Tres días antes de la Nochebuena del 2017, empresarios vinculados a la gestión del agua en diferentes países se reunieron en el Roca Madrid Gallery, en España, para participar de los Premios iAgua, un evento que reconoce las mejores prácticas comunicativas en el sector del agua. Aquella noche, la empresa encargada de que este recurso sea adecuadamente usado y distribuido en el Perú, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), obtuvo el galardón a la Mejor Administración Pública Latinoamericana.

“Un aspecto fundamental para la gestión del agua en el Perú es la administración de su información. Información que estamos tratando de sistematizar de tal manera que sea accesible a todos los usuarios”, dijo el entonces jefe del ANA, Abelardo de la Torre. La noticia -destacada como un logro por el gobierno- hubiese sido importante si no fuera porque los meses previos la autoridad negaba la entrega de información sobre la gestión del recurso.

Además, iAgua, el anfitrión del premio, es un espacio digital que reúne artículos de profesionales y empresas, sobre servicios, capacitaciones y demás temas vinculados al sector. Según su propia web, los ganadores son elegidos por la “popularidad” que alcanzan dichos textos en su portal y redes sociales.

Solo en el último año la ANA rechazó cuatro pedidos de información presentados por Ojo-Publico.com al amparo de la Ley Nº 27806, para conocer detalles sobre las 43 principales compañías a las que le entregaron licencias para explotar agua en el Perú. El objetivo de las solicitudes era saber cómo las fiscalizan, cuánta agua consumen estas empresas para atender sus actividades y cuánto pagaron al Estado como retribución por usar un bien público. Pero la ANA insistió en el silencio. No aceptó los pedidos de información ni las solicitudes de entrevista que hicimos desde abril.

 

Dueños con licencia

Como parte de la serie investigativa “Los dueños del agua”, Ojo-Publico.com construyó – en base a las resoluciones de autorización de la ANA– una base de datos con los 492.360 derechos de extracción del recurso que el Estado entregó a 231 mil usuarios durante las últimas cinco décadas.

El análisis de estos registros permitió identificar a 43 empresas privadas que concentran el mayor número de permisos para capturar y controlar este recurso público. Se trata de agroexportadoras, azucareras, mineras, embotelladoras e industrias que en determinadas regiones concentran los permisos de uso del agua.

Cada uno de los 231 mil usuarios registrados, entre personas y empresas tiene de 1 a 8 derechos para extraer agua de ríos, quebradas y acuíferos en todo el país. Sin embargo, solo este grupo de 43 empresas concentra 5.460 licencias de vigencia indefinida, autorizaciones bianuales y permisos temporales para explotar este bien público; incluso en territorios con riesgo de sequía o en pueblos marcados por conflictos por el agua.

 

 

El análisis de la data desmenuza los derechos otorgados al sector agrícola, minero e industrial, y excluye a las compañías estatales, las actividades hidroeléctricas que devuelven el agua usada, las licencias destinadas temporalmente a empresas constructoras, y las de uso doméstico o poblacional otorgadas a administradoras de servicios de saneamiento, como Sedapal y similares.

Las licencias de agua con fines agrarios representan el 93% de todas las autorizaciones aprobadas por el Estado en este tiempo, las cuáles están en manos de 216 mil usuarios. Pero quienes lo poseen en mayor número no son agricultores, juntas de riego o comunidades campesinas, sino 8 agroexportadoras y azucareras que, a su vez, lideran el selecto grupo de 43 empresas con el mayor número de derechos identificadas por Ojo-Publico.com.

Se trata de las exportadoras de frutas y hortalizas Complejo Agroindustrial Beta, ProAgro, Cayaltí, Laredo y Agrícola Rapel; y las azucareras Paramonga, del Grupo Wong; y San Jacinto y Casa Grande, del Grupo Gloria. Ellas controlan el agua de la costa desértica del Perú a través de 3.828 puntos de captación que le fueron otorgados, desde Ica hasta Piura, y que en un 60% se ubican en lo que debería ser la última reserva de agua dulce de la población: los acuíferos.

