El 9 de febrero de 2023, Víctor Rojas Alarcón salió caminando de su casa, ubicada en el centro poblado de Huancabamba, a 20 kilómetros de Andahuaylas (Apurímac). No pensó que regresaría a su hogar siete meses después y, mucho menos, en una silla de ruedas.

Aquel día, Rojas Alarcón y otros miembros de su comunidad se organizaron para protestar en la provincia de Aymaraes, localizada a seis horas en carro de Huancabamba. Repartidos en las tolvas de dos camiones, uno verde y otro azul, salieron 41 personas. 

El agricultor y comerciante de 34 años iba en el camión verde, junto con otros 13 ciudadanos. Los vehículos no llegaron a su destino: encontraron la carretera bloqueada por otros manifestantes cerca al centro poblado de Izcahuaca e hicieron una olla común. Comieron y emprendieron el regreso. 

Habían avanzado unos 20 minutos, hasta la zona conocida como Siete Vueltas, cuando varios vehículos de la Policía aparecieron detrás de ellos y empezaron a dispararles, relató Víctor a OjoPúblico. 

Durante el tiroteo, contó, se echó al suelo para cubrirse. Luego, cuando los agentes interceptaron el camión y los hicieron bajar, Rojas Alarcón intentó levantarse pero no pudo. Había recibido el impacto de un proyectil de arma de fuego que le provocó una lesión medular traumática. 

Los médicos le han dicho que no va a volver a caminar. 

PREOCUPACIÓN. Los esposos Víctor Rojas y Reyna Merino dejaron su trabajo como agricultores.

Foto: OjoPúblico / Alba Rivas. 

 

—Está como un cable cortadito —dice Rojas Alarcón para explicar lo que pasó con su médula espinal. 

Tras ser herido, fue trasladado al Hospital Antonio Lorena del Cusco, por la gravedad de su lesión. Luego de permanecer dos meses en esta región, él y su esposa, Reyna Merino Barboza, viajaron a Lima a buscar rehabilitación. 

La pareja volvió a su casa en setiembre pasado, unos días antes del cumpleaños de Víctor. Durante todos esos meses, su hija de 12 años quedó al cuidado de familiares.

—Yo no quiero quedarme en silla de ruedas. Tiene que haber una solución para mí. Hasta el momento no acepto —dice el agricultor, quien lucha para recuperar su peso normal: durante la hospitalización bajó 25 kilos.

No quiero quedarme en silla de ruedas. Tiene que haber una solución para mí", dice Rojas Alarcón.

El hombre también ha perdido la función urinaria y es propenso a enfermarse con infecciones debido al uso de una sonda. Desde febrero, ya ha tenido tres de ellas.

Rojas Alarcón y su familia se han hecho cargo de los gastos de su atención en un centro de rehabilitación en Lima, el alquiler de una habitación en la capital, su alimentación, transporte y medicinas. Los S/25.000 entregados por el Estado peruano como reparación económica a los heridos ya se han acabado, cuenta. 

—Ahora voy a estar con mi ahorrito, y si se acaba ese ahorrito, ¿dónde voy a ir? Voy a estar botado aquí. El Estado tiene que ser coherente, tiene que hacerse cargo de mí. Si yo caminara, no pediría nada —dice el hombre que, antes de quedarse sin movilidad en las piernas, sembraba de seis a siete hectáreas de quinua para vender en la feria de Andahuaylas.

Víctor es parte de los más de 900 civiles heridos durante la represión a las manifestaciones contra el Ejecutivo, el Legislativo y en pedido del adelanto de elecciones, iniciadas tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo y la asunción constitucional de Dina Boluarte.

Observaciones sobre la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas en Perú, el informe elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) tras la convulsión social, detalla que 42 de esos  civiles sufren lesiones físicas permanentes. 

REPRESIÓN. Policía y Fuerzas Armadas vulneraron derechos humanos de manifestantes. 

Foto: OjoPúblico / Luis Javier Maguiña

 

A un año del inicio de las protestas —en las que fallecieron 49 civiles por la represión, además de 11 personas por accidentes de tránsito y otros hechos vinculados al bloqueo de carreteras, un policía y seis militares en el contexto del conflicto—, OjoPúblico buscó a los ciudadanos heridos. Muchos se quedaron sin trabajo por las secuelas que sufren. 

Además, hay menores de edad que dejaron de asistir a clases para recibir rehabilitación y llevan marcas permanentes en sus cuerpos. También, familias enteras que viven entre el olvido y una tragedia permanente.

