Cuando el Perú culminó la cuarentena por la Covid-19, cuatro de cada diez personas habían perdido su empleo. Hasta el cierre de junio, 6 millones 300 mil personas se quedaron sin fuentes de ingresos, siendo los más afectados las mujeres, jóvenes y adultos de 25 a 44 años, profesionales con educación superior, y aquellos que laboraban en las Micro y Pequeñas Empresas (Mypes).

La pandemia expuso la fragilidad de una economía que se jactaba de ser sólida, pero que tenía al 72% de su fuerza laboral en el sector informal. Un porcentaje que amenaza incrementarse con la crisis actual, pues, la caída del empleo ha sido mayor en el pequeño grupo de personas que tenía un trabajo con todos los beneficios de ley. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INEI), este sector se redujo en 13,4%; el doble de lo que disminuyó el bloque informal.

Una de las medidas que impactó directamente en el empleo formal fue el Decreto de Urgencia 038-2020, a través del cual se actualizaron las condiciones para aplicar la suspensión perfecta de labores. Este mecanismo le permite al empleador congelar el vínculo con su personal con solo presentar una declaración jurada al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), sin esperar que esta sea aprobada.

A través de un pedido de acceso a la información, OjoPúblico pudo conocer que entre el 14 de abril y el 19 de julio, 30.851 empresas privadas se acogieron a esta modalidad para separar a 328.817 empleados en todo el país. Si tenemos en cuenta que el sector formal disminuyó en 596 mil puestos de trabajo en este mismo periodo se puede afirmar que la suspensión perfecta alcanzó al 55% de las personas que perdieron su ocupación formal durante la cuarentena.

Es decir, del total de empleos formales perdidos durante la pandemia, más de la mitad (55%) correspondió al mecanismo de suspensión perfecta, y el resto, por vencimiento de contrato, despidos u otras modalidades.

Recibieron Reactiva y redujeron personal

Para acogerse a la suspensión perfecta el empleador debe presentar al Ministerio de Trabajo una declaración jurada, indicando que su empresa tiene pérdidas económicas y que intentó, sin éxito, otras vías para mantener a su personal en planilla, por ejemplo, disponiendo de licencias sin pago de haberes o la extensión de las labores remotas. De acuerdo al marco legal de este mecanismo, la entidad tiene 42 días para responder el pedido de la empresa.

Vencido el plazo, este se considera aceptado por la figura del silencio administrativo positivo, pero si detectan que el empleador mintió, se ordena la reincorporación y pago del personal suspendido. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) es la encargada de revisar la veracidad de esta información, pero entre abril y agosto solo habían resuelto el 50% de los expedientes ingresados.

OjoPúblico solicitó, a través de la Ley de Acceso a la Información, la relación de las empresas que se acogieron a esta figura legal, pero el ministerio respondió de forma parcial, pues no incluyó el nombre de las 30 mil empresas involucradas, solo sus números de RUC. Sin embargo, este medio cruzó la información con otras bases de datos y logró identificar a 16 mil de estas compañías, las cuales concentran el 82% de los trabajadores afectados.

En el ranking de las 20 empresas que suspendieron al mayor número de trabajadores, de 1.000 a 2.600 empleados cada una, aparecen negocios de los sectores transporte, construcción, servicios y casinos.

La compañía que solicitó suspender al mayor número de empleados (2.621) fue la operadora de vuelos, almacenaje y carga, Talma Servicios Aeroportuarios, que pertenece al Grupo Sandoval y tiene presencia en 20 aeropuertos del Perú. El 2019 esta empresa se convirtió en la más grande de Sudamérica en su rubro, al absorber a su competidora LAS Servicios Aeroportuarios, de Colombia, y sumarlo a las operaciones que realiza en México y Ecuador.

Este año tenía previsto incursionar en Brasil y Centroamérica, y realizar una inversión de S/20 millones en equipos e infraestructura en sus instalaciones peruanas. Pero estos proyectos millonarios no fueron obstáculo para que Talma decidiera pedir S/10 millones en préstamos al programa estatal Reactiva Perú. 

Este plan de créditos fue creado para mantener la cadena de pago a proveedores y empleados, pero su marco legal no impide que sus beneficiarios puedan recurrir a la suspensión perfecta. De hecho, las empresas que usaron este mecanismo para separar al mayor número de empleados accedieron a estos préstamos, con tasas de interés mínimas y avalados por el Estado.

