Ministros de Fujimori se reúnen con empresarios y mineros con intereses en cambios normativos del Ejecutivo

El viernes 21 de agosto, el ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli Ruiz, destacó que la Fundación Romero haya donado 300.000 galones de diésel —valorizados en S/7 millones— para las maquinarias que realizan trabajos de descolmatación en el río Piura como prevención ante el fenómeno de El Niño.

Tres días después, el mismo ministro, que encabeza la respuesta del gobierno de Keiko Fujimori ante la emergencia por El Niño, anunció una reforma que es apoyada por esta fundación y que ha despertado interés en todo el sector empresarial: el Poder Ejecutivo emitirá un decreto de urgencia para modificar la Ley de Obras y Servicios por Impuestos para reducir de seis meses a 15 días los plazos de adjudicación de estos proyectos. Su propuesta también fue respaldada por el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa.

El Ejecutivo emitirá un decreto de urgencia para modificar los servicios por impuestos".

El anuncio no es un hecho aislado. OjoPúblico identificó que los ministros Vinelli Ruiz y Belaúnde Llosa se reunieron, en este primer mes del gobierno de Fujimori, con representantes del Grupo Romero, la Fundación Romero y de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) antes de anunciar su propuesta para agilizar las obras y servicios por impuestos. La AGAP también ha mostrado públicamente su disposición a ejecutar proyectos mediante este mecanismo.

ENCUENTROS. En medio de reuniones con empresarios, los ministros Marco Vinelli y Rafael Belaúnde instalaron la Comisión de Gestión de Riesgo frente a El Niño.

Foto: Midagri 

Este medio analizó también las reuniones de otro sector clave del Ejecutivo que ha anunciado cambios normativos: el Ministerio de Energía y Minas. Su titular, Guillermo Shinno Huamaní, se reunió, entre el 12 y 18 de agosto, con representantes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) y de la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe), cuando faltan cuatro meses para el vencimiento de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

OjoPúblico identificó que en este encuentro participaron seis mineros informales. Dos semanas después, tras el pedido de la bancada de Juntos por el Perú (JP) para interpelarlo, Shino Huamaní dijo en Canal N que el Poder Ejecutivo evalúa prolongar el Reinfo después del 31 de diciembre para 30.000 empadronados. Se trataría de la sexta vez en nueve años que se amplía este registro pese a que se trata de un mecanismo que facilita el lavado de oro de origen ilegal.

Los encuentros de Vinelli y Belaúnde 

Una semana después de haber asumido el cargo, el 7 de agosto, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, recibió en su despacho al economista Juan Manuel Benites Ramos, quien asistió en representación de la Fundación Romero.

Belaúnde Llosa confirmó a OjoPúblico la realización de esta reunión –en la que también participó una representante del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci)– y que el Ejecutivo emitirá un decreto de urgencia para modificar los plazos de los servicios por impuestos.

Ante la pregunta sobre qué medidas adoptará el Poder Ejecutivo para evitar sobrecostos u otras eventuales irregularidades en las adjudicaciones de proyectos luego de la emisión de este decreto, el titular de Defensa dijo que será “fácil de controlar”. “Como son trabajos básicamente de descolmatación, hay que tener una línea de base. Los costos unitarios de mover un metro cúbico están estandarizados. Es muy fácil de controlar”, respondió. 

Esa no fue la única visita de Benites Ramos, quien también fue ministro de Agricultura en el gobierno de Ollanta Humala, con un integrante del actual gabinete. El 14 de agosto, se reunió con el ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli Ruiz. En el encuentro también participaron Martín Pérez Monteverde, director ejecutivo de la Fundación Romero, y Manuel Vicente Viteri Valiente, del Grupo Romero. Este último ya se había reunido con Vinelli Ruiz dos días antes, el 12 de agosto, según el registro de visitas del Midagri revisados por este medio.

En una entrevista en Canal N, del martes 25 de agosto, Pérez Monteverde aseguró que el sector empresarial está a la espera del decreto de urgencia que permita usar un mecanismo rápido de servicios por impuestos.

