Vicente Saldarriaga es un peruano de 53 años afiliado a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) que hasta el 2019 cotizó en el fondo de tipo 3 (alto riesgo). Ese año, antes de la pandemia, su asesora de la AFP Habitat le recomendó trasladarse al Fondo 1 –que alberga a gran parte de las personas que están más cerca de jubilarse– para que “proteja mejor sus ahorros”. Le dijo que al tratarse de un fondo más conservador, los ahorros de su pensión iban a estar más protegidos ante situaciones adversas del contexto internacional. 

El señor Saldarriaga hizo caso y se cambió de fondo. Pero lo que vino después fue una mezcla de frustración y rabia. El 2022 la rentabilidad de los fondos privados de pensiones registraron pérdidas históricas. “Llegué a perder hasta S/9.000 (USD 2.400) en un solo mes, cómo es posible que haya habido tantas pérdidas en el Fondo 1 siendo el más conservador, incluso, le fue peor que al más riesgoso”, dice consternado. 

El afiliado de la AFP Habitat expresa que se sintió engañado, porque fue la misma empresa la que le recomendó cambiar de tipo de fondo. Cuando hizo su reclamo y pidió alguna explicación, no recibió ninguna respuesta, y —por iniciativa propia— decidió volver al Fondo 3. Los primeros meses estaba recuperándose, pero luego, la rentabilidad volvió a caer. La tendencia se revirtió el 2023 y este fondo es ahora el que más pierde.

AFP invirtieron alrededor de USD 9.000 millones en empresas vinculadas a sus mismos grupos. 

Dos de los países de América Latina más afectados por las pérdidas de rentabilidad en los fondos de pensiones fueron Perú y Colombia. Solo en Perú, entre octubre de 2022 y marzo 2023, más de 30.000 afiliados pasaron a la jubilación. Ellos fueron el grupo más afectado con las pérdidas de la rentabilidad. Una situación diferente ocurrió en Chile, donde también se presentaron pérdidas, aunque mínimas.

La rentabilidad negativa que impactó a los afiliados coincide con la percepción de que son ellos los que siempre asumen las pérdidas, mientras que las AFP continúan sumando millonarias ganancias, pues el pago de las comisiones son obligatorias en los tres países.

En un contexto de reformas planteadas en Colombia, Perú y Chile para el Sistema Privado de Pensiones, la Red investigativa Transfronteriza de OjoPúblico, en alianza con Cuestión Pública analizó las inversiones realizadas por las AFP en los tres países, precisamente durante el año que más pérdidas se presentaron, y encontró que alrededor de USD 9.000 millones, de los ahorros de los afiliados, se invirtieron en empresas vinculadas a los mismos grupos económicos a los que pertenecen las AFP. 

Diversos especialistas consultados para este reportaje coincidieron en señalar que las inversiones en empresas del mismo grupo dueño de las AFP constituye un potencial conflicto de interés, por ser un financiamiento fijo y menos costoso para esas empresas. Mientras que en Chile este tipo de inversiones están prohibidas; en Perú y Colombia no. 

ADMINISTRADORAS DE PENSIONES. En Perú y Colombia hay cuatro AFPs, mientras que en Chile hay siete en el sistema previsional. 

Composición: OjoPúblico

En Perú solo están limitadas al 10,5% del valor de los fondos 1, 2 y 3; y de 24,5% al fondo 0. En Colombia se prohibió este tipo de operaciones por más de 20 años, pero en el 2015 se quitó dicha prohibición mediante un cuestionado decreto y se limitó a un máximo del 8%. 

Un análisis realizado por OjoPúblico a las inversiones en Chile encontró que, pese a tener un Consejo Técnico de Inversiones —con miembros autónomos— y una fuerte fiscalización, las AFP presentaron casos de financiamientos cuestionados en desmedro de los afiliados. 

Dinero cautivo: Inversiones en el mismo grupo

Durante el 2022, mientras los fondos registraron rentabilidades negativas, las AFP de Perú y Colombia mantuvieron sus inversiones en las empresas o productos asociados a sus mismos grupos económicos. 

En Perú, para esta investigación se analizó las cuatro AFP (Prima, Profuturo, Integra y Hábitat) y se identificó que alrededor de S/14.100 millones (USD 3.711 millones), equivalente al 13% del total del fondo administrado, se invirtió en empresas que pertenecen o están vinculadas a sus mismos grupos económicos. Solo Hábitat no presenta inversiones en compañías relacionadas a su grupo, e Integra lo hace con una sola empresa vinculada a su grupo en el extranjero.

