*Con la colaboración de Abel Cárdenas

 

 

En diciembre de 2020, durante el paro agrario, tres personas que participaban en las protestas de Virú, en la región La Libertad, fallecieron por el impacto de proyectiles de armas de fuego. El Ministerio Público identificó a dos policías como los responsables de los disparos, a través de pericias balísticas.

Jorge Muñoz Jiménez, de 20 años, falleció el 3 de diciembre de 2020 tras recibir el disparo de un revólver Smith Wesson, calibre 38 SPL, en la cabeza. El arma estaba en poder de José Hoyos Agip, efectivo de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de Trujillo, según el requerimiento de acusación presentado por la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Virú.

Reynaldo Reyes Ulloa, de 27 años, y Kauner Rodríguez De la Cruz, de 16 años, —las otras dos víctimas mortales del paro agrario— recibieron disparos de una pistola semiautomática CZ, calibre 9 mm, el 30 de diciembre de 2020. Los mismos fueron efectuados por el suboficial Víctor Bueno Alva, un agente del Escuadrón de Emergencia de Trujillo, de acuerdo a la Fiscalía.

Las armas empleadas para disparar a Jorge Muñoz Jiménez, Reynaldo Reyes Ulloa y Kauner Rodríguez de la Cruz, en el Paro Agrario, no pertenecían al Estado".

Los tres casos tienen un detalle en común: ninguna de las armas empleadas pertenecían al Estado, sino que eran de uso particular de los efectivos policiales. Es decir, fueron compradas al amparo de la Ley 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados al uso civil; y utilizadas infringiendo las normas sobre el uso proporcional de la fuerza.

El empleo de armamento particular durante la contención de manifestaciones no es aislado. En las últimas protestas contra el Gobierno y el Congreso, un grupo de policías también portó sus armas personales en el norte del país. 

Así lo reconoció el suboficial Marco Cueva Jiménez —uno de los policías de la Comisaría Rural de Chao que participó en la contención de las movilizaciones— en una declaración que dio ante la Inspectoría General de la Policía, como informó este medio semanas atrás.

Ahora, OjoPúblico accedió a un nuevo reporte oficial, a través de un pedido sustentado en la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública, que confirma la presencia de armamento particular en otra unidad policial, durante la contención de las protestas de Chao: el Escuadrón Verde de Trujillo.

OFICIAL. Cinco efectivos del Escuadrón Verde portaron armas personales durante las protestas, según sus propios registros escritos a mano.

Documentos: Escuadrón Verde de Trujillo.

 

Entre diciembre y enero últimos, 49 civiles fallecieron tras la represión a las manifestaciones en diferentes regiones del Perú. Dos de estos decesos ocurrieron en el distrito de Chao, región La Libertad. 

Carlos Huamán Cabrera —un músico de 26 años, oriundo de Bagua Grande (Amazonas)— murió el 14 de diciembre del año pasado. Su necropsia y la pericia balística detallan que recibió un disparo en el tórax de un arma calibre 9 mm.

Un mes después, el 20 de enero de 2023, murió Nixon Sánchez Huaynacari —un trabajador agrario de 23 años, proveniente de Yurimaguas (Loreto)—. En este caso, la necropsia y la pericia balística detallan que recibió el impacto de un proyectil de calibre aproximado al 9 mm o su equivalente en pulgadas que le atravesó la espalda y el abdomen. 

Al menos, seis policías llevaron sus armas particulares a los operativos por las manifestaciones de diciembre y enero, en Chao".

En esos meses, según información de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, otras 17 personas fueron hospitalizadas tras recibir impactos de proyectiles de arma de fuego.

Cueva Jiménez, el policía de la comisaría rural de Chao que reconoció el uso de armamento particular en la represión a las protestas de diciembre, declaró que él mismo llevó su arma personal.

Según el testimonio que brindó para una investigación administrativa iniciada por la muerte de Huamán Cabrera y las heridas provocadas a otro manifestante, ya no había armamento del Estado. “[Por eso, parte del] personal policial fue con su armamento particular”, agregó. 

ARMAS PERSONALES. La Inspectoría de la PNP registró el testimonio de Cueva Jiménez, pero no indagó sobre él.

