CRONOGRAMA. El Minsa estableció un orden de vacunación, sin embargo, en varias regiones lo incumplieron.

Vacunagate en regiones: 307 personas fueron vacunadas irregularmente

Vacunagate en regiones: 307 personas fueron vacunadas irregularmente

CRONOGRAMA. El Minsa estableció un orden de vacunación, sin embargo, en varias regiones lo incumplieron.

Foto: OjoPúblico/ Álvaro Franco

La reciente inmunización irregular de funcionarios en Loreto ha expuesto los diferentes problemas de la vacunación en regiones. Un análisis de OjoPúblico, en base a los informes de las gerencias regionales de la Contraloría, realizados entre febrero y la primera semana de marzo, determina que en 11 departamentos por lo menos 307 personas fueron vacunadas cuando no estaban en la lista prioritaria de la primera fase. Entre ellos figuran personal administrativo, autoridades, otros altos funcionarios públicos y profesionales de la salud de clínicas privadas que no atendían casos de Covid-19 o realizaban trabajo remoto.

28 Marzo, 2021

Por: Katya Zevallos, Geraldine Santos, Magali Estrada, Gustavo Callapiña, Alicia Tovar y Ralph Zapata.

 

La reciente denuncia de la vacunación irregular de por lo menos 10 autoridades y altos funcionarios de Loreto ha revelado el frágil sistema de control en la aplicación de las vacunas contra la Covid-19 en Perú. OjoPúblico revisó los informes de las gerencias de control regional en todo el país y encontró que en 11 departamentos no se cumplió con la priorización establecida y que las dosis se aplicaron irregularmente a personas que no reunían los requisitos de elegibilidad de los grupos de riesgo para esta primera fase. 

La vacunación en el Perú comenzó el 9 de febrero teniendo como prioridad a los trabajadores de salud seleccionados por su nivel de exposición y riesgo y a los adultos mayores. Al día siguiente, desde la capital se distribuyeron las dosis para las regiones.

La región amazónica de Loreto recibió un lote de 5.850 de vacunas de Pfizer el 15 de marzo. La meta era inmunizar a los adultos mayores del programa Pensión 65, de los afiliados a Essalud y de los del Seguro Integral de Salud (SIS). Sin embargo, un grupo de estas dosis se aplicó a personas fuera de la prioridad.

La Contraloría en Loreto investiga 34 dosis que fueron entregadas en el local de la Diresa". 

Los informes de la Dirección Regional de Salud a los que OjoPúblico tuvo acceso señalan que el día que comenzó la vacunación (18 de marzo) no hubo la concurrencia esperada de los adultos mayores afiliados al programa social Pensión 65. Por ese motivo, las autoridades decidieron llamar a las personas residentes de albergues del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, de la Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y las Personas con Discapacidad Severa (Red Amachay), y a los afiliados al Programa de Atención Domiciliaria (Padomi), de Essalud. 

Al final de la jornada del día siguiente, según los informes, aún quedaban 66 dosis. Esta información fue transmitida al director regional de Salud y presidente del Comité de Inmunizaciones, el médico Carlos Calampa.

Ese mismo día, Calampa se reunió con diversas autoridades de salud y acordaron que el 20 de marzo, abrirían un nuevo centro de vacunación en la misma Dirección Regional de Salud (Diresa), donde vacunaron a adultos mayores de las casas de acogida de Betania y Santa Rosa. Al final de esa jornada, aún quedaban 34 dosis con las que “se procedió a vacunar a otros beneficiarios de la fase I que se acercaron a la Diresa”, se lee en el informe. 

En algún momento de esos días, y eso lo está investigando la fiscalía, se decidió la vacunación irregular del alcalde provincial de Maynas, Francisco Sanjurjo Dávila (69); la alcaldesa distrital de Punchana, Jane Donayre Chávez (63); el director de la Oficina de Cooperación Internacional del Gobierno Regional de Loreto, Jorge Monasí Franco (65), y el asesor de la entidad regional, Joiner Vásquez Pinedo (73).

