Actualización 4:15 p.m. del 2 de abril / 10:30 a.m. y 5:50 p.m. del 3 de abril

En febrero último, un grupo de medios liderados por la plataforma periodística Forbidden Stories reveló la participación clave de una compañía española –llamada Eliminalia, fundada en Barcelona el 2013 y con operaciones en 50 países del mundo– en la cada vez más lucrativa actividad global de eliminar el pasado online de personas con antecedentes controversiales, acusaciones penales o condenas judiciales, que son visibles en Internet.

Hoy, OjoPúblico e IDL-Reporteros se suman a la investigación global y revelan que dicha firma fue contratada por un grupo de clientes en Perú para borrar información de interés público que, en algún momento, los vinculó con ilícitos que van desde el crimen organizado y la corrupción, entre otros.

La serie Story Killer –en la que participaron The Guardian, The Washington Post, El País y con el apoyo técnico de OCCRP, entre otros– reveló que Eliminalia, creada por el empresario español Diego Sanchez, utilizó estrategias ilícitas e irregulares: desde formular denuncias por derechos de autor sin sustento, suplantar identidades o crear sitios web o noticias falsas para eliminar contenidos periodísticos, manipular resultados de búsqueda en Internet y finalmente ocultar información que perjudique la reputación de sus clientes.

Una lista de hasta 1.500 personas y compañías en donde destacan políticos, empresarios y ejecutivos controvertidos hasta acusados por crimen organizado, lavado de dinero, narcotráfico y agresores sexuales. En el Perú, Eliminalia –cuyo lema actual en su sitio web es “Eliminamos tu pasado”– firmó contratos con clientes basados en el país, hasta por un total de 41 mil euros, solo en 19 casos identificados que ocurrieron entre 2016 y 2021.

Cada cliente se comprometió a pagar, en promedio, 1.300 euros para borrar sus antecedentes negativos en Google, el motor de búsqueda más utilizado en Internet en todo el mundo. Si bien los montos pagados en Perú no son altos respecto a otros países, estos sí pueden llegar a varios miles de euros dependiendo de la complejidad del caso. Por ejemplo, en Francia, una compañía acusada de evasión de impuestos llegó a pagar 155.000 euros a Eliminalia.

En la lista de principales clientes de Eliminalia en Perú, se detectó a un empresario vinculado al grupo de comerciantes de armas durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000); al exministro del Interior y expresidente del Seguro Social de Alan García (2006-2011), y a un empresario señalado como el artífice de una millonaria estafa inmobiliaria.

También se identificó a un exalto ejecutivo de una corredora de bolsa en Chile y Perú que dirigía offshore creadas por Mossack Fonseca de Panamá, así como a una compañía de marketing en Lima que –en representación del exvicepresidente de Alejandro Toledo y del CEO de la filial local de una corporación tecnológica– contrató a Eliminalia para borrar su pasado de Internet.

TÁCTICAS. Eliminalia usó métodos fraudulentos para borrar contenidos. Desde la clonación de sitios web, denuncias por derechos de autor apócrifas y la manipulación del algoritmo de motores de búsqueda.

Ilustración: Composición de imágenes vía MidJourney.

 

Todos estos secretos proceden de los contratos que Eliminalia firmó con sus clientes en Perú entre 2016 y 2021, en donde revelan su real naturaleza empresarial, la finalidad de sus servicios, los montos a pagar; así como los anexos que incluyen acuerdos de confidencialidad, apoderamientos, copias de documentos de identidad y pasaportes y, principalmente, los links de los contenidos a eliminar.

En dichos documentos –a los que OjoPúblico tuvo acceso como parte de esta investigación internacional– Eliminalia se resume así misma como “una compañía dedicada a la eliminación y/o desindexación y/o alteración del contenido de informaciones negativas aparecidas en Internet sobre el cliente”.

En Perú, Eliminalia firmó contratos hasta por un total de 41 mil euros: 19 casos ocurrieron entre 2016 y 2021.

Los contratos revisados para este reportaje –procedentes de una filtración de 50 mil documentos de Eliminalia– revelan las opciones que dicha empresa brindó a sus clientes en el Perú con el objetivo de borrar su pasado bajo el mal uso del llamado Derecho al olvido: desde la eliminación o desaparición definitiva de los links y los contenidos a solicitud de los interesados (ya sea de medios periodísticos, blogs o redes sociales como Facebook y Twitter); la desindexación, es decir, bajar el posicionamiento de los mismos en, por ejemplo, Google, para que sea más difícil de encontrarlos; y, finalmente, la alteración de los contenidos, de modo que la información no sea negativa en los motores de búsqueda.

En el 2019, OjoPúblico ya había advertido cómo el llamado Derecho al olvido o el mal uso de la ley de protección de datos personales en Perú –creada el 2013 para proteger la información del ciudadano, del uso indebido por parte de compañías (telefónicas, bancos, clínicas y call centers, entre otras)– se había convertido en un arma para borrar contenidos de medios digitales y de otras plataformas que, a través de la publicación de contenido de interés público, hacen posible la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

Hoy, Eliminalia aparece como una de las principales artífices de este tipo de censura.