Documentos: Inspectoría General de la PNP

 

Cuando los efectivos no admiten el uso de este tipo de armamento en protestas ciudadanas, el control es todavía más complejo, señala Mar Pérez Aguilera, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh). “No existe ningún sistema de registro formal de quiénes llevan armas personales a las operaciones [en todos los casos]”, alerta.

Las armas del Estado, en cambio, sí cuentan con registros estandarizados en la PNP, conocidos como cuadernos de afectación de armas. En ellos se consigna la hora, la fecha y la cantidad de armas y municiones asignadas a cada policía, así como el momento y la cantidad en la que las vuelven a internar.

En estos casos, el Equipo Especial de Fiscales para casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip) solicitó información sobre dichos cuadernos, según una disposición fiscal fechada el último 8 de agosto. Luego de la revisión de los registros, 15 policías —que portaban armas letales del Estado cuando murieron Huamán Cabrera y Sánchez Huaynacari— fueron incluidos en la investigación del Ministerio Público. 

Sobre las armas particulares, en cambio, no hay ninguna referencia en los documentos de la Fiscalía. En los mismos no se consignan indagaciones, ni se menciona que, al menos, un efectivo de la Comisaría de Chao y cinco policías del Escuadrón Verde de Trujillo las llevaron a los operativos.

 

Criterio propio

La Ley N° 30299, promulgada en 2014, regula el uso civil de armas de fuego y municiones, incluyendo el que disponen los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FF. AA.).

Según esta norma, los efectivos policiales en actividad que quieren comprar armas de fuego de manera particular deben hacer el trámite para la obtención de las tarjetas de propiedad ante la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), a través de la PNP.

Las armas de uso civil pueden tener como finalidad la defensa personal, seguridad y vigilancia, deporte y tiro recreativo, caza y colección. Las destinadas para defensa personal solo pueden ser armas cortas, como las pistolas. Las “de calibre, cadencia y potencia de uso militar”, como un fusil AKM, están prohibidas salvo excepciones, pero solo para áreas rurales.

Asimismo, la posesión y uso de este tipo de armamento por parte de un efectivo policial se rige por “las disposiciones de sus respectivos institutos”, quienes se encargan de la renovación de las licencias.

De acuerdo al Manual de Derechos Humanos Aplicados a la Función Policial, durante el servicio policial, los efectivos solo pueden emplear “las armas de fuego autorizadas o proporcionadas por el Estado”, entre ellas, las pistolas de calibre 9 mm Pb y las de 38” SPL. La norma, vigente desde 2018, establece procedimientos y técnicas para minimizar los riesgos a la integridad y la vida de los participantes de una intervención policial. 

REPRESIÓN. Tropas policiales en La Libertad portaron armas del Estado y de uso civil.

Foto: Arturo Gutarra

 

En el contexto de una protesta social —explica el exministro del Interior Cluber Aliaga—, los efectivos policiales que participan de los operativos pueden llevar consigo armas de defensa personal, si se presenta una situación de escasez de armamento del Estado. Sin embargo, esta decisión se debe sopesar con el cumplimiento de los protocolos de derechos humanos y bajo la supervisión de los jefes de los operativos.

“Lo ideal sería que, solamente las armas oficiales se usen en actos de servicio, y las armas particulares, fuera del acto de servicio. Pero en nuestra realidad, el Estado no brinda todo el equipamiento, y se pueden dar casos en los que el personal use su arma particular para cumplir un servicio”, dijo.

En esa línea, el exministro señaló que es importante analizar si la presencia de armas particulares en una protesta y su eventual uso se realiza bajo un protocolo, como medio de legítima defensa y último recurso. “Si no ha sido así, el policía está en delito”, advirtió.

La Ley N° 30299 establece, también, que la Sucamec debe contribuir al Registro Nacional de Gestión de Información (Renagi), una plataforma electrónica con información sobre las armas de fuego de uso particular de todos los miembros de la PNP y de las FF. AA.

Sin embargo, de acuerdo a distintas fuentes consultadas por OjoPúblico, esto no se cumple en todas las unidades policiales. “Todo se supone que queda en el sentido común y a criterio del jefe operativo. No hay un cuaderno especial [estandarizado] de armas particulares. En la práctica, el jefe operativo, desde el nivel inferior, tiene que informar quiénes están saliendo con armas particulares y con cuántas municiones”, explica Aliaga.