 

La lista también incluye a Mirna Villacorta Cárdenas (68), exalcaldesa del distrito de San Juan Bautista, y Clara Delfina Bustamante Pezo (63), exdirectora ejecutiva de Promoción de la Salud de la Diresa de Loreto y encargada del plan de vacunación. Además, están Wilma Casanova Rojas de Casapía (62), exfuncionaria de la Diresa Loreto; Arquímedes Ortega Burga (64), padre de Frescia Ortega, jefa de imagen de la Diresa Loreto.

La Procuraduría Pública Anticorrupción ha denunciado a los presuntos responsables por el delito de peculado doloso, y la Fiscalía Anticorrupción de Loreto ya abrió una investigación sobre este caso y deberá determinar cómo y con qué criterios se incorporaron beneficiarios que no estaban en la lista prioritaria. Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Loreto ha solicitado a la Diresa que le entregue los padrones de vacunación de los días 18, 19 y 20 de marzo, a fin de establecer el número exacto de vacunaciones irregulares.

Loreto

HECHOS. Clara Bustamante, de la Diresa Loreto, informó que el director regional de Salud le pidió vacunar a cuatro personas. 
Foto: Diresa Loreto

 

Una de las medidas adoptadas por el Gobierno Regional de Loreto fue separar de sus cargos a Clara Bustamante, al director de la Oficina de Cooperación Internacional del Gobierno Regional de Loreto, Jorge Monasi; y al asesor de la entidad regional, Joiner Vásquez Pinedo, quienes fueron vacunados.  

El gerente regional de la Contraloría en Loreto, Roy Salazar, declaró a OjoPúblico que su despacho investiga 34 dosis que fueron entregadas en las instalaciones de la Diresa de Loreto. “Indagamos si son 34 personas que se vacunaron irregularmente. Pero, en conclusión, toda la vacunación es irregular porque contraviene la normativa. No hubo un padrón publicado, como se establece”, precisó.  

OjoPúblico llamó, en reiteradas ocasiones al director regional de Salud de Loreto, Carlos Calampa, para conocer su versión de los hechos, pero hasta el cierre de este reportaje no contestó.  

 

Médicos de clínicas privadas y administrativos

 

Antes de que se conociera la situación de Loreto, entre febrero y los primeros días de marzo de este año, las gerencias regionales de control habían emitido varios informes advirtiendo inmunizaciones irregulares en otras 10 regiones. Los documentos señalan que también en otras regiones se vacunó a personas que no les correspondía en esta primera fase. 

En Apurímac, el 22 de febrero se vacunó a 15 trabajadores de clínicas privadas (médicos, dentistas, enfermeros, técnicos en farmacia y químicos farmacéuticos). Uno de ellos fue Adler Malpartida Tello (55), alcalde de la provincia de Andahuayla y gerente de la Clínica de Especialidades Virgen de Cocharcas EIRL. 

La contraloría señaló que, si bien Malpartida es médico cirujano en la especialidad gineco- obstetra, actualmente ejerce un cargo público a tiempo completo y no realizaba labores asistenciales. Consultado por OjoPúblico, Malpartida dijo que no era responsable del orden cronológico en que se aplicaban las vacunas. “En este caso, la responsabilidad sería de la Dirección de Salud Apurímac II que me consideró entre las clínicas privadas para vacunarme en la fase I. Yo no he acudido al llamado como alcalde, sino como médico”, indicó. 

En Apurímac se vacunó a 15 personas de clínicas privadas, incluyendo al actual alcalde de Andahuaylas". 

Los reportes de Contraloría determinan que en Tacna, otras 14 personas de los establecimientos de salud La Esperanza y Ciudad Nueva también fueron vacunadas irregularmente, pues ellas estaban con trabajo remoto.

Y en Tumbes, las primeras dosis que llegaron en febrero se usaron para inmunizar a 33 personas que laboran en el hospital regional Jamo II, pero que no eran profesionales de la primera línea de atención de casos Covid-19, ni se encontraban en el padrón nominal para esa primera etapa. En esta región ubicada en la frontera con Ecuador se inmunizó a choferes, vigilantes, electricistas, ingenieros, personal de limpieza y personal de planta de oxígeno. También se vacunó a 20 personas que realizaban labores administrativas. La Contraloría registró un total de 55 personas vacunadas irregularmente en Tumbes.  