 

El momento que transformó sus vidas

Antes de ser herido en la base de la cabeza, cerca a la nuca, Miguel Ángel Yucra Mendoza estudiaba mecánica automotriz. El joven, de 23 años, es el mayor de tres hermanos. Hasta diciembre del año pasado trabajaba, de manera ocasional, en algunos talleres y manejaba un mototaxi. Así había empezado a apoyar económicamente a su familia.  

La tarde del 15 de diciembre de 2022 estaba en su casa, en Ayacucho, cuando vio, por redes sociales, a militares disparando contra un grupo de manifestantes que se encontraba en el aeropuerto. Cogió su bandera del Perú, esa que la familia tenía para izar en Fiestas Patrias, y salió de su casa dispuesto a ayudar a los heridos. 

Caminó una hora hasta llegar al parque ubicado frente al cementerio, la zona donde los militares desataron una balacera tras el desalojo del aeropuerto.

Allí se detuvo para ayudar a trasladar a los heridos hacia dos ambulancias que estaban cerca. Fueron alrededor de dos horas moviéndose por el parque y calles aledañas en las que, cada tanto, cuenta, tenía que agacharse para protegerse de las balas.

En un momento, cuando caminaba por el medio del parque, sintió un golpe detrás de su cabeza. Escuchó un sonido intenso en ambos oídos y la boca se le llenó de un líquido que no lo dejaba respirar. Había caído de cara al piso.

IMPREVISTO. Miguel Ángel Yucra salió de su casa para ayudar a los heridos, pero fue atacado. 

Foto: OjoPúblico / Alba Rivas.

 

—No sabía que me habían dado en la cabeza. Traté de ponerme de pie, pero no podía. Veía medio borroso. Es allí donde vienen y me ayudan. Lo único que pensaba era en mi vida, no pensaba en que me habían dado. Pensaba en mi familia: “No me he despedido de ellos, no me despedí de mi mamá, vine para ayudar a las personas y he terminado en que me ayuden a mí” —cuenta. 

Unos jóvenes lo cargaron hasta una de las ambulancias y, finalmente, fue trasladado al hospital de EsSalud. Esa noche, a primera vista, su mamá y su tía no lo reconocieron porque toda su cabeza estaba hinchada. Tuvieron la certeza de que era él sólo por los tatuajes que tiene cerca a la oreja derecha y en los brazos.

Miguel Ángel fue operado al día siguiente. Su madre contó a OjoPúblico que le retiraron un fragmento de la parte inferior del hueso del cráneo. Una doctora le explicó que la lesión había sido provocada por una bala. Sin embargo, el hospital no conservó el hueso para su análisis, y la familia no sabe dónde está el proyectil. Este medio pidió la versión de EsSalud. Sin embargo, el proceso de entrega de información aún estaba en proceso al cierre de el presente informe.   

Durante la operación entró en coma. Por eso, ese mismo día, fue trasladado al Hospital Rebagliati, en Lima. Despertó el 24 de diciembre, nueve días después de ser herido. En total, fue sometido a cuatro operaciones en la cabeza y estuvo internado dos meses. 

Después de la última cirugía, los médicos recomendaron el alta y la recuperación en su casa, para evitar una infección intrahospitalaria. Le dijeron a Miguel Ángel que no soportaría una quinta operación.

Lo único que pensaba era en mi vida, no pensaba en que me habían dado ", dice Miguel Ángel Yucra Mendoza, de 23 años".

Su madre, Guillermina Mendoza Vargas, lo sacó en una silla de ruedas y volvieron a Ayacucho. En esa misma silla, permaneció postrado por algunas semanas. No podía caminar ni hacer ningún esfuerzo.

En abril de este año, Miguel Ángel intentó suicidarse. Pensaba frecuentemente en su imposibilidad de caminar, trabajar o estudiar. 

—Cuando llegué del hospital, acá estaba en silla de ruedas. Me llevaban a mi cama, echado, así. Me he recordado de las cosas del hospital. Lo que me han dicho es “ya no vas a hacer nada, ya su vida no va a ser la misma de antes”. Así amanecía y anochecía. Me ponía a pensar en esas cosas. Yo ya no hacía nada y mi mamá estaba allí, trabajando. Veía todo eso y decía “ya no quiero ser un estorbo”—recuerda.       

Su familia lo llevó al centro de salud mental comunitario y, desde entonces, recibe terapia psicológica una vez al mes. Miguel Ángel cuenta que ahora está mejor. Ha empezado a estudiar cocina. 

—Ahora ya no pienso en esas cosas. Más bien quiero terminar mis estudios y ayudar a mi familia como antes. Ya no pienso en lo que me ha pasado, quiero olvidarme de eso.   