Antecedentes en Virú

La especialidad forense que puede determinar de qué arma de fuego procedió un disparo es la Balística. Esta, según el Decreto Legislativo 1219, “tiene por objeto el estudio y análisis de las armas de fuego y similares, su munición, efectos que producen en diferentes superficies, homologación de proyectiles y casquillos”, entre otros aspectos.

“Cuando se dispara, el proyectil empieza un recorrido por el tubo cañón [del arma de fuego], que le da un rayado helicoidal y, eso, es lo que le da la identidad a cada proyectil. Si se consigue el arma, esta va al laboratorio, se hacen disparos experimentales y obtienes la identidad [el rayado], la cual se contrasta [homologa] con el proyectil que se recogió en la escena del crimen y, científicamente, se demuestra si se utilizó el arma recogida”, detalló un perito balístico a OjoPúblico, que pidió mantener en reserva su identidad.

A más de dos años y medio de los hechos, esas diligencias fueron clave para que la Fiscalía presente requerimientos de acusación ante el Poder Judicial por el presunto homicidio simple de las tres víctimas del paro agrario. 

En el caso que se sigue contra el policía José Hoyos Agip, está prevista una audiencia de control para el próximo 15 de setiembre. El proceso contra el policía Víctor Bueno Alva, mientras tanto, tiene programado el inicio del juicio para el 12 de octubre, según información a la que accedió este medio.

DISPARO. La conclusión a la que llega Fiscalía sobre la responsabilidad del policía José Hoyos Agip en la muerte de Jorge Muñoz.

Documento: Ministerio Público

 

Aunque las investigaciones no han identificado responsabilidad en altos mandos de la PNP —solo lo hicieron con los dos suboficiales—, la información recabada en pocos días demostró, por lo menos, de dónde provinieron los disparos que acabaron con la vida de dos jóvenes y un menor de edad.

Según el abogado José Meza, quien acompañó legalmente el caso del fallecido Jorge Muñoz Jiménez, lo primordial es reunir información sobre la relación total de policías con armas y la entrega de estas mismas para, luego, proceder con las pericias de homologación. 

“En el 2020, la Sucamec informó que cinco policías de las unidades participantes contaban con armas personales. Ellos fueron interrogados y se les solicitó entregar sus armas. De los cinco agentes, la pericia de homologación determinó que el que disparó fue Hoyos Agip”, precisó.

SIN JUSTIFICACIÓN. Los disparos efectuados por el policía Víctor Bueno Alva impactaron contra dos jóvenes, según las pericias fiscales.

Documento: Ministerio Público

 

En los casos de las otras dos víctimas mortales, que involucran al policía Víctor Bueno Alva, este entregó su arma personal luego de la difusión de una fotografía periodística que lo captó en el momento en que empuñaba la pistola, durante la represión policial al paro agrario.

Días después, Bueno Alva dijo ante la Fiscalía que efectuó disparos al aire. Sin embargo, la obtención del proyectil en uno de los cadáveres, la entrega de su arma y las pericias de balística forense contradijeron al suboficial.

El abogado José Meza recuerda que, en las investigaciones de Virú, intervino la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), mediante un equipo especial de la sección Homicidios de Lima. “La Policía de Trujillo cuestionó que hayan ordenado que un grupo especial venga de Lima para investigar a sus colegas, ya que ellos mismos querían hacerlo”, agregó.

El entonces ministro del Interior, José Elice Navarro, también refiere que "se envió un equipo especial para que la investigación se haga más rápido, a sabiendas de que casos como el de Inti y Bryan demoran una eternidad”.

 

Armas personales en las recientes protestas

A diferencia de las investigaciones fiscales realizadas por las muertes durante el paro agrario de 2020, las indagaciones del Eficavip por el deceso de Huamán Cabrera y Sánchez Huaynacari, en las últimas protestas de Chao, no consignan diligencias sobre el eventual uso de armamento civil por parte de miembros de la PNP.

