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En septiembre de 2023, luego de que los militares venezolanos realizaran una gran operación contra la explotación ilegal de oro en el Parque Nacional Yapacana, muchos mineros cruzaron la frontera hacia Colombia y huyeron a un lugar cercano en búsqueda de mejor suerte. No se sabe cuántos, pero varios llegaron —o retornaron— a Puerto Inírida, la capital del departamento amazónico de Guainía, al extremo este colombiano. La Procuraduría registró, entonces, 160 familias desplazadas y —cuenta ahora un líder indígena— muchas más dragas mineras aparecieron sobre el río Guainía. El éxodo total de las minas de Yapacana fue de unas 14 mil personas.
Guainía, a donde solo se llega desde Bogotá por avión o por un río en el que viajan personas, alimentos, motos, madera y paneles solares en canoas, no siempre fue un territorio agobiado por la minería ilegal. Antes de la década de 1980, las comunidades indígenas de este territorio ni siquiera conocían el oro. Pero en los últimos años, a pesar de la existencia de áreas naturales protegidas en la zona, la extracción ilícita se ha intensificado.
En este departamento de la Amazonía de Colombia, solo entre el 2015 y el primer trimestre de 2023 se extrajeron, al menos, 1.565 kilos de oro. Las balsas mineras se han expandido y un informe de Naciones Unidas estima que el 95% de este mineral se extrajo de manera ilegal.
“Hoy están ‘repelando’ el territorio con dragas. Y nosotros estamos metidos en ese sistema, trabajando con ellos, porque aquí el oro lo mueve todo”, nos cuenta un líder del pueblo indígena Curripaco. “La minería llegó con los blancos; algunos brasileros y otros del centro del país. Ellos bajaron por el río con las dragas y se extendieron. Nadie los paró”, dice. Como él, el 80% de la población del Guainía es indígena.
¿Cuál es la ruta del oro ilegal extraído de Guainía? ¿Cuáles son las grietas de este mercado que también financia a grupos armados al margen de la ley? El Espectador —como parte de la Red Transfronteriza de OjoPúblico— viajó a este departamento para investigar las piezas de este rompecabezas.
OPERATIVO. En octubre de 2023, el Ministerio de Defensa realizó una intervención contra la explotación ilícita de yacimientos mineros en el río Guaviare.
Foto: Ministerio de Defensa de Colombia
Hay una cifra que ayuda a dimensionar lo que está sucediendo con el opaco mercado del oro en Colombia. El análisis a una base de datos de exportaciones de oro de países amazónicos —construida como parte de esta serie investigativa Las rutas del oro sucio— revela que entre el 2014 y el 2023 Colombia declaró haber producido 508 toneladas de oro, pero exportó mucho más: 574. Más de 66 toneladas (lo suficiente para llenar dos camiones de carga pesada) tienen un origen desconocido.
Esta cantidad, sin embargo, es conservadora. Los informes de fuentes oficiales estiman que el 80% del oro que se produce en Colombia es ilegal.
La Fiscalía, de acuerdo a la información a la que accedió El Espectador para esta investigación, está tratando de encontrar las razones de esa enorme brecha. Actualmente, investiga a varias de las principales empresas exportadoras de oro colombiano, entre ellas, a CI Metales Hermanos, que tiene, precisamente, vínculos con la extracción del mineral en Guainía.
La misma entidad señala que tiene pruebas similares hacia otras dos comercializadoras —CIJ Gutiérrez y Goldex—, investigadas hace unos años por presuntamente tener proveedores ficticios y empresas fachada para lavar el oro que exportaban. Gran parte del mineral provenía, según la fiscalía, de yacimientos ilegales, como los que hoy existen en la Amazonía, para luego incorporarlos al mercado legal y global.
El análisis de las imágenes capturadas en sobrevuelos –realizados por la Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro, que reúne organizaciones como Amazon Conservation Team, Gaia y WWF– muestra la amplia presencia de dragas mineras removiendo los ríos y abriéndose paso en medio de la Amazonía colombiana, y en las fronteras con Perú, Brasil y Venezuela.
En el caso de la frontera con Venezuela, a donde viajamos, uno de los puntos donde más se ha extendido esa minería, y que ha encendido las alertas entre las autoridades ambientales, es el río Atabapo. Este último hace parte de la Estrella Fluvial del Inírida, un complejo de humedales de más de 250.000 hectáreas de importancia internacional (conocido como sitio Ramsar), donde está prohibido todo tipo de minería.