A continuación, los siete casos de mayor interés público en relación al caso de Eliminalia que, desde las primeras revelaciones sobre sus polémicas operaciones y clientes en América y Europa, ha desaparecido del mapa para intentar cambiar su identidad a Idata Protection.

 

El broker que fue vinculado a los comerciantes de armas de Montesinos

 

El 2000, después de la caída del gobierno de Alberto Fujimori, las autoridades peruanas iniciaron una serie de investigaciones fiscales a gran escala que llevaron a prisión a ministros, congresistas, jueces supremos y altos mandos de la Policía y las Fuerzas Armadas involucrados en actos de corrupción.

Una de las indagaciones más emblemáticas de esa época correspondió a los grupos de comerciantes de armas, peruanos y extranjeros, que fueron organizados por el exasesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos, para ganar millonarias comisiones por la venta de 39 aviones MIG-29 y Sukhoi 25 en perjuicio del Estado.

Uno de aquellos grupos fue liderado por Alberto Venero Garrido, Luis Duthurburu y Juan Valencia Rosas, quienes en las últimas dos décadas acabaron confesando, colaborando y delatando a Montesinos y al resto de comerciantes de armas, testaferros y otros operadores a cambio de sentencias reducidas en la justicia.

Para esta investigación OjoPúblico accedió y revisó contratos procedentes de una filtración de 50 mil documentos de Eliminalia.

Un personaje vinculado a Valencia Rosas (quien fue condenado a cuatro años de prisión por estos hechos en 2021) fue el empresario peruano de origen rumano, Mihai Olarescu Jochamowitz (1955), un administrador que desde los años 90 labora como broker o intermediario en el rubro de seguros y reaseguros.

Olarescu Jochamowitz, quien desde el último lustro además está vinculado al rubro de contrataciones con el Estado, fue socio de diferentes sociedades fundadas en el país entre los años 80 y 90. La compañía más importante y conocida relacionada al empresario fue Olsa Re Corredora de Reaseguros S.A., creada en Lima en 1985, y de la que fue presidente del directorio entre 1991 y 2017.

Para el año 2016, la cartera de dicha empresa –en liquidación actualmente– acabó siendo adquirida por Jardine Lloyd Thompson (JLT), del Reino Unido, que a su vez fue comprada por Marsh & McLennan, firma global del rubro de las reaseguradoras, en el 2019.

PROVEEDOR. Mihai Olarescu laboró durante por más de dos décadas como máximo directivo de una empresa aseguradora en Perú

Foto: Captura de vídeo alojado en la web de Lima Trading

 

Precisamente, la experiencia de Olarescu Jochamowitz en el rubro de los seguros fue mencionada por el condenado Valencia Rosas en la indagación realizada por el Congreso sobre el uso de los recursos de la privatización y otros de la caja fiscal para gastos de defensa. En mayo del 2001, La República dio cuenta de esta investigación y consignó la declaración de Valencia –quien laboró en el pasado como broker de seguros– a raíz de la revelación de un vídeo emitido por el canal Frecuencia Latina.

Allí aparecen las cabezas de la red criminal en una fiesta en 1998 por el cumpleaños del expiloto israelí Moshe Rothschild, socio de Claus Corpacho y Ernesto Benavides, junto con otros personajes claves en la compra de los MIG-29 y SU-25.

“Mihai Olarescu creo que era socio de [Claus] Corpancho, tenía intervención en los seguros, creo que de transporte de aviones”, dice Valencia en el artículo “Amasaron US$445 millones con venta de armas a Bielorrusia”, publicado originalmente en 2001, en referencia al entonces presidente de Olsa Re Corredora de Reaseguros S.A. y a los presentes en el homenaje a Rothschild, quien hasta ahora se encuentra no habido.

En su declaración ante el Congreso, Valencia en efecto llega a decir que: "En una oportunidad Corpancho se presenta entregándome una tarjeta donde figuraba si mal no recuerdo presidente o ejecutivo de Olsa... Ellos, tengo entendido de que en algún momento... tenían intervención en los seguros creo que de transporte de aviones".

Desde aquel 2001, las pesquisas en torno a los comerciantes de MIG-19 y SU-25, así como el proceso para juzgar a los prófugos o repatriar los millones que se llevaron a paraísos fiscales en Europa, siguen en diferentes instancias a nivel judicial.

Olarescu Jochamowitz entregó copia de su pasaporte rumano y firmó tres contratos con Eliminalia.

La experiencia de Olarescu Jochamowitz en el negocio de los seguros de aeronaves, como llegó a decir Valencia Rosas en el 2001, encuentra eco en lo dicho por la corporación británica JLT cuando adquirió la cartera de Olsa en julio del 2016. “El conocimiento de Olsa en la industria de la aviación añadirá mayor fuerza a la oferta de JLT para este mercado”, indicó la empresa extranjera en un comunicado de ese año.

Precisamente, esta operación comercial se anunció dos meses antes de que Olarescu firmara el primer contrato con Eliminalia para borrar parte de su pasado descrito en el reportaje de La República del 2001, en donde Valencia Rosas declara sobre los comerciantes de armas de Montesinos y sus operadores.