 

 

Estas compañías cuentan con tecnología y recursos para excavar más de 10 metros bajo tierra e instalar pozos tubulares o de tajo abierto en la costa de Morropón, Barranca, Chiclayo, El Santa e Ica, región donde el agua subterránea está al borde de la extinción. La crisis hídrica obligó al Estado a declarar la veda desde el 2006 para prohibir la excavación de nuevos pozos, pero, según la data que analizamos, luego de ese año se emitieron 138 resoluciones sobre derechos de agua. 

En esta región desértica, son 63.475 las personas que según el Ministerio de Vivienda no tienen acceso al agua potable; sin embargo, las dos principales agroexportadoras, Agroindustrial Beta y ProAgro, tienen autorización para extraer cada año 53.578 millones de litros de agua para regar sus cultivos. Solo el 4% del volumen que estas utilizan sería suficiente para atender las necesidades básicas de esta población.  

Intentamos comunicamos, por teléfono y correo electrónico, con las empresas Agroindustrial Beta y Procesos Agroindustriales (ProAgro) para coordinar entrevistas con sus voceros, pero solo la primera respondió y dijo que sus directivos tenían la agenda llena y no podrían atendernos.

El resto de derechos totales de agua que entregó el Estado en las últimas cinco décadas se distribuyen en uso poblacional y doméstico (4,6%), bajo el control principal de municipalidades, juntas administradoras y empresas de servicios de saneamiento; seguidos de las licencias con fines industriales (0,6%) y mineros (0,3%).

 

 

Para Jorge Benites, ingeniero agrícola y exdirector de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos de la ANA, la inequidad en el acceso al agua en el Perú se debe a la ineficiencia e informalidad en su uso, pero también a dos factores poco analizados: el impacto empresarial en el uso intensivo de este recurso.

“Las cifras oficiales nos muestran que el uso de agua se concentra en la agroexportación, y una parte muy pequeña lo emplea la industria y la minería. Pero esa sola lectura puede ser errónea, pues, mientras el impacto que ocasiona el sector agroexportador deriva de los enormes volúmenes que usan; en el sector minero y petrolero lo que se debe analizar es de dónde extraen el recurso. Las concesiones mineras y petroleras se sobreponen con las fuentes de agua de las cabeceras de cuenca, por eso, lo que ocurra con ella traerá consecuencias a todos los que dependen de este recurso cuesta abajo”, señaló.

 

Monopolio minero

Entre las 43 empresas que concentran el mayor número de licencias de extracción, las mineras aparecen en segundo lugar. Según el ranking elaborado por Ojo-publico.com, son 20 las compañías que poseen derechos sobre 980 puntos de captación de agua para el procesamiento de sus minerales, suprimir el polvo en los caminos y cubrir las necesidades de sus campamentos.

De estos, 141 son derechos para extraer el recurso directamente de los acuíferos y fueron entregados a las mineras Las Bambas, Yanacocha, Southern Perú, Barrick y Antapaccay en Cajamarca, Cusco, Áncash y Moquegua, respectivamente. Estas regiones presentan conflictos ambientales y, según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), se encuentran en permanente riesgo de sequía.

El 50% de las licencias otorgadas a estas 20 mineras se ubican en quebradas, ríos y lagunas de Cajamarca, Cusco y Apurímac, regiones del país que tienen un largo historial de conflictos con la industria extractiva.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, estos departamentos registran 23 protestas socioambientales motivadas por el inadecuado acceso y calidad de sus fuentes de agua, el recorte de sus derechos y tierras comunales, y el incumplimiento de acuerdos adoptados por las empresas cuando estaban en fase de exploración.

La región donde el Estado distribuyó el mayor número de licencias de agua para la minería es Cajamarca, y la principal empresa beneficiada es Yanacocha, propiedad de la estadounidense Newmont y de la peruana Buenaventura, presidida por Roque Benavides. De los 195 derechos que se entregaron en este departamento, 142 son de Yanacocha, y 73 incluyen agua subterránea.

 

El 2011, esta multinacional se vio forzada a paralizar su proyecto Conga luego de los enfrentamientos entre los comuneros y la policía que dejaron 129 heridos y 5 muertos. Esta región tiene a 250 mil habitantes rurales sin acceso a agua potable.