OjoPúblico analizó la información de las empresas que se acogieron a la suspensión perfecta y lo comparó con la base de datos de los beneficiados por Reactiva, e identificó 5.013 empresas que recibieron créditos, por un total de S/3.584 millones, y suspendieron a 142.976 empleados. El 74% de los afectados laboraba en 817 grandes compañías, principalmente en los sectores comercio, inmobiliario, manufactura y transporte.

Aquí encontramos a Stracon S.A., contratista de los principales proyectos mineros del país que accedió a S/10 millones de los créditos estatales y separó a 2.338 trabajadores entre el 30 de abril y el 2 de junio. La empresa formó parte de Graña y Montero hasta el 2018, año en que fue adquirida por la gestora de inversiones británica Ashmore Group Plc.

El análisis de OjoPúblico también identificó que entre las 5.013 beneficiarias de Reactiva Perú hay 921 compañías que, luego de recibir el préstamo, continuaron presentando solicitudes para suspender a su personal, o empezaron a hacerlo luego de obtener el financiamiento del Estado. 

Por ejemplo, la constructora de servicios mineros IESA S.A; la proveedora de servicios informáticos Salesland; la zapatería Inversiones Rubins, que opera bajo los nombres de Passarela y Footloose; las empresas de transportes Civa y Cruz del Sur, y la Universidad San Martín de Porres. 

Entre las empresas que redujeron su personal luego de recibir el préstamo, encontramos a la vendedora de implementos deportivos Marathon, cuya razón social es Superdeporte Plus Perú; el Instituto SISE; la Asociación Cristiana de Jóvenes Ymca; empresas textiles y constructoras.

El economista e investigador de GRADE Miguel Jaramillo sostiene que los préstamos avalados por el Estado cumplieron su objetivo de mantener activos a algunos grupos de empresas, pero a estas no se les puede prohibir que reduzcan su personal ni obligarlos a mantener una planilla que no pueden sostener. “La dimensión de la crisis nos ha empujado a este escenario, pero el Estado no ha reaccionado de manera ágil para resolver todos los pedidos de suspensión que están en cola”, agregó.

Sin embargo, el abogado laboralista Tino Vargas considera que el Ministerio de Economía cometió un error al no definir topes a las beneficiarias de Reactiva Perú, a fin de que se aseguren de preservar el mayor número de empleos posibles. “Hubo una mala gestión del Estado con este programa. Uno no puede esperar que este tipo de decisiones se manejan en base a empatías o quede a al consciencia de cada empleador", indicó.

El abogado sostiene también que "el gobierno debió ser excluyente: quien optaba por Reactiva no podía ir por la suspensión perfecta, o, hacerlo bajo ciertas condiciones. Pero luego de seis meses de inactividad comercial, estos préstamos ya no cubren las necesidades y gastos del empleador. Hoy estamos ante una nueva realidad, y el Estado todavía no puede resolver el total de solicitudes de suspensión que se han presentado”.

 

Casinos y una exportadora textil

En el ranking total de empresas que se acogieron masivamente a la suspensión perfecta, se encuentran grandes salas de juegos de azar. Estas no solicitaron los préstamos estatales, pero dejaron sin empleo a un total de 6.846 personas.

Una de ellas es Gaming and Services S.A.C, filial de la gigante española Cirsa, líder en juegos de azar en Latinoamérica, y que actualmente forma parte de la inversora estadounidense Blackstone. En Perú controla las marcas Liberty, Jokers, Majestic y Casino Miami, y por lo menos hasta el 2018 ha sido cliente del estudio de abogados Torres & Torres Lara. La firma la dirige el hermano del congresista de Fuerza Popular, Miguel Torres Morales, quien el año pasado planteó anular el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los casinos. Una medida que no prosperó.

También aparece Newport Capital S.A.C, que opera 12 casinos en la capital, entre ellos Magic City, Copacabana y La Hacienda. Su apoderado es el empresario peruano de origen chino José Sam Yuen, investigado en el Equipos Especial Lava Jato, del Ministerio Público, por presuntamente reclutar falsos aportantes para la campaña de Fuerza Popular. El denominado rey de los casinos es CEO de Samcorp, un conglomerado que reúne más salas de juego dentro y fuera del país.

CASINOS. La empresa Newport Capital S.A.C, que opera el casino Magic City, entre otros, tiene como apoderado a  peruano de origen chino José Sam Yuen, investigado por los aportes a la campaña de Fuerza Popular.

Foto: Palacio Wan Wha

Le sigue Corporación Turística Peruana, conocida como Atlantic City, y que tiene como socio al millonario Juan Omar Mahchi Aguad. Así como, Rubi Gaming S.A.C, cuyo gerente, Ricardo Mustafa Aguinaga, también es dueño de la red de casinos Masaris, miembro de la Sociedad Nacional de Juegos de Azar (Sonaja) y socio en la cadena de hoteles Costa del Sol.