De la revisión de los documentos filtrados de Eliminalia se estableció que Olarescu Jochamowitz entregó copia de su pasaporte rumano y firmó tres contratos con Eliminalia –el primero en 2016 por 3.600 euros, el segundo en 2017 por 1.000 euros y el tercero del 2019 por 3.350 euros– con el objetivo de revisar el parámetro de resultados que arroja Google sobre su nombre y borrar la dirección online del artículo del 2001, en el cual Valencia Rosas habla sobre el empresario y su papel en el tema de los seguros de aviones, y en donde se revela la celebración de la red criminal que se hizo millonaria con la venta de MIG-29 y Su-25 en tiempos de Fujimori y Montesinos.

En los contratos no figura el proceso que siguió Eliminalia para conseguir lo prometido a Olarescu Jochamowitz. Sin embargo, el artículo online (basado en el impreso del 2001) ha desaparecido. Lo que sí aparece en torno a dichos contratos, son los archivos filtrados que hacen referencia a un segundo artículo de La República del 2018, que también menciona a Olarescu y que relata un hecho público ocurrido aquel año: los esfuerzos de la Fiscalía de Extinción de Dominio por repatriar US$30 millones de Montesinos y de la mafia de comerciantes de armas en cuentas bancarias en paraísos fiscales de Suiza y Luxemburgo. Hoy, el contenido en dicho link tampoco existe en la versión original.

 

En el artículo del 2018 también se menciona a Olarescu como al empresario José Espinosa French, quien se desempeñó como miembro del directorio de Olsa Re Corredora de Reaseguros S.A. desde inicios de los 90.

Ambos fueron socios en la creación de la oficina de Olsa en el Reino Unido (registrada en el 2004) y en otros países de Sudamérica, así como en Uniglobal Insurance & Reinsurance INC en Panamá. Espinosa French, quien además es accionista de Leyton Consultancy en las Islas Vírgenes Británicas, llegó a ser nombrado vicepresidente senior de Aviación de la entonces JLT Corredores de Reaseguros en 2016, la compañía que adquirió a Olsa y que hoy está en manos de Marsh & McLennan.

Actualmente, y sin rastro de ambos artículos en Internet, Olarescu Jochamowitz preside la empresa Lima Trading, que ha participado en consorcio con otras compañías en la construcción y renovación de cinco instituciones de educación superior públicas, una de ellas fue el llamado Instituto Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. 

En sitio web de dicha institución él aparece mencionado en una nota de prensa, al igual que en un video, como representante de Festo Didactic LTD. Esta institución, desde el 2004, ganó contratos públicos por S/ 11 millones y tiene entre sus principales clientes a universidades e instituciones educativas del Perú.

Para conocer su versión se llamó al número de contacto del sitio web de Lima Trading. Contestó una trabajadora de dicha empresa y respondió que informaría a Olarescu Jochamowitz sobre nuestro pedido. También se enviaron dos correos electrónicos a las direcciones: administracion@limatradingsac.com y molarescu@limatradingsac.com, solicitando una entrevista para recoger sus descargos sobre la investigación de Eliminalia.

Al cierre de este reportaje, no se recibió ninguna llamada o respuesta alguna en relación a los correos enviados.

 

Eliminar el rastro que conduce a las offshore de Mossack Fonseca

 

En la lista de clientes de Eliminalia también aparece el administrador de empresas y experto en finanzas Juan Sebastian de Rementería Videla (1967), nacido en Chile, con pasaporte español y nacionalizado peruano. Según su Linkedin en los años 90 laboró como corredor de bolsa en el Banco BNP Paribas y luego se dedicó al rubro de inversiones inmobiliarias, energía, minería y capital privado, llegando a ser socio, según él mismo indica, de la Sociedad Agente de Bolsa Cartisa Peru S.A. y dueño de Sofía Antonia SAC, dedicada a bienes raíces y valores y asesoría financiera.

Su nombre salió a la palestra mediática cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el medio chileno Ciper revelaron sus nexos con la firma Mossack Fonseca del caso Panama Papers, en calidad de director de algunas sociedades offshore, y, principalmente con los chilenos Tomás Serrano Parot y Jorge Fuenzalida Barraza, dueño y gerente comercial, respectivamente, de la quebrada corredora de bolsa, Raimundo Serrano Mac Auliffe, basada en Santiago.

Serrano y Fuenzalida fueron condenados el 2014 a 15 y 11 años de prisión, por estafa y entregar información falsa a la Superintendencia de Valores y Seguros de dicho país.

Entre el 2000 y el 2009, según el propio De Rementería Videla, fue socio director de la corredora chilena, y además gerente internacional, de acuerdo a la publicación de Ciper.

En Perú, el cliente de Eliminalia llegó a figurar como accionista de la Sociedad Agente de Bolsa Cartisa Perú S.A. en el 2003, según la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Entre 2000 y 2008, esta corredora local –fundada en Lima en 1993– tuvo como principal accionista a la empresa Serrano Consultores SAC (75%) y como presidente del directorio al chileno Serrano Parot, y a su compatriota Fuenzalida Barraza como director. Seis años después ambos acabarían en prisión.

 

COMPROMISO. El ejecutivo Sebastián de Rementería fue vinculado a un grupo de offshore al revelarse los Panama Papers. Luego intentó borrar las publicaciones que lo exponían.