Aún le quema la cabeza, se marea, suda mucho y, a veces, sus piernas no le obedecen. El próximo 15 de diciembre, exactamente un año después de ser herido, tiene una cita en el hospital de Ayacucho para la lectura de una tomografía que le hicieron en noviembre.

Durante las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023, más de 900 civiles resultaron heridos, según la Defensoría del Pueblo. De ese total, al menos 65 presentaron impactos de proyectiles de armas de fuego en las partes superiores del cuerpo, como la cara, la mandíbula, el pecho, la espalda y los brazos, según documentó Oacnudh.

Al menos 65 heridos durante las protestas presentaron impactos de proyectiles de armas de fuego".

Rolando Marcas Arango, de 37 años, y Jhon Lapa Laime, de 32, fueron heridos en la cabeza durante las manifestaciones registradas en Lima. Ambos nacieron en Huancavelica y se encontraban en la capital por razones de trabajo cuando, por separado, fueron al Cercado de Lima en el contexto de las manifestaciones. Hasta el 28 de enero de 2023, día en que fueron atacados, eran dos desconocidos que nunca habían cruzado sus caminos.

Aquel día, Rolando y su pareja —Luz Silvestre Tapia— salieron de su hogar, en un distrito del este de Lima, con dirección al centro, para comprar alimentos en el barrio chino. La pareja se había asegurado de llevar más efectivo para adquirir galletas y frutas con la idea de repartirlas entre los manifestantes.

—Nosotros no salimos a protestar, habíamos ido llevando comida para los manifestantes que vinieron de regiones. Una semana antes, cuando liberaron a los detenidos de la [universidad] San Marcos también lo hicimos —contó Luz, quien al igual que Rolando, se mudó a Lima, desde Huancavelica, hace tres años.

Jhon Lapa Laime, en cambio, sí había ido a participar en la protesta de ese día, junto con otras personas procedentes de regiones.  

CAMBIO. Jhon Lapa Laime y su esposa, Silvia Villafuerte Sánchez, afrontan los efectos de la represión. 

Fotos: Silvia Villafuerte Sánchez

 

—Yo no sabía que él estaba en las manifestaciones, hasta que nos mandó vídeos. Él estaba en Lima trasladando mercadería desde la sede de Plaza Vea, en Cañete —cuenta su esposa, Silvia Villafuerte Sánchez, a OjoPúblico.

Durante la noche, Rolando y Luz estaban caminando a la altura de la avenida Abancay cuando, de pronto, un grupo de personas corrió hacia ellos. Aun sin poder reaccionar, vieron a policías motorizados acercarse lanzando bombas lacrimógenas. Marcas Arango tomó del brazo a su pareja e intentó huir. 

—Sentí un zumbido al lado de mi cabeza y, luego, vi a Rolando en el piso, lleno de sangre— narró Luz, confeccionista de 35 años.

En su testimonio a este medio, la mujer relató que, una vez en el piso, intentó acercarse a su pareja, pero los policías le impidieron auxiliarlo de forma inmediata y empezaron a patearlos a ambos en el estómago y en la cabeza. 

Según recuerda, un transeúnte intentó ayudarlos, pero fue apartado violentamente por los agentes. Finalmente, después de un rato, dejaron que los brigadistas los evacuaran al Hospital de Emergencias Grau.

Un transeúnte intentó ayudarlos, pero fue apartado violentamente por los agentes", recuerda Luz.

—No sé cómo salí [de ahí] y cómo llegué al hospital —comenta el albañil de 37 años, quien, desde que le dieron de alta, tras cinco meses de hospitalización, solo puede moverse usando una silla de ruedas. 

Rolando Marcas Arango llegó al centro de salud en estado crítico. Los doctores extirparon una parte de su cráneo para liberar la presión de su cerebro, inflamado por el impacto de un objeto contundente. Aun así, no recuperó la movilidad de su brazo y pierna izquierda debido a una lesión en el lóbulo derecho. 

El diagnóstico de Luz fue una fractura y dos fisuras en el pie derecho, cuyos efectos persisten.

Jhon Lapa Laime tampoco tuvo la oportunidad de resguardarse del ataque de la Policía. Fue alcanzado por un objeto contundente que cayó en su cabeza y lo dejó inerte en pleno cruce de las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola.

—Hasta ahora tenemos la versión de que fue una bomba lacrimógena de la Policía que le reventó cerca de la cabeza o en la propia cabeza. Él pasó por tres operaciones, siendo diagnosticado con un traumatismo encéfalo craneano grave; los médicos incluso nos dijeron que iba a quedar en un estado vegetativo —recuerda su esposa, con quien tiene un hijo de tres meses.

