 la Comandancia General de Operaciones de la Amazonía había realizado apenas ocho intervenciones vinculados a minería ilegal y tráfico ilícito de drogas a lo largo del río Putumayo. 

La falta de atención en recursos y personal se traduce en menor cantidad de operativos para enfrentar las actividades ilícitas lideradas por grupos criminales colombianos que, además, han aprovechado las debilidades del Estado peruano para penetrar en la economía y política de este punto fronterizo de la Amazonía.