DRAGAS. Imagen tomada en la frontera con Perú, en el río Cotuhé, en el departamento de Amazonas.
Foto: Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro.
En Guainía también se encuentra la Reserva Nacional Natural Puinawai, un corredor biológico que conecta las sabanas de la Orinoquia con el bosque amazónico y unas de las formaciones rocosas más antiguas de la Tierra. Todo el departamento hace parte de la Reserva Forestal de la Amazonía. Es decir, está destinado, casi en su totalidad, a la conservación.
Con un factor agravante. El oro ilegal en Colombia termina financiando a organizaciones armadas ilegales. Un informe del 2021, elaborado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), confirma que el oro se ha convertido en una fuente de financiación para estos grupos. Una investigación de OjoPúblico muestra que en varias regiones de Colombia la minería ilícita representa más del 50% del total de la economía de los grupos criminales.
El origen desconocido de 66 toneladas de oro
Para ir al río Atabapo, en la frontera con Venezuela, nos embarcamos en Puerto Inírida a las cinco de la mañana. Es noviembre de 2023 y, tras una hora de viaje, encontramos las primeras pruebas de explotación minera: un par de canoas largas con hombres, cargadas de recipientes plásticos azules que suelen contener hasta 200 litros de combustible. Unos metros más allá aparecen las primeras dragas: estructuras flotantes con techos de palma, un motor, mangueras, combustible, hamacas y alrededor de 10 hombres.
“Ahí vive el administrador, el motorista, el manguerero, los buzos y una sola mujer, la cocinera. Trabajan día y noche, durante meses, succionando el lecho del río para extraer el oro”, explica Carlos*, un indígena de la zona que trabajó más de siete años como minero ilegal.
Es un lugar en el que “todo se tranza en oro”, dice. “Una parte es para los trabajadores, que reciben entre uno y dos gramos por día. Otra, para la comunidad indígena por donde transitan (porque el 90% de Guainía es Resguardo Indígena); otra más para pagar el combustible, la comida y la ‘vacuna’ [pago] a los grupos armados que operan en la zona. El dueño de la draga [que no suele ser indígena] también se queda con una parte”, explica. Si sobra algo es para provisiones y ganancia.
TERRITORIO. En Guainía, más del 80% de la población es indígena. Una familia pesca en el río Atabapo, punto crítico de la minería ilegal.
Foto: Sebastián López Ramírez
SOBREVUELO. Imágenes en la frontera con Brasil, en el río Puré, departamento de Amazonas, evidencian el avance de la minería.
Foto: Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro
Pablo Willan Acosta, que fue alcalde de Puerto Inírida hasta enero de este año, es franco al reconocer lo que sucede en su ciudad: “La minería es una actividad informal en el municipio, pero para nadie es un secreto que es la que dinamiza realmente la economía”.
Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Álvaro Pardo, señala que la minería informal, sumada a la minería ilegal y la minería criminal, es un “problema estructural del sector” que crece cada vez que se dispara el precio internacional del oro.
El funcionario reconoce que en la Agencia han encontrado personas que reportaban oro extraído de un título legal, cuando, en realidad, lo habían explotado de otra zona. O declaraciones de oro atribuidas a nombres de personas que figuraban como muertas.
No existe un mecanismo claro de la trazabilidad del oro en Colombia. En teoría, cada gramo que se exporta debe dejar un registro en papeles que permite conocer el punto preciso de donde salió. Así, las empresas extranjeras pueden tener la certeza de que no provino de un yacimiento ilegal, y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) podría, además, asegurarse de que cada actor pague los impuestos. Pero las cifras analizadas para esta investigación exponen que este proceso no marcha como debería.
A dónde va el oro colombiano
El análisis de la base de datos de exportaciones —construida como parte de la serie investigativa Las rutas del oro sucio— revela varias inconsistencias. Una de las más alarmantes es que, entre 2014 y 2023, Colombia envió al exterior más de 574 toneladas métricas de oro, pero la autoridad minera solo tiene registrada la producción de 508 toneladas. Por lo menos 66 toneladas de oro exportado no tienen un origen conocido.
El país a donde más oro se exporta desde Colombia es Estados Unidos. Entre 2014 y 2023 compró 232 toneladas; le sigue Italia con 88 toneladas, que no tenía una participación importante antes de 2019. Luego está Suiza, aunque ha reducido el volumen, en ese tiempo compró 67 toneladas.