Según el órgano de control, en Lambayeque 113 trabajadores de Essalud que se encontraban con licencia con goce de haber compensable fueron vacunados mientras otras 30 profesionales de la salud que laboran en áreas Covid del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga de Essalud no accedieron a la vacuna. 

VAcunagate

HALLAZGO. La Contraloría en Apurímac advirtió que 15 personas de clínicas privadas fueron inmunizadas con la vacuna de Sinopharm, incluyendo al alcalde de Andahuaylas. 
Foto: Gerencia de Control Apurímac

 

Lo mismo sucedió con tres profesionales de la salud del hospital de Apoyo de Otuzco, en La Libertad, que laboraron hasta antes de la pandemia y aún así fueron vacunados. La región de Cajamarca tampoco escapó de estos problemas. Allí se inmunizó a 9 personas del hospital Santa María de Cutervo que cumplían labores administrativas, lo que impidió que 15 trabajadores del nosocomio que atienden casos Covid-19 accedan a la vacuna.

Los hallazgos de vacunación irregular alcanzan a Amazonas y Madre de Dios, donde se destinaron dosis para trabajadores de áreas administrativas del gobierno regional y a profesionales con labores remotas del Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado, respectivamente. 

Seis personas en Huancavelica también fueron vacunadas antes del tiempo que les correspondía. Cuatro de ellos son trabajadores de la Corte Superior de Justicia: un químico farmacéutico, un médico, un enfermero y una trabajadora social. Los otros dos son trabajadores administrativos del gobierno regional.

 

 

Padrones desactualizados y vacunas perdidas

 

Además de la vacunación irregular, uno de los problemas más comunes durante la primera fase de inmunización en regiones fueron los padrones desactualizados proporcionados por el Ministerio de Salud y la incapacidad de las autoridades regionales para generar sus propios registros. 

En Piura, la Gerencia Regional de Control reportó, a fines de febrero, que 996 trabajadores del sector administrativo fueron incluidos en el segundo padrón para ser vacunados, pese a que aún había personal de primera línea que no había sido vacunado. Radio Cutivalú reveló, por ejemplo, que la sobrina del gobernador regional y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Servando García Correa, fue vacunada, aunque había dejado de laborar como técnica en enfermería en febrero del 2020.   

Asimismo, en el centro de salud San Ignacio, de Cajamarca, 8 personas (entre técnicos en enfermería y obstetras que ya no trabajaban en dicho centro de salud) fueron incluidas en el padrón. Lo mismo ocurrió en Ucayali, donde 107 personas que ya no laboraban en el sector salud o que hacían trabajo remoto, fueron consideradas en la nómina de vacunación. 

En Piura, la Contraloría reportó que 996 administrativos fueron incluidos irregularmente en el segundo padrón para ser vacunados". 

Otras dificultades advertidas por el ente de control fueron la inadecuada gestión de los residuos sólidos, infraestructura obsoleta o inadecuada para la conservación de las vacunas, falta de una cadena de frío, personal del área de frío que no estaba capacitado para dichas labores y 17 dosis perdidas: 10 en Arequipa, 4 en Tacna, 2 en Junín, y 1 en Huancavelica. 

En Arequipa, el contralor regional Valery Fabio Niño de Guzmán Paredes informó la desaparición de 10 vacunas en el Hospital Militar de esa región. A ese establecimiento de salud le entregaron 168 dosis, pero solo reportaron la aplicación de 158 vacunados. La Procuraduría Anticorrupción de la región denunció el caso ante el Ministerio Público. 

Previamente, el 16 de febrero, el director regional de Salud de Tacna informó al Órgano de Control Institucional de su institución la desaparición de cuatro dosis de vacunas de Sinopharm del Hospital Hipólito Unanúe. Otras dos dosis desaparecieron en Junín el 9 de febrero, según lo advirtió el director general del Hospital Regional Docente Clínico “Daniel Alcides Carrión”. Mientras, en Huancavelica, también se reportó la desaparición de una dosis el 23 de febrero. 