El hombre de 32 años, quien hasta el 2021 cursó estudios de Economía en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, permaneció internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Arzobispo Loayza por 33 días. Al igual que a Rolando, a Jhon le extrajeron una parte del cráneo para evitar que la inflamación por el golpe ocasionara más daños.

RECUPERACIÓN. Luz acompaña a Rolando todos los días, ya que no puede moverse por su cuenta. 

Foto: OjoPúblico / Fiorella Montaño

 

La intervención del joven padre de familia alteró su facultad para expresarse oralmente.

—Ya se moviliza por sí solo, con un poco de dificultad. Pero tenemos un problema: no puede hablar con normalidad. Su condición es severa y su rehabilitación será lenta —explica su esposa.

Sumado a la dificultades que atraviesan, algunos de ellos han soportado la indolencia del sistema de salud. El Hospital Dos de Mayo, por ejemplo, negó la referencia de Rolando para ser atendido en el servicio de cirugía plástica en dos oportunidades. Este centro de salud es el único lugar que cuenta con un especialista que puede colocar una malla de titanio en el cráneo del joven. 

Tras la difusión del caso en redes sociales, por parte de la congresista Ruth Luque, el hospital aceptó el traslado. Este medio pidió la versión de la institución, pero no hubo respuesta hasta el cierre de este informe. 

 

Dejar los juegos y el estudio

C.J.S.H., un adolescente de 15 años que vivió toda su vida en el distrito de Pichanaki, en la selva central de Junín, recuerda el 16 de diciembre de 2022 como uno de los peores días de su vida. 

Esa mañana, el menor salió hacía la cerrajería en la que trabajaba en sus tiempos libres  para ayudar a su familia, compuesta por su madre y dos hermanas menores. Era viernes, pero él no acudió al colegio: las clases se habían suspendido por las protestas. 

Cuando regresaba a su casa, ubicada a cinco cuadras de la carretera Marginal, el adolescente escuchó un fuerte zumbido y cayó al piso. 

—Pensé que me golpeó una bala en la cabeza por el fuerte sonido que escuché detrás de la nuca —dijo. 

Sin embargo, se trató de un proyectil que atravesó y destrozó su codo derecho y rozó la piel de su abdomen. Tras el impacto, cayó al piso. 

El menor recuerda el frío de la cama de metal del Hospital de Apoyo Pichanaki en la que lo tuvieron durante un día entero. La sala estaba colmada de otros heridos que, como él, gritaban por el dolor. 

El menor recuerda el frío de la cama de metal del Hospital de Apoyo Pichanaki".

Los médicos le cosieron el brazo pese a no contar con anestesia local. El adolescente lloraba y pedía a los doctores que pararan o dejaran entrar a su madre, quien se encontraba en la puerta del hospital. Ninguna de sus súplicas fue atendida.

—Esa cicatriz va a quedar en él para siempre. En las noches me dice "mamá tengo miedo". Por más que ha recibido terapia, continúa afectándole —cuenta Susana Soto.  

Su temor es tal que no han regresado a Pichanaki desde entonces. La familia se hospeda en un albergue mientras el adolescente lleva sus terapias físicas en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Tras una cirugía de reconstrucción, ha logrado recuperar parte de la movilidad de su brazo, pero aun tiene limitaciones.

De los 49 civiles fallecidos durante la represión policial y militar a las protestas, siete eran adolescentes. La Oacnudh documentó, además, 28 casos de menores de edad heridos por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones, siete de ellos de gravedad. Como C.J.S.H., muchos otros adolescentes no participaban de las marchas.

LEJOS DE CASA. Menores deben viajar hasta Lima para recibir rehabilitación física. 

Foto: OjoPúblico / Fiorella Montaño

 

En el mismo Instituto Nacional de Salud del Niño, E.Q.N., de 14 años, también recibe sus terapias. Desde enero, debe viajar cada dos o tres semanas desde Apurímac a Lima para sus controles y su rehabilitación. La última vez que estuvo en la capital hizo el viaje en bus, 16 horas de ida y 16 de retorno. No pudo abordar los vuelos porque había perdido su documento de identidad. 

Sus padres deben pedir permiso en el colegio que, al principio, era bastante flexible para apoyar su recuperación. Sin embargo, en las últimas semanas, algunos docentes no reconocen las faltas a causa de los viajes. 