Por su parte, en Colombia, se analizó también las cuatro administradoras (Protección, Porvenir, Skandia y Colfondos) y se encontró inversiones a sus mismos grupos económicos o en los grupos económicos de otras AFP ("inversión cruzada") por hasta USD 5.900 millones, equivalente al 7,9% del total de los fondos. Solo Colfondos no destina fondos a su mismo grupo.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) –que supervisa la adecuada gestión de fondos por estas empresas en Perú– y la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) –entidad gremial que representa a las AFP en Colombia–, evitan llamar autoinversión a las inversiones en el mismo grupo económico, pues consideran que el término implica que las AFP inviertan directamente en ellas mismas, algo que sí está prohibido en ambos países.

OjoPúblico identificó que unos S/14.102 millones (USD 3.711 millones), equivalente a 13% del total de los fondos administrados por las AFP en Perú, fueron invertidos en empresas que pertenecen o tienen vínculos con los mismos grupos económicos de estas.

La AFP Prima fue la que destinó más recursos en empresas vinculadas o que pertenecen a su mismo grupo económico. Alrededor de S/1.827 millones (USD 480 millones) en Banco de Crédito del Perú (BCP), Mibanco y Credicorp Ltd, monto equivalente al 5,5% de sus fondos administrados, según el cálculo oficial de la SBS.

La legislación peruana sí permite inversiones en compañías vinculadas a las AFP, pero con limitaciones. 

OjoPúblico también encontró inversiones en Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A., y Credifondo SA SAF. Además, Prima también invirtió en otras compañías relacionadas, como el Grupo Romero (Dionisio Romero Paoletti es uno de los mayores accionistas de Credicorp). De este grupo destaca Alicorp, Primax y Palmas del Espino por un total de S/898 millones (USD 236 millones).

La estadounidense BlackRock es otra de los accionistas de Credicorp y, según reporta el mismo holding, es integrante del grupo económico. En esta gestora de fondos se destinó los S/1.544 millones (USD 406 millones).

Profuturo fue la segunda AFP con mayores inversiones en empresas de su mismo grupo económico: S/ 337 millones (USD 88 millones) en el banco Scotiabank, Crediscotia y Scotia Sociedad Titulizadora S.A. 

En tanto, la AFP Integra invirtió S/97 millones (USD 25 millones) en Bancolombia, empresa de la que el Grupo Sura es principal accionista. Y en el caso de Habitat, de capitales chilenos, no se encontró inversiones vinculadas a su grupo. 

 

Cifras que no cuadran

La legislación peruana sí permite las inversiones en compañías vinculadas a las AFP, pero establece un límite del 10,5% del total del valor de los fondos 1, 2 y 3; y un máximo de 23,5% del fondo 0, informó la SBS. El análisis realizado por OjoPúblico halló, en el caso de Prima, que sus inversiones en empresas relacionadas al grupo económico dueño de la AFP alcanzaron el 13,8%. 

Sin embargo, al ser consultados por estas cifras, tanto la SBS como Prima respondieron con porcentajes diferentes. La SBS dijo que ellos solo identificaron S/1.827 millones (USD 480 millones) de inversiones en BCP, Mibanco y Credicorp Ltd, lo que representa el 5,5% de sus fondos administrados.

En una respuesta enviada a OjoPúblico, Prima aseguró que para ellos la suma de sus inversiones en empresas del grupo alcanza solo el 2,35% del total administrado, cifra que tampoco coincide con el de la SBS. Esto debido a que —para hacer el cálculo— la AFP solo considera lo invertido en acciones y no a los otros instrumentos como bonos.

La diferencia en las cifras responde a que la SBS señaló que ellos no consideran a Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. y Credifondo SAF S.A. como empresas que forman parte del holding, pues consideran que son otro tipo de inversión no directa. No obstante, en su respuesta, Prima AFP sí los incluyó dentro de su reporte.

Una situación similar se vio en Profuturo, la que según el monto identificado por OjoPúblico, se destinó S/ 337 millones (USD 88 millones) a Banco Scotiabank, Crediscotia, Scotia Sociedad Titulizadora, cuyo monto equivale al 1,4% del total de S/ 23.848 millones (USD 6.275 millones) que administró en diciembre de 2022. 

Al respecto, la SBS también aclaró que no se debe considerar la sociedad titulizadora, y que el cálculo para ellos es de 1,07% del total administrado.