CONVENIO. La Fundación Romero también donó S/16 millones para atender el río Piura ante los efectos de El Niño.

Foto: Facebook del Midagri

Consultado por OjoPúblico, Pérez Monteverde reiteró que la fundación está a favor de una modificación de ese tipo, pero insistió en que su organización tiene fines filantrópicos y no contratan con el Estado. Hasta el momento han donado S/16 millones a distintas instituciones en el marco de las acciones para mitigar efectos de El Niño. 

Sobre el Grupo Romero y un eventual interés en acceder al mecanismo de obras y servicios por impuestos, el director ejecutivo de la Fundación Romero añadió que “no tienen constructoras ni empresas ejecutoras que brinden este tipo de servicios”, pero que, de decidir hacerlo, se ajustaría al marco normativo. 

Belaúnde Llosa confirmó que se reunió con un representante de la Fundación Romero".

“Nosotros tenemos empresas que producen alimentos, mantecas, aceites, energía, etc. Por tanto, no existe ningún interés comercial detrás de esta labor. [...] Al día de hoy no hemos decidido ampliar nuestro apoyo a través de OXI o Servicios por Impuesto. Y sí en algún momento lo decidiéramos lo haríamos dentro del marco normativo que corresponde”, señaló.

El viernes 14 de agosto, el ministro Vinelli Ruiz también se reunió con los empresarios Jorge Rodrigo Barrenechea Cabrera, quien asistió a este encuentro a nombre de la ProHass, empresa que integra la Asociación de Productores Agrarios del Perú (AGAP). 

Barrenechea Cabrera formó parte del equipo de transferencia de Fuerza Popular para el Ministerio de Desarrollo Agrario. Según el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), también es asesor de las empresas agroexportadoras Camposol, Danper, Pianasa y Agrovisión, y director de Pepas Tropicales.

ACERCAMIENTO. El ministro Marco Vinelli también se reunió con representantes de la AGAP, que espera cambios en la norma de servicios por impuestos.

Foto: Facebook de AGAP

En 2025, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) sancionó a esta empresa con una multa de 1,1UIT (S/ 5.500) por haber utilizado sin autorización agua proveniente de la filtración Virgen de las Mercedes. 

Diez días después de esta reunión, a través de un comunicado,  la Asociación de Productores Agrarios del Perú (AGAP) comunicó que sus gremios asociados y empresas agrarias destinarán S/108 millones a través de donaciones, obras y servicios por impuestos por el fenómeno de El Niño. Al día siguiente, esta asociación publicó en su cuenta de Facebook una fotografía de un encuentro que sostuvieron con el ministro de Desarrollo Agrario.  

Este medio le escribió y llamó por teléfono al director de AGAP, Gabriel Amaro Alzamora, pero no respondió al cierre de este informe. También se solicitó los comentarios del ministro Vinelli Ruiz. Tampoco hubo respuesta.

En una entrevista en RPP, el miércoles 26 de agosto, Amaro Alzamora respondió que lo que falta para agilizar los servicios por impuestos ante la emergencia por el fenómeno de El Niño es la publicación de la norma que prepara el Ejecutivo para acortar los plazos. “Con esto ya tendríamos claridad sobre cómo usar este mecanismo”, dijo. Entre los proyectos en los que este sector empresarial podría invertir, agregó, se encuentran la descolmatación de canales de irrigación y la limpieza de ríos.

La controversia de los servicios por impuestos

Laureano del Castillo Pinto, director ejecutivo de CEPES, explicó a OjoPúblico que uno de los sectores más afectados por el fenómeno de El Niño será la agricultura. En medio de esta emergencia, agregó, los más perjudicados serán los pequeños productores, quienes, a diferencia de las empresas agroexportadoras, no tienen la capacidad financiera para obras de prevención. 

Aunque todavía es una incógnita de qué manera las empresas agroexportadoras pueden participar de los servicios por impuestos, Del Castillo advierte que la norma tampoco les cierra la puerta. 

