Durante un debate electoral, Nidia Vílchez, exministra y ahora candidata al Congreso por el Partido Aprista fue cuestionada por los presuntos actos de corrupción que pesan en contra de exfuncionarios apristas durante el mandato del expresidente Alan García. En ese marco, rechazó esas acusaciones, y, como parte de sus argumentos, dijo lo siguiente: “En todo el proceso que le han llevado a cabo a Alan García nadie [le] ha imputado [...] ningún acto de corrupción”. Tras revisar los antecedentes de la investigación fiscal contra el exmandatario, OjoPúblico concluye que esta afirmación es engañosa. 

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La candidata Vílchez hizo esta afirmación para deslindar la implicancia del Partido Aprista y el exmandatario Alan García en el megacaso de corrupción Lava Jato, la estructura de sobornos que maquinó la empresa brasileña Odebrecht para adjudicarse obras de construcción con el aval de altos funcionarios del Estado. En ese sentido, cuestionó la presunta participación de García en esa trama y agregó: “por el contrario, e incluso, quienes hoy han declarado en Brasil no han dado ningún vínculo al presidente Alan García”.

No obstante, registros de las delaciones premiadas de los principales directivos de Odebrecht en Brasil y resoluciones del Poder Judicial demuestran que lo afirmado por la aspirante al Congreso no es preciso. 

En abril del 2019, la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios ordenó el arresto preliminar y allanamiento en contra del expresidente Alan García y otras exautoridades de su gobierno involucrados en el caso Lava Jato. En este documento, que recoge la acusación del Equipo Especial para el Caso Lava Jato, Alan García fue sindicado como líder de una organización criminal que favoreció y concentró con la empresa Odebrecht -en específico, con Jorge Barata, exsuperintendente de la empresa en Perú-, la licitación y construcción obras públicas como la Línea 1 del Metro de Lima (tramo 1 y 2) y del corredor vial de la Interoceánica Sur (IIRSA SUR tramo 2 y 3), en su etapa de ejecución.

Ahora bien, en el apartado 9.1 de la decisión judicial de la Corte, que justamente desarrolla las imputaciones contra otros 8 investigados más, García figura como presunto autor de los delitos de colusión agravada y lavado de activos que habría cometido cuando ejercía la Presidencia de la República (2006-2011). Contrario a lo afirmado por la candidata Vílchez, la documentación judicial indica que a Alan García se le atribuyó al menos dos delitos de corrupción en el marco del caso Lava Jato. 

Respecto a la primera imputación de delito de colusión agravada, la Fiscalía sostiene que Alan García habría establecido un marco normativo para beneficiar al Consorcio del Tren Eléctrico, conformado por Odebrecht y la compañía peruana Graña y Montero SA, mediante la modificación de los Decretos de Urgencia N°032-2009, N°034-2009, N°042-2009, N°063-2009, N°107-2009, N°117-2009, y los Decretos Supremos N°081-2010-EF y N°262-2010-EF. Estas modificatorias apuntaban a crear un proceso especial para “la preparación, gestión, administración y ejecución” de la obra que conecta el Callao con el centro de la ciudad. Además, como parte de las medidas para beneficiar a la empresa, se asignó la ejecución de la obra al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en ese entonces encabezado por Enrique Cornejo.

Como segunda imputación, la Fiscalía atribuyó a García la presunta comisión del delito de lavado de activos por presuntamente beneficiarse con dinero ilícito de Odebrecht, a través de intermediarios de su círculo amical y/o familiar. En primer lugar, menciona que García habría recibido US$ 100,000.00 procedentes de la División de Operaciones Estructuradas (la también denominada ‘Caja 2’) de Odebrecht, producto de un contrato simulado por el consultor de la empresa José Américo Spinola, del Estudio Spinola Consultoría Jurídica. Según reveló en su momento el medio digital IDL-Reporteros, Spinola confesó ante los fiscales peruanos que fue utilizado como un “instrumento” para encubrir el origen de dinero ilícito que había sido justificado como el pago a García por una conferencia de mayo del 2012 a la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp). En detalle, Spinola precisó que, a pedido de Marcos De Quiroz Grillo, exfuncionario de Odebrecht encargado de la ‘Caja 2’, suscribió el contrato a favor de García, con cláusulas falsas y el recibo fechado con antelación. 

Estas imputaciones de la Fiscalía están basadas en la documentación obtenida del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, la cual, a abril del 2019, constaba de 144 folios de registros de transferencias ilícitas de los sistemas encriptados MyWebDay y Drousys. En términos más específicos, la información analizada por la Fiscalía fue dividida en tres niveles: 

-En el primer grupo hubo pagos por US$ 100,000.00 dirigidos al codinome ‘APRA’ (US$ 40,000.00) y ‘Laque’ (US$ 60,000.00), este último asignado a Luis Alva Castro, exministro del segundo gobierno de García.