Según el informe Gestión del Agua en Yanacocha, elaborado por la misma empresa, cada año esta minera usa 2 mil millones de litros de agua para atender las operaciones de sus 13 tajos abiertos, todos ubicados en las cabeceras de cuenca de la quebrada Honda y los ríos Chonta, Mashcón y Rejo. Su producción actual es de 500 mil onzas de oro anuales, y acaban de anunciar la ampliación de sus operaciones con el proyecto Quecher Main, un depósito aurífero y cuprífero que explotarán hasta el 2027 y se enfocará en extraer el mineral de óxido restante en Yanacocha.

La región donde se otorgaron más licencias de agua para la minería es Cajamarca

Las otras dos mineras que pueden disponer del agua de Cajamarca son la anglo-australiana Río Tinto, con su proyecto de cobre La Granja, que está en fase de exploración; y Gold Fields La Cima, filial de la sudafricana del mismo nombre y productora de oro desde el 2008 con la mina Cerro Corona. Ambas tienen 36 y 14 licencias, respectivamente.

Esta posesión se repite en el sur del país, puntualmente en Cusco y Apurímac. Si bien 11 mineras tienen licencias para extraer el recurso, en ambas regiones hay un usuario común: Las Bambas. Bajo el nombre de este proyecto minero se tramitaron 108 derechos en Cusco y 60 en Apurímac, sin contar con 42 adicionales que se obtuvieron bajo las razones sociales de Antapaccay y Xtrata Tintaya; todos proyectos mineros vinculados a la gigante suiza Glencore.

 

Hasta el 2013, Xstrata Copper era dueña de Las Bambas (Apurímac), Antapaccay y Tintaya (Cusco). Ese año fue absorbida por Glencore, la cual se vio obligada a desprenderse del primero, y venderlo a la china MMG Limited, para no ser acusada de controlar la producción y venta mundial de cobre. El traspaso de capitales no vulnera la titularidad indefinida de las licencias de agua que obtienen las empresas, porque la Ley de Recursos Hídricos les permite mantener o actualizar a sus usuarios con solo presentar un escrito a la ANA y esperar que esta lo formalice.

Las Bambas respondió por escrito que solo tiene 4 licencias de uso minero, todas en el distrito de Challhuahuacho, en la provincia de Cotabambas. Sin embargo, no pudieron indicar si esto corresponde solo a la posesión de derechos que tramitó su actual matriz MMG, o también la que obtuvo la minera con sus razones sociales anteriores.

Además, información adicional que sí fue enviada por la misma ANA para este reportaje indica que, solo en la Autoridad Local de Agua (ALA) Medio Apurímac Pachacaca, en Apurímac, esta empresa tiene 11 resoluciones administrativas que le dan acceso al mismo o mayor número de puntos de extracción. Nuestra base de datos, con información histórica, le atribuye 74 licencias, autorizaciones y permisos en esta cuenca.

"En las operaciones de Las Bambas se monitorea de manera periódica la cantidad y calidad del agua que se utiliza, sin poner en riesgo el abastecimiento proveniente de las fuentes de agua que se destinan al consumo familiar o que resultan necesarias para las comunidades o entornos aledaños. Cabe señalar que la planta procesadora de cobre recupera hasta el 95% de agua, para nuevamente reutilizarla en el proceso minero", agregó la empresa.

En abril último, el Frente de Defensa de Cotabambas, el Consejo Regional de Apurímac y la ONG Cooperacción presentaron un listado de observaciones a los cambios en el EIA que pretende hacer MMG Limited en Las Bambas porque argumentaron que el cálculo del impacto hídrico que tendría el inicio de sus operaciones se ha hecho con información desactualizada. La empresa indicó que ello no es exacto, pues la evaluación de los impactos hídricos se realizó con datos que van del 2006 al 2017.

En el ranking de mineras que forman parte de los 43 dueños del agua encontramos a Buenaventura, accionista de Yanacocha. De acuerdo a nuestro análisis, esta empresa tiene 86 licencias de uso distribuidas en seis proyectos de cobre (Apurímac, Piura y Cajamarca), plata (Cerro de Pasco), oro (Moquegua) y zinc (Pasco), y diez unidades productivas operadas por ellos en Arequipa, Cajamarca, Lima, Huancavelica y Pasco.

Southern Perú, filial del Grupo México, tiene 64 derechos para extraer agua.

