El partido de César Acuña, Alianza para el Progreso (APP), tiene un rol protagónico dentro del Congreso de la República. Es la tercera bancada mayoritaria, tiene la presidencia de la Mesa Directiva, a través de Alejandro Soto (implicado en los recientes testimonios del exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva) y preside con Lady Camones la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que archivó las investigaciones contra las congresistas de su bancada, Magaly Ruiz y María Acuña, denunciadas por recortar los sueldos de sus trabajadores.

Como parte de una serie investigativa para conocer los vínculos entre los financistas de campaña y los actuales trabajadores del Congreso, OjoPúblico analizó y sistematizó la lista de todos los aportantes de los diez partidos que obtuvieron representación en el Congreso. 

En este reportaje, se identificó que los financistas que figuran en las planillas del Congreso corresponden a Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Podemos Perú y Perú Libre. Actualmente, la Fiscalía investiga a este último partido por presuntos aportes ilícitos, mientras que sobre Fuerza Popular pesa una acusación fiscal que será vista en juicio el próximo 1 de julio. 

Este informe revela que la organización política de César Acuña es la que más empleos ha dado en el Legislativo a personas que aportaron a su campaña electoral del 2021. De ellos, 13 todavía se encuentran laborando en el Congreso. 

El 29% de los aportantes de Alianza para el Progreso han trabajado en el Congreso.

De los 76 aportantes que declaró el partido Alianza para el Progreso ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), 22 han obtenido al menos un puesto en el Congreso en lo que va del actual periodo legislativo (2021-2026). Es decir, casi la tercera parte (29%) de los financistas de APP ocuparon un cargo en el Legislativo. 

Los otros tres partidos que registran aportantes en las planillas del Parlamento son Fuerza Popular, con siete trabajadores, en su mayoría excongresistas; Perú Libre, con dos; y Podemos Perú, también con dos. Del total, 16 sí estaban afiliados a sus partidos durante la campaña de 2021 y 17 nunca figuraron como militantes.

En noviembre del año pasado, OjoPúblico informó que cerca de 50 aportantes de las campañas que realizaron individualmente los congresistas en 2021 habían obtenido un cupo en el Legislativo. 

Aunque el reporte de aportantes e ingresos y gastos de campaña es obligatorio, no todos los partidos lo cumplen. De los diez partidos que alcanzaron curules en el Congreso, Acción Popular fue el único que no presentó su rendición de ingresos y gastos de campaña y Renovación Popular lo hizo fuera de plazo. 

Al respecto, el politólogo Fernando Tuesta, docente de la PUCP, explicó que el incumplimiento de la presentación de este informe corresponde a una falta “muy grave”; no obstante, las sanciones solo pueden ser económicas.

“Hay infracciones leves, intermedias y muy graves, pero en todas corresponden sanciones económicas. En la reforma [política], nosotros planteamos sanciones políticas, que es donde más padecen los partidos, porque las sanciones económicas la ONPE no puede cobrarlas y el partido no paga”, comentó. 

Tal como menciona el especialista, en marzo de 2023, la ONPE sancionó a Acción Popular con 40.3 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalente a S/199.485, por incumplir. En diálogo con OjoPúblico, el vocero de Acción Popular, Darwin Espinoza, y el actual secretario del partido, Juan Abad, señalaron que ese monto ya ha sido cancelado.

APP: el partido de las contrataciones

Según la asignación de recursos humanos para los despachos congresales, cada legislador debería contar con máximo siete trabajadores: asesor principal, asesor II, dos técnicos, un auxiliar, un asistente y un coordinador. No obstante, cuando un congresista asume la presidencia de alguna comisión, también contrata a personal de confianza para dichos grupos de trabajo. Lo mismo sucede en la mesa directiva y en las oficinas que dependen de las vicepresidencias, lo que genera que el número total de trabajadores por congresista sea más disperso de lo que debería. 

El análisis de OjoPúblico a la base de datos construida para esta investigación identifica que los 22 financistas que consiguieron empleo en la bancada de APP laboraron en despachos de congresistas, en comisiones presididas por legisladores de APP y en la mesa directiva. En su mayoría, los aportantes han trabajado para parlamentarios como Lady Camones, Héctor Acuña (ahora de la bancada Unidad y Diálogo Parlamentario), María Acuña Peralta (hermana del líder del partido César Acuña), Alejandro Soto, actual presidente del Congreso, entre otros. 

El despacho de Lady Camones, desde que inició el periodo parlamentario en 2021, ha contratado a siete trabajadores que aportaron al partido; Héctor Acuña a cuatro, Alejandro Soto a tres, y María Acuña a dos. En algunas ocasiones, los aportantes fueron rotando entre los despachos. 