No obstante, estas cifras también distan de lejos con lo que la misma Profuturo AFP entregó a OjoPúblico. Según ellos, su “posición actual es 0,1% del total del fondo, que corresponde a un bono de Crediscotia comprado hace más de 10 años, empresa que está en proceso de venta y desvinculación del grupo”. “Fuera de eso no tenemos ninguna posición en acciones ni bonos de las empresas del grupo”, respondieron. 

Por su parte, los S/97 millones (USD 25 millones) que AFP Integra invirtió en Bancolombia, del grupo Sura, representan solo el 0,25% de los S/ 38.589 millones (USD 10.155 millones) administrados en ese mes, aunque la Superintendencia no considera esta operación dentro del cálculo de límite regulatorio. Al ser consultados sobre el tema, la AFP señaló para este reportaje que “en Perú no tiene ninguna empresa del grupo vinculada. Por lo tanto, no existen conflictos de interés en nuestras inversiones”.

Javier Olivera, investigador en temas previsionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), enfatizó que “las AFP son un negocio redondo para los grupos económicos que tienen una AFP porque tienen ahí financiamiento para sus proyectos. Por eso es que no quieren que haya reforma, o quieren una reforma a su medida”, cuestionó. 

El análisis de esta investigación también identificó inversiones cruzadas, como se denomina a aquellas en las que una AFP destina dinero a empresas asociadas a otra AFP. En Perú, Integra fue la que realizó más operaciones en esta modalidad principalmente a las compañías del grupo de Prima, a la que dispuso S/4.349 millones (USD 1.144 millones). También invirtió S/510 millones (USD 134 millones) en compañías asociadas a Profuturo. 

Por su parte, Profuturo destinó S/2.437 millones (USD 641 millones) en empresas de Credicorp (Prima) y S/112 millones (USD 29 millones) del grupo Sura (Integra). Mientras que Habitat invirtió en compañías asociadas a Prima y Profuturo, con S/1.296 millones (USD 341 millones) y S/43 millones (USD 11 millones) respectivamente. 

Y finalmente, Prima AFP realizó inversión cruzada con empresas del grupo The Bank of Nova Scotia (Profuturo) por un total de S/505 millones (USD 132 millones).

Las autoinversiones en Colombia

Las autoinversiones estuvieron prohibidas en Colombia desde que se constituyeron los fondos privados hasta 2015, cuando a través de un polémico decreto el entonces presidente Juan Manuel Santos las autorizó. Actualmente, las AFP en este país pueden invertir hasta un 8% de los fondos en empresas de sus mismos grupos económicos.

Durante el 2022, un total de 25 billones de pesos (USD 5.343 millones en ese momento), equivalente al 7,4% del total de los fondos administrados por las AFP en Colombia se destinaron a empresas relacionadas con estas (entre autoinversiones e inversión cruzada).

Protección, la AFP del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) –que incluye a Sura, Grupo Argos, Bancolombia y Grupo Nutresa, entre otras– es la que más invirtió en empresas del mismo grupo: 7,1 billones de pesos (USD 1,4 mil millones en ese momento), lo que representa casi un 6% de los fondos que maneja. Esta cifra es similar a los 8,3 billones autoprestados que Cuestión Pública reveló en diciembre de 2021.

Pero Protección no es la única. Porvenir, la AFP del Grupo AVAL, invirtió 3,6 billones de pesos (USD 753 millones en ese momento) en empresas de su grupo económico. La AFP Skandia lo hizo con 59.757 millones de pesos autoinvertidos. 

Kevin Hartmann, asesor de la reforma de pensiones en Colombia, es enfático al señalar que los autopréstamos son graves, más allá de si obtuvieron buenas o malas rentabilidades en 2022, y que demuestran dos cosas: primero, una especie de peligro porque pueden ser usados para “tratar de inflar los valores de ciertas empresas a través de este tipo de especulación” y segundo, porque muestran una “inmadurez del mercado de capitales colombiano”.

La inmadurez a la que se refiere Hartmann es porque el peso de los fondos de pensiones es tan grande dentro del mercado colombiano, que logra inclinar la balanza hacia donde se inviertan los fondos, y por eso es importante alertar cuando las AFP deciden que los dineros de los ahorros vayan a parar a las empresas de sus mismos conglomerados.

Las AFP en Chile

En Chile las inversiones dentro del mismo grupo económico están prohibidas. Sin embargo, las AFP también presentan serios cuestionamientos. Uno de los casos más investigados ha sido el de La Polar: una empresa de retail que, luego de declarar utilidades inexistentes –tras hacer renegociaciones unilaterales con sus clientes–, el año 2011 enfrentó a los afiliados de las AFP a una baja estrepitosa de sus dineros para jubilar.