El conflicto más reciente que afronta la empresa están relacionadas a las operaciones de exploración de su proyecto Gaby, en Arequipa. Los comuneros temen que se afecte la cabecera de cuenca que proviene del nevado Surihuiri.

En la lista también aparece Southern Perú, filial del multimillonario Grupo México, con 64 derechos para extraer agua en Moquegua, Tacna y Apurímac. Doce de ellas se ubican en acuíferos y tres son licencias para extraer agua de mar, las cuales están relacionadas al suspendido proyecto Tía María.

El resto de permisos corresponden, principalmente, a sus minas de cobre Cuajone y Toquepala. Sin embargo, el 20 de febrero, Southern ganó la licitación de Michiquillay, en Cajamarca, un proyecto que espera producir 225 mil toneladas de cobre al año y para los cuales aún no tiene licencias o autorizaciones de agua a su nombre.

Cuatro de las regiones donde Buenaventura y Southern desarrollan sus actividades (Arequipa, Huancavelica, Tacna y Moquegua) se encuentran en riesgo de déficit hídrico y, según un estudio realizado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), para el año 2050 la disponibilidad de agua en sus ríos y cuencas se reduciría en 48% respecto a lo que circula hoy.

 

Cifras en la sombra

El último grupo identificado en la data obtenida por Ojo-Publico.com son las industrias, las cuales concentran 434 derechos sobre fuentes de agua superficial y subterránea. Aquí están las embotelladoras de agua, gaseosa y cerveza Backus, Lindley y Ajeper, que obtuvieron 43 registros para capturar agua subterránea de pozos ubicados, principalmente, en Lima y Maynas.

Son 15 compañías, entre las que también encontramos a Alicorp y Palmas del Shanusi, comercializadoras de alimentos y aceite de palma, propiedad del Grupo Romero; las subsidiarias de la petrolera Pluspetrol; y las pesqueras: Exalmar, del mismo dueño de Complejo Agroindustrial Beta; TASA,  nuevamente del Grupo Romero, CFG Investment, de la internacional Pacific Andes; Austral Group, de la noruega Austevoll Seafood ASA; y Hayduk, compañía peruana de la familia Martínez.

 

 

Según la Ley de Recursos Hídricos, una misma empresa puede tramitar derechos para usos diferentes a su rubro de negocio. Por ejemplo, las agroexportadoras pueden obtener licencias industriales, las mineras permisos domésticos, y las industrias derechos agrícolas. La data analizada por Ojo-Publico.com identifica el número de derechos totales que obtuvieron estas 43 empresas, en todos los sectores, incluso en aquellos ajenos a su actividad principal.

Sin embargo, conocer el volumen de agua que se esconde detrás de todos los permisos, licencias y autorizaciones que se concentran en manos de las empresas privadas no es una tarea fácil. Los reportes de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) están incompletos, y en algunos casos no precisan cuántos litros anuales pueden ser extraídos por cada compañía.

El análisis de los datos revela que el 80% de todos los derechos que se entregaron a las 43 compañías que lideran el ranking se hicieron antes del año 2010, cuando no existía un estudio nacional de disponibilidad hídrica que evidencia la sobreexplotación o suficiencia de agua en los ríos, acuíferos y quebradas involucradas. Aún hoy la ANA no cuenta con los planes de gestión de agua para todas las cuencas del Perú.

Julio Jesús Salazar, ingeniero agrícola y antes funcionario de la ANA durante 10 años, confirma que el procedimiento de entrega de licencias de agua es administrativo, y no contempla una distribución equitativa entre todos los usuarios.

“La Ley de Recursos Hídricos debe ser modificada para mejorar la distribución del agua. Me atrevo a decir que el sistema actual está generando serios conflictos porque concentra las fuentes de agua en los grupos de poder económico. El procedimiento es netamente administrativo, no técnico. Los estudios que se tienen sobre oferta y demanda de agua no son reales, se basan en cálculos estadísticos”, sostiene Salazar.

El ingeniero Jorge Benites también considera indispensable que el Estado impulse una política de seguridad hídrica que incluya un análisis real de la presión a la que se someten las mismas fuentes de agua y que, además, permita declarar la intangibilidad de los acuíferos y promover el uso de agua desalinizada para la industria y la minería.