Presupuesto participativo: un mecanismo que el Perú debe fortalecer

Cada año, miles de peruanos participan en reuniones para decidir cómo deberían invertirse los recursos de sus municipios. Aunque algunos creen que es un mecanismo poco efectivo, los investigadores Stephanie McNulty y Jared Abbott sostienen en esta columna que esta herramienta ha fortalecido la relación entre autoridades y ciudadanía y ha contribuido a mejorar la gestión local. Los autores analizan sus avances, sus principales limitaciones y los cambios necesarios para aprovechar mejor su potencial.

ASISTENCIA. Más de 2,5 millones de adultos en el Perú han acudido a una reunión de presupuesto participativo.

ASISTENCIA. Más de 2,5 millones de adultos en el Perú han acudido a una reunión de presupuesto participativo.

Foto: ANDINA / Editora Perú

Con la coautoría de Jared Abbot

 

En 2005, un arquitecto de la reforma de descentralización nos dijo: "El Perú es el lugar más participativo del mundo". Tenía razón. Durante décadas, los defensores de la democracia participativa de distintos países han observado con atención la experiencia peruana, que combina la democracia representativa y la participativa en los gobiernos subnacionales.

La democracia participativa moderna en el Perú surge con la ambiciosa reforma de descentralización aprobada durante los primeros años del 2000. El Congreso, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), impulsó la descentralización del país y creó mecanismos para que las autoridades subnacionales electas rindieran cuentas sobre el uso de los recursos públicos. 

Como parte de este esfuerzo, el Congreso peruano aprobó la primera Ley Nacional de Presupuesto Participativo del mundo. Desde entonces, los Consejos de Coordinación Local y el presupuesto participativo están integrados en el funcionamiento habitual de los gobiernos locales.

Existe una creencia muy extendida de que el presupuesto participativo (PP) no funciona y es una pérdida de tiempo. Los consejos son vistos como un simple saludo a la bandera y no se toman en serio. 

En los últimos veinte años, hemos entrevistado a cientos de personas sobre el presupuesto participativo y encuestado a miles. En esas conversaciones, escuchamos quejas respecto a que este mecanismo de participación ciudadana demanda tiempo y no resulta muy efectivo. 

Si bien hay algo de sustento en estas críticas, tenemos un nuevo libro que muestra una realidad más compleja. En él reunimos datos cuantitativos y cualitativos recopilados durante veinte años para analizar tanto su potencial como sus limitaciones en el Perú.

Los resultados muestran que el presupuesto participativo está mejorando la democracia y la gobernanza en los gobiernos locales del Perú. Aunque aún enfrenta muchos problemas, nuestras investigaciones indican que las instituciones participativas del país han aumentado el compromiso cívico, han mejorado la capacidad de respuesta del gobierno y, en muchos municipios, han contribuido al bienestar de la ciudadanía. 

Incluso con un apoyo limitado de los gobiernos locales y una débil capacidad de la sociedad civil en la mayoría de los lugares, la existencia de este mecanismo genera, con el paso del tiempo, un mayor intercambio de información entre las autoridades y las comunidades. 

Los resultados revelan que el presupuesto participativo está mejorando la democracia y la gobernanza en los gobiernos locales del Perú.

Las personas que asisten a las reuniones comprenden mejor el funcionamiento del gobierno, mientras que los funcionarios municipales conocen con mayor precisión las necesidades de su comunidad. El resultado son mejoras significativas, aunque todavía modestas, en la gobernanza democrática local. 

Uno de los principales hallazgos del libro es que un número significativo de peruanos participa en este tipo de procesos. Realizamos una encuesta representativa a nivel nacional para preguntar a los peruanos si habían participado en reuniones públicas sobre presupuestos locales. 

Aproximadamente el 8% de los adultos peruanos ha participado en estos procesos en algún momento, lo que significa que más de 2,5 millones de adultos en el Perú han asistido a una reunión de presupuesto participativo. Esta cifra es más alta que las estimaciones anteriores.

Durante años, se nos advirtió que los peruanos se cansarían de asistir a estas reuniones, pero esto no está ocurriendo. Estimamos que alrededor de 100.000 peruanos asisten a estas reuniones cada año. A nivel distrital, entre el 79% y el 84% de los asistentes representan a organizaciones de la sociedad civil, y estas cifras se han mantenido relativamente estables a lo largo del tiempo. 

Aproximadamente el 8% de los adultos peruanos —más de 2,5 millones de personas— ha asistido a una reunión del presupuesto participativo.

Aunque la pandemia del covid-19 interrumpió las reuniones del presupuesto participativo, el número de asistentes viene aumentando de forma sostenida. Cientos de miles de peruanos participan indirectamente en el proceso en distintas zonas del país. La mayoría de estas organizaciones, aunque no todas, tiene miembros que proponen nuevas ideas o proyectos para su vecindario. Los datos permiten matizar las preocupaciones sobre el supuesto desinterés creciente o una fatiga de la participación.