Foto: Captura archivos Eliminalia

 

Aquel 2003, De Rementería Videla fue formalizado como uno de los accionistas minoritarios de la SAB Cartisa de Lima con casi el 5% de las acciones, mientras que Serrano Consultores SAC seguía como el mayoritario con el 75% de las acciones.

Sin embargo, al año siguiente, la corredora de bolsa nacional ya no menciona a De Rementería Videla como uno de sus dueños, en su informe ante la SMV. En su lugar aparece la sociedad offshore Accent Trading ubicada en las Islas Vírgenes Británicas, con el 10% de acciones de SAB Cartisa.

Los Panama Papers permitieron saber que Accent Trading –que reemplazó a De Rementería Videla en la composición accionarial de la SAB Cartisa– fue creada en 2003 teniendo de agente a Mossack Fonseca, como vinculadas a las empresas peruanas Sofía Antonia SAC e IFNI SAC, y como intermediaria a la controvertida corredora Raimundo Serrano Mc Auliffe de Chile.

Precisamente, la compañía Sofía Antonia SAC, también creada en Lima el 2003, fue la que figura como la responsable del pago a Eliminalia para que borre el link del reportaje de Ciper del 2016 en donde se menciona por primera vez la relación entre De Rementería, la firma panameña y los condenados Serrano Parot y Fuenzalida Barraza.

Ante la SMV, De Rementería dejó de ser accionista de Cartisa SAB desde el 2004, pero para entonces ya era el gerente general de Sofía Antonia SAC y luego apoderado con permiso para realizar operaciones a sola firma, según Registros Públicos.

Los nexos de esta última empresa con la offshore Accent Trading de Islas Vírgenes Británicas y la peruana SAB Cartisa también son notorios además porque el socio fundador original de Sofía Antonia SAC fue el peruano José Antonio Cabia Vega, casado con Patricia del Pilar Matsuda Ysa. Ambos, en la actualidad, laboran en SAB Cartisa. El primero como gerente comercial y la segunda como integrante del directorio y accionista con el 42% de las acciones.

AGENTES. Los documentos filtrados revelan que la empresa Sofía Antonia, con domicilio en una firma de abogados de Lima, era la encargada de pagar casi dos mil euros a Eliminalia para borrar los contenidos sobre Sebastian de Rementería.

Foto: OjoPúblico / Gianfranco Huamán.

 

Este fue el contexto previo al 2021, cuando Sofía Antonia SAC, nacida para hacer inversiones en el rubro de bienes y otras operaciones financieras, aparece como la responsable de transferir casi 2 mil euros para que se borre de manera definitiva el rastro online que echaba luz sobre un grupo offshore que permanecía en las sombras y que se extendía desde Perú y Chile hasta los paraísos fiscales del Caribe y que en sus orígenes involucraron a actividades ilícitas condenadas en el vecino país del sur.

En este caso Eliminalia, así como el pedido de Rementería, no logró su cometido ya que el link Ciper, y otro del medio Convoca, relacionado al tema, siguen en Internet.

Para esta investigación se buscó a De Rementeria con el fin de conocer sus descargos sobre el tema, pero su dirección de domicilio en su documento de identidad peruano figura en Chile. Hicimos lo propio a través de sus cuentas de redes sociales (Facebook e Instagram).

De igual forma, visitamos la dirección fiscal de Sofía Antonia, la empresa que figura como la encargada de transferir el dinero a Eliminalia. Se encontró un edificio en la avenida Caminos del Inca (Surco), pero ahí funciona el estudio de DPP Abogados. El personal de la firma nos indicó que Sofía Antonia era su cliente y que se comunicarían con De Rementería para informarle de nuestra solicitud de entrevista, pero no hubo respuesta.

Al día siguiente de la publicación, De Rementería se comunicó con OjoPúblico. Por intermedio de una entrevista telefónica, dijo que un representante de Eliminalia le ofreció la oportunidad de borrar los contenidos que lo mencionan en Internet. De Rementería indica que él y su empresa, Sofía Antonia, no llegaron a pagar por dichos servicios debido a que no creyó que la empresa española consiguiera lo que ofrecía.

Sin embargo, en la planilla de pagos de Eliminalia sí figura el monto que debía cubrirse por dicho servicio. De Rementería además aceptó haber firmado y enviado el apoderamiento a nombre de Eliminalia, donde dicha empresa se compromete a ejercer los derechos necesarios para eliminar información, así como su pasaporte, que también aparece firmado.

 

Exministro de Alan García intentó eliminar su polémico paso por el Estado

 

Además de Olarescu y De Rementería, el expresidente ejecutivo de Essalud (2006-2010) y exministro del Interior (2010), ingeniero Fernando Barrios Ipenza (1959), también acabó siendo uno de los clientes de Eliminalia en el ámbito de borrar los antecedentes negativos sobre su paso por el Estado durante el gobierno de Alan García.

En su caso fue una persona identificada como María Angélica Roncal Madge, quien firmó dos contratos con la empresa de Barcelona por un valor total de 6.950 euros para eliminar artículos de El Comercio, La República, Perú21, IDL-Reporteros y otros portales de opinión, noticias de actualidad e investigación.

