Maura*, del pueblo indígena amahuaca, tiene dos hijos que consumen pasta básica de cocaína (PBC). Uno tiene 15 años y el otro 13. Según cuenta, el día que se enteró que sus hijos consumían fue a la policía a pedir que tomen acciones contra los que ofrecían la droga. Su solicitud no fue escuchada y, por el contrario, ella y su familia empezaron a recibir amenazas de los vendedores de estos insumos ilegales.

El distrito de Yurúa, en la provincia de Atalaya (Ucayali), está en el límite de la Amazonía de Perú con Brasil, y al igual que otros territorios de esta frontera tiene pocos servicios públicos del Estado. Desde hace varios años, además, se han convertido en territorio disputado por la criminalidad asociada al narcotráfico. 

De acuerdo a diversos testimonios recogidos por OjoPúblico, en los pueblos indígenas que habitan esta parte de la frontera amazónica, el consumo de drogas entre menores de edad ha aumentado. 

“Yo le hablo a mis hijos. No hay ni un día en que deje de hacerlo”, dice Maura y aclara con optimismo que ellos poco a poco, pese al escaso apoyo que reciben, están dejando de consumir. 

Los menores han abandonado sus estudios en el colegio, pero pronto esperan volver. De acuerdo a una autoridad local, solo en la comunidad de Maura, en Santa Rosa, hay otras cinco familias amahuacas, con hijos menores que consumen.

El consumo de drogas entre menores de edad va en aumento". 

Aunque no existe un diagnóstico formal que lo consigne, en Puerto Esperanza, capital de Purús, también frontera con Brasil, se registra igual que en otras comunidades un incremento del consumo de pasta básica, explica Aquiles Ricopa, jefe de la microred de salud de la provincia. A Purús solo se puede ingresar vía aérea desde Pucallpa.

Según organizaciones civiles que trabajan en esta parte de la frontera, el consumo y venta de drogas, como la pasta básica de cocaína, ha tenido una presencia continua. Sin embargo, se tiene la percepción de que en los últimos años se ha dado un significativo incremento.

El 2022, comunidades y organizaciones indígenas de Perú y Brasil alertaron sobre “la acción de las redes de producción, distribución y consumo de drogas” y de la amenaza que representa para ellas, sobre todo para los más jóvenes. Esta zona se ha convertido en una de las principales rutas del narcotráfico internacional, como ha advertido OjoPúblico en anteriores reportajes. Brasil es el segundo país con más consumidores de cocaína en el mundo después de Estados Unidos. 

Del lado peruano, en la región Ucayali, los cultivos de coca se han incrementado como nunca antes: de 3.822 hectáreas, en 2020, a 10.151 hectáreas, en 2021, según la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). 

El distrito de Yurúa es zona de tránsito de la droga. Por aquí pasan los denominados "mochileros", personas que van a pie y cargan la droga en mochilas de un lugar a otro, en este caso desde los laboratorios que se pueden encontrar en varios puntos de la misma provincia de Atalaya hasta Brasil. 

 

Triple frontera 

 

En la región Loreto, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, en la frontera con Colombia y Brasil, se atestigua una situación similar de consumo en menores de edad. 

Según testimonios de los líderes locales que piden no ser identificados, cada noche, en las inmediaciones al cementerio del distrito de San Pablo, entre árboles y maleza, un grupo de adolescentes y niños se oculta para consumir una sustancia de color blanco mate y de consistencia grumosa a la que llaman “bruta”. Es pasta básica que no se ha terminado de preparar. 

Con cierto cuidado, los menores han adecuado un espacio en donde se aprecian envolturas de papel, un recipiente gastado y ennegrecido de aluminio, y pipas artesanales hechas con semillas de aguaje. Cada vez que escuchan el sonido de las motocicletas del serenazgo acercándose, huyen corriendo.

A diferencia del distrito de Yurúa, la provincia de Mariscal Ramón Castilla es una zona productora, allí se cultiva hoja de coca y se procesa hasta convertirla en pasta básica o clorhidrato de cocaína.

Según Devida, en el Bajo Amazonas (que abarca los cuatro distritos de Mariscal Ramón Castilla y dos distritos de la provincia de Maynas) los cultivos de coca se han incrementado de 4.318 hectáreas, en 2020, a 6.472, en 2021. 

