DESENCUENTRO. Mientras las cifras de victimización disminuyen, los robos con uso de armas de fuego crece año tras año.

La violencia en los robos y la extorsión ganan terreno en el Perú

La violencia en los robos y la extorsión ganan terreno en el Perú

DESENCUENTRO. Mientras las cifras de victimización disminuyen, los robos con uso de armas de fuego crece año tras año.

Collage analógico: OjoPúblico / José Carlos Benavides

Las cifras oficiales señalan que el número de víctimas de extorsión y de asaltos con armas de fuego van en aumento en el país. Entre 2012 y 2021 hubo un incremento del 28,1% en el empleo de pistolas o revólveres en los robos, según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI). Esta creciente violencia contrasta con la disminución en la cantidad de asaltos en el ámbito nacional. Aún así, en 2021, ocho de cada diez personas percibían que pronto podrían ser víctimas de algún delito. Especialistas afirman que la crisis del Ministerio del Interior ―que en poco más de un año ha tenido siete ministros, así como nueve comandantes generales y siete jefes del Estado Mayor de la Policía desde 2020― repercute en la gestión de la seguridad ciudadana.

14 Agosto, 2022

Un grupo de vecinas y vecinos que viven desde hace cinco décadas en el barrio José Carlos Mariátegui, en Villa María del Triunfo ―uno de los distritos limeños con menos áreas de esparcimiento por habitante―, han visto cómo, año tras año, vivir allí se ha vuelto más amenazante y peligroso. Robos con armas de fuego, prestamistas abusivos y extorsiones a los comerciantes de la zona ahora son parte de su cotidianeidad. María*, dueña de una tienda en un área comercial, ve desde su negocio cómo sus clientes villamarianos son víctimas de asaltos constantemente. Su familia también ha sufrido varios delitos. 

―Mi hija, en plena pandemia, se iba a la casa de mi mamá caminando. De pronto, ella siente que pasó una moto y un muchacho se ha bajado con el arma de fuego. Entonces, la ha empezado a zamaquear, y ella le ha dicho al chico “qué crees que soy zonza, es arma de juguete”. El hombre la ha empujado y le amenazó “te voy a encontrar”, con unas lisurotas. Mi hija me dijo: “mamá tenía clases virtuales, sentir que esa herramienta se me iba a ir… no pensé en nada, no me importaba que me maten” ―cuenta la negociante y madre de familia. 

Así como María, sus vecinos y vecinas temen por sus vidas y las de sus familiares al andar por las calles del vecindario. Sara* dice que a su hijo lo asaltaron en la puerta de su casa. Norma* alerta que los traficantes de terrenos siguen avanzando en las lomas del distrito. Rodolfo* se queja de que la Policía les pide dinero para atender sus denuncias en la comisaría. Villa María del Triunfo no es la excepción: esta situación se repite en muchos otros distritos de la capital peruana. 

Un análisis de OjoPúblico, basado en registros oficiales del Ministerio Público, el sector Interior y del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) muestra que, aunque el número de víctimas de robos ha disminuido en el tiempo, hay una característica de este hecho delictivo que va en aumento: el uso de armas de fuego para sustraer dinero, carteras, celulares y otros artículos personales ha crecido de manera sostenida desde hace una década. 

En paralelo, información de la Policía Nacional del Perú (PNP) indica que las denuncias por extorsión han aumentado respecto a 2021. Por último, de acuerdo al INEI, el índice de la percepción de inseguridad ―el temor a sufrir algún hecho delictivo en los siguientes meses― se mantiene sobre el 80% desde hace seis años. 

 

Armas de fuego

Robos y armas de fuego

Entre 2012 y 2021, según las víctimas entrevistadas en la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (Enapres) del INEI, hubo un incremento del 28,1% en el empleo de pistolas o revólveres en los asaltos. Mientras que, en el mismo período, el uso de armas blancas cayó en 24,2%. Si se realiza un acercamiento por región, el uso de armas en los robos aumentó principalmente en Piura (40%), Madre de Dios (34,4%) y Lima (34,1%).

 

 

Este índice en crecimiento contrasta con la disminución en las cifras de robo en el país, entre 2018 y 2021. En otras palabras, aunque la cantidad de asaltos vienen disminuyendo en los últimos años, cada vez más personas reportan haber sido víctimas de robos violentos. 

