Actualizado el 18-05-2021 a las 16:55

 

“Así como ve ese pozo de agua, con ese color turbio, igualito estamos tomando [agua] allá. Me hubiera gustado que lo vean, quizás no me creen. Lamento que hayan llegado en la oscuridad, porque no podemos ver casi nada. Les suplico que vengan de día nuevamente”, pidió en marzo de este año Yovana Ilachoque, integrante de la directiva de Pacopata, a una comitiva del Ejecutivo que recorrió las 13 comunidades originarias de la provincia de Espinar, en Cusco, recogiendo en plena pandemia muestras de agua y suelo, con el fin de detectar las posibles fuentes de contaminación en esta provincia minera.  

La llegada de dicha delegación multisectorial, conformada por técnicos de varios ministerios, respondió a los reclamos de las comunidades de Espinar, que desde 2012 solicitan atención para las personas afectadas por metales pesados y que desde hace años pide una evaluación a fondo sobre la presencia de metales tóxicos en el ambiente. En esta provincia se desarrolla minería desde hace 35 años, y la explotación ha pasado por varias empresas: primero BHP Billiton (una compañía minera de capitales australianos y británicos), después Xstrata (una multinacional anglo-suiza) que finalmente fue comprada por Glencore. Esta última transnacional suiza opera en la actualidad la mina Antapaccay, donde se extrae principalmente cobre. 

Desde hace más de una década, los líderes de diferentes comunidades quechuas de la zona solicitan una investigación profunda que les permita identificar la fuente que ha originado que en estudios previos se hayan encontrado en el ambiente y en algunas personas valores de estos metales por encima del estándar recomendado. Uno de esos reportes, que los habitantes de Espinar siempre citan, corresponde a un estudio oficial del 2020 de Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (Censopas) del Ministerio de Salud (Minsa), que identificó en un grupo de personas la presencia de metales tóxicos.

HISTORIA. Las comunidades originarias de Espinar conviven con la minería desde hace 35 años, pero desde la última década reclaman atención del gobierno peruano. 

 

¿Cuál es el origen de los metales tóxicos en el ambiente?

 

Casi una década después, el 23 de marzo del 2021, en plena pandemia, un equipo técnico multisectorial, presidido por representantes del Ministerio del Ambiente, inició el trabajo de campo para recolectar información en 91 puntos en las 13 comunidades quechuas que a la vez son zonas de influencia del proyecto minero Coroccohuayco, la extensión de Antapaccay que opera la transnacional Glencore. El objetivo del grupo de trabajo es elaborar un informe detallado con el análisis de la calidad del agua y de los suelos.   

El Ministerio del Ambiente (Minam) informó a OjoPúblico que el monitoreo de agua para consumo humano se realizó en 47 puntos en las 13 comunidades. Los resultados se sumarán a los hallazgos de los estudios hechos desde el 2012 a la fecha. "Se han analizado los componentes ambientales aire, suelo y agua, de la información producida por Oefa, Ana, Digesa y Senasa principalmente", aseguró.

A partir de los hallazgos que se obtengan se formulará un plan de reparaciones para los pueblos afectados por exceso de metales pesados. El recojo de datos concluyó el 30 de marzo en las comunidades Huano Huano, Huini Coroccohuayco, Pacopata, Alto Huancané y Huancané Bajo. El equipo técnico también recorrió las comunidades de Tintaya Marquiri, Alto Huarca, Cala Cala, Huarca, Suero y Cama, Huisa Ccollana, Huisa y Anta Ccollana. 

El ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, señaló que los resultados se conocerían a finales de abril o inicios de mayo. Sin embargo, el Minam indicó a OjoPúblico que "se ha iniciado la elaboración del informe, el mismo que deberá ser expuesto y compartido con las partes involucradas para recibir sus aportes y continuar con su aprobación". La entidad ambiental aseguró que el cronograma de trabajo culmina en mayo, y que buscan tener "un documento final consensuado que se constituya en un plan de acciones que podamos implementar en el corto, mediano y largo plazo".