Un elemento más muestra lo complejo de este mercado. En el top 15 de las empresas exportadoras de oro colombiano (que concentran más del 72% de la exportación de oro desde 2014) hay por lo menos tres compañías con procesos penales en la Fiscalía por lavado de activos: CIJ Gutiérrez, CI Metales Preciosos de Colombia y CI Metales Hermanos.
Algunas de ellas, como CIJ Gutiérrez, la exportadora más grande del país, y CI de Metales Preciosos de Colombia (Meprecol), han pasado por extinción de dominio (es decir, fueron decomisadas por el Estado por usarse, directa o indirectamente, en actividades ilícitas) y actualmente son administradas por una entidad estatal: la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Entre 2014 y 2023, estas empresas han enviado, respectivamente, 83 toneladas y 48 toneladas de oro al exterior.
CI Metales Hermanos, otra de las principales exportadoras de oro colombiano, está en la misma situación. Según la Fiscalía, entre 2009 y 2015, esta empresa realizó compras ficticias a personas inexistentes e infló sus transacciones con el fin de certificar el origen del oro. Algunas de ellas, revela el expediente al que se tuvo acceso para esta investigación, fueron hechas con los habitantes de un resguardo indígena llamado Chorrobocón, precisamente en el departamento de Guainía. Consultados sobre esto, la comunidad dijo que no reconocía esas ventas.
“Hace unos años vinieron unos señores y sus abogados que nos pedían firmas, porque les incautaron unos kilos de oro. Llegaron a la comunidad porque éramos los únicos que teníamos zona minera. Entonces vinieron a pedirles que firmaran un papel donde manifestaban que el oro era sacado aquí y se vendía para ellos”, explica el capitán de Chorrobocón, máxima autoridad de la comunidad. “Ofrecían 10 millones de pesos [alrededor de 2.600 dólares], pero la autoridad de esa época no lo aceptó”, cuenta.
Pese a que Chorrobocón fue la primera Zona Minera Indígena que se formalizó en el país en los años 90, actualmente no tiene títulos mineros vigentes, pues los perdió en 2006 por no llevar registros contables del oro que extraía. Sin embargo, como también confirma su capitán, el oro se sigue extrayendo de forma informal en los ríos.
Los papeles del lavado
En las 20 calles que conforman la zona urbana de Puerto Inírida, solo un almacén tiene un letrero grande que dice “compra de oro”. Está acompañado del NIT, el número de identificación que demuestra que es un negocio registrado. Pero no es el único lugar donde se comercializa oro. En este pequeño caserío que se abre paso entre la selva amazónica, hay más de una decena de joyerías y compraventas que se dedican a la misma actividad.
En la parte trasera de uno de estos sitios en los que se comercializa el oro sin mayores controles, hay un pequeño horno, que alcanza temperaturas de hasta 1200 °C. Allí, un hombre detrás del mostrador cuenta cómo funden los gramos que compran a los distintos mineros. Tanto los que están registrados como “mineros de subsistencia” –una categoría que creó el Estado colombiano para reconocer y formalizar a los mineros artesanales– como a quienes trabajan en las dragas.
Según el Registro Único de Comercializadores de la Agencia Nacional de Minería (ANM), en Guainía hay 1.556 mineros inscritos como de subsistencia. Todos ellos tienen prohibido usar máquinas, explosivos o hacer actividades subterráneas. Y ninguno puede extraer más de 420 gramos por año.
Aunque hay algunos que cumplen las normas, investigaciones de la Fiscalía a las que tuvo acceso El Espectador, como parte de la Red Transfronteriza de OjoPúblico, revelan que este registro se ha usado para lavar el oro. Una fuente de la Fiscalía que solicitó mantenerse en el anonimato explicó el mecanismo para blanquear el mineral de origen ilegal: “Se blanquea en el momento en que a ese oro se le hace pasar por oro extraído por barequeros o por mineros de subsistencia”, explica.
PANORAMA. Imagen aérea en Puerto Inírida, capital del departamento de Guainía. La mayoría de insumos que llegan o salen se mueven por el río.
Foto: Sebastián López Ramírez
Y aclara que cuando los supuestos mineros de subsistencia superan el tope de producción que establece la ley, inscriben a familiares o amigos en el sistema, a pesar de que no realicen la actividad. “En la Autoridad Minera no hay manera de verificar que ese oro es legal. Hay una falla en el sistema”, insiste el investigador.