El descenso del número de asaltos se evidencia tanto en los datos recabados por el Ministerio Público —caída del 26,4%— como en las denuncias recogidas por la PNP —reducción del 35,9%—. 

Además, en un informe de julio, el INEI reportó que la victimización en Perú —la cantidad de personas que fueron víctimas de todo tipo de delito e intentos del mismo, lo hayan denunciado o no— también ha disminuido entre 2015 y 2021. 

En 2015 el índice de victimización llegó al 38%, pero en 2021 —en un periodo todavía de pandemia— cayó al 18,2%. Es decir, alrededor de dos de cada diez peruanos fue víctima de un delito o intento del mismo en los 12 meses previos a ser encuestados, el año pasado. 

Aún así, Perú —con un 47%— se ubica junto a otros ocho países de la región por encima del promedio (43%) de las naciones de América Latina que consideran a la “violencia en las calles” como el tipo de violencia más frecuente en el lugar donde viven, según el estudio de opinión Latinobarómetro.

 

 

 

La caída en las cifras reportadas sobre delincuencia en el ámbito nacional debe tomarse con cautela, de acuerdo a Elohim Monard. Para el investigador y especialista en gestión de políticas públicas es importante considerar qué delitos específicos aumentan y cuáles van en descenso y los índices de cada uno de ellos en determinadas ciudades.  

“Los políticos siempre mencionan que la victimización viene disminuyendo en los últimos 10 años, pero eso tiene que verse con matices. La victimización general viene bajando, sí, pero esta incluye muchísimos delitos. El que viene subiendo sistemáticamente, y para mí es muy preocupante, es la victimización con arma de fuego”, explica el investigador. 

Obtener una explicación sobre por qué están aumentando los delitos con armas de fuego en Perú es difícil, de acuerdo a Nicolás Zevallos, exviceministro del Interior y especialista en crimen organizado, seguridad ciudadana y estudios policiales. “Actualmente no sabemos bien cuántas armas hay registradas en el país, cuántas son irregulares o ilegales. Ese es el asunto ahorita”. 

Zevallos señala, por ejemplo, que la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), responsable de monitorear y registrar esa información, no publica datos sobre el tema desde hace varios años. 

Elohim Monard: "La victimización con arma de fuego viene subiendo y es preocupante". 

De hecho, el último informe de armas incautadas de la Sucamec se produjo en 2014. En ese entonces, más del 50% de las armas de fuego incautadas (1.931) correspondían a delitos contra el patrimonio y contra la vida, el cuerpo y la salud; capturas de bandas delictivas; agresiones, entre otras circunstancias. 

En 2020, OjoPúblico realizó una investigación sobre la circulación de armas de fuego en Perú. Entonces se revisaron las cifras de la PNP, de 2014 a 2019, y se concluyó que se habían incautado más de 18.000 armas de origen ilegal y 251.000 municiones. 

La seguridad ciudadana —coinciden los expertos entrevistados por este medio— es competencia de distintas instituciones del Estado, como el Ministerio del Interior (Mininter), la PNP y las municipalidades. Las organizaciones civiles también pueden colaborar con este objetivo. Como especifica el Mininter, la seguridad ciudadana permite “el orden interno, la convivencia pacífica y la prevención de delitos y faltas”. 

En Perú, este ministerio se encarga de dictar las políticas de seguridad ciudadana, a través del Despacho Viceministerial de Seguridad Pública. La PNP debe disuadir la delincuencia, a través de sus distintas direcciones —entre ellas la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri)— y comisarías. Las municipalidades, por último, previenen el delito, por medio de sus gerencias de seguridad ciudadana, organizando comités y con el despliegue de personal de serenazgo. 

Método

El punto ciego del método

Susana* no sale a trabajar a las calles desde hace unas semanas. “Tengo miedo”, dice la joven trabajadora sexual trans de veintitantos años. Desde mediados de junio, ella y varias de sus compañeras del Centro de Lima reciben amenazas de extorsión a través de llamadas telefónicas y chats de WhatsApp. “Todos los sábados son S/100 a partir de hoy”, “Te alineas con nosotros o serás la siguiente víctima”, “A la que no haga caso le va a pasar igual que a las ecuatorianas”, son algunos de los mensajes que le manda un grupo de extorsionadores que se hace llamar El Tren. Además, adjuntan fotos y videos de armas de fuego y mujeres maniatadas y encañonadas en camas de hoteles. 