Según autoridades y vecinos de San Pablo, distrito de unos 15.000 habitantes, el consumo de drogas en menores se ha empezado a notar más desde mediados del 2021. Y cada vez son más jóvenes. Además del cementerio, los chicos se juntan a consumir al lado de carreteras desiertas.

En el pueblo existe el caso de un menor que empezó su consumo a los nueve años y solo es cuidado por sus abuelos. Su madre vive en Pucallpa con otra pareja y su padre es un brasileño que es adicto a las drogas.

Sandra Flores, abogada de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (Demuna), reconoce que existen más casos de menores, pero es muy poca la gente que se atreve a reportar. 

No existen estudios ni estadísticas que permitan conocer con claridad lo que ocurre con los menores y sus familias en un contexto de violencia y dominio del narcotráfico. Según testimonios y registros policiales, se están haciendo más comunes los hechos delictivos que tienen como autores a adolescentes. 

Los delitos pueden ir desde el robo de animales hasta el secuestro, el tráfico ilícito de drogas o el asesinato. Victoria Cuba Sotomayor, fiscal provincial de familia de Mariscal Ramón Castilla, recuerda el caso de un adolescente de 15 años sentenciado el 2021 por tráfico ilícito de drogas, y que fue recluido en una cárcel juvenil en la ciudad de Pucallpa. 

La fiscal alerta que extranjeros de Brasil, algunos menores de edad y otros que se hacen pasar por ellos, ingresan al Perú para delinquir y luego huir a su país. 

SUBPRODUCTO. En San Pablo, menores de edad se juntan cerca a puntos poco vigilados para consumir bruta, un subproducto de la pasta básica de cocaína. 

Foto: OjoPúblico / Jonathan Hurtado

 

Sin política de atención

 

“Los políticos no se preocupan por estos temas porque no pueden sacar dinero o provecho para ellos”, dice José Andía Cáceres, director de la comunidad terapéutica Talita Kumi, el único centro de rehabilitación y atención para quienes busquen dejar el consumo de drogas, centrado en adultos, que existe en la región y que depende económicamente de una parroquia. 

Al igual que en la frontera, el consumo de drogas en las ciudades también se ha incrementado, sostiene Andía Cáceres. “Acá en Iquitos se está viendo que los muchachos consumen pasta básica dentro de los mismos colegios”, dice alarmado. 

En la provincia de Putumayo, una larga franja que limita con Colombia, un exdirigente social que prefiere mantener su identidad en reserva dice que ahora es más común ver a menores consumiendo marihuana y pasta básica de cocaína en las inmediaciones. El exdirigente asegura que incluso circulan videos en canales de Whatsapp de colegiales consumiendo en horas de clase.

Según fuentes policiales consultadas por OjoPúblico, en esta frontera actúan grupos disidentes de las FARC y de los denominados grupos armados organizados residuales (GAOR), que controlan la zona, y que buscan permanentemente ampliar sus dominios. Aquí les pagan a indígenas para que se dediquen a la siembra de hoja de coca.

 

Sustancia adictiva

 

En una visita de OjoPúblico realizada a Caballococha, capital de la provincia Mariscal Ramón Castilla, identificó también a grupos de adolescentes consumidores de pasta básica de cocaína.

Danny* (25 años) estuvo tres en la cárcel por tráfico ilícito de drogas. De más joven trabajó en la recolección de hoja de coca y en el transporte de la droga vía fluvial. Aunque todavía es consumidor, dice que no lo hace con la frecuencia de antes. 

“Aquí vienen dos muchachos, chibolos que se drogan. Hay un morenito, chiquito, que vive con su abuelo que trabaja, y él se escapa para venir aquí. Yo les hablo para que no consuman, porque luego con el tiempo van a sentir la pegada. A veces, hasta les hago agarrar con el serenazgo”, cuenta Danny.

Sin embargo, momento después Danny muestra un paquete pequeño de “bruta”, dice que le costó cinco soles y que se puede consumir con tabaco.

Existe el caso de un menor que empezó su consumo a los nueve años y solo es cuidado por sus abuelos."