Esta información solo se menciona, sin mayor profundidad, en una investigación administrativa de la Inspectoría General de la PNP. Fernando García Olea, abogado de la familia de Huamán Cabrera, dijo desconocer la declaración del suboficial Cueva Jiménez, así como los resultados de la pericia balística practicada al cadáver del joven de 26 años.

“Vamos a solicitar las pericias de las armas de cada uno de los policías [que estuvieron presentes] porque puede ocurrir un caso similar al del 2020. Desconozco, también, el resultado de las actuales pericias balísticas, pese a que las he solicitado, y la contrastación que están haciendo con las armas que utilizan los policías”, declaró.

Una opinión similar tiene Ernesto Rodríguez Casamayor, abogado de la familia de Sánchez Haynacari, la otra víctima fatal de las protestas de Chao. “Los registros de armas personales no constituyen evidencia de su uso, pero son un indicio para iniciar la corroboración. Necesitamos solicitar la información sobre qué policías portaban sus armas personales, considerando el antecedente de Virú, en 2020", explicó.

EPICENTRO. Muertos y heridos por proyectiles de arma de fuego se reportaron a pocos metros de la Comisaría Rural PNP Chao.

Foto: OjoPúblico / Gonzalo Haro

 

OjoPúblico solicitó los libros de registro de armamento particular del personal de la Comisaría Rural de Virú, USE Trujillo y el Escuadrón Verde —unidades con efectivos presentes en la contención de las protestas—, al amparo de la Ley de Transparencia e Información Pública. Solo el último de este grupo entregó la información.

En los registros del Escuadrón Verde consta que cinco de sus efectivos presentes en Chao el 13 de diciembre de 2022 y el 20 de enero de este año —cuando Huamán Cabrera y Sánchez Huaynacari recibieron disparos de armas de fuego y otras personas terminaron hospitalizadas por la misma causa— tenían en su poder armas de uso personal.

Se trata de los suboficiales Ricardo Polo Usca, Andy Solsol Díaz y José María Valencia Romero, quienes portaron sus pistolas marca Glock (en los dos primeros casos) y “RSS” (en el último), en los servicios del 11 al 13 de diciembre. Las mismas, según consta en el documento, fueron internadas en el almacén del Escuadrón Verde de Trujillo recién entre el 21 y 22 de diciembre. 

Entre el 1 de enero y el 20 de enero de este año, asimismo, los suboficiales Jhocksan León Díaz y Elmer Cabrera Mantilla retiraron sus pistolas Taurus y “CZ P.C.”, de manera respectiva. Estas, según el documento, fueron internadas en la unidad policial el 2 de febrero y el 24 de enero, respectivamente.

La USE Trujillo y la Comisaría Rural PNP Chao, mientras tanto, afirmaron que no contaban con registros de uso de armamento particular. Esto, aunque —de acuerdo a información de la Sucamec a la que accedió OjoPúblico a través de otro pedido de información pública— por lo menos 11 suboficiales de la Comisaría Rural PNP de Chao presentes en las protestas tienen licencias de uso de armas particulares vigentes.

LICENCIAS. Al menos 11 efectivos de la comisaría de Chao registran armas de uso civil en Sucamec.

Documento: Sucamec

 

En dicha lista figuran el suboficial Alexander Querevalu Agurto y el jefe del almacén de Armería, José Sánchez Ponte, ambos bajo investigación por las dos muertes registradas en Chao y un herido por arma de fuego. En el registro también aparece el suboficial Marco Antonio Cueva Jiménez, quien admitió haber llevado su arma de fuego a los operativos vinculados a las protestas de diciembre. 

En otras palabras, este último no está comprendido en la investigación fiscal y, cuando está de servicio portando su arma de fuego particular, este hecho no es registrado por la Comisaría Rural PNP Chao.

 

Una errática búsqueda

Las diligencias para rastrear las armas presentes en las protestas de Chao empezaron más de ocho meses después de la muerte de Huamán Cabrera, el primero de los dos fallecidos. No obstante, hasta ahora, las mismas se han centrado únicamente en el armamento estatal. 