Actualmente, 3 aportantes de Alianza para el Progreso trabajan para el presidente del Congreso, Alejandro Soto.

Actualmente, de los 22 financistas, hay 13 que todavía se encuentran laborando en el Legislativo y otros nueve concluyeron sus funciones. En la bancada, a la fecha, laboran cuatro financistas. Este medio contactó al vocero del grupo parlamentario, Eduardo Salhuana, sobre estas contrataciones. El portavoz señaló que en APP se contratan personas “según la experiencia profesional”. 

“​​El hecho de que hayan aportado debe ser una coincidencia o, en algunos casos, porque son militantes del partido y han colaborado, pero no es una condición para que entren a trabajar. Nosotros tomamos la decisión porque son gente que tiene experiencia”, respondió.

Dentro de la lista de aportantes de APP que obtuvieron un cargo en el Congreso, hay 13 personas que nunca han registrado militancia en el partido. Los otros nueve sí estaban afiliados en la campaña de 2021, pero actualmente dos ya han renunciado a su militancia. 

Las contribuciones que realizaron cada uno de los beneficiados van desde S/50 hasta S/50.000. En total, APP registró S/1´714.169 como ingresos, siendo el segundo partido que más aportes recibió en la campaña de 2021. De ese monto, S/910.190 responden a aportaciones en efectivo y S/726.723,95 en especie. Los S/78.056 restantes corresponden a un contrato firmado con Kelly Acuña, hija de César Acuña. 

En el ránking de los financistas que más aportaron y que figuran en las planillas del Congreso se encuentran: el secretario de APP y excongresista, Luis Valdez Farias, con S/104.000; el abogado Jorge Gonzales Ore, con S/50.000; el excongresista Omar Chehade Moya, con S/4.000; el excongresista César Combina Salvatierra, con S/4.000; y el economista Juvenal Lozano Lozano, con S/1.200.

Valdez Farias ingresó a laborar como asesor al despacho de la presidencia de la Mesa Directiva en agosto de 2022, cuando Lady Camones fue elegida. No obstante, al mes siguiente, la congresista fue vacada del cargo y las funciones de Valdez Farias también culminaron. Solo recibió S/8.018.

El abogado Gonzales Ore también trabajó para la legisladora Lady Camones. Desde agosto de 2021 hasta julio de 2022 laboró como jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, vinculada a la Primera Vicepresidencia, que en ese periodo ocupaba la congresista. Al mes, recibía un sueldo promedio de S/14.500. Sin embargo, cuando la legisladora fue elegida presidenta de la Mesa Directiva, desde agosto de 2022, Gonzales Ore pasó a ese despacho para laborar como asesor. Nuevamente, cuando Camones Soriano fue vacada, el abogado también cesó sus funciones. 

Alianza para el Progreso es el segundo partido que más ingresos registró en la campaña de 2021, con S/1.7 millones.

El excongresista Chehade Moya trabajó para el parlamentario andino Gustavo Pacheco. Se desempeñó desde agosto de 2021 hasta abril de 2022 como asesor principal, con un sueldo mensual de S/9.499 en 2021 y S/10.924 en 2022. 

El economista Lozano Lozano ya se había desempeñado en el Congreso anterior como asesor de la bancada de APP. En este nuevo periodo, durante el primer año, desde setiembre de 2021 hasta julio de 2022, ocupó el cargo de asesor de la Comisión de Presupuesto, que presidió Héctor Acuña. De igual manera, recibió un sueldo de S/9.499 en 2021 y S/10.924 en 2022.

Tras su paso por dicha comisión y con la renuncia de Héctor Acuña en julio de 2022, Lozano Lozano pasó a desempeñarse desde agosto de ese año como asesor de la bancada, donde permanece hasta la actualidad. En enero, percibió S/12.765.  

A excepción del resto, el excongresista Combina Salvatierra no laboró para APP, sino que lo hizo para Fuerza Popular, partido al que se afilió en enero de 2022, tras pertenecer por cerca de dos años al partido de César Acuña. El exlegislador trabajó como asesor II de la Comisión Especial por el Bicentenario, desde enero hasta junio de 2022, con un sueldo promedio de S/8.957.