Entre las 16 mil compañías analizadas, OjoPúblico también identificó a la que ingresó el mayor número de solicitudes de suspensión perfecta. Se trata de Michell & Cía, exportadora de fibras que maneja las marcas Sol Alpaca, Mallkini y Michell Factory. 

En total, la productora textil presentó 17 declaraciones juradas para suspender a 84 empleados. Esta no fue la única modalidad que usó la compañía para reducir su planilla, pues según la Sunat, en marzo tenían 1.853 trabajadores y en julio la cifra bajó a 1.214. De acuerdo a sus estados financieros, la pandemia encontró a la empresa con activos valuados en más de S/10 millones, y S/516 mil en utilidades.

En las últimas dos semanas este medio se comunicó con las oficinas de las principales empresas mencionadas, Talma, Cineplanet y Michell & Cía, pero no lograron comunicarnos con sus voceros oficiales hasta el cierre de edición.

 

Apelaciones e incertidumbre 

El Ministerio de Trabajo no ha precisado cuáles ni cuántos son los pedidos de suspensión perfecta que fueron rechazados, pero fuentes de Sunafil indicaron a OjoPúblico que hasta inicios de agosto se habían aprobado 5 mil de los 15 mil expedientes que lograron revisar. El problema es que las compañías rechazadas pueden apelar en la misma institución o en el Poder Judicial. Mientras esto sucede, el trabajador queda en la incertidumbre y sin ingresos.

Un ejemplo de esto es Cineplanet, la cadena de cines del grupo Intercorp que recibió S/10 millones de Reactiva Perú y aplicó la suspensión perfecta a 2.165 trabajadores el 30 de abril. Como se recuerda, en junio, el Ministerio de Trabajo rechazó su pedido porque no cumplió con agotar otras alternativas para mantener a sus empleados. Sin embargo, la empresa apeló y el proceso se extendió hasta el 17 de julio, fecha en que se coordinó una audiencia para escuchar a ambas partes. 

Exempleados contactados por OjoPúblico, señalaron que el ministerio les dio solo dos días para conseguir un representante y consensuar una posición entre todos los afectados. Ellos no cuentan con un sindicato, por lo que pidieron una prórroga hasta el 14 de agosto. La cita se concretó, y hasta inicios de septiembre no se emitía una respuesta. Son más de cuatro meses que este grupo de jóvenes y adultos se mantiene en la incertidumbre.

"Unas 1.500 empresas han apelado sus pedidos de suspensión perfecta. Otras más han ido a la vía judicial".

Fuentes del sector indicaron que unas 1.500 empresas han apelado sus pedidos de suspensión perfecta, pero se desconoce cuántas más han ido a la vía judicial. A través del área de prensa, este medio solicitó una entrevista con el titular del Viceministro de Trabajo, José Luis Parodi Sifuentes, pero no hubo respuesta. Él asumió el cargo el 7 de septiembre, y su despacho es el que deberá resolver estos reclamos. 

Un informe realizado por las abogadas laboralistas Beatty Egúsquiza y Miriam Illa, y publicado en el portal LP, analiza las barreras que se presentaron en el Ministerio de Trabajo para resolver algunos de los pedidos de suspensión perfecta presentadas por las Mypes. Entre sus conclusiones, advierten un marco normativo confuso para los empleadores, que dificulta el cumplimiento de requisitos; y para los inspectores de la Sunafil, entidad que ha debido cambiar tres veces el protocolo de inspección en esta materia.

SOBRECARGA. El personal afectado por la suspensión perfecta no puede acceder al bono ofrecido por el Estado si la Sunafil no le confirma al empleador la aprobación de su solicitud.

Foto: Sunafil

Otro de los problemas detectados es que algunos empleadores están usando la razón social de sus microempresas para poner en suspensión perfecta a familiares o allegados, a fin de que accedan al bono asistencial, ofrecido por el Gobierno. Este subsidio fue dispuesto para los trabajadores suspendidos en medianas, pequeñas y microempresas, y cuya remuneración mensual no sea superior a los S/2.400.

El laboralista Tino Vargas añade que el desconocimiento sobre su aplicación ha llevado a algunas empresas que presenten múltiples solicitudes al ministerio. Además, refiere que no existe un marco legal para dar seguimiento a aquellas que son rechazadas, a fin de que cumplan con reintegrar a su personal y le abonen los meses impagos. Tampoco un mecanismo para impedir que el empleador se acoja a la suspensión perfecta y contrate otros trabajadores -en condiciones más precarias- para que desempeñe las mismas labores.