En el anexo de uno de los contratos reservados, suscritos entre los años 2016 y 2017, se puede observar a Barrios Ipenza firmando un apoderamiento con Eliminalia para conseguir la censura de dichos contenidos.

Los diferentes links de los artículos se refieren a las acusaciones públicas y mediáticas que tuvo el fundador y dueño de la Universidad Continental de Junín, por lo menos seis años antes, mientras se desempeñaba como presidente de Essalud y en los apenas dos meses en que ocupó el cargo de ministro del Interior de García.

La historia del caso empezó en octubre del 2010 cuando el diario Perú21 reveló que Barrios Ipenza, quien desde septiembre de aquel año ejercía como ministro del Interior, había cobrado una liquidación de beneficios sociales ascendente a los S/180.000, de los cuales S/89.000 correspondían al concepto de “despido arbitrario” de su anterior puesto como presidente de Essalud.

El cobro de dicho monto, realizado un día antes de llegar a la cartera del Interior, provocó un escándalo gubernamental que lo obligó a renunciar al cargo y a devolver el dinero.

ESSALUD. El expresidente Alan García y el entonces presidente del Seguro Social, Fernando Barrios Ipenza, quien luego fue nombrado ministro del Interior.

Foto: Andina

 

Ese mismo 2010, IDL-Reporteros también cuestionó las contrataciones del Ministerio del Interior –siendo Barrios Ipenza titular del cargo– en favor de la Universidad Continental, cuyo fundador y presidente era él. De igual forma se reveló que, en su paso por Essalud, la misma institución educativa que Barrios Ipenza lideraba desde aquellos años se favoreció hasta por la suma de S/3 millones en contratos con el Estado entre 2006 y 2010, largo periodo en el que Alan García lo mantuvo como funcionario público de alto nivel.

Si bien la Fiscalía Anticorrupción empezó a indagar a Barrios Ipenza por el cobro irregular de S/180.000 soles en el 2010, al año siguiente declaró improcedente la formalización de una investigación preparatoria a nivel judicial. Dicha resolución fue confirmada en el 2012 en la instancia superior. Aquel mismo año, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó un informe que eximió de toda responsabilidad al extitular de Essalud, calificando todo el incidente del cobro de la indemnización como un tema ético.

Cuatro años después de aquellos dictámenes, en el 2016, María Angélica Roncal Madge se presentaba a Eliminalia por primera vez para solicitar la eliminación o desindexación de las publicaciones sobre el exministro del Interior.

OjoPúblico estableció –en base a la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, así como de intereses de Roncal Madge– que la solicitante es periodista y que ingresó a laborar en Essalud en 2008 (cuando Barrios era presidente) y allí permaneció hasta 2011; luego reapareció entre el 2018 y diciembre del 2022, cuando llegó al puesto de Directora de la Oficina de Relaciones Institucionales.

Actualmente, los links de los medios –que buscaba eliminar Roncal Madge– siguen en Internet. En tanto, Barrios se mantiene como la figura pública visible de la Universidad Continental, que recibió 76 millones como proveedora del Estado desde el 2000, y recientemente como representante de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES), un gremio afiliado a la Confiep que reúne a once entidades del rubro que, en su momento, buscaron cambiar la Ley Universitaria y mantener exoneraciones fiscales.

En enero último, por ejemplo, visitó al controvertido ministro de Educación, Oscar Becerra Tresierra, junto con otros miembros en nombre de la FIPES.

El año pasado, Barrios Ipenza –quien ejerció como alcalde provincial de Huancayo por el partido de Alan García en el periodo 2002-2005– fue presentado en el padrón de afiliados por el APRA, según el registro de organizaciones políticas. El APRA es una de los movimientos que, luego de recuperar su inscripción, se prepara para las próximas elecciones.

Para recoger su versión sobre el caso de Eliminalia, se contactó por teléfono al coordinador de prensa de la Universidad Continental en Lima y se le solicitó una entrevista con Barrios Ipenza. El coordinador se comunicó con la asistenta del exministro y se le informó sobre el pedido de la entrevista. Ella le indicó que Barrios Ipenza está fuera del país y que temporalmente no podría atender ninguna entrevista. 

 

Acusado de estafa millonaria quiso borrar sus antecedentes

 

Otra persona que contactó a Eliminalia para borrar su pasado de Internet fue el empresario Guillermo Alejandro Mendoza Farfán (1960), quien en el año 1994 se registró ante el ente tributario como consultor en programación y suministro informático. En la última década, el cliente de la empresa española ya figuraba como gerente general de diferentes empresas del rubro inmobiliario y de la construcción, entre ellas: Diámetros Construye, GMC Desarrollos, Constructora Equus, GMC Panel, GMC Real State, creadas en los últimos 10 años en Lima.

El historial penal de Mendoza Farfán empezó en diciembre del 2017, cuando el programa Cuarto Poder de América Televisión reveló el testimonio de un grupo de personas que lo denunciaron por el delito de estafa al haberle entregado hasta US$4 millones para ser invertidos en la construcción de edificios en Lima a cambio de la devolución del dinero con un interés anual del 18%. Las acusaciones de Ofelia Podestá, Mary Franchini y María Lourdes León acabaron en una investigación del Ministerio Público y de la Policía Nacional, centrada en las empresas GMC Desarrollos y Constructora Equus.