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EXTRAVÍOS. Las diversas gerencias de Control informaron que 17 dosis se perdieron en Arequipa, Tacna, Junín y Huancavelica. 
Foto: Minsa

 

Sobre estos temas, Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, se mostró preocupado por estos actos irregulares que afectan el proceso de vacunación contra la Covid-19. “Estamos ante un bien escaso que tiene una priorización clara: el personal de primera línea. [...] Cualquier vacuna que se vaya antes a una persona que no corresponda, pone en riesgo la lucha contra la pandemia”, dijo a OjoPúblico.

El especialista recomendó involucrar al personal de salud en la lucha anticorrupción, creando un canal efectivo de denuncias anónimas. También dijo que es esencial difundir guías que especifiquen a quién le corresponde primero la vacunación, las etapas de la misma y los padrones actualizados. 

En la misma línea, el secretario general de la Asociación Civil de Transparencia, Iván Lanegra Quispe, recomendó al gobierno mejorar los criterios de distribución de las vacunas y elaborar mejor los padrones para saber a quienes sí les corresponde la vacuna. El especialista también consideró que más instituciones deberían estar pendientes del proceso. “Las sanciones deben ser efectivas y drásticas, respetando el debido proceso, por el valor del bien. Porque si no se entrega [la vacuna], pones en riesgo una vida. [...] La Contraloría debería tener una competencia sancionadora”, comentó. 

 

Avances y retos en el proceso 

 

Después de Lima, las regiones donde comenzó la vacunación de adultos mayores, fueron La Libertad, Loreto, Arequipa y San Martín. Sin embargo, los avances son aún bajos respecto al total de la población objetivo a inmunizar en esta primera fase. Por ejemplo, en Arequipa hay 212 mil adultos mayores, de acuerdo con la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud). De esa cifra, 92.933 cuentan con SIS, 4.240 carecen de algún seguro o están adscritos a un sistema privado, y el resto está registrado en EsSalud. 

Elsa Quispe de Jordán, coordinadora regional de inmunizaciones en Arequipa, dijo a OjoPúblico que la principal dificultad para avanzar es que el Minsa no envía la cantidad de dosis suficientes. “Para vacunar a más población dependemos de la cantidad de vacunas que se compre a nivel nacional”, dijo. Sin embargo, aún no concluyen con las 9.360 dosis de Pfizer que les llegaron. 

El mismo argumento usan las autoridades de San Martín, donde se tiene una meta de vacunación total de aproximadamente 650 mil personas, pero solo han recibido 23.092 vacunas: 18.412 dosis de Sinopharm, que llegaron en cuatro entregas, y 4.689 vacunas de Pfizer, que fueron enviadas en dos lotes. No obstante, no concluyen con utilizar todas las dosis para los adultos mayores.

Las regiones han recibido vacunas de Sinopharm y Pfizer, pero hasta ahora no han concluido con usar todas las dosis". 

Poco avance también se registra en Piura, que recibió 32.205 dosis de Sinopharm y el último martes 2.862 dosis de Pfizer, pero hasta el 26 de marzo solo había vacunado a 15.754 personas, según el Minsa. 

Las dificultades para avanzar con la vacunación incluyen la falta de ultracongeladores para conservar la vacuna Pfizer entre -80 y -60 grados. En Ayacucho, el director regional de salud, Elvyn Díaz, dijo a OjoPúblico que adquirirán dos ultracongeladoras, pues ni la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga ni otras entidades o empresas cuentan con estos equipos. En Puno y Áncash tampoco tienen esos equipos.  

Luis Robas Sánchez, gerente de control de megaproyectos de la Contraloría General de la República, explicó a OjoPúblico que todos sus hallazgos de control concurrente fueron enviados a las direcciones regionales de salud para que adopten medidas correctivas. Añadió que, en caso de comprobarse que las infracciones persisten y generan un perjuicio al Estado, iniciarían procesos de control posterior para identificar a los responsables y recomendarían el inicio de acciones penales o administrativas.

Sin embargo, ante la falta de sanciones eficaces, Luis Robas señaló que es fundamental que la Contraloría recupere su facultad sancionadora, “porque de esa manera no habría impunidad en los procesos administrativos contra los funcionarios”. Actualmente, y sin esa capacidad, “las entidades son juez y parte en los procesos sancionadores”, advirtió.