La pasta básica de cocaína es una de las sustancias más adictivas y destructivas que tenemos en nuestro medio, advierte Milton Rojas, psicólogo principal de la ONG Cedro. “Y si se mezcla con tabaco es peor, porque se genera una doble dependencia, tanto a la nicotina como a la pasta básica de cocaína". 

“La droga —según explica Rojas— tarda entre seis a ocho segundos en llegar al cerebro, eso es lo que genera la dependencia tan marcada”, alerta. La “bruta” se encuentra al alcance de los menores que se dedican a la “raspa”, además, por dicha labor, pueden tener acceso a los laboratorios, cuenta una autoridad local.

En la región Amazonas, el consumo de pasta básica entre menores de edad también constituye un escenario alarmante. “Ninguna institución en la provincia de Condorcanqui cuenta con información sobre este consumo. Sin embargo, eso no quiere decir que no exista, sino que las autoridades no le prestan atención”, alerta Santiago Jesús Manuin, joven líder del pueblo awajún.

Manuin afirma que el consumo es creciente en las comunidades que cuentan con colegios de secundaria. Por ejemplo, en la zona fronteriza de Comaina, en El Cenepa, se han presentado varios casos, según la información que ha recibido Manuin de líderes y padres de familia. 

 

 

De acuerdo a datos proporcionados por el Ministerio de Salud sobre casos de trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas, el alcohol es la sustancia que ha motivado más atenciones médicas.

En la provincia de Bagua se han dado 232 atenciones a menores de 18 años entre el 2013 y el 2022. En la provincia de Condorcanqui, en el mismo periodo, las atenciones fueron de 46 casos. Le sigue el consumo de marihuana, luego el de disolventes y, más atrás, el consumo de cocaína: ocho casos en menores de edad para Bagua, y tres para Condorcanqui. 

Las cifras muestran aquellos casos que demandaron una atención médica especial, sin embargo, no es una muestra del consumo real. En el caso de Mariscal Ramón Castilla, en Loreto, no se cuentan con cifras sobre atenciones por consumo de alcohol. En el caso del Putumayo se cuenta solo uno y es de 2013. En Atalaya (Ucayali) se cuentan 21 casos en 10 años, y en Purús solo uno.

En cuanto a atenciones por casos de trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de cocaína en menores de edad, en Mariscal Ramón Castilla, solo se dieron dos atenciones y en el Putumayo ninguna. En la provincia de Atalaya, en una década, se registraron siete casos por cocaína, los últimos cinco en 2022. Y en Purús ninguno.

OjoPúblico solicitó registros sobre el consumo de drogas en los colegios al Ministerio de Educación. Pero, hasta el cierre de este informe, no se obtuvo respuesta.

Las municipalidades no contratan profesionales para las Demunas, porque dicen que no cuentan con presupuesto".

Zebelio Kayap, de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), afirma que en el distrito de El Cenepa (frontera con Ecuador) el consumo se está dando entre escolares de 12 años en adelante, casi todos varones.

De acuerdo al dirigente, la droga la traen los comerciantes de Imaza, provincia de Bagua, que llegan en botes con diversas mercaderías. “Esto viene pasando desde hace varios años sin que nadie haga algo”, señaló el dirigente a este medio. Según explicó le preocupa la situación en las residencias estudiantiles. Condorcanqui cuenta con 18 instituciones educativas de secundaria con residencias para estudiantes de las comunidades nativas awajún y wampís.  

En Amazonas se desarrollan actividades ilícitas como la minería ilegal y el narcotráfico. Según el conteo de Devida, los cultivos de hoja de coca se incrementaron llamativamente en los últimos años. Entre el 2020 y el 2021 los cultivos crecieron más del doble, de 656 hectáreas a 1.564.

Santiago Manuin afirma que antes solo se tenía el problema del consumo de alcohol en las comunidades. Ahora, las rondas campesinas intentan poner control, pero “los mismos dirigentes y los mismos adultos awajún, algunos, están involucrados en las actividades ilícitas, y han perdido autoridad para decirle a los jóvenes que no se involucren en esos actos”, explica.