 

FIRMA. Guillermo Mendoza Farfán fue acusado de estafa en Perú. En Migraciones figura que salió del país en el 2018 con destino a Costa Rica.

Foto: Captura archivos Eliminala

Dos años después, en enero del 2019, en lo que parece otro caso de estafa, la Corte Suprema del Poder Judicial de Perú aceptó la extradición de Mendoza Farfán a Argentina por el mismo delito, pero en su modalidad agravada.

El 27 de agosto del 2020, antes de que el Poder Ejecutivo resolviera de manera definitiva el proceso de extradición, el empresario firmó un apoderamiento a nombre de Eliminalia para borrar de Internet el reportaje de América Televisión y una republicación de la misma de El Comercio en donde lo relacionan con dicho ilícito.

Días después, el 1 de septiembre del 2020, según los documentos obtenidos de Eliminalia, una empresa peruana denominada Diámetros Inversiones Inmobiliarias SA. figuraba como la responsable de hacer un pago de 1.170 euros por el servicio a favor del cuestionado empresario.

En esta investigación periodística se halló que dicha empresa –dedicada a la consultoría de servicios inmobiliarios y supervisión de obras y edificaciones– fue fundada en 2016 por Mariana Milagros y Guillermo César Mendoza Malpartida, y tiene como gerenta general a Milagritos Clara Malpartida Mauricci, hijos y esposa, respectivamente, del acusado de estafa.

Dos años y medio después del pedido a Eliminalia, los links que hacen referencia a Mendoza Farfán aún siguen activos en Internet al igual que la visualización del caso Panama Papers que lo encuentra como socio de la offshore Gotemburg Corporation en las Islas Vírgenes Británicas.

En tanto, el Poder Ejecutivo resolvió en octubre del 2020 la extradición del sindicado por estafa a Argentina. Sin embargo, Mendoza Farfán, para aquel entonces, ya se encontraba fuera del Perú. En Migraciones, figura que dicho personaje salió del país, seis meses después de revelarse la denuncia en su contra, con destino a Costa Rica. Esto ocurrió el 30 de julio del 2018. Desde entonces se desconoce su paradero.

Para conocer sus descargos, visitamos el domicilio que Mendoza Farfán consignó en su documento de identidad: un departamento en un condominio ubicado en el jirón Aldebarán en Surco. Sin embargo, la persona que vive en dicho lugar nos indicó que ninguna persona con ese nombre ha residido ahí en los últimos 15 años.

Lo que sí indicaron en este inmueble fue que constantemente reciben citaciones del Ministerio Público a nombre de dicha persona. Igualmente, acudimos a la empresa Diámetros Inversiones Inmobiliarias de la familia de Mendoza Farfán. El personal en este sitio, luego de recibir nuestros datos de contacto, indicó que informarían de nuestro pedido de entrevista, pero no hubo respuesta.

 

El marketero peruano que representaba clientes ante Eliminalia

 

En el grupo de clientes de Eliminalia figuran empresarios, políticos y ejecutivos, pero uno de ellos destaca por un perfil más cercano a la firma catalana, dedicada a limpiar la imagen pública de sus representados. Se trata de Miguel Ángel Cachay Anardo (1985), un egresado de la carrera de Negocios Internacionales que desarrolló gran parte de su carrera en el mundo del marketing digital. Su primer paso por este rubro data del 2007, cuando asumió la gerencia general de Addconsulta SAC (hoy de baja), empresa que llegó a tener entre sus clientes a Cineplanet, Studio92, Volkswagen Perú y ETNA, entre otras.

Actualmente, Cachay Anardo es accionista fundador de Advisors Holding, creada en Lima el 2019, y también dedicada al marketing digital. Entre los diferentes servicios que ofrece dicha empresa en su sitio web, destaca uno en particular: “Digital Cleaning”. En una sección de dicha página, Cachay utiliza una descripción de sus servicios que bien podría ser utilizada por Eliminalia: “Borramos información de Internet y garantizamos el Derecho al Olvido. ¿Has encontrado información que te gustaría borrar? Contáctanos”.

Los archivos de Eliminalia revelan que Cachay Anardo –cuando ejercía como gerente general de Addconsulta, creada por su hermana Sonia Cachay y la compañía Klinto Holding Aps de Dinamarca– llegó a representar a diferentes clientes ante la entidad catalana entre 2017 y 2020.

De acuerdo a los informes filtrados de Eliminalia –para esta investigación global–, y a la propia versión de Cachay en dichos archivos, dos de ellos fueron: el político de Acción Popular, Raúl Diez Canseco Terry, exvicepresidente y exministro de Alejandro Toledo (2001-2004) y dueño de la Universidad San Ignacio de Loyola; así como el ingeniero Javier Hoyle Passano, exejecutivo de IBM y actual gerente general de NTT Data Perú, parte de una corporación global de tecnologías de la información.

OLVIDO. La actual empresa de Miguel Cachay, Advisors Holding, también ofrece servicios de borrado de información online, apelando al denominado Derecho al olvido.