Ser una mujer trans en el trabajo sexual callejero nunca ha sido seguro, reconoce Susana. Pero ella, que lleva más de una década en la capital peruana, cree que la situación se ha puesto mucho más peligrosa. Hace alrededor de un mes y medio, una trabajadora sexual trans recibió cuatro balazos en la avenida Petit Thouars, en el Cercado de Lima, por presuntos cobradores de cupos. Poco después, comenzó la pesadilla de Susana y sus amigas: quienes las amenazan se presentan como los mismos que atacaron a la joven. Por temor a salir heridas o muertas, algunas de sus amigas ya empezaron a pagar las cuotas semanales.

―Siempre nos han cobrado cupo. Pero antes pagábamos S/30 a la semana y, a lo mucho, te pegaban, si te atrasabas. Ahora te cobran S/100 o si no te matan. Es mucha violencia ―se queja la jovencita, que incluso ha cambiado su número de celular para no ser hallada por los delincuentes.  

No solo Susana y sus compañeras son amenazadas por una banda de extorsionadores. OjoPúblico pudo recoger testimonios de distintas trabajadoras sexuales trans de los distritos de San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho y Callao, quienes prefirieron reservar sus identidades por seguridad. En todos los casos refieren ser víctimas de los intentos de extorsión de El Tren desde hace más de un mes.

A pesar de eso, las cifras del INEI muestran que, en 2021, apenas 60 personas de las más de 70.000 entrevistadas en la Enapres reconocieron haber sido extorsionadas en los 12 meses previos a la encuesta. De ese total, las regiones con más casos fueron Madre de Dios (13,3%), Lima (11,6%), La Libertad (10%) y Loreto (8,3%). 

Según el INEI, en 2021, apenas 60 de 70.000 personas encuestadas habían sufrido extorsión". 

Los especialistas consultados por OjoPúblico sostienen que hay una alta probabilidad de que exista un subregistro en la Enapres, pues la recolección de datos de esta encuesta puede demandar varias horas e incluye diversos temas, además de preguntas personales que las víctimas, por temor o vergüenza, podrían no responder con sinceridad. 

Para Julio Corcuera, especialista en crimen que ha investigado la extorsión en el norte de Perú, la metodología que emplea el INEI para estudiar delitos complejos no es la más pertinente. “Las encuestas tienen ciertos límites para analizar crímenes complejos, como crimen organizado, extorsión o sicariato. Uno de los límites es la deseabilidad social [el deseo de ser aceptado socialmente]”, indica el investigador.

Corcuera explica lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de la extorsión. Este delito se basa en un principio: el miedo. Las personas pagan a los extorsionadores por temor y están dominados por este sentir, dice el especialista. “Entonces, ¿qué tan probable es que me digas ‘sí, soy extorsionado’ cuando te pregunte eso en una encuesta?”, añade. 

En sus informes sobre inseguridad, elaborados a partir de la información recogida en la Enapres, el INEI realiza un cálculo en el que agrupa en 18 criterios a todos los delitos o intentos de este hecho para establecer el promedio de victimización en la población peruana. También elabora una lista con los hechos delictivos más y menos frecuentes. En este conteo, la extorsión ocupa el último lugar. 

Los registros que maneja la PNP ofrecen una lectura distinta respecto a este delito y su avance en el país. Según datos proporcionados por dicha institución a este medio, las denuncias por extorsión —solo entre enero y junio de este año— superaron los 5.200 casos en Perú, una cifra 22,5% más alta que lo registrado en todo el 2021. Las regiones de Lima, La Libertad y Piura concentraron el 73,1% de todo lo denunciado en el territorio nacional.

 

 

A diferencia de la información policial, las cifras de la Fiscalía muestran que los delitos de extorsión denunciados ante esta institución han disminuido en los últimos años. De acuerdo a los especialistas consultados, esto se entiende —principalmente— porque las personas no suelen llevar sus casos al Ministerio Público. Además, durante los primeros meses de pandemia la atención de este sector fue limitada. Pese a este obstáculo, el año pasado, los 35 distritos fiscales del país acumularon más de 4.700 denuncias por extorsión; una cifra 64,6% más alta que las de 2020 pero 7,9% menor que las de 2019. 

El crimen tiene como naturaleza la elusión, el esconderse o el camuflarse, dice el investigador Julio Corcuera. El método para estudiarlo no debería ser el mismo que se emplea para medir, por ejemplo, la pobreza o el desempleo. “No puedes ir a una zona dominada por la extorsión y decirles que ahí no pasa nada porque una institución así lo dice”, sostiene. 