A pesar de estas evidencias, Álvaro Pardo, director de la Autoridad Minera, dice que no es cierto que compren oro ilegal y reitera que están haciendo esfuerzos para que eso no ocurra. En el caso de los mineros de subsistencia, asegura que el límite de los gramos es uno de los controles de la agencia. “Ahí no puede filtrarse oro de lavado de dólares o de dudosa presidencia”.
Pero también reconoce que, en el tiempo que lleva en el cargo (un año y medio), han detectado ciertas inconsistencias con esos registros. Ha habido, por ejemplo, mineros artesanales que no logran extraer los 420 gramos por año y venden su “cupo” restante a otras personas para que los usen. En otros casos, han hallado personas fallecidas cuyos nombres siguen siendo utilizados para comercializar oro en el registro.
“Desde la Autoridad Nacional de Minería estamos poniéndole freno a esa situación”, sostiene Pardo.
En el top 15 de exportadoras de oro colombiano hay por lo menos tres compañías con procesos penales en la Fiscalía por lavado de activos".
Aunque las alcaldías de cada municipio son las que deben registrar y verificar a esos mineros de subsistencia, es fácil comprobar la fragilidad del sistema al ingresar a una de las compraventas de oro en Puerto Inírida. Mientras estamos en una de esas tiendas, un hombre flaco y alto ingresa y saca de su bolsillo una pequeña bolsa con fracciones de oro. Los coloca en una balanza; suman tres gramos. Le pagan en efectivo y se va. No le pidieron documentos, no revisaron su registro.
Algo similar a este a ese problema fue lo que detectó la Fiscalía en el caso de la empresa antioqueña CI Metales Hermanos y sus transacciones con el Resguardo Indígena de Chorrobocón, de Guainía.
La investigación documentó transacciones por $38.860 millones de pesos colombianos (USD 12,7 millones) con el resguardo en Guainía. Y, según la entidad, la empresa realizó esos pagos a través de la Cooperativa Mineros de Colombia (Coomilcop), representada por Sergio Alejandro Varón Moreira.
Sergio Varón ha sido señalado por la Fiscalía como líder de un plan para que los indígenas aparezcan como proveedores de CI Metales Hermanos. Actualmente, no se conoce su paradero. “Él fue el representante legal de esa asociación de mineros. Pero creo que cometió un error ante la ley, entonces desapareció”, recuerda la autoridad indígena del resguardo.
El mecanismo detrás del blanqueo
La Fiscalía había iniciado esa investigación en 2018. Sospechaba que los accionistas de esa empresa, los hermanos Carlos Felipe y Jorge Andrés Ortiz Yepes, eran culpables de lavado de activos, y los investigaron por concierto para delinquir agravado y enriquecimiento ilícito de particulares.
Con las pruebas que habían recopilado, el 4 de abril de 2019 el fiscal encargado presentó la imputación ante un juzgado de Medellín y pidió medidas de aseguramiento que no privaran de la libertad a los hermanos Ortiz Yepes y a otros funcionarios de la empresa. El juez accedió a que hubiese vigilancia electrónica y les prohibió salir del país.
Al cabo de unos meses, en noviembre de 2019, la Fiscalía presentó el escrito de acusación con un hallazgo clave: aseguró que las transacciones que CI Metales Hermanos había hecho a resguardos indígenas por compras de oro nunca existieron. Pero la empresa sí registraba transacciones millonarias a distintos proveedores.
“La mayoría de las transacciones realizadas desde y hacia las cuentas corrientes de CI Metales Hermanos superan los $500.000.000 (USD 164.000) [cada una]. Gran parte se giraba mediante cheques de gerencia”, se lee en el expediente al que tuvo acceso El Espectador para esta investigación.
En otro apartado, quienes lideraban la investigación ratificaron que en los municipios en los que los empresarios dijeron que habían adquirido el oro, no existía ese mineral o la explotación no era de la magnitud que se reportaba. También constataron que muchas de las empresas de las que CI Metales Hermanos decía haber adquirido el oro eran, en realidad, proveedores ficticios.
Solo en algunos casos las direcciones de funcionamiento de los proveedores de CI Metales Hermanos sí correspondían a pequeñas tiendas de compra y venta de oro. En muchas otras ocasiones eran direcciones falsas, direcciones de casas de familia o de chatarrerías.
Entre 2014 y 2015, la empresa exportó 6,78 toneladas métricas de oro colombiano. La última exportación que hizo fue en 2015. Desde septiembre de 2016 se encuentra en extinción de dominio y está en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Según la Fiscalía, CI Metales Hermanos lavó 1,9 billones pesos colombianos (USD 580 millones) a través de oro ilegal.