Imagen: Captura web Advisors Holding.

 

En ambos casos, Cachay Anardo –quien enseñó cursos sobre marketing en instituciones como ISIL, Centrum y la Asociación de Exportadores– aparece dando la cara en el apoderamiento a nombre de Diez Canseco y en el contrato sobre Hoyle, cuyos documentos de identidad además aparecen en la filtración.

El exgerente general de Addconsulta, de baja desde el 2019 y en liquidación desde el 2021, indica en su Linkedin ser especialista en estrategias de posicionamiento y publicidad en buscadores como Google. Esta especialidad es la que potencia Eliminalia con el objetivo final de borrar el pasado y los antecedentes negativos de sus clientes en Internet.

Para entrevistar a Cachay Anardo sobre su vínculo con Eliminalia y sus dos clientes, acudimos a la sede de su actual empresa de marketing, Advisors Holding, ubicada en Surco. Allí, en medio de los trabajadores de la empresa, nos atendió un empleado del lugar que prefirió no identificarse. Le referimos, en extenso, el motivo de nuestra visita, pero evitó dar razón del paradero de Cachay. A pesar de dejar nuestros datos telefónicos y un pliego de preguntas sobre el tema, no hubo respuesta al cierre de edición.

 

El vicepresidente y ministro de Toledo que renunció a sus cargos

 

En los documentos de Eliminalia, Cachay Anardo se presenta como apoderado de Raúl Diez Canseco ante la empresa catalana en el ejercicio de sus “derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en concordancia con la legislación vigente en materia de protección de datos personales”.

En el apoderamiento sobre dicho cliente es visible el sello de Addconsulta y la firma de Cachay Anardo, en calidad de representante del político. La solicitud, que incluye la fotocopia del DNI del político, fue fechada en 2020 y se pide a Eliminalia borrar un link alojado en Youtube que replicaba un reportaje del canal Latina del 2008.

En dicho video se resumía el escándalo político que detonó en Perú a fines del 2003. Entonces, Diez Canseco, siendo ministro de Comercio Exterior fue acusado de favorecer a su pareja de entonces, Luciana de la Fuente, y a sus familiares, con puestos en una entidad adscrita a dicha cartera, y con la emisión de un decreto que cambiaba el régimen fiscal de los restaurantes de la zona internacional del aeropuerto de Lima para beneficiar a Germán de la Fuente, padre de su pareja, y deudor en aquella época de una suma millonaria por impuestos.

La denuncia periodística le costó el cargo de ministro a Diez Canseco, su renuncia a la vicepresidencia y el inicio de investigaciones en el Congreso y la Sunat. Cabe indicar que el pedido hecho por Cachay Anardo y Addconsulta, en calidad de apoderado del político y empresario, fue realizado en septiembre del 2020.

MILITANTE. Raúl Diez Canseco intentó postular a las elecciones presidenciales del 2021, pero desistió de hacerlo antes de los comicios internos de Acción Popular.

Foto: Andina

 

Un año antes, Diez Canseco había anunciado su precandidatura a la Presidencia de la República rumbo a las elecciones primarias de Acción Popular en el 2021. Finalmente, desistió de partircipar. Sin embargo, lo que sí tuvo éxito fue el objetivo del pedido hecho a Eliminalia: el contenido alojado en el link de Youtube sobre el caso Diez Canseco ha desaparecido.

Para este reportaje se pidió entrevistar a Diez Canseco, pero el requerimiento no fue aceptado. Sin embargo, fuentes allegadas al político de Acción Popular indicaron que este no tiene relación con Eliminalia y que no ha contratado a ninguna empresa peruana o extranjera para borrar contenidos.

 

Condenado por maltratar a empleadas del hogar en EE.UU.

 

Otra persona que Cachay intentó favorecer fue el ejecutivo Javier Joaquín Hoyle Passano (1962), quien desde el 2015 ejerce como gerente general de NTT Data en Perú, parte de la corporación japonesa del mismo nombre, la sexta más grande del mundo en tecnologías de la información, con sedes en 50 países y una facturación anual de US$21 mil millones.

En el 2018, Addconsulta pidió –mientras Hoyle lideraba la oficina local de dicha trasnacional– que se borrara de Internet un artículo del diario español El Mundo que daba cuenta de una condena judicial en contra del ejecutivo por maltrato laboral en Estados Unidos.

La historia se originó en 2009, cuando una Corte Federal de Miami halló culpable a Hoyle Passano, entonces un ejecutivo de la transnacional IBM que vivía en Key Biscayne (Florida), y lo obligó a pagar US$177 mil dólares por indemnización por daños y salarios adeudados en perjuicio de dos trabajadoras del hogar peruanas: Alejandra Ramos Ramos, quien según la resolución laboró con Hoyle y su esposa Patricia Perales “en Perú, Puerto Rico y Florida, como ama de llaves y proveedora de cuidado de niños, desde 2002 hasta 2005”; y María Onelia Maco Costra, en igual situación en Florida, entre 2006 y 2008.