Todos los días, el menor toma una pastilla cada ocho horas y otras más, si se siente mareado. Le han prohibido cargar peso y hacer deporte. Dice que extraña entrenar voleibol y trabajar en el campo. Siempre ayudaba a sus papás y, los fines de semana, iba a las chacras de otras personas para ganar 40 o 50 soles para sus gastos. 

El adolescente fue herido por un proyectil de arma de fuego durante la represión policial a las protestas del 12 de diciembre de 2022 en la provincia de Chincheros, Apurímac. La familia vive en una casa a unas cuadras en línea recta de la comisaría y, desde allí, se escuchaba el enfrentamiento entre los manifestantes y los efectivos.  

Preocupado por su madre, que había salido a trabajar, el adolescente salió a buscarla. El proyectil ingresó por el costado izquierdo de su abdomen y se alojó cerca al área lumbar: le destrozó el bazo —órgano que los médicos tuvieron que extraer por completo—, le provocó una hemorragia interna y le fracturó una vértebra lumbar. 

Desde Chincheros, fue trasladado a Ayacucho y, luego, a Lima. Estuvo en coma hasta el 20 de diciembre de 2022 —el día de su cumpleaños— y fue sometido a dos operaciones. La primera por la hemorragia, y la segunda para extraerle el proyectil.  

DIFICULTADES. Menores no pueden asistir con regularidad a sus colegios. 

Foto: OjoPúblico / Alba Rivas

 

Hasta la fecha del ataque, E.Q.N. siempre tuvo claro que quería ser policía o ingeniero civil. Ahora, ha descartado la primera de esas opciones. A veces, no puede dormir porque recuerda todo lo que pasó desde que fue herido. 

Hay otros casos que, aunque forman parte de las estadísticas oficiales, aún no son investigados por el Ministerio Público. 

OjoPúblico se contactó con Danly Bravo Díaz, quien el 20 de enero —cuando todavía era menor de edad— recibió el impacto de un proyectil de arma de fuego (PAF) en el pecho, durante las manifestaciones en el distrito de Chao, provincia de Virú, en La Libertad. Su nombre figura en la relación de heridos de la Gerencia Regional de Salud de ese día.

—Desde enero estuve con la bala en mi pecho, viviendo en Chao. Viajé el 18 de marzo a Nueva Cajamarca y, al mes siguiente, mientras juntábamos dinero para la operación, recién me extrajeron la bala en una clínica privada —relata Danly, quien lamenta cómo se esfumaron los ahorros de su familia en su atención médica.

El proyectil, que la joven conserva hasta ahora, perforó la parte derecha de su pecho, sin dañar órganos vitales. Sin embargo, su vida se ha transformado en un martirio.

—Hasta ahora voy a la posta para que me den mi medicina para el dolor. Cuando la dejo de tomar, me empieza a doler mi seno y me da fiebre —cuenta.

Danly, según explicó, fue herida tratando de ayudar a las personas afectadas por los gases lacrimógenos, con un poco de vinagre que había comprado en una tienda cercana. 

 

Vulnerabilidad y discriminación

La Misión Técnica de Oacnudh en Perú y este medio recibieron testimonios sobre prácticas discriminatorias contra heridos en las manifestaciones en diversos hospitales. El organismo internacional indicó, en su informe, que los establecimientos hospitalarios de Andahuaylas, Ayacucho, Ica y Juliaca fueron los más señalados. 

Los familiares y las víctimas, que en el 61% de los casos se autoidentificaron como indígenas o campesinos, denunciaron tratos discriminatorios y comentarios estigmatizantes por parte del personal sanitario.  

A Jhony Rodas Carrasco, de 43 años, le destrozaron la mandíbula con un proyectil de arma de fuego durante las protestas del 20 de enero, en Lima. Al término de su operación, en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, el personal médico solo le dio ocho días de descanso, pese a que, hasta el momento, no ha recuperado la capacidad de hablar fluidamente, masticar o, incluso, reír.

 —¿Cómo pueden darle solo ocho días de descanso? Eso es una burla. Mi hermano tenía que presentar descansos en el trabajo, pero en el hospital no quisieron ampliar el periodo y terminó perdiendo su empleo —explicó Marilú Rodas Carrasco a OjoPúblico.

Antes de ser herido, Jhony era el encargado de realizar el inventario de una empresa del sector servicios. Es el segundo de cinco hermanos y sus padres son adultos mayores. La mayor parte de su sueldo era destinada a ellos dos y sus hermanos más pequeños.

MALTRATO. Pese a la gravedad de su lesión, a Jhony Rodas Carrasco solo le dieron ocho días de descanso médico. 