Algunas estrategias de investigación de la extorsión podrían ser las entrevistas a profundidad, añade. El especialista también pone como ejemplo el método de estudio de la Universidad de Oxford en The Oxford handbook of organized crime para analizar el funcionamiento de mafias del crimen organizado en países como Italia, Japón, México, Australia o Nueva Zelanda. Esta aproximación, más histórica, debería empezar a hacerse también en Perú y otros países de la región, sugiere.

En lo que va de 2022, la PNP cuenta 5.200 casos de extorsión, 22,5% más que lo registrado en todo 2021".

Fuentes del Mininter consultadas por OjoPúblico también señalaron la necesidad de perfeccionar el método usado por el INEI en la Enapres para medir la presencia del delito en el país. En su lugar, sugirieron, debería existir una encuesta exclusiva sobre victimización en Perú, en la cual las preguntas sean mucho más precisas (considerando aspectos como género, orientación e identidad sexual, entre otros).  

En el Callao, Flor*, estilista y trabajadora sexual trans, cuenta que sus compañeras también han recibido amenazas de los extorsionadores de El Tren. Por eso, ella —así como Susana— no sale de su casa. Hace más de un mes, además, ha borrado su perfil de las páginas web que ofrecen servicios sexuales. Dice la joven treintañera que prefiere quedarse en el cuarto alquilado en el que vive, cortando, peinando y tiñendo cabellos. Y, si sale la oportunidad, hace trabajos sexuales, pero solo a clientes conocidos. 

―No gano mucho, pero prefiero trabajar así, que en la calle o en páginas. Sé que muchas de mi compañeras siguen trabajando en páginas y dicen “si me toca, me toca, qué voy a hacer”, pero yo tengo una madre a quien tengo que ver y yo sí estoy asustada ―relata Flor, quien se inició en el trabajo sexual hace unos años, para ayudar a pagar una deuda que su madre tenía con prestamistas. 

Ni Flor ni sus compañeras piensan acudir a la policía para denunciar las amenazas de extorsión. 

―Mira, en realidad, los policías no nos hacen caso, las cosas como son. Te juro que hasta en nuestra mente se nos ha ocurrido comprar un arma y matarlos, ya estamos hasta acá, en verdad. Yo te soy sincera, eso ha sido la mente de muchas chicas: “¿Saben qué? Hay que agarrar un arma y, si vemos que alguien viene, nosotras mismas lo matamos” ―dice―. Hay que matarnos entre nosotros porque ya no se puede vivir, la verdad. 

 

Percepción

La importancia de la percepción

Si bien las fuentes oficiales muestran una disminución en los robos reportados en el país, una tendencia acentuada, además, por el período de pandemia, la percepción de inseguridad —la sensación que tiene una persona de que será víctima de cualquier hecho delictivo— se ha mantenido relativamente estable en el tiempo. 

Aunque en 2021 se presentó una ligera caída del 2,7% respecto al 2020, el índice de percepción de inseguridad ha permanecido sobre el 80% desde hace seis años, según el informe Victimización en el Perú 2015-2021

 

 

Si se hace un acercamiento a la posibilidad de ser víctima de robo, las respuestas históricas brindadas en la Enapres muestran que, entre 2010 y 2021, en promedio el 67,8% de los entrevistados dijo que creía que podría sufrir un asalto en los siguientes 12 meses.

Debido a que esta percepción nace de una sensación, no de un hecho, se podría pensar que no es relevante. Sin embargo, aduce Nicolás Zevallos, especialista en crimen organizado, seguridad ciudadana y estudios policiales, la percepción de inseguridad es crucial. 

“La percepción de la inseguridad es lo que moviliza los impactos económicos, afecta en la economía diaria de las personas —explica—. Si tenemos una alta percepción de inseguridad, pagamos seguros de tarjetas, tomamos taxis por aplicativos, gastamos más dinero”. Para el especialista, la percepción de la seguridad tiene un efecto patente en la economía cotidiana de las personas.

Una postura similar tiene Patricia Alata, directora del área de Conocimiento del observatorio ciudadano Lima Cómo Vamos. “Se ha buscado disminuir la relevancia de la percepción de la ciudadanía sobre la inseguridad, porque el porcentaje de las víctimas es mucho más bajo. Pero la percepción es lo que condiciona nuestras acciones en el día a día”, señala.  

