El Ministerio Público inició hoy la operación de incautación de la vivienda del expresidente Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia, así como de otros cuatro inmuebles vinculados a la investigación contra la expareja presidencial. La casa de Humala se ubica en el jirón Fernando Castrat en Surco.

Según voceros del Ministerio Público, los bienes han sido adquiridos con dinero presuntamente ilícito, por lo que pasarán a manos del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi). El operativo, dirigido por el fiscal Germán Juarez, está relacionado a la investigación por lavado de dinero procedente de las constructoras Odebrecht y OAS, y el gobierno de Venezuela.

Además de la casa de Humala y Heredia en el jirón Castrat, también se intervinieron los siguientes inmuebles ubicados en avenida Loma Hermosa (Surco), Jr. Velero (La Molina), calle Los Safiros (La Victoria) y en Lurín. Todos relacionados a dicha investigación. 

La fiscalía también solicitó incautar tres vehículos de Antonia Alarcón, madre de Nadine Heredia; uno de Rocío Calderón Vinatea; amiga de la esposa de Humala; y otro del Partido Nacionalista Peruano; y catorce cuentas bancarias en el BBVA Continental, Scotiabank, Interbank y Banco de Comercio.

Según el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre las cuentas de Heredia, la compra de la casa de Surco no se encuentra justificada. Después de la campaña electoral del 2006, Heredia acudió al Banco de Crédito del Perú (BCP) para obtener un crédito hipotecario con el objetivo de comprar una casa en la urbanización Chama (Surco) valorizada en US$160 mil.

Para justificar el pago del préstamo, Heredia entregó al BCP copias de los contratos con Centros Capilares –empresa del empresario Martín Belaúnde Lossio–, el diario venezolano Daily Journal y con Arturo Belaúnde Guzmán. La UIF determinó en su momento que esos contratos fueron ficticios.

Esta operación ocurre a pocos días de que la expareja presidencial saliera de prisión, luego que el Poder Judicial revocara el mandato de detención preventiva en el marco del proceso por blanqueo de capitales.