Entre el 5 y 8 de agosto pasados, el Eficavip revisó información sobre los cuadernos de afectación de armas de la PNP. Es decir, los registros donde solo se documenta la salida e ingreso de las armas letales del Estado. A partir del análisis de esos documentos, la fiscal provisional Cynthia Gamarra Oliva incluyó como investigados a 15 policías más.

Para el caso de Carlos Huamán Cabrera, la fiscal refiere que, según un informe de la USE Trujillo, al “S2 PNP Carlos Andrés Salazar Serranto, en el servicio del día 12 al 13 de diciembre de 2022, fecha del fallecimiento (13-12-22) por PAF de Carlos Huamán Cabrera, se le afectó [se le entregó] una pistola serie N° 24-B-296977, una cacerina y 13 municiones”. Por eso, “teniendo en cuenta las conclusiones (arma parabellum) de la pericia balística (...) resulta pertinente incorporar[lo] como investigado”.

DISPOSICIÓN. La Fiscalía decidió investigar a policías basándose en los cuadernos de afectación de armas.

Documento: Ministerio Público

 

Huamán Cabrera, sin embargo, no falleció el 13 de diciembre de 2022 —como detalla la fiscal—, sino el 14, según su certificado de defunción. De acuerdo al informe de apertura de investigación preliminar, el joven fue hallado herido cerca al Puente Chao —epicentro de los enfrentamientos—, alrededor de las 11 p.m. del 13 de diciembre. Luego, fue trasladado al Hospital Regional de Trujillo, donde falleció alrededor de las 4 a.m. por una “herida de tórax por PAF”.

El detalle es importante, pues una revisión de OjoPúblico a los cuadernos de afectación de armas de varias unidades policiales, evidenció que se suele registrar la salida de un arma de fuego a primera hora de la mañana y reportar su devolución 24 horas después.

En ese sentido, el reporte de la USE Trujillo del servicio del día 12 al 13 de diciembre de 2022, si bien no detalla las horas de la salida y entrega de las armas, contempla que la devolución del armamento ocurrió el mismo 13 de diciembre, cuando a Huamán le dispararon casi al término del día.

HORA. Aproximadamente a las 4 a.m. del 14 de diciembre falleció Huamán Cabrera, según su certificado de defunción.

Documento: Ministerio Público

 

Tras conocerse esta información por medio del Eficavip, este medio solicitó los cuadernos de afectación de armas a la USE Trujillo, pero alegaron que dichos registros estaban en manos de los fiscales, “a fin de realizar pericias grafotécnicas y de identificación dactilar”. Anteriormente, OjoPúblico había solicitado a la USE Trujillo informes sobre uso de armamento letal durante las protestas, pero aseguraron que solo se había empleado armamento no letal.

Por otro lado, el informe remitido por la USE Trujillo al Eficavip no es el único registro que existe sobre la presencia de armamento letal del Estado en las protestas. 

El 12 de diciembre de 2022, los suboficiales Luis Tolentino Guzmán y Frank Villalobos Carranza retiraron fusiles AKM propiedad del Estado del almacén de armería, según constató este medio en el cuaderno de afectación de armas de la Comisaría Rural de Chao. 

SALIDA. La Comisaría Rural PNP Chao registró la salida de otras armas letales y su internamiento en medio de las muertes por PAF.

Documento: Comisaría Rural de Chao

 

Aunque este registro es previo a la fecha de la muerte de Huamán Cabrera, las armas recién regresaron al almacén el 14 y el 17 de diciembre del año pasado. Es decir, luego del fallecimiento del joven. A pesar de eso, ninguno de estos policías ha sido incorporado en las investigaciones del Eficavip.

En el caso de Nixon Sánchez Huaynacari, la segunda víctima mortal por PAF registrada el 20 de enero en La Libertad, el Eficavip incorporó a ocho agentes de la Comisaría Rural PNP Chao en las investigaciones, después de confirmar que portaron y administraron armas letales.

Ellos son los suboficiales Luis Aranda Obeso, Juan Flores Malabrigo, Daniel Querebalu Agurto, Kevin Alva Vargas, Rosario Pérez Torres y José Sánchez Ponte, así como el alférez PNP Pablo Valderrama Rojas y el teniente PNP César Portales Reaño.