Imagen: Marilú Rodas Carrasco 

 

Marilú contó que, el 20 de enero de este año, ambos se encontraban filmando la represión de la Policía a la altura del jirón Carabaya, en el centro de Lima. El hombre sintió un golpe en la cara y, cuando se quitó la mascarilla para que su hermana viera la herida, ella se asustó al observar su mandíbula descolgada y ensangrentada.

Ambos fueron al Hospital de Emergencias Grau. Desde un inicio, sostiene su hermana, fue estigmatizado por el personal médico y policial. 

—Nos discriminaban porque éramos manifestantes, me decían "quién te manda a apoyar" y no nos querían atender. Así fue, desde el día uno, hasta el día que le dieron de alta —dice Marilú.  

OjoPúblico se comunicó con EsSalud para pedir sus descargos. Sin embargo, hasta el cierre de este informe, no hubo respuesta. 

Diversos informes de organizaciones de derechos humanos también han señalado prácticas de “terruqueo” contra los manifestantes. En un primer análisis, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) refirió que en el país existe una fuerte estigmatización que generaliza a personas campesinas como “terroristas” o “senderistas”. 

En el país existe una fuerte estigmatización que generaliza a personas campesinas como 'terroristas' o 'senderistas'".

El 9 de febrero, tras ser impactado por un proyectil de un arma de fuego, Pablo Lazo Mariño escuchó a dos agentes de la Policía referirse a él. 

 —A ese perro bótalo arriba para que muera —dijo uno de ellos, según contó el hombre a OjoPúblico. 

Lazo Mariño es el dueño del camión verde, el mismo en el que fue herido Víctor Rojas Alarcón, y era el conductor de ese vehículo cuando su comunidad se movilizó para protestar. 

Durante la persecución y los disparos de la Policía, las llantas del camión se desinflaron y Pablo se detuvo. En ese momento, las camionetas de la Policía que los seguían también pararon. 

Por su lado izquierdo, un grupo de ocho o nueve efectivos —con armas en mano y, al menos dos de ellos, tapados con pasamontañas— se bajaron. Uno de los policías, de acuerdo a su relato, disparó en su dirección a pocos metros de distancia. 

SUFRIMIENTO. Pablo asegura que fue obligado a conducir su camion mientras estaba herido. 

Foto: OjoPúblico / Alba Rivas

 

Uno de los proyectiles impactó en la puerta. El otro rompió el vidrio, entró por su brazo izquierdo y se alojó en su pulmón izquierdo. 

Lazo Mariño cuenta que, después de eso, les hicieron bajar y les ordenaron tenderse en el piso. La lluvia los mojaba, mientras los policías les daban patadas, recuerda.

—Ahora relájense, terrucos… ¿A qué han venido, terrucos?

Luego de cambiar las llantas, los policías lo obligaron a conducir hacia la provincia de Abancay. El hombre volvió a subir a la caseta donde recibió el impacto, con dos policías. 

Dice que los efectivos veían cómo goteaba la sangre de su casaca. Condujo unos 10 kilómetros hasta que, por la herida, ya no pudo hacerlo y cambiaron de chofer. Fue en ese trayecto cuando escuchó a los policías referirse a él como “perro”.  

Cuando llegaron a Abancay los llevaron a la comisaría, explica. El 10 de febrero, la Policía de esta ciudad informó sobre la detención de 39 personas, incluido Lazo Mariño. 

IMPACTO. Así quedó el camión manejado por Pablo Lazo Mariño, tras ser impactado por un proyectil de arma de fuego.

Foto: Defensa Legal. 

 

Ese día, por insistencia de sus compañeros y abogados que fueron a la comisaría para asumir su defensa legal, Pablo y otros heridos fueron trasladados al Hospital Guillermo Díaz de la Vega, de Abancay. En la noche, finalmente, lo derivaron al Cusco, para extraerle el proyectil que tenía alojado en el pulmón.

El 17 de febrero pasado lo operaron y le extrajeron una parte del pulmón izquierdo. Aunque en marzo lo dieron de alta, Pablo tuvo que quedarse en Cusco hasta abril, para asistir a sus controles.

Antes de ser herido, él y su familia se dedicaban a la agricultura. Trabajaban con préstamos del banco y sembraban de 40 a 50 sacos de semilla de quinua y papa. Luego, trasladaban la cosecha en su camión hasta Andahuaylas o Abancay, para venderlos. 

Este año solo han sembrado para el consumo de la familia. Pablo no puede hacer esfuerzo físico y la familia ha gastado sus ahorros en la recuperación. Además, el camión con el que trabajaban se ha quedado en Abancay, como parte de las investigaciones. 