“Las demandantes afirmaron que [Hoyle y su esposa] las engañaron para que los acompañaran a Estados Unidos con falsas promesas sobre la naturaleza del empleo, salarios, beneficios y estatus legal. Las demandantes afirmaron además que los demandados no mantuvieron el estatus migratorio y laboral autorizado para ellos, les negaron comida y descanso adecuados, rechazaron solicitudes de atención médica, proporcionaron viviendas deficientes, amenazaron indebidamente con acciones o consecuencias legales y retuvieron pasaportes y otros documentos”, dice la resolución del 2009.

 

BENEFICIARIO. En el contrato, firmado por el marketero Miguel Cachay, se estableció que se mejoraría la reputación online del ejecutivo Javier Hoyle.

Foto: Captura archivos filtrados de Eliminalia.

 

El fallo fue difundido inicialmente por la mayor agencia de noticias de Estados Unidos, The Associated Press, en agosto del 2009, y este contenido luego fue republicado por diferentes medios, entre ellos El Mundo y otros de Perú. El medio español entrevistó a Maco Costra y a su abogada de la Immigrant Advocacy Center (FIAC) de Florida.

“La señora [Patricia] me decía que no intentara escaparme porque me denunciaría a inmigración para que me deportaran. Yo tenía miedo, ellos se quedaron con mi pasaporte”, dijo Maco Costra, quien indicó que fue Hoyle quien cambió el monto inicial de paga prometido en Perú cuando llegó a Miami.

Casi 10 años después del fallo, Hoyle Passano ya era gerente general en NTT Data Perú (que entonces usaba la marca de Everis) y era representado por Addconsulta de Cachay Anardo ante Eliminalia. La empresa catalana, que tenía en su poder el documento de identidad de Hoyle, fue contratada para revisar el parámetro de búsqueda y los resultados del nombre del ejecutivo en Google, así como para eliminar el link de El Mundo.

Sin embargo, a la fecha, las noticias sobre la condena de Hoyle –quien asumió como presidente del directorio de NTTData Perú entre 2021 y 2023– se mantienen en Internet.

Visitamos la sede de NTT Data Perú en San Isidro con el objetivo de pedir una entrevista con Hoyle Passano. En dicho lugar nos atendió el personal corporativo de la empresa. Una empleada que se identificó como la asistente del ejecutivo nos dijo que ella le informaría de nuestro requerimiento sobre Eliminalia. Dejamos nuestros datos de contacto, pero no hubo respuesta al cierre de edición.

 

Más allá de Eliminalia

 

El negocio de Eliminalia no es el único que prospera actualmente en el rubro de borrar los antecedentes negativos del pasado.

El abogado experto en derecho digital, Dilmar Villena, director ejecutivo de Hiperderecho, señala que actualmente hay tres vías que acaban siendo usadas para censurar contenidos de interés público en Internet: la primera es la administrativa, la Autoridad de Protección de Datos Personales de Perú; la segunda es el sistema de justicia, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, en última instancia; y la tercera, los mecanismos de autorregulación y moderación de contenidos de motores de búsqueda como Google y de los proveedores de servidores virtuales donde se aloja la información.

En los últimos años, OjoPúblico ha enfrentado pedidos similares a los de Eliminalia. El 2016, el juez supremo Javier Villa Stein, denunció a este medio a la entonces Dirección de Protección de Datos Personales, por publicar una investigación sobre sus ingresos, bienes y rentas; en 2016; Miguel Arévalo Ramírez, acudió ante el Poder Judicial, luego de que publicaramos sus antecedentes por narcotráfico y lavado; y en 2021, Fredy Pinto Pazos, un empresario y excandidato al Congreso, recurrió a la vía judicial después de que revelaramos que el inmueble que compró a una organización criminal acabó siendo incautado por el Poder Judicial. Ninguno logró su cometido.

En el caso de Perú, las vías administrativas y judiciales son claras. Pero en el tercer caso, Villena destaca que actualmente los interesados en eliminar su pasado negativo o criminal de Internet formulan denuncias ante Google bajo la ley federal de derechos de autor de Estados Unidos (Digital Millennium Copyright Act, DMCA) –manipuladas y sin sustento, como en el caso de Eliminalia– para derribar contenidos periodísticos y otros de interés público.

Al respecto, Villena dijo: “Son formas fraudulentas de conseguir el mismo resultado y usando los mecanismos de Google. Por ejemplo, dicen que este contenido viola derechos de autor y Google puede dar de baja el contenido”.

“El Derecho al olvido, criticado porque pone en tela de juicio el derecho a la libertad de información, nace en un contexto europeo de protección de datos personales. Hay que pensar cómo impacta en Latinoamérica, porque en todo país en que se ha incorporado este marco legal, hay casos de uso de la norma para otros fines. Para evitarlo, la ley de datos personales [en Perú] fija excepciones. Una es la libertad de información. En ese sentido, hay que proteger los datos personales, pero siempre ponderando dicho derecho. También, cómo es que esto [la eliminación de contenidos de interés para la sociedad] puede sustraer del dominio público información necesaria de conocer”, sostiene Villena.

 

*Este reportaje contó con el apoyo de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) en el procesamiento de los miles de documentos de Eliminalia y con Forbidden Stories, la plataforma que dio origen a la filtración.