Ahora, la Fiscalía se prepara para la próxima audiencia, que está programada para mayo de este año. Por el momento, los abogados de la compañía se han centrado en explicar que la actividad minera de la que provino el oro que compraba la empresa se hacía en entornos muy informales, en donde los mineros no estaban registrados y otros no tenían interés en hacerlo.
Entre sus argumentos indican que las operaciones de comercio exterior realizadas por CI Metales Hermanos se ajustaron a las normas que, en ese entonces, regían la actividad de comercio de metales preciosos entre Colombia y Estados Unidos.
Los informes de fuentes oficiales estiman que el 80% del oro que se produce en Colombia es ilegal".
El caso de CI Metales Hermanos es el más avanzado de todos los que adelanta la Fiscalía por lavado de activos en contra de empresas comercializadoras de oro, pero no es el único. La primera investigación de ese tipo fue hace casi una década, en 2015, y ocupó un lugar especial en la memoria de los colombianos. Fue contra Goldex que, con el tiempo, empezó a ser conocida como la “lavadora de dinero” más grande del país.
Goldex era propiedad de Úber Hernández, conocido como “el zar del oro”. Aunque fue acusado de concierto para delinquir, lavado de activos, fraude procesal y falsedad en documentos en 2015, quedó libre un año después por vencimiento de términos. La acusación por lavado que hay en contra de los funcionarios de la compañía caduca en enero del 2025.
Durante este proceso judicial uno de los acusados se suicidó en plena audiencia. Hoy, seis de los siete casos que tiene abiertos la Fiscalía contra los integrantes de esta empresa están lejos de acabar (continúan en audiencias preparatorias); sin embargo, los delitos están cerca de prescribir, advirtieron fuentes cercanas al proceso.
Oro y paramilitares
Otro caso icónico es el de CIJ Gutiérrez, una de las comercializadoras de oro más antiguas del país, constituida en 1936, y que actualmente sigue ocupando el primer lugar en la exportación de oro colombiano de la última década. La Fiscalía también acusó a sus accionistas de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
En el expediente, al que accedió El Espectador, la Fiscalía sostiene que tiene evidencia de que CIJ Gutiérrez usó nombres de personas fallecidas, nombres inexistentes y empresas de fachada para justificar la procedencia del oro. La misma investigación vincula a la compañía con grupos armados.
Entre 2006 y 2008, según el expediente judicial, la compañía realizó supuestas operaciones con la empresa de Jairo de Jesús Rendón, alias Germán Monsalve, hermano de los exjefes paramilitares Daniel Rendón Herrera, Don Mario, y Fredy Rendón Herrera, El Alemán. Ambos fueron líderes de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia en los departamentos de Antioquia, Meta y Chocó. El primero está libre, luego de someterse a la justicia, y el segundo está preso en Estados Unidos por narcotráfico.
NEGOCIO. Venta de tres gramos de oro en local de Puerto Inírida, donde los compradores no verifican si el comerciante es un "minero de subsistencia".
Foto: Sebastián López Ramírez
La Fiscalía señala que CIJ Gutiérrez realizó en 2010 operaciones por más de $1.900 millones (USD 1'029.200) con Jairo Hugo Escobar Cataño, también llamado el "zar del oro”, actualmente condenado y preso por el asesinato de cuatro mineros en Antioquia y por haber financiado grupos criminales.
Desde 2019, CIJ Gutiérrez es administrada por la SAE, temporalmente, mientras se define si se utilizó con fines ilícitos. Sin embargo, en agosto de 2023, un juez anuló por tercera vez el proceso contra la compañía, pues, a su parecer, la imputación y la acusación de la Fiscalía fueron “confusas”.
En octubre de 2020 y febrero de 2023, otros dos jueces ya habían anulado el proceso: consideraron que la Fiscalía no sustentó adecuadamente los cargos contra los miembros de la empresa.
Por su parte, los abogados de Goldex, que también defienden a los directivos de CI Metales Hermanos, señalan que “la Fiscalía no ha podido demostrar que el origen del oro es ilícito o demostrar que las empresas tienen nexos con grupos criminales”. En otras palabras, en los dos casos más emblemáticos de la Fiscalía sobre el lavado de activos a través de oro, no hay una sola condena.
*Por la seguridad de esta persona, no se revelará su identidad en este reportaje.