—Ahorita pedimos justicia. Para los heridos, para los muertos, tiene que haber justicia. Que haya su reparación civil también, ahora no es el cuerpo, como antes, para trabajar. Como inválidos nos han dejado a nosotros —dice Pablo.

 

Dificultades para la atención médica

Adrián Ochoa Castillo, de 31 años, aún tiene en el cuerpo el proyectil con el que fue impactado el 16 de diciembre de 2022, cerca al aeropuerto de Ayacucho. 

Esa tarde, los deudos de los fallecidos en la jornada previa de protestas estaban retirando los cuerpos de la morgue del hospital. Adrián, por convocatoria de sus compañeros de trabajo, fue a acompañar a los deudos de Christopher Ramos Aime, el adolescente de 15 años asesinado de un balazo por la espalda.  

Cuenta que estaban pasando cerca al aeropuerto cuando la balacera que había allí los hizo retroceder. Ese día, afirma, los militares también dispararon. Él se escondió detrás de un poste, pero un proyectil lo alcanzó. Ingresó por detrás del brazo derecho y se alojó cerca de su pulmón. Después del impacto, se desmayó.

Despertó en el hospital. Allí le sacaron rayos X, le suturaron la herida y estuvo cinco días internado. Le explicaron que no iban a extraerle la bala porque la operación era muy riesgosa.

Vive con miedo de que el proyectil avance dentro de su cuerpo. Por eso, en repetidas oportunidades, ha pedido que se lo extraigan o le realicen otros exámenes. Sin embargo, los médicos le dijeron que con las placas de rayos X era suficiente. 

—¿Por qué? ¿Por qué tanto te preocupa?… Cuántos hombres viven con la bala en el cuerpo —cuenta que le dijeron.

PERJUDICADO. Adrián Ochoa Castillo no trabajó por 10 meses. A fin de noviembre recién pudo reincorporarse a su centro de labores. 

Foto: OjoPúblico / Alba Rivas

 

Antes de ser herido, Adrián trabajaba en la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista como conductor de la institución. Estuvo sin ese empleo durante 10 meses y fue reincorporado recién en la última semana de noviembre. 

Durante ese tiempo, estuvo conduciendo un taxi alquilado. Dice que su brazo se cansa y que su espalda, en la parte donde está el proyectil, le duele y le arde. 

—Como si hormigas me estuvieran carcomiendo en la parte de atrás, como adormecido —explica Adrián. 

Mitsuri Corrales Mori, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), indicó a OjoPúblico que muchas víctimas de la represión policial en las protestas se ven en la necesidad de buscar segundas opiniones médicas. En muchos casos, esto es imposible de solventar. 

Víctor Cuaresma Díaz, de 60 años, y su esposa, Felícitas Rosales Merino, viven en la comunidad de Huancabamba, en el distrito José María Arguedas, a 30 minutos de la ciudad de Andahuaylas. Trabajaban en la chacra cultivando productos para vender. Este año, en cambio, sólo han sembrado para su consumo, pues no pueden hacer esfuerzo físico.

CUIDADOS.El agricultor Víctor Cuaresma Díaz ya no puede hacer esfuerzo físico. 

Foto: OjoPúblico / Alba Rivas

 

El agricultor fue herido por una lacrimógena, que le impactó en el lado derecho de la cara, el 12 de diciembre de 2022, durante la represión policial en Andahuaylas. Según cuenta, había ido a la ciudad para comprar algunos productos y no estaba participando en las protestas 

Tras una cirugía de reconstrucción, en la que le pusieron cuatro clavos para reconstruir su quijada, los médicos le recomendaron no volver a hacer esfuerzo físico. Utiliza unos trapos como babero para comer porque se le derraman los alimentos. Se marea cuando hay mucho sol y debe usar lentes transparentes para protegerse del viento.

A veces, a Víctor se le hincha la cara y le duele la zona de la herida. Su esposa solo le echa un poco de alcohol. No saben qué otra cosa hacer, pues los médicos no les han indicado.  

La pareja repite, una y otra vez, que nunca se inscribieron para ser beneficiarios de ningún programa social, a pesar de que ambos tienen más de 60 años. Pero ahora, que no pueden trabajar como antes, necesitan que el Estado se haga responsable de ellos.

 

Heridos que ya no pueden trabajar 

En diciembre de 2022 se estableció la Comisión Multisectorial de apoyo a las víctimas de las protestas, mediante Resolución Suprema N° 027-2023-JUS. El mandato de este grupo, integrado por representantes de distintos ministerios y asociaciones, se extendió hasta julio de 2023.