Nicolás Zevallos: "La percepción de inseguridad impacta en la economía diaria de las personas". 

Este condicionamiento, detalla Alata, puede ser mucho más restrictivo para las personas vulnerables, como adultos mayores, mujeres, niños o niñas. Por ejemplo, una mujer que no se siente segura acudiendo a su trabajo o centro de estudios puede abandonarlos y, por lo tanto, mantener la brecha de ingresos o educación. 

“Pero no solo eso, una persona que se siente insegura no puede atender todas sus necesidades, ni continuar con su proceso de desarrollo, en el que la ciudad le sirve para tener una mejor calidad de vida. Esa es la importancia de la percepción”, insiste la experta de Lima Cómo Vamos. 

Desde 2010, dicha institución monitorea, a través de encuestas, la percepción ciudadana en Lima y Callao. En todos los años en que llevan produciendo esa información, la inseguridad ciudadana ha sido la principal preocupación de los encuestados.

En el Informe urbano de percepción ciudadana en Lima y Callao 2021, el 72,8% de los encuestados consideró a este indicador como el principal problema que afecta la calidad de vida en la ciudad. “Luego de la pandemia, esta se ha mantenido como el principal problema”, explica Alata. 

 

Cifras

La ausencia de cifras

La PNP y el Ministerio Público también tienen a su cargo investigar crímenes delictivos, como los homicidios o la posesión ilegal de armas. Sin embargo, no hay datos actualizados sobre el tema. 

Por una parte, luego de un pedido de información, el Ministerio Público respondió a este medio que solo tenía información desde el año 2011 al 2018 sobre víctimas de homicidios, y que las cifras del 2019 en adelante se encontraban "en proceso de revisión". Monard, especialista en gestión de políticas públicas, considera que este vacío de información es crítico: “Para la seguridad ciudadana decir que no estamos midiendo homicidios bien, es como decir que no estamos midiendo el PBI para la economía”. 

En lo referido a la incautación de armas, mientras tanto, la Sucamec dispone de información solo hasta el 2014. Es decir, hay más de siete años sin registros, como se detalló previamente.

Esta falta de información sobre distintos aspectos de la seguridad ciudadana no permiten entender y enfrentar el problema a fondo, coinciden los especialistas entrevistados por OjoPúblico. “Estamos a ciegas, queremos lidiar con la inseguridad ciudadana sin tener un buen diagnóstico de esta”, dice Elohim Monard. “Podemos seguir capturando delincuentes, pero estos van a seguir produciéndose porque no estamos yendo al origen del problema”, añade. 

De acuerdo a Nicolas Zevallos, exviceministro de Seguridad Pública, la producción de información en Perú es muy arbitraria y los recursos no permiten hacer una recolección continua. “Aun cuando hay una necesidad de sustentar las políticas públicas en datos, no existe un instrumento que responsabilice a los sectores a producir información de forma sistemática y estructurada. En esa situación estamos actualmente en gestión de seguridad, no sabemos dónde estamos parados”, concluye.

Viñeta Inseguridad

 

Interior

La crisis del sector Interior

“No hay una estrategia para erradicar los delitos comunes, solo presencia policial, que es muy conocido por el más simple delincuente. Hoy en día, los oficiales —no todos— piensan más en ascender o cuidar el cargo en el que están y se olvidan de cumplir o hacer que se cumpla la función policial”. Así resume la situación de la institución un suboficial de la PNP que prefiere mantener su identidad en reserva. 

El efectivo también critica los obstáculos que hay en un trabajo conjunto con otras autoridades. “Cuando uno, como policía, pide información a la municipalidad, como el vídeo de un hecho o algún dato que ayude en el más breve plazo a resolver un hecho ilícito, te ponen trabas. Te dicen ‘manda un oficio por mesa de partes’, ‘espera tres días’. En otras instituciones ediles ni contestan”, sostiene. 

La situación de la PNP también se agrava por los constantes cambios en las altas autoridades del sector. Una de las últimas crisis del gobierno de Pedro Castillo desencadenó el retiro de Mariano González Fernández como ministro del Interior, cargo en el que estuvo apenas dos semanas. En las últimas dos décadas, ningún otro presidente había reemplazado tantas veces en un año a la cabeza de un ministerio tan sensible: desde que Pedro Castillo asumió la presidencia, en julio de 2021, el sector ha estado a cargo de siete ministros distintos.