Hay información oficial sobre el uso de armas del Estado que, a la fecha, tampoco ha sido incorporada a la investigación fiscal por las muertes en La Libertad".

Pero, tras un pedido de información pública de este medio, la propia comisaría reportó que hubo 15 suboficiales que recibieron, de parte del Estado, pistolas Pietro Beretta, de calibre 9 mm. Asimismo, tres de ellos portaron dicha arma corta y un fusil AKM a la vez, mientras que otros cinco utilizaron solo fusiles AKM, y otro suboficial, un revólver Smith & Wesson de calibre 380.

Pese a esta información de carácter público, el Eficavip no incorporó a más policías en la investigación, salvo a Aranda Obeso y Flores Malabrigo. La fiscal a cargo del caso, Cynthia Gamarra Oliva, prefirió reservar su declaración ante este medio.

La necropsia de Sánchez Huaynacari, practicada el día siguiente de su muerte, en la morgue de Trujillo, refiere que el proyectil ingresó por su espalda y salió en la zona del abdomen. Esa herida perforante, indica el documento, “habría sido causada por un arma de fuego de calibre 9 mm aproximadamente, o su equivalente en pulgadas”.

A este examen no se sumó ningún peritaje balístico, pues no se logró dar con el proyectil. El mismo, tal como consta en el informe de levantamiento del cadáver y en la necropsia, entró y salió de su cuerpo en el momento del impacto.

EVIDENCIA FÍLMICA. Suboficiales de la Comisaría Rural PNP Chao empuñan fusiles AKM a varios metros de distancia de los manifestantes.

Video: OjoPúblico

 

Los suboficiales Juan Flores Malabrigo y Luis Aranda Obeso fueron filmados con un teléfono celular portando fusiles AKM. Dicho video fue grabado y difundido por redes sociales el 20 de enero de este año, durante las protestas sociales en Chao. Ese mismo día, alrededor de las 6 p.m., falleció Sánchez Huaynacari.

Flores Malabrigo, quien admitió a OjoPúblico ser el protagonista de las imágenes, sostuvo que su accionar se redujo a exhibir un fusil AKM como “medida disuasiva” frente a la violencia de algunos manifestantes.

Dicho suboficial se presentó a una diligencia de reconstrucción de los hechos, el pasado 6 de agosto, en Chao, junto a la comitiva del Eficavip y en presencia de abogados de la PNP y la Cnddhh. El vídeo de los suboficiales fue entregado por esta última organización a la Fiscalía dos días después, el 8 de agosto, según pudo conocer este medio.

Otro detalle que llama la atención es que los dos suboficiales que aparecen en el citado video estaban alejados de su tropa. Esto infringe el Plan de Operaciones  004-2023-III MACREPOL LAL/SEC-UNIPLEDU-UNIPLO, de la III Macro Región Policial La Libertad, al que accedió este medio a través de otro pedido de información pública. 

En las “instrucciones de coordinación” del mismo se ordena que “el personal policial comprometido en las operaciones deberá actuar en bloques y/o grupos”, “quedando prohibido que lo hagan de forma aislada y/o dispersa”.

PROHIBICIÓN. El accionar de los dos suboficiales con fusiles AKM infringe el Plan de Operaciones en este punto.

Documento: III Macro Región Policial La Libertad

 

Para Alfredo Galindo Peralta, exfiscal especializado en lo penal de La Libertad, lo descrito por el Plan de Operaciones de la Policía es claro y si, en el contexto del operativo, se afectó la vida o la salud de una persona, eso se debe investigar. “Hay que aclarar si ese hecho se produjo en cumplimiento del protocolo o alguien se apartó de ese marco”, dijo.

Inicialmente, la entrega de dicho plan de operaciones fue denegada por la institución a OjoPúblico por considerarlo “reservado”. Sin embargo, tras una apelación, el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ordenó a la PNP la entrega del mismo.

En el caso de Sánchez Huaynacari también hay información del cuaderno de afectación de armas de la Comisaría Rural PNP Chao que no ha sido considerada para la investigación fiscal. En el servicio del 20 al 21 de enero de este año hay dos registros a nombre de los suboficiales Juan Flores Malabrigo y Luis Aranda Obeso, los protagonistas del video recientemente incorporado a la indagación.