De manera extraordinaria, se autorizó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a entregar, por única vez, el monto de S/50.000 por cada persona fallecida, y S/25.000 por cada herido de gravedad.

Para determinar si un herido se beneficiaría con ese apoyo, se consideraron cinco criterios: los que estuvieron en la Unidad de Cuidados Intensivos, aquellos que permanecieron hospitalizados más de 10 días, quienes requirieron una intervención quirúrgica mayor, las personas que adquirieron una discapacidad permanente como consecuencia de las heridas, y otros casos que la comisión determinara y aprobara.

De acuerdo a información del Ministerio de Justicia, remitida a OjoPúblico en respuesta a un pedido de acceso a la información pública, se entregó este apoyo a 155 personas heridas, entre civiles y policías.

Mitsuri Corrales Mori, de la CNDDHH, señaló que este monto no es una reparación integral. En muchos casos de heridos, incluso, resultó insuficiente para pagar los tratamientos médicos y la rehabilitación.

Julia Pacci Condori fue impactada por un proyectil, el 6 de enero pasado, mientras ayudaba a un grupo de personas afectadas por las bombas lacrimógenas, lanzadas desde helicópteros, en las inmediaciones del aeropuerto de Juliaca, en Puno. 

Perdió la audición en el oído izquierdo y, a causa de sus secuelas, ha dejado de trabajar. Meses atrás, la madre de familia vendió el carrito de comida que usaba para conseguir ingresos antes de ser herida. 

Julia Pacci perdió la audición en el oído izquierdo y, a causa de sus secuelas, ha dejado de trabajar".

Previamente, había usado todo el monto de la reparación en medicinas y pasajes hacia Lima para realizar su rehabilitación. El dinero, explica, ha resultado insuficiente ante los requerimientos que suponen la atención médica.

Jorge González Castañeda, de 21 años, no puede trabajar, ni continuar sus estudios de Psicología por las secuelas de sus heridas. El 20 de enero, un proyectil de arma de fuego alcanzó su pierna, durante las protestas de Chao.

LIMITACIONES. Jorge Gonzáles Castañeda solo puede andar con muletas y la ayuda de un familiar. 

Foto: Arturo Gutarra 

 

El joven, natural de Cajamarca, había llegado a esta localidad poco antes para trabajar en la cosecha de frutas durante sus vacaciones de primer ciclo. Actualmente, realiza algunas terapias de recuperación física, apenas solventadas por la reparación económica que le entregó el Gobierno, en julio pasado. Para cualquier actividad, debe andar con muletas y acompañado con algún pariente.

Elvis Delgado Medina tenía tan solo una semana trabajando como cosechador de arándanos para una empresa agroexportadora de La Libertad cuando fue herido en el abdomen, el 14 de enero.

Producto de ello, estuvo dos meses en el Hospital Belén, en Trujillo, donde lo sometieron a dos cirugías, indica su tío Luis Delgado. Luego de su alta médica, en febrero, tuvieron que aplicarle una colostomía, ya que el proyectil había perforado su intestino grueso.

HOSPITALIZADO. Elvis Delgado Medina aun no puede regresar a su hogar.

Foto: OjoPúblico / Gonzalo Haro

 

—Sigue en recuperación. Esperemos que lo haga pronto, pues aún se encuentra tomando reposo. A él lo que más le frustra es no poder trabajar o ver a su familia —cuenta.

Antes de ser herido, Reyder Hinostroza Machaca, de 28 años, trabajaba en construcción y como conductor de taxi en Ayacucho. 

El 15 de diciembre de 2022 estaba en una obra cerca al aeropuerto. Hacia las 6:30 p.m. salió de allí y se dirigió a los alrededores del cementerio. Los militares estaban disparando y él comenzó a ayudar a los heridos, según relató. 

—No pensaba en ningún momento que iban a salir los militares y disparar fuera del aeropuerto —dice.  

Cuando estaba ayudando a un joven herido, recibió el impacto de un proyectil en el muslo derecho. 

Los médicos le sacaron piel de la pierna izquierda para hacerle un injerto en la zona afectada. Le hicieron 45 puntos y debió mantenerse en cama durante dos meses para evitar que la herida se abriera. Vive en Huamanga con sus abuelos, de 74 y 77 años. Cuando era niño, su madre lo dejó con ellos. 

—Desde pequeño ya me han criado y ahora me tocaba —dice. 

Desde marzo, Reyder solo trabaja conduciendo su taxi. Luego de algunas horas, o cuando hace mucho calor, la pierna derecha se le hincha y le duele.