"Son varios los aspectos que han quedado a una zona gris. Por ejemplo, el empleador no puede recurrir a contratos de emergencia para poner como prioridad el retorno de empleados retirados durante el confinamiento. Tampoco se puso parámetros para evitar que los empleadores incluyan en la suspensión a personal de planilla, y que en la práctica seguir operando con trabajadores informales", añadió.

"Algunos empleadores están usando sus microempresas para poner en suspensión a familiares, a fin de que estos reciban el bono del Estado"

Mientras la Sunafil y el Ministerio de Trabajo no resuelvan, en última instancia, cada una de las solicitudes de suspensión, los trabajadores afectados no pueden acceder al bono estatal ni a su Compensación de Tiempo de Servicios (CTS). Tampoco al retiro excepcional de su fondo de pensiones, pues estos desembolsos exigen que el sector Trabajo haya emitido un documento que confirme la separación del empleado.

Incluso cuando este procedimiento se da por aprobado por el vencimiento de los plazos, es decir, a través del silencio administrativo positivo, no existe un mecanismo para que la AFP, los bancos y el seguro de salud se den por notificados y puedan validar la suspensión de un empleado. Son miles los que se encuentran en esta nebulosa del desempleo, sin poder acceder a un apoyo económico mientras buscan nuevos ingresos.

En tanto, el Ejecutivo ha ampliado el Estado de Emergencia hasta fin de año y, con ello, automáticamente se extiende la vigencia  de la suspensión perfecta de labores hasta el 6 de enero del 2021. En ese lapso, más empresas podrán seguir sumando sus solicitudes o prorrogar las existentes para mantener alejado a su personal de una planilla remunerada.

 

Pobreza se incrementará

Un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que, en el ámbito laboral, Latinoamérica fue la región más afectada del mundo, con una pérdida de 80 millones de empleos, equivalentes a una reducción de 33,5% horas de trabajo en este segundo semestre del año. Y en su estudio Perú: impacto de la COVID-19 en el empleo y los ingresos laborales, publicado en setiembre, añaden que el nivel de ingresos en Lima Metropolitana cayó en un 10.5%, lo que nos hace retroceder nueve años, a las cifras que se registraban el 2011.

Para tratar de amortiguar el impacto de la crisis, el Ejecutivo entregó bonos a las familias más afectadas, aprobó alivios tributarios y dispuso el subsidio del 35% de la planilla de las compañías que tienen a trabajadores con sueldos menores a S/1.500. Además, creó programas de apoyo financiero orientado a las empresas, con la esperanza de que estas continúen operativas y no apliquen reducciones drásticas de personal, como FAE Mype y Reactiva Perú.

La economista Paola del Carpio sostiene que la principal debilidad del empleo formal fue su alto porcentaje de contratos temporales y a plazo determinado. “La precariedad de nuestro crecimiento quedó en evidencia, pues si bien muchos peruanos habían dejado la condición de pobreza, se mantenían en un contexto de vulnerabilidad. La caída del empleo ha sido principalmente urbana y ha afectado más a las mujeres y a los jóvenes”.

Miguel Jaramillo, investigador principal de Grade, añade que para el 2021 los índices de pobreza se elevarán tanto como la tasa de informalidad, pues se ofertarán más empleos de corto plazo y de baja productividad, sin cobertura social y en condiciones inseguras. “La gente saldrá a hacer lo que pueda para traer dinero a casa. Hay que repensar en qué tipo de estructura queremos para nuestro mercado laboral, pues tener solo un 30% de formalidad no es aceptable para los estándares de la región”.

El experto refiere que la situación es más incierta en el sector formal, pues, antes de la pandemia, a los pequeños y medianos negocios ya les costaba cumplir las normas y costos laborales para mantenerse en estos márgenes. “Diez mil empresas pequeñas pueden quebrar y es como si no pasara nada. No tienen voz, representación ni fuerza laboral sindicalizada. Se necesita crear comités sectoriales para coordinar con ellos”, sostiene.

La última data disponible del INEI sobre desempleo corresponde a Lima Metropolitana, en el trimestre julio a agosto, y aunque aquí se mantienen las cifras negativas, se muestra una ligera recuperación por la reactivación de algunos sectores económicos. Pasamos de 16,4% en el trimestre mayo-julio, a 15,6% en junio-agosto. Esto significa que 1 millón 32 mil permanecen sin empleo en la capital.