Después de conocerse los hechos, sus acciones cayeron en un 42%. Incluso, cuando ya era conocido el escándalo, AFP Capital invirtió casi USD 10 millones en acciones de la empresa.

Ignacio Schiapacasse, autor del libro Todo Legal, que hace una radiografía a la elite financiera en Chile, señala que este caso refleja cómo el sistema es solo un negocio y no una solución eficiente para el problema de las pensiones en nuestros países. “Decidir salir a comprar acciones de la empresa cuando el escándalo de las repactaciones unilaterales ya había estallado, refleja esta realidad. Si el primer objetivo de una AFP fuese efectivamente proveer buenas pensiones y cuidar los ahorros de sus trabajadores, ¿por qué una de ellas sale a invertir en un instrumento financiero que a todas luces tenía la categoría de ‘basura’ al momento de hacer la compra?”, dice Schiapacasse.

Los grupos de poder tras el negocio de las AFP en Chile son nombres que se repiten, pese a que la mayoría de las AFPs poseen grupos económicos de capitales extranjeros. Por ejemplo, Inversiones La Construcción (ILC) es dueña de Habitat, una de las administradoras más importantes del país. Este grupo también es dueño de la Isapre Consalud, institución de salud privada que surgió en Chile durante la dictadura.

Las Isapres están enfrentando actualmente un fallo de la Corte Suprema que las obliga a restituir USD 1.400 millones a sus afiliados por cobros excesivos. 

 

Los más afectados

En Perú y Colombia la rentabilidad negativa durante el 2022 afectó más a las personas que estaban cerca a jubilarse. No solo porque tienen menos tiempo para recuperarse de las malas inversiones, sino, además, porque los fondos conservadores, donde tienen sus ahorros, fueron los que más pérdidas registraron, mientras que los de mayor riesgo (los más volátiles) tuvieron un mejor rendimiento. 

Sin embargo, en el mismo periodo, el sistema chileno sí pudo garantizar la rentabilidad de los fondos más conservadores y preservar así los fondos de los afiliados.

En Perú, el Fondo 1 es uno de los conservadores, cuyo objetivo es la “preservación de capital”. “La idea del fondo 1 en Perú, o en otros lugares, es que sea un fondo que no tenga muchas fluctuaciones, que no haya tanto riesgo y los ingresos sean más seguros porque está destinado —en teoría— para la gente que está próxima a jubilarse. Y si le toca una mala semana de rentabilidad negativa, su pensión se va a ver afectada de manera muy importante”, explica Javier Olivera. 

El 2022 fue el peor periodo para este fondo, que alberga a unos 380.000 afiliados peruanos. En todos los meses del año presentó pérdida nominal de hasta -9,69%, y la rentabilidad real cayó hasta -16,95%. Para 2023 también presentó meses en negativo, pero la tendencia empezó a revertirse y desde marzo el Fondo 1 ya se sitúa en terreno positivo; mientras que el Fondo 3 registra ahora las caídas más fuertes. 

El gerente principal de Inversiones de Profuturo AFP, Joswilb Vega, señaló a OjoPúblico que el 2022 los mercados enfrentaron una coyuntura mundial excepcional debido a la alta inflación y aumentos de tasas de los bancos centrales, un hecho que —enfatizó— no sucedía desde la década de los años 70. “El Fondo 1, por ser un fondo conservador, tiene el 90% invertido en renta fija, y el aumento de tasas del 2022 fue tan rápido y fuerte que afectó el valor de todos los activos de renta fija del mundo y por ende al Fondo 1”, detalló. 

El investigador en temas previsionales, Javier Olivera, enfatizó que en Perú el Fondo 1 fluctúa más de lo que debería. "Tal vez lo que no está funcionando es la regulación de los límites de inversiones o el comportamiento de las AFP para asegurarnos que ese fondo no fluctúe tanto. Porque es peligroso que la gente llegue casi a la jubilación y de pronto se cambia el valor de sus fondos de pensiones”, acotó. 

En Colombia se presentó la misma tendencia de Perú. Su fondo más conservador registró pérdidas en 11 de los 12 meses del 2022, con caída de su rendimiento nominal anual de hasta -6,87%. Si a esto le sumamos la inflación, es decir, si se tiene en cuenta la cifra real de lo que ganaron o perdieron las inversiones, vemos que estas llegaron a caer hasta -17%, siendo octubre su peor mes. En tanto, el fondo de mayor riesgo tuvo pérdidas en cinco meses con hasta -4,62%. Sin embargo, para este 2023 todos sus fondos ya presentan rentabilidad positiva. 