Fuerza Popular: excongresistas y aportantes

De los siete trabajadores que figuran en la lista de aportantes de Fuerza Popular de 2021, seis son excongresistas. Cuatro de ellos asumieron como parlamentarios solo durante un año, en el periodo 2020-2021, tras la disolución del Congreso: Diethell Columbus Murata, que aportó con S/1044; Carlos Mesia Ramírez, con S/1.053; Marcos Pichilingue Gómez, S/1.075; y Miguel Vivanco Reyes, S/1.075. Todos militantes, a excepción de Mesia Ramírez.

Los otros dos exparlamentarios que figuran como financistas y laboran en el Congreso son Gilmer Trujillo Zegarra (2016-2020), que aportó con S/1.060 y Martha Chávez Cossio, que ha sido congresista en cinco periodos y aportó con S/1.161.

En total, en las elecciones generales de 2021, Fuerza Popular declaró ingresos por S/ 48.299. De ese monto, S/26.378 fueron aportaciones en efectivo y S/21.920 en especie.

Los excongresistas Chávez Cossio, Columbus Murata y Mesia Ramírez se han desempeñado como asesores. Los dos primeros continúan trabajando en el Congreso, mientras que Mesia Ramírez dejó de laborar en abril de 2022, tras ocho meses en la bancada. 

Chávez Cossio trabaja en la Primera Vicepresidencia desde agosto de 2022 hasta la actualidad, debido a que en los dos últimos años Fuerza Popular ha ocupado ese cargo. En el primer año del periodo legislativo, laboró en la Comisión Especial de seguimiento de la incorporación del Perú a la OCDE, que presidió el congresista Luis Cordero Jon Tay (que actualmente pertenece a Unidad y Diálogo Parlamentario).

Columbus Murata trabaja en la bancada desde agosto de 2021. Ese año recibió un sueldo mensual de S/9.499; en 2022, S/10.924; en 2023, S/13.415 y en enero último percibió S/15.470.

Los exlegisladores Trujillo Zegarra y Vivanco Reyes también fueron asesores, pero por un periodo corto. El primero de ellos durante setiembre de 2021 en la Comisión Agraria, donde recibió S/5.452. Al mes siguiente, pasó a desempeñarse como profesional en el Departamento de Comisiones hasta diciembre de 2022, con un sueldo de S/10.924. Y desde enero de 2023, fue contratado como personal de confianza, gracias al acuerdo de Mesa Directiva 072-2022-2023-MESA-CR, donde en enero recibió S/10.402.

En tanto, Vivanco Reyes fue asesor del congresista Víctor Flores Ruíz desde agosto de 2021 hasta enero de 2022, percibiendo mensual S/9.499. En agosto de 2023, ocupó el cargo de coordinador en el mismo despacho por un periodo muy breve, en el que recibió S/83.

El financista Holger Cueva, que labora en el Congreso, ha sido vinculado con el investigado Joaquín Ramírez.

El excongresista Pichilingue Gómez solo se ha desempeñado como técnico en la Comisión Especial Proinversión, que actualmente preside Tania Ramirez (Fuerza Popular). Pichilingue Gómez ocupa ese cargo desde enero de 2023 y ha recibido mensualmente un promedio de S/5.100.

El otro trabajador que figura como financista es Holger Cueva Gamarra, quien aportó a la campaña con S/1.280, realizando el servicio de chofer. En el Congreso, fue contratado como auxiliar de la bancada. Si bien inició ganando S/2.511, actualmente su sueldo asciende a S/3.639.

Cueva Gamarra ha sido vinculado anteriormente a Joaquín Ramírez Gamarra, actual alcalde provincial de Cajamarca y excongresista de Fuerza Popular e investigado por lavado de activos. Esto debido a que en 2004, fue registrado como gerente general de la empresa Lima Ingeniería y Construcción S.A.C., fundada por Ramírez Gamarra.

El aportante figura en la planilla del Congreso desde agosto de 2021, apenas inició el periodo parlamentario. En Sunedu, no registra grados ni títulos a su nombre. 

OjoPúblico intentó comunicarse con el vocero de la bancada, Eduardo Castillo Rivas, pero no contestó nuestras llamadas ni mensajes.

Podemos Perú y Perú Libre: con dos aportantes

Las organizaciones políticas Podemos Perú y Perú Libre registran a dos trabajadores en el Congreso que a la vez figuran en su lista de aportantes de 2021. En el caso de Perú Libre, los financistas han trabajado para congresistas que, si bien ingresaron al Parlamento con dicho partido, actualmente pertenecen a la bancada Perú Bicentenario.

Se trata del congresista Jaime Quito Sarmiento, quien contrató a Carol Calloapaza Cofera desde agosto de 2021 hasta la actualidad; y Jorge Coayla Juárez, quien contrató a Eddy Quispe Taco desde agosto de 2021 hasta enero de 2022. Ninguno de los trabajadores ha sido militante del partido.