La comisión multisectorial que investiga la fuente de los metales pesados en Espinar se creó con resolución ministerial 174-2020-PCM el 22 de julio del 2020 y está conformada por 14 representantes de las comunidades, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) y el Gobierno Regional del Cusco.

 

CAMBIOS. Teófilo Altamari, quien vive en el sector Ccoccareta, en la comunidad Bajo Huancané, indica con puntos los manantiales que desaparecieron en la última década. 

ANTECEDENTE. Un estudio del Ministerio del Ambiente del 2013 indicaba que de 313 puntos analizados, en 165 se excedían los estándares de calidad ambiental en agua superficial y de consumo. 

 

Su función es evaluar los posibles daños en el ámbito de las comunidades originarias de Espinar y elaborar, de ser necesario, un plan de reparaciones. “No nos han comunicado ningún avance. Inicialmente dijeron que enviarían un primer informe en la quincena de abril, pero la respuesta a la demora puede ser que querían complementar con los estudios de agua”, dijo a OjoPúblico Karem Luque, integrante de la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana de Cusco. 

Durante el recorrido de la comisión multisectorial, el presidente de la comunidad Pacopata, Felipe Kana Chuctaya, se quejó del impacto de la extracción minera. “Aquí, en este proyecto, hay más de 600 perforaciones en el suelo. Algunas de estas han secado nuestros manantiales y bofedales. Debido a esos trabajos [perforaciones] se ha alterado la calidad del agua. Nosotros consumimos esa agua”, dijo el dirigente. 

A su turno, Hernán Ilachoque Saico, del sector Condorsayana, pidió evaluar los impactos de la minería en el sector agropecuario. Además, comuneros del sector Cochapata mostraron el cambio que sufrieron los manantiales, cuyas aguas se han reducido, dicen ellos, por el impacto minero. “En tiempo de lluvias hay agua, pero en secas ya no. Antes ocho familias consumían agua de ese manantial, ahora solo sirve para algunos animales”, dijo un vecino de Cochapata.

En 2010 un estudio de Censopas ya recomendaba indagar la procedencia de los metales pesados". 

 A unos kilómetros de allí viven los hermanos Andrés y Fausto Ilachoque, quienes contaron que ya no toman agua de la zona. “Me sacrifico y traigo agua en porongos, en mi moto o en mi combi, desde Pacopata”, cuenta Fausto Ilachoque.

Sobre este nuevo estudio el ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, señaló que “debería darnos algunos indicios sobre potenciales fuentes de contaminación”. Por su parte, el gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente, indicó que se debe buscar un “desarrollo armónico entre minería, comunidades y Estado, protegiendo a la población”. Pero los resultados de esa investigación aún no se conocen.

El estudio de Censopas del 2010 evaluó a 506 personas de 20 a 59 años, en Espinar, Pallpata, Occoruro y Pichihua. Se identificaron a nueve adultos con valores de plomo por encima de 10 microgramos de plomo por decilitro de sangre (µg Pb/dL) y debajo de 20 µg Pb/dL; 10 personas con valores de cadmio por encima del valor referencial; y 28 presentaron valores de mercurio por encima del límite recomendado. De estos últimos, 19 eran mujeres y 9 hombres procedentes de Espinar y Pallpata. En 24 personas se identificó, además, la presencia de arsénico en la orina por encima del valor referencial.

TESTIMONIO. Leonarda Ccapa Saico, del sector Ccoccareta, solicitó al gobierno atender a las comunidades originarias ubicadas en la zona de influencia del proyecto minero Coroccohuayco. 

IMPACTO. En Ccoccareta viven 52 familias que se dedican a la agricultura y ganadería. El sector es colindante con las instalaciones de la operación minera Antapaccay. 

 

El estudio de ese año ya recomendaba una mayor investigación a fin de determinar la procedencia de dichos metales, sea por causas naturales o debido a las acciones mineras o de otra índole. Pero dicha investigación no se realizó en ese momento. 

Tres años después, en 2013, como parte de la mesa técnica de diálogo instalada luego de las protestas ocurridas un año antes en Espinar, el Ministerio del Ambiente y otras entidades elaboraron un monitoreo sanitario ambiental en las cuencas de los ríos Salado y Cañipía y en las comunidades aledañas de la mina Tintaya y los proyectos mineros Antapaccay, Coroccohuayco y Quechuas. 