Daniel Wills, vicepresidente técnico de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), el gremio que agrupa a las AFP, explicó a Cuestión Pública que los bajos rendimientos respondieron a por lo menos dos razones. Por un lado, a una crisis económica mundial, que ha hecho que muchas de estas inversiones pierdan valor; y por el otro lado, a una desvalorización de una inversión particular en el país: los títulos de deuda pública, conocidos como TES.

Estos títulos los pone a la venta el Ministerio de Hacienda y se consideran uno de los activos más “seguros” o “estables” del mercado porque están respaldados por el gobierno y se emiten en pesos colombianos, lo que evita los cambios de moneda. Esta seguridad se traduce en que, así como no otorgan grandes ganancias, por lo general tampoco llegan a representar pérdidas significativas. Pero este no fue el caso: en medio de una devaluación generalizada, los que recibieron el golpe más duro fueron los TES.

Al revisar los portafolios de inversión encontramos que para diciembre de 2022, aproximadamente el 50% del dinero de los fondos conservadores, se encontraban invertidos en TES. Y esto es lo que habría causado buena parte de las pérdidas. Pero, a pesar de que el diagnóstico es claro, a la fecha no hay cura. Ni siquiera en la reforma pensional que cursa en el Congreso. 

En Colombia no existe un mecanismo que blinde de posibles pérdidas los ahorros pensionales de las personas que están próximas a pensionarse, algo que por lo menos garantice que los rendimiento no caigan por debajo de cero. Lo anterior a pesar de que no es la primera vez que el mercado se enfrenta a este tipo de crisis: durante la pandemia también se registraron bajan rentabilidades. De momento, se trata de un tema de azar, de elegir un “buen momento para pensionarse” y si el presente no lo es, de esperar un poco. 

A contraparte, en Chile la tendencia fue al revés. Aunque la crisis global del 2022 también impactó en los fondos conservadores (D y E), las pérdidas fueron mucho menores frente a los fondos riesgosos (A y B). Los primeros presentaron rentabilidad nominal anual negativa en tres meses con un máximo de pérdida de -2,03%, mientras que los segundos cayeron en seis meses con hasta -8,27%. 

En Chile, los fondos conservadores también invierten en mayor medida en renta fija, pero hay algo que lo diferencia de Perú y Colombia y que le permitió paliar la crisis global y no trasladar las pérdidas a los afiliados. Hugo Castro Moreno, experto en AFPs de la Universidad Católica de Chile, destaca que las inversiones de las administradoras han sido históricamente razonables y están reguladas por ley.

La normativa en Chile limita el tipo de inversiones más riesgosas, sobre todo si se trata del fondo más conservador. Por ejemplo, los activos de inversión alternativo —aquellos que no caen en la categoría de las inversiones tradicionales como renta variable (acciones), renta fija (Bonos) o money market (fondos mutuos, depósitos a plazo)— el tope es claro: el fondo A puede tener como máximo un 10%; y el E, no más del 5% de su cartera.

Tanto las AFP, como otros actores financieros, siempre han querido aumentar el margen para invertir en estos activos ya que, en un contexto de bajos retornos, estos ofrecen mejores oportunidades, aunque con mayor riesgo. 

 

Al respecto, la investigadora y docente de Economía de la Universidad del Pacífico, Noelia Bernal, señaló que —a diferencia de Perú y Colombia— Chile tiene un Consejo Técnico de Inversiones (CTI) creado en la reforma previsional del 2008. Este tiene el objetivo de efectuar informes, propuestas y pronunciamientos respecto de las inversiones de los fondos de pensiones, procurando el logro de una adecuada rentabilidad y seguridad para estos, detalla la Superintendencia de Pensiones de Chile. 

Dicho consejo de inversiones cuenta con cinco miembros, cuyo presidente es designado por el presidente de la República de Chile. Mientras que, del resto de miembros, uno lo designa el Banco Central, uno las AFP y dos los decanos de las facultades de Economía de universidades acreditadas. 

“Los integrantes del CTI no pueden ser gerentes, administradores o directores de una AFP, ni de alguna de las entidades del grupo empresarial al que pertenezca, mientras ejerzan su cargo en el consejo”, enfatiza la Superintendencia de Pensiones de Chile. 