En Sunedu, Calloapaza Cofera registra su título como abogada desde agosto de 2018. Al partido Perú Libre, realizó un aporte de S/200. Al ingresar al despacho de Quito Sarmiento, en agosto de 2021, fue designada como asistente y recibió S/1.645 como honorarios. No obstante, al mes siguiente, fue ascendida a técnico con un sueldo promedio de S/5.297. Actualmente, se mantiene en el mismo cargo y en el último mes de enero, registró S/7.106. 

En diálogo con OjoPúblico, el congresista Quito Sarmiento dijo no tener conocimiento que su trabajadora había aportado al partido. “Yo desconocía totalmente ello, por lo tanto, de ninguna forma, el hecho de que la señorita trabaje en mi despacho es por esa razón”, indicó.

"Yo desconocía totalmente ello", dijo Jaime Quito sobre el aportante de una de sus trabajadoras al partido Perú Libre.

Al ser consultado por los motivos de esta contratación, el legislador señaló que valoró las cualidades de Calloapaza Cofera por su profesión. “Yo también soy abogado y sabía que ella venía de otra entidad, según lo que ella informó”, dijo. Si bien negó que se haya tratado de un “favor político”, no especificó cómo la conoció.

En el caso del congresista Coayla Juárez, su trabajador Quispe Taco es ingeniero civil y aportó con S/2.675. Desde su ingreso al despacho del legislador, en agosto de 2021, hasta su salida, en enero de 2022, se desempeñó como asesor II, con un sueldo promedio de S/7.789. El legislador no respondió a nuestros intentos de comunicación.

En tanto, los congresistas de Podemos Perú que contrataron a aportantes de su partido fueron José Luna Gálvez y Enrique Wong. Si bien intentamos contactarlos, no respondieron nuestros mensajes ni llamadas.

En el despacho de Luna Gálvez, la abogada Shadia Valdez Tejada trabajó poco más de un mes, de febrero a marzo de 2023. En ese periodo, se desempeñó como asesora principal del congresista, con un sueldo total de S/13.535. La letrada figura como militante del partido y aportó con S/40.000,

El otro financista que figura en las planillas de Podemos Perú es el licenciado en Administración, Rubén Gómez Vidal, quien aportó a la campaña con S/18.000. Si bien era militante durante las elecciones de 2021, en julio de 2022 renunció a su afiliación. 

El primer cargo que tuvo Gómez Vidal desde agosto de 2021 hasta julio de 2022 fue de técnico en el despacho de la Segunda Vicepresidencia, que durante ese tiempo lo ocupó Enrique Wong. Su sueldo promedio rondaba los S/5.297.

Después de culminado el periodo de esa Mesa Directiva, en agosto de 2022, Gómez Vidal pasó a desempeñarse como técnico de la Oficina de Cooperación Internacional, vinculada a la Segunda Vicepresidencia, que inicialmente asumió Digna Calle Lobatón, hasta febrero de 2023. Aquí recibía un sueldo promedio de S/7.421. Siete meses después de la salida de Calle Lobatón, Gómez Vidal dejó el cargo.

Desde la Asociación Civil Transparencia, consideraron que la información sobre el personal del Congreso debe hacerse pública.

Para la abogada Diana Chávez, directora de Proyectos de Transparencia, este tipo de contrataciones reflejan la “brecha de información” que existe en la institución. Según consideró, esto genera que la desconfianza sobre nuestras autoridades se incremente.

“No existe claridad y no existe información accesible sobre los perfiles y los requisitos para ocupar estas posiciones. Se ha retirado el portal web sobre acceso a la información de personal del Congreso y, además, no se hacen públicos los CVs de estas personas que trabajan en los despachos parlamentarios. Es un albur que realmente alguien sepa si es que se trata de un pago de favores, de alguien del entorno de confianza o realmente de una persona que sí está calificada para un cargo de ese tenor”, manifestó a OjoPúblico.

En tanto, el politólogo Fernando Tuesta recordó que es necesario fiscalizar si las personas designadas en estos cargos cumplen con los requisitos mínimos, por más que sean cargos de confianza, es decir, puestos en los que se eligen personas sin procesos de selección.

“El Congreso en relación a las contrataciones es un sujeto de toda sospecha, desde siempre. Se ven cargos con personas que no cumplen requisitos. Es cierto que en la administración pública se tiene la designación, que son cargos de confianza. Pero incluso ahora esos cargos deberían cumplir requisitos mínimos”, expresó.