El informe final concluyó que, de 313 puntos analizados en 19 comunidades de influencia minera, en 165 se excedían los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) en agua superficial, en agua para consumo humano, en suelo y aire. 

Un estudio realizado entre 2018 y 2020 por Amnistía Internacional, en colaboración con Derechos Humanos Sin Fronteras y el experto en salud ambiental de la Universidad de Saint Louis (Missouri), Fernando Serrano, confirmó que los habitantes de 11 comunidades quechuas de Espinar, en Cusco, ubicados dentro del área de influencia del proyecto minero Coroccohuayco, están expuestos a metales pesados.  

La investigación se realizó tras un pedido de las comunidades y estuvo a cargo de un equipo que tomó muestras de sangre y orina a 150 voluntarios de las localidades originarias y recogió también muestras de agua en 291 puntos. En el trabajo participaron residentes de las comunidades indígenas Huano Huano, Pacopata, Huini Coroccohuayco, Alto Huancané, Huancané Bajo, Tintaya Marquiri, Alto Huarca, Cala Cala, Huarca, Huisa Ccollana y Huisa.

Los resultados del estudio indican que el 78%, equivalente a 117 personas, presentó niveles de sustancias tóxicas (plomo, mercurio, cadmio y arsénico) por encima de los valores permitidos, lo cual representa un riesgo para su salud. Asimismo, de 191 muestras de agua analizadas, 151 resultaron con coliformes, 115 de las cuales son usadas para consumo humano según testimonios de los comuneros de Espinar. 

En ese contexto, Amnistía Internacional recomendó al Estado peruano acelerar la presentación de resultados que expliquen el origen de la exposición a metales pesados y proteger el derecho a la salud de las comunidades originarias.

Un fallo a favor de afectados por metales pesados

Hace siete años, en 2014, la comunidad campesina de Huisa, la Asociación para la Defensa de Paccpacco, el Comité de Usuarios de Agua Qquetara, el Frente de Defensa de Regantes de la Microcuenca Ccañipía y la Federación Unificada de Campesinos de Espinar demandaron al Estado peruano (representado por el Minsa y otras entidades) para que atienda a las personas afectadas por metales pesados. Cinco años después, el Juzgado Civil de Espinar falló a favor de las comunidades, pero las entidades demandadas apelaron. 

En enero de este año la Sala Mixta Descentralizada de Canchis confirmó dicha sentencia y ordenó que el caso retorne al juzgado de Espinar para que ejecute el fallo. Y el mes pasado, el Juzgado Civil de Espinar ordenó la ejecución -en un plazo de 90 días- de dicha sentencia que ordena al Ministerio de Salud (Minsa) y otras entidades estatales diseñar e implementar una estrategia de salud pública de emergencia para atender a la población afectada por metales tóxicos.

La medida judicial también recomienda diseñar una estrategia que incluya programas de vigilancia epidemiológica y sanitaria, monitoreo de la salubridad del agua y atención médica de niños, madres gestantes y adultos mayores. Es decir, conclusiones similares a las que ya hace una década había recomendado en parte el estudio de Censopas y el Estado omitió. 

VÍCTIMA. Teófilo Altamarí Chaca (65) dice ser uno de los vecinos de Ccoccareta, en Huancané Bajo, que tiene arsénico en la sangre por encima del máximo permitido. 

VISITA. Una comisión técnica del Ejecutivo recorrió las 13 comunidades originarias de Espinar tomando muestras de agua y suelo para analizarlas. 

 

Las entidades demandadas -pero que ya se allanaron al fallo dictado por el juzgado de Espinar- fueron el Minsa, el Ministerio del Ambiente, Oefa, Digesa y el Gobierno Regional del Cusco. 

En ese contexto, además, el gobierno peruano publicó el pasado 4 de abril la Ley N° 31189, que busca fortalecer la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas. La norma dispone también que el Minsa implemente y actualice, en base a las atenciones médicas en los establecimientos de salud, el Registro Nacional de Personas Afectadas en la Salud por contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas. 