La disputa por la reforma en Perú, Chile y Colombia  

Aunque con algunas variaciones, el modelo previsional de Perú, Chile y Colombia tienen en común la presencia de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y una demanda ciudadana que plantea su reforma.

En los tres países latinoamericanos hay un descontento de los afiliados de estas administradoras privadas. Coinciden en que no les asegura una pensión que alcance para la canasta básica y que el riesgo solo lo asumen ellos, mientras que las AFP siempre obtienen ganancias cuyos ingresos provienen principalmente por las comisiones obligatorias que se les paga todos los meses por administrar los fondos, incluso cuando generen pérdidas. 

En Perú, las comisiones se cobran en base al sueldo mensual del afiliado o al valor del fondo de su cuenta individual, oscila entre 1,47% y 1,69%. En Chile, las comisiones en base a la renta imponible de los trabajadores varía entre el 0,69% y el 1,44%, según la AFP a la que esté afiliada. Y en Colombia, las cifras variaron entre 0,47% y 2,05% en el primer trimestre de 2023. 

Respecto al impacto negativo en los fondos conservadores, que más afectó a los cercanos a jubilarse, Noelia Bernal señaló que se requieren muchos cambios en el sistema de pensiones, el cual debería proteger al afiliado justamente en la etapa cercana a jubilarse “porque esa es la etapa en que ya somos adultos mayores, ya no tenemos muchos trabajos como antes, hay problemas de salud, etcétera. Entonces, ese debería ser el objetivo de todo sistema de protección social”. Agregó que se requiere un cambio de modelo hacia un sistema mixto, con pilares, en el que haya participación tanto del sector público como privado. 

Perú, Chile y Colombia tienen en común la presencia de las AFP y una demanda ciudadana que plantea su reforma. 

En esa línea, Daniel Wills anotó que los mercados se vienen recuperando en lo que va del 2023, pero resalta que “hay una oportunidad de aprovechar la reforma para rediseñar el portafolio conservador y hacerlo más eficiente”. 

En Colombia, la reforma pensional busca ampliar la cobertura de protección social y saldar la deuda de que solo una pequeña porción de ciudadanos esté protegida en su vejez. Además, intenta solucionar el problema de la regresividad, una especie de hueco fiscal que obliga a que el Estado aporte 20 billones de pesos anuales (USD 4,1 mil millones) para el pago de las pensiones. La propuesta, fue presentada en marzo por el gobierno de Gustavo Petro y el pasado 30 de mayo se pasó el informe para su debate en la comisión séptima del Congreso.

De otro lado, en Chile, en noviembre de 2022, el Presidente Gabriel Boric anunció la reforma de las pensiones, en un plan que considera el desarrollo de un proyecto de sistema mixto. Este incluye: mantener la capitalización individual de cada trabajador con una cotización del 10,5%; un aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU); la creación de un seguro social en forma de fondo solidario –también conocido como cuenta nocional–, financiado por los empleadores en un 6% de cotización adicional, que generaría una nueva pensión, disminución de las comisiones y mejoramientos de la rentabilidad en la capitalización individual.

En Perú, actualmente en el Congreso se discuten dos propuestas diferentes de reforma. Una, de la Comisión de Trabajo liderada por la parlamentaria Sigrid Bazán, plantea un esquema multipilar con un gestor público como base y con alternativa de los gestores privados. Mientras que otra, de la Comisión de Economía liderada por Rosangela Barbarán (Fuerza Popular), propone mantener el modelo de las AFP con ajustes para una mayor recaudación a través del Impuesto General a las Ventas (IGV). 

En Perú, el Gobierno aún no envía su proyecto para la reforma de pensiones; mientras que en el Congreso ya se discuten dos propuestas. 

El primer proyecto inicialmente fue archivado en la Comisión de Trabajo. Sin embargo, dos meses después y luego de idas y vueltas, se llegó a aprobar en la misma comisión el 26 de mayo, con ello pasará a ser debatido en el Pleno parlamentario. Y el segundo dictamen estuvo a punto de votarse el 25 de mayo en la Comisión de Economía, pero se decidió esperar el informe técnico del grupo de Trabajo que realiza un análisis técnico para la reforma de pensiones, el cual se publicaría hasta el 4 de junio. 

La demora más evidente en Perú respecto al debate de la reforma de las AFP viene del lado del gobierno, que desde julio del 2022 creó una Comisión Multisectorial para presentar su propuesta de reforma previsional en enero de este año, pero hasta el momento no ha sido presentado.