“La lista de posibilidades es amplia. Ellos pueden financiar y alguna entidad privada relacionada a ellos puede ejecutar el servicio. Por ejemplo, también pueden dar asesorías y comprar productos a pequeños agricultores y asegurarse luego de tener provisiones”, dijo a OjoPúblico. 

Del Castillo explicó que uno de los sectores más afectados por el fenómeno de El Niño será la agricultura".

Para Martín Cabrera Marchán, especialista en gestión pública, la reducción [del plazo de ejecución de los servicios por impuestos] que propone el ministro Vinelli Ruiz puede abrir puertas a problemas técnicos o de corrupción porque impacta en la capacidad de control de la Contraloría. 

“Y se puede sacrificar la recaudación. Hay que estar seguros de que los beneficiarios con este mecanismo sí van a cumplir al 100% con todo. Si no lo cumplen y lo hacen mal y no te ayudan a cerrar la brecha, en el futuro vas a perder esos recursos”, explicó.

PEDIDO. El proyecto de facultades legislativas del gobierno de Keiko Fujimori contempla modificar la norma sobre obras y servicios por impuestos.

Captura de documento

Vlado Castañeda Gonzales, especialista en gestión pública, añadió que en este escenario “la Contraloría debe prepararse para ejecutar el control concurrente y posterior”. 

“Por más que sean servicios por impuestos, esos recursos [con los que las empresas ejecutarán los proyectos] son públicos. Tarde o temprano, si no hubiese este mecanismo, estos irían como parte de la recaudación tributaria”, refirió.

Aunque la Contraloría ha venido publicando auditorías sobre el desempeño de gobiernos regionales y locales y de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) sobre los proyectos para el fenómeno de El Niño, no se pronunció sobre este tema al cierre de este informe. 

El gobierno y el Reinfo

Otro ministro que tampoco ha respondido a OjoPúblico sobre las visitas que recibió en su despacho es Guillermo Shinno Huamaní, de Energía y Minas. El 12 de agosto tuvo un encuentro con representantes de la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe). Tres de ellos —Alfonso Barranca Denegri, César Huallca Inca y Roger Arenas Quispe— están inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). 

Barranca Denegri registra actividades extractivas en Ica y Ayacucho; Huallca Inca, en Canta (Lima); y Arenas Quispe, en Barranca, aunque su inscripción se encuentra suspendida.

Seis días después, el titular de Energía y Minas recibió a los representantes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin). Tres de ellos también tienen registro vigente en el Reinfo: Máximo Adolfo Franco Becquer (presidente de esta organización), Darwin Arias Mendoza y Ubaldo Rivero Chahuayo, quienes registran actividades en Arequipa, Cusco y Huancavelica respectivamente. 

ENCUENTRO. Antes de anunciar que evaluará la ampliación del Reinfo, el ministro Guillermo Shinno se reunió con mineros informales.

Foto: Facebook del Ministerio de Energía y Minas

Días más tarde, el martes 25 de agosto, el titular de Energía y Minas anunció que su cartera no descarta ampliar la vigencia del Reinfo luego del 31 de diciembre de este año para 30.000 empadronados. Esta propuesta fue realizada en medio de una moción de interpelación que el partido político Juntos por el Perú (JP) presentó en su contra. 

Aunque la presidenta Keiko Fujimori Higuchi ha sostenido que no cederá a las presiones de los mineros informales sobre este asunto, tampoco rechazó la propuesta de Shinno Huamaní. “Confío en el criterio técnico del ministro”, dijo el viernes 28 de agosto.

Si bien la ampliación del Reinfo se realiza a través de una ley, que deberá ser aprobada por el Senado, estos encuentros reflejan que la minería informal tiene acercamientos con el Poder Ejecutivo y el Congreso. 

“Vivimos un círculo vicioso de impunidad con mineros del Reinfo y autoridades que les facilitan el camino [...]. Ha sido y será una constante por el poder político de contactos y económico que tienen”, enfatizó César Ipenza, abogado especializado en delitos ambientales, a OjoPúblico.