Viernes, 01 Dic 2017

Fiscalía pidió detención de uno de los principales accionistas de El Comercio por Caso Lava Jato

José Graña Miró Quesada es uno de los accionistas más importantes del grupo El Comercio y de Graña y Montero. Pedido de prisión preventiva es por presunto aporte de US$15 millones al expresidente Alejandro Toledo.
SOCIO DE ODEBRECHT. Graña Miró Quesada es investigado por colusión y lavado de activos. /Andina

Esta mañana el equipo especial del Ministerio Público a cargo de las investigaciones del Caso Lava Jato pidió orden de prisión preventiva contra José Graña –importante accionista del grupo El Comercio, la constructora Graña y Montero, y exdirectivo de Telefónica del Perú y el Banco de Crédito– y cuatro representantes más de las empresas consorciadas con Odebrecht. Estas constructoras habrían aportado US$15 milones para el pago de sobornos al expresidente Alejandro Toledo para la concesión de los tramos 2 y 3 de la interoceánica Sur.

Graña, junto a su familia cercana, controla el 11% de las acciones del grupo El Comercio. En su declaración ante la Comisión investigadora del caso en el Congreso, el empresario negó haber participado del pago de coimas a políticos.

Tras nueve meses de investigación preliminar, la fiscalía presentó un pedido de prisión preventiva que apunta a detener a Gonzalo Ferraro Rey, ex presidente ejecutivo de Graña y Montero; Hernando Alejandro Graña Acuña, ex director de la constructora Graña, Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone, presidente de JJ Camet Contratistas Generales S.A. y José Fernando Castillo Dibós, director gerente general de ICCGSA. Los empresarios son investigados por los delitos de colusión agravada y lavado de activos.

La audiencia ha sido fijada para el domingo 3 de diciembre. Estará a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho.

La Procuraduría Ad hoc para el Caso Lava Jato también presentó un pedido ante Concepción Carhuancho para incluir a las empresas Graña y Montero, JJ Camet Contratistas e ICCGSA como terceros civilmente responsables por daños al Estado. Si el pedido prospera, serán incluidas de forma solidaria en la reparación preliminar por S/200 millones.