-En el segundo grupo, el hijo del exsecretario de García, José Antonio Nava (‘bandido’), figura como el receptor de los pagos ilícitos del Tren Eléctrico por un total de US$471,302.00. 

-El tercer grupo de documentos señala que, en el periodo 2006-2008, Luis Nava, exsecretario de Alan García habría recibido US$ 4'084,184.62 de forma fraccionada a través de terceros, debido a que parte de esos fondos ilícitos, US$ 1'312,000.00, fueron transferidos por la empresa Odebrecht a la sociedad offshore Ammarin Investment Inc., representada por el empresario Miguel Atala, y su hijo, Samir Atala.

La resolución también da cuenta que Luis Nava Guibert, y su hijo, José Antonio Nava recibieron US$ 4'555,468.62, monto que, a decir de la Fiscalía, en su “totalidad o parte” habría obtenido Alan García. Del documento se desprende que, entre el 2006 y 2010, hubo transferencias financieras de la ‘Caja 2’ por un monto de US$ 5 millones con las denominaciones APRA correspondiente al Partido Aprista Peruano, ‘bandido’ a José Antonio Nava y ‘Chalan’ a Luis Nava, exsecretario de Alan García. 

En el apartado 50 del documento, el Equipo Especial para el Caso Lava Jato refuerza su tesis de la vinculación entre Alan García y la empresa Odebrecht con un extracto de la confesión que brindó Marcelo Odebrecht en el interrogatorio del 9 de noviembre 2017 en Curitiba, Brasil: 

No solo apoyábamos al partido oficialista sino también a la oposición [...], entonces yo diría que, con toda seguridad, a pesar de no tener la información precisa, de no poder afirmarlo, pero digo, con toda seguridad que nosotros apoyamos a Alan García y, cómo se dio eso, y de qué forma, ahí en el caso de Alan García, como es de la época en que estaba Barata, es Barata, con seguridad, quién va a poder ser más específico en este punto

En el mismo sentido, la Fiscalía también sumó la declaración de Jorge Barata, exsuperintendente de la constructora brasileña, correspondiente al interrogatorio del 25 de febrero del 2018: 

[...] (Barata): Se entregó dinero a todos los presidentes de la República. Se entregó dinero al presidente de la República Alejandro Toledo para su campaña. Se entregó dinero para el presidente Humala Tasso. Se entregó dinero para el presidente Alan García. Se entregó dinero para el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Y se entregó dinero para la candidata Keiko Fujimori [...]".

Previamente, en noviembre de 2018, el Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, que decidió restringir la salida del país a García, también acogió los mismos actos acusatorios del Equipo Especial Lava Jato, y estableció: “existen suficientes elementos de convicción que amparan los hechos ilícitos que viene investigando el señor fiscal”. En el séptimo fundamento del documento, el juez Gustavo Gómez indica que la Fiscalía acreditó el impedimento de salida del país contra el exmandatario, con “los contratos de prestación de servicios, el recibo de pago, los correos electrónicos” que entregó la empresa Odebrecht en cumplimiento del acuerdo de colaboración eficaz. 

Al respecto, el fiscal del Equipo Especial para el Caso Lava Jato, Rafael Vela, explicó a OjoPúblico que antes de que las investigaciones contra García se archiven por su fallecimiento, existían imputaciones en su contra por los presuntos casos de corrupción en el financiamiento de su campaña en el 2006, la construcción del Tren Eléctrico y la simulación del contrato con Spinola, tal y como figuran en el pedido de detención preliminar que describimos en líneas anteriores. Asimismo, señaló que hay mucha información de los sistemas encriptados de la empresa Odebrecht y de los colaboradores eficaces que han permitido establecer la estructura de organización criminal que habría encabezado García. “Sí hubo una imputación. En realidad, de varias operaciones de los sistemas Drousys y My web day había hasta tres aristas en la investigación”. 

Consultada para esta verificación, la candidata Nidia Vílchez, a través de un documento enviado por su área de prensa, dijo que los señalamientos de corrupción contra Alan García no han sido corroborados y tampoco hay sentencia ni acusación final por esos cargos. “El fiscal Pérez inventó imputaciones fácticas que nadie había señalado y menos comprobado. Alan García nunca ha sido sindicado por ningún funcionario de Odebrecht no tiene codinome, menos aún cuentas con depósitos de Odebrecht”. 

Sin embargo, aunque las investigaciones contra el exmandatrio García se encontraban en fase preliminar, existen varios elementos de convicción y también imputaciones por dos presuntos delitos de corrupción que en obras de infraestructura más importante del país. E incluso, fueron tomados como base en fallos judiciales como el impedimento de salida del país y la detención preliminar. 

De acuerdo a lo expuesto, OjoPúblico concluye que la afirmación de la candidata al Congreso por el Partido Aprista Nidia Vílchez, respecto a que en todo el proceso seguido contra el expresidente Alan García, nadie [le] ha imputado ningún acto de corrupción, es engañosa.