Allí consta que, cada uno de ellos, retiró un fusil AKM con una cacerina con 30 municiones, propiedad del Estado. Y, además, se detalla que ambos extrajeron pistolas Pietro Beretta, de calibre 9 milímetros, con una cacerina provista de 15 municiones, propiedad del Estado. Este último dato, no forma parte de los hallazgos comunicados por el Eficavip en la disposición fiscal N° 12, con fecha 8 de agosto.

Antes de la conformación del Eficavip y el inicio de sus diligencias, parte de las indagaciones en Chao estuvieron a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Virú.

El accionar de, al menos, dos policías infringió el plan de operaciones de la III Macro Región Policial La Libertad".

Un acta de búsqueda de información sobre la muerte de Sánchez Huaynacari de esta dependencia policial, del 3 de febrero de 2023, sostiene que, en el área donde cayó el cuerpo de la víctima, “no se halló ningún indicio o evidencia que coadyuve” en la investigación.

"No existen cámaras de particulares y menos de la Municipalidad de Chao. Asimismo, se interrogó a varios moradores que viven cerca del lugar, quienes no quisieron identificarse, pero indicaron que no sabían nada de lo ocurrido”, se lee en el documento firmado por los suboficiales Edwin Tirado Rafael y Gilmer Moza Terán, del Depincri de Virú.

Sin embargo, entre la población que presenció la represión a las protestas, este medio encontró testigos que respaldan la versión del hermano de Nixon Sánchez Huaynacari, Magno, quien mencionó que vio a policías con "pistolas de color negro" y "fusiles largos".

Jorge Zambrano, residente en Chao, no recuerda que la Policía le haya preguntado a él o a sus vecinos sobre los hechos ocurridos entre diciembre y enero, pese a vivir a pocos metros del epicentro del conflicto. 

Zambrano asegura haber sido testigo de la represión a las protestas del 20 de enero, y coincide con Magno, el hermano de Nixon, en cuanto a la hora del enfrentamiento de un grupo de manifestantes con la Policía, "entre las 5 y 6 de la tarde, cuando ya estaba oscureciendo".

RECUERDO. Nixon Sánchez (derecha), quien murió tras recibir un disparo por la espalda, trabajaba junto a su hermano (izquierda) en una empresa agroexportadora.

Foto: Magno Sánchez Huaynacari

 

"Vi a policías con armas largas. Escuché claramente el sonido de los disparos, que pasan a gran velocidad, que es diferente al sonido de las bombas lacrimógenas. Los policías empezaron a disparar al aire. Al rato vi que un muchacho cayó y quedó tendido”, contó.

El suboficial Tirado Rafael, del Depincri de Virú y firmante del acta policial en donde se concluye no haber encontrado ninguna evidencia, aclaró a OjoPúblico que no recorrieron todo el perímetro, sino que buscaron, únicamente, a vecinos que viven desde el Puente Chao hasta 100 metros más al norte, tramo en el que fue ubicado el cuerpo de Sánchez Huaynacari.

Otra residente en Chao, que pidió mantener su identidad en reserva, mostró a este medio un casquillo de fusil que, según su testimonio, recogió en los enfrentamientos del 20 de enero.

NO DEVUELTA. La Policía detalló que una cacerina de 30 municiones, perteneciente a un fusil AKM, no fue internada, al menos, hasta el 6 de marzo.

Documento: Inspectoría General PNP

 

El casquillo llevaba impreso su calibre, 7.62 x 39 milímetros. Además, se encontraban grabadas las iniciales "F. A. M. E.", que corresponden a la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C. La inadecuada recolección de evidencia en la escena de los hechos y diversas deficiencias en la cadena de custodia también fue reportado previamente por este medio.

Un detalle también importante es que dicho casquillo corresponde al mismo calibre que la Comisaría Rural PNP Chao le consignó a los fusiles AKM entregados a los policías. 

Además, el Eficavip detalló, en su última disposición, que el suboficial Juan Flores Malabrigo no llegó a internar la cacerina de 30 municiones que portó junto al arma. Este dato fue informado por la propia comisaría de Chao, el pasado 6 de marzo, ante la Inspectoría General de la PNP. Se desconoce si, a la fecha, la cacerina fue devuelta.