Otro hallazgo es que quienes asisten a estas reuniones tienen más probabilidades de exigir que los funcionarios rindan cuentas. Nuestro análisis sugiere que la participación en estos espacios incrementa la probabilidad de asistir a asambleas municipales y de presentar peticiones a las autoridades. Ambas acciones fortalecen el proceso de rendición de cuentas de los funcionarios, en favor de una gestión más transparente y eficiente.

Asimismo, el presupuesto participativo ha modificado el gasto gubernamental al priorizar proyectos de desarrollo local que benefician a los sectores más pobres. En 2010, el Banco Mundial reportó un hallazgo similar. Nuestro trabajo actualiza ese informe y encuentra, además, que la aplicación sostenida de este instrumento de participación ciudadana está asociada con un aumento en los ingresos y una mejora del desarrollo humano integral en las comunidades, medido por ingresos, educación y resultados en salud. 

Hasta la fecha, solo investigadores en Brasil habían podido vincularlo con mejoras en el bienestar ciudadano. Nuestros resultados sugieren que reunir año tras año a vecinos y funcionarios ha mejorado la capacidad de respuesta de los gobiernos locales y el bienestar de la ciudadanía.

Estos hallazgos, sin embargo, deben analizarse con cautela. Aunque las instituciones participativas están mejorando la calidad de la democracia y el bienestar en los gobiernos locales del Perú, estos cambios no se trasladan a mejoras en la democracia a nivel nacional. 

El diseño y la implementación deficientes, junto con factores estructurales políticos y sociales más amplios, han reducido considerablemente la utilidad de las instituciones participativas como herramienta para fortalecer la democracia peruana a nivel nacional. 

También sabemos que el presupuesto participativo en el Perú adolece de muchas fallas. Las tasas de ejecución de proyectos son bajas y las reuniones no son particularmente participativas. Los equipos técnicos suelen trabajar a puerta cerrada y los presupuestos de infraestructura suelen ser insuficientes. 

Las reuniones sobre ejecución del presupuesto municipal atraen a un número desproporcionado de los "sospechosos de siempre": hombres, personas con educación universitaria e individuos con amplia trayectoria en participación cívica. Todavía es necesario incorporar voces más diversas y llegar a otros sectores de la población para mejorar los procesos y los proyectos de inversión.

Queda mucho por hacer para mejorar este proceso en Perú, pero creemos que vale la pena realizar ese esfuerzo. Algunos cambios sencillos en su diseño y proceso podrían mejorar esta herramienta de gestión participativa y fortalecer aún más la democracia local. 

Para empezar, las decisiones tomadas deberían ser vinculantes, de modo que los proyectos aprobados por los participantes tengan la garantía de ser implementados por el gobierno. Esto generaría mayor entusiasmo e interés en el proceso. 

Todavía es necesario incorporar voces más diversas y llegar a otros sectores de la población para mejorar los procesos y los proyectos de inversión.

Asimismo, deberían simplificarse las reglas de registro y eliminarse otras barreras para lograr un proceso más inclusivo y accesible. Los recursos también deberían priorizar los proyectos ubicados en las áreas de mayor necesidad dentro de cada distrito.

Aumentar el financiamiento general destinado a los proyectos de infraestructura del PP también fortalecería el impacto del programa y demostraría un compromiso genuino con el proceso. 

La divulgación cuidadosa y extensiva es igualmente esencial. Más personas necesitan saber que el presupuesto participativo existe, que funciona y que ofrece una manera significativa de mejorar la democracia local y la gobernanza. 

La coordinación también requiere atención. Los gobiernos locales deben trabajar más estrechamente entre sí y con el Gobierno nacional para alinear prioridades y compartir recursos. Es necesario contar con un sistema de planificación nacional que vincule el gasto de capital a nivel local, regional y nacional. Además, la asistencia técnica permitiría fortalecer esta herramienta, consolidar otras instituciones participativas y desarrollar mayores capacidades a nivel local.

Más personas necesitan saber que el PP existe, que funciona y que ofrece una manera significativa de mejorar la democracia local. 

Finalmente, las reuniones también deben ser replanteadas. Con demasiada frecuencia, las sesiones se reducen a presentaciones de funcionarios municipales con muy poco espacio para el debate y escasa deliberación. Orientar las reuniones hacia una participación más activa podría generar mayor confianza pública y favorecer decisiones de financiamiento más acertadas y vinculadas con las necesidades de las comunidades.

El presupuesto participativo y otros mecanismos de participación ciudadana podrían tener un impacto mayor si los gobiernos locales y el MEF invirtieran más energía y recursos, capacidades y voluntad política en este proceso cada año. 

La ley ya existe y los municipios aplican el proceso cada año. El siguiente paso es dedicar los esfuerzos necesarios para corregir sus fallas, ampliar la participación y aprovechar mejor su potencial para mejorar la democracia local.

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