La administración del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) enfrenta a los ministerios de Cultura y Justicia. El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, plantea que el espacio pase a su cartera, mientras que por medio de una carta abierta, publicada en sus redes sociales, cuestiona el papel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la justicia supranacional.
En el programa OjoPúblico En Vivo, bajo la conducción de Gladys Pereyra, editora general de OjoPúblico, la diputada por el Partido del Buen Gobierno, Rossana Alayza Maccera, defendió la permanencia del LUM bajo la administración del sector Cultura e incluso solicita más presupuesto para mejorar este espacio.
Ante los cuestionamientos de algunos sectores sobre al supuesto sesgo en el contenido de la muestra en el LUM, la diputada sostuvo que "no es un espacio de adoctrinamiento ni un espacio de oda".
"Es un espacio histórico y la historia tiene diferentes momentos y situaciones. Lo primero que ves cuando ingresas al LUM son las urnas electorales que Sendero Luminoso quemó en la localidad de Chuschi. Más adelante, se ve el uniforme de un integrante de las Fuerzas Armadas que también fue asesinado por Sendero Luminoso. Entonces, no se le puede considerar [al LUM] como un espacio de apología ni de celebración", dijo.
Respecto a la lucha contra la inseguridad y crimen organizado, la congresista aseguró que desde su bancada revisarán todas las leyes denominadas procrimen y pedirán acciones concretas respecto al plan del gobierno de Keiko Fujimori en materia de seguridad. "El premier Galarreta hizo una presentación llena de lugares vacíos. Pienso que Fuerza Popular, al tener la experiencia que ha tenido como oposición mayoritaria en 2016, deberían ser más articulados en estrategias más específicas", añadió Rossana Alayza.
A la consulta sobre el aporte de dinero que deben realizar los congresistas al partido del Buen Gobierno, la legisladora afirma que todos los miembros de su bancada están de acuerdo con la medida. "Si alguno [de los congresistas] se quiere abrir y ya no quiere pagar, se tendrá una conversación y se llegará a un entendimiento. Tampoco vamos a cogotearlo para que tenga que pagar. Pero, hasta el momento, todos estamos", puntualizó.
El programa en vivo también abordó las tensiones en torno a la protección de derechos y la salud sexual y reproductiva. El diputado de Renovación Popular, Christian Aranda, solicitó a un hospital de Abancay información clínica sobre una gestante que accedería a un aborto terapéutico. Este procedimiento está permitido en el Perú desde hace más de cien años, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o evitar un daño grave y permanente en su salud.
Sobre este tema, la fundadora y directiva del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), Susana Chávez, cuestionó de que el diputado haya vulnerado la protección de datos personales de la paciente y se la someta a una persecución por un procedimiento legal. "La fiscalización de los congresistas no puede chocar con la privacidad de las personas", aseguró.
"Yo espero que este caso sea llevado a la Comisión de Ética [del Congreso] porque es la única manera que los congresistas aprendan a ser absolutamente responsables de sus actos", agregó.
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