Desde hace cuatro años —cuenta Manuin— denuncian y piden a las autoridades que actúen, a fin de evitar que la droga alcance a los jóvenes. Sin embargo, nadie les responde. Ni el Gobierno central y menos las autoridades de Condorcanqui se han enfocado en este problema, denuncia.

 

Atención insuficiente 

 

Según el Código de los Niños y Adolescentes, las Demunas —adscritas al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables— deben contar con profesionales de diversas disciplinas (psicólogo/a, abogado/a, asistente/a social, entre otros), y en las oficinas que no cuente con estos servidores, los puestos podrán ser ocupados por personas de la comunidad debidamente capacitadas.

En las Demunas del Bajo Amazonas no tienen los ambientes más adecuados. Tampoco cuentan con el presupuesto necesario para desplazarse a las comunidades más alejadas, para hacer capacitación y prevención.

“Las municipalidades no contratan profesionales para las Demunas, porque dicen que no cuentan con presupuesto suficiente, y lo que hacen es designar a un abogado del mismo municipio”, señala una extrabajadora de una Demuna que prefiere mantener su identidad en reserva. 

La trabajadora cuenta que existen distritos que tienen más de 50 comunidades y es difícil llegar a todas ellas. Para la fiscal Victoria Cuba una carencia alarmante que se suma es la falta de profesionales, como psicólogos. Sostiene que muchos no se adaptan a las condiciones materiales que ofrece la frontera como la falta de conectividad, por lo que terminan renunciando.   

ESCUELAS. El consumo y venta de drogas se está haciendo habitual en los colegios, según algunos testimonios. En principio era marihuana, ahora se trataría de PBC. 

Foto: OjoPúblico / Jonathan Hurtado

 

Las oficinas de Estrategia Rural, del Programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que existen en estas zonas también se enfrentan a los mismos obstáculos.

“Los temas de violencia hacia la mujer, hacia los niños y hacia las familias muchas veces están asociados con el consumo de alcohol y otras drogas, y hay muchas mujeres que reciben atención, soporte y consejería de parte del Programa Aurora”, destaca Milton Rojas, de Cedro. 

Los centros de salud mental comunitario también son un espacio donde se puede recibir atención, explica Rojas. Sin embargo, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla no existe ninguna sede. Desde Devida destacan que cuentan con el servicio Habla Franco que es gratuito y brinda orientación y consejería psicológica especializada en problemas de consumo de drogas. 

Pero este servicio se basa en llamar a un número telefónico o conectarse a una plataforma digital. Su utilidad en zonas alejadas de frontera es prácticamente nula.

 

Un contexto de enormes carencias 

 

“Si alguien de Lima viene a vivir acá, también se dedicaría al cultivo de la coca”, afirma con seguridad un vecino en San Pablo. Argumenta que la falta de trabajo y de oportunidades lleva a muchas personas a involucrarse en dicha actividad. 

Algunos padres de familia se justifican en esta ausencia del Estado —que se comprueba en las carencias visibles de atención en salud, educación y seguridad— para mantenerse activos en sus faenas vinculadas al cultivo de la hoja de coca. 

En el distrito de Yurúa, en Ucayali, su centro de salud no cuenta con personal médico completo, tampoco tienen una comisaría. Y el miedo se ha instalado en las comunidades, donde la gran mayoría pertenece a un pueblo indígena. 

“Estamos ubicados en la misma frontera, en el hito 38. Por el río pasan los brasileños a llevar droga de Perú, no tenemos un punto de control [de la policía]”, dice un comunero de Santa Rosa. Este año se han empezado a ver embarcaciones que van a gran velocidad de un país a otro, advierte.

En tanto Maura pide a las autoridades del Gobierno central que vengan a ver, con sus propios ojos, lo que pasa en el distrito con los menores que consumen droga. “Estoy tan preocupada por mis hijos. Tengo dos chiquititos más que no quiero que estén metidos en eso de la droga, uno tiene cinco años y otro un año. Yo estoy hablando de eso con ellos”, finaliza. 

OjoPúblico solicitó una entrevista a Devida con el fin de conocer las acciones que realizan e impulsan en zonas de frontera. Sin embargo, pese a las iniciales coordinaciones, Devida cortó la comunicación. 

 

*Los nombres de las personas que han dado sus testimonios para este informe han sido cambiados por seguridad.