 

Cambios en el Eficavip

Las investigaciones iniciadas por las muertes de Huamán Cabrera y Sánchez Huaynacari durante las protestas de Chao ya han pasado por las manos de tres fiscales desde la creación del Eficavip. 

Algunas disposiciones fueron firmadas por la fiscal provincial Mirela Coronel Molero, mientras que los interrogatorios estuvieron a cargo de la fiscal adjunta Lina Montes Reynalte. Sin embargo, actualmente, Cynthia Gamarra Oliva es la fiscal designada como responsable de la carpeta fiscal. Fue nombrada por la Fiscalía de la Nación para integrar el Eficavip, el pasado 21 de julio.

Las investigaciones del Eficavip sobre los conflictos sociales en Chao involucran a tres oficiales de la Macro Región Policial La Libertad: el general PNP Augusto Ríos Tiravanti, el coronel PNP Javier Méndez Yupanqui y el mayor PNP Juan Pablo Konja. También figuran el excomandante de la PNP, Raúl Alfaro Alvarado, y los jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel De la Torre Araníbar y David Ojeda Parra.

DILIGENCIA. Las fiscales dirigieron la reconstrucción de hechos, el pasado 8 de agosto en Chao, acompañadas de los deudos y de un asesor legal de la Policía.

Foto: OjoPúblico / Gonzalo Haro

 

El coronel PNP Jorge Luis Risco Torres, quien fue jefe de la División de Orden Público y Seguridad Ciudadana (Divopus) de la Macro Regional Policial de La Libertad durante las protestas de diciembre y enero, y es considerado como el “jefe operativo” en el Plan de Operaciones de la Policía, no fue incluido en las investigaciones del Eficavip hasta el 8 de agosto, más de medio año después de las muertes por PAF.

El mayor PNP Juan Pablo Konja Carreño, quien tuvo participación directa en los operativos de Chao al distribuir las tropas policiales en los enfrentamientos, ha dicho que se prohibió el uso de armas de fuego en Chao. 

Konja Carreño indicó, ante el Eficavip, que a los agentes que estaban a su cargo “se les dio una charla” para que no usen armas de fuego. “Lo hice verificar con los oficiales que estaban a mi cargo”, agregó. Sin embargo, no aclaró a qué unidades policiales impartió esta orden.

El jefe de la Macro Región Policial La Libertad, general PNP Augusto Ríos Tiravanti, no asistió a las tres citaciones que se le programó en mayo. Tampoco se ha vuelto a reprogramar su toma de declaración en el Eficavip. Desde su despacho tampoco respondieron a una solicitud de entrevista de OjoPúblico.

VERDAD. La familia de Carlos Huamán Cabrera espera que se esclarezcan las circunstancias de su muerte.

Foto: Leydi Campos.

 

Más recientemente, el 11 de agosto, una fiscal delegada por el Eficavip, Delmy Díaz Fernández, arribó a Chao para realizar una diligencia. En la misma se citó a 19 policías, incluyendo al general PNP Ríos Tiravanti, para una segunda reconstrucción de los hechos en torno a las muertes registradas en diciembre de 2022 y enero de 2023. Sin embargo, ninguno asistió.

“Es su derecho a participar o no de las diligencias. Nuestra intención es esclarecer y dar oportunidad a las partes, pero ya es su decisión”, dijo la fiscal Díaz Fernández, tras frustrarse la reconstrucción. “La responsable de la investigación es Cynthia Gamarra [Oliva]; yo he venido a colaborar con un acto de investigación”, respondió al ser consultada por una eventual reprogramación de la diligencia.

Por el contrario, la viuda de Carlos Huamán Cabrera, Leydi Campos Torres, quien no tenía la obligación de presentarse a dicha diligencia, sí estuvo en Chao, ya que quería conocer el lugar exacto en donde resultó herido el padre de su hijo de 8 años. Para eso, viajó 11 horas en bus, desde Bagua Grande, en la región Amazonas, hasta la ciudad de Chao.

“No han matado a un animal, han matado a un ser humano”, dijo con rabia cuando la diligencia fiscal fue suspendida tras la ausencia de los policías citados.