El reglamento de esta ley será aprobado por el Ejecutivo en un plazo de 90 días. La provincia de Espinar y otras localidades del país, como Cerro de Pasco, forman parte de la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana y de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos. Ambas plataformas visibilizan, desde hace cuatro años, la problemática de la salud pública a causa de la exposición a metales pesados. 

 

Consulta previa de Coroccohuayco 

 

Desde noviembre del 2019, el Minem implementa la consulta previa por el proyecto Integración Coroccohuayco (extensión de Antapaccay, de Glencore ) en 11 de las 13 comunidades identificadas como parte de los pueblos indígenas en Espinar y que, a su vez, se localizan en el área de influencia de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto. Hasta el momento ya han avanzado cinco de las siete etapas de dicho proceso. Solo están pendientes la etapa del diálogo y la decisión final. 

Las comunidades que participan son Alto Huarca, Huano Huano, Alto Huancané, Huancané Bajo, Tintaya Marquiri, Cala Cala, Huarca, Suero y Cama, Huisa Collana, Huisa y Anta Ccollana. No lo hacen las comunidades Huini Coroccohuayco y Pacopata, que se encuentran en el área directa de influencia, porque están en desacuerdo con la manera cómo se realiza el proceso de consulta previa.  

La lideresa Yovana Ilachoque señala que ambas comunidades son las más afectadas por el proyecto Coroccohuayco. “Si ahora, en [la fase de] exploración, sentimos la contaminación, qué será cuando opere”, se pregunta. En 2019 interpusieron una demanda de amparo contra Glencore por no haber sido incluidos en la consulta previa del proyecto. 

EN DESACUERDO. Dos comunidades originarias de Espinar, Pacopata y Huini Coroccohuayco, no participan del proceso de consulta previa del proyecto de expansión de Glencore. 

 

Helio Cruz, responsable legal de Derechos Humanos Sin Fronteras, una de las instituciones que apoya a las dos comunidades, explicó a OjoPúblico que están a la espera de que el juez convoque a una audiencia de alegatos. “Por ahora no hay notificación. Se trata de la demanda de amparo por omisión de consulta previa a la modificatoria del estudio de impacto ambiental ampliación Coroccohuayco”, precisó.

El nuevo cronograma de la consulta previa aprobado por el Minem, el Ministerio de Cultura y las comunidades originarias señala que desde el 29 de abril hasta el 10 de mayo habrá reuniones virtuales para aprobar la metodología del proceso y los puntos a ser desarrollados en la etapa de diálogo, la penúltima de la consulta previa.

No obstante, este es uno de los conflictos latentes, según la Defensoría del Pueblo. Una de las razones del descontento de las comunidades es que persisten las brechas sociales. En Yauri, capital de la provincia de Espinar, las familias solo cuentan con tres horas de agua potable al día, mientras que la mayoría de comunidades originarias consume agua entubada, procedente de los ríos y manantiales. 

Existe un proyecto, declarado viable en mayo del 2017, para aumentar las horas del servicio y ampliar las redes de agua potable y desagüe. La inversión es superior a los S/ 120 millones y será financiado por Glencore, mediante la modalidad de obras por impuestos. Sin embargo, se encuentra paralizado por la demora en el proceso de expropiación de los predios en las comunidades campesinas de Hatun Aira Collana, Suero y Cama y Huarca. 

Sobre Coroccohuayco, la minera Antapaccay (Glencore) dijo mediante un comunicado que el proyecto minero se encuentra suspendido y no tiene previsto iniciar su construcción durante este año ni en el próximo. “El mismo se encuentra aún en fase de rediseño y estudios de viabilidad, y su desarrollo dependerá de los resultados de esta evaluación”, indicó.

El último 17 de mayo las comunidades originarias de Espinar y el Ministerio de Energía y Minas acordaron  suspender las reuniones que forman parte del proceso de consulta previa del proyecto minero Coroccohuayco programadas para ese día y el 22 de mayo. Las comunidades adoptaron esa medida debido a la ausencia de representantes de los diferentes ministerios en el proceso de consulta previa y la falta de acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. "No hay confianza para la etapa del diálogo", dijeron.