 

 

Desde el 19 de julio último, la dirección de la cartera del Interior recae en Willy Huerta Olivas, quien antes se desempeñó como director de asuntos de la Iglesia Católica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Durante la pandemia, el sector ha tenido, además, nueve viceministros de Seguridad Pública, área responsable —junto con la PNP— de tomar medidas para combatir la delincuencia en el país.

Por su parte, el Alto Mando de la Policía —conformado por la Comandancia General, el Estado Mayor General y la Inspectoría General— también ha registrado constantes cambios en los últimos dos años: entre marzo de 2020 y agosto de este año, la institución ha tenido nueve comandantes generales y siete jefes del Estado Mayor. Esta rotación en los cargos, según los expertos consultados, también impacta en el desarrollo de las actividades contra el crimen. 

“Cada ministro entra con su equipo. Los cambios afectan en la paralización de la parte administrativa, en los procesos de adquisiciones de equipamiento, en el desgobierno e incertidumbre de los mandos policiales, que no saben si continúan o no”, señala Wilfredo Pedraza, exministro del Interior entre 2012 y 2013, durante el mandato de Ollanta Humala.

Según Pedraza, la afectación por los continuos cambios en el sector Interior es absoluta. “Especialmente en la incertidumbre que esto causa en la policía y esta se traduce en relajo del control, menos actividad policial y, por tanto, menos capacidad operativa”, señala. Todo esto ocasiona que haya, de acuerdo con el exministro, menos policías en la calle, menos operativos y, por tanto, más delincuencia. 

Elohim Monard, especialista en gestión de políticas públicas, señala que la crisis del sector también se manifiesta en el “populismo de la seguridad”. Es decir, medidas que pretenden combatir la inseguridad, pero que son más efectistas que efectivas. 

Desde que Pedro Castillo asumió la presidencia, en julio de 2021, el Interior ha tenido siete ministros distintos".

En julio, el ministro de Justicia, Felix Chero, anunció que su cartera presentaría un proyecto de ley para que las personas sean responsables penales de sus acciones desde los 16 años. En otras palabras, si un adolescente de esa edad comete un delito podría ir a la cárcel. “Lo que vas a hacer es llenar más las cárceles hacinadas. No estás resolviendo el problema, sino empeorando el que existe”, dice Monard. 

Asimismo, el miércoles 10 de agosto, el premier Aníbal Torres informó que el Consejo de Ministros aprobó una propuesta de ley que busca aumentar las causales de expulsión de extranjeros del Perú. Entre ellas se han sumado, por ejemplo, no tener las tres dosis de la vacuna contra la covid-19, manejar una motocicleta sin brevete y no contar con documento de identidad.

La Defensoría del Pueblo se pronunció en contra de la propuesta por considerarla "discriminatoria y desproporcional". La entidad señaló que el proyecto criminaliza la migración irregular y afecta la dignidad de migrantes y refugiados, además de no tomar en cuenta las barreras que tienen las personas extranjeras para acceder al proceso de regulación migratoria . 

De acuerdo con Nicolás Zevallos, medidas de este tipo incentivan otros delitos más complejos, como la trata de personas, el tráfico de migrantes o la explotación laboral. Las personas no dejarán de migrar, insiste, pero con medidas tan estrictas elegirán viajar a través de redes criminales.  

Dos días después, el viernes 12, el presidente Pedro Castillo anunció a través de su cuenta de Twitter que había ordenado el inicio del programa “Retorno a su país”, a través del Miniter. Esta iniciativa pretende expulsar “a todos los extranjeros que cometan delitos en el Perú”. “No podemos permitir que se siga lastimando a las familias peruanas, que merecen una vida tranquila, en paz y con libertad”, escribió el mandatario. 

Para Elohim Monard, no es un error regresar a delincuentes extranjeros a sus países, siempre y cuando los delitos sean probados o flagrantes. “Ahora bien, no podemos esperar que esto resuelva el problema de la inseguridad. Si el crimen no está probado o es flagrante, es solo regresar a extranjeros bajo una mirada xenófoba o discriminatoria”, añade.  

De marzo de 2020 a agosto de 2022, la PNP ha tenido nueve comandantes generales y siete jefes del Estado Mayor".

Por otro lado, el especialista en crimen organizado, Nicolás Zevallos, sostiene que la crisis del sector también impacta en la labor de las municipalidades en la seguridad ciudadana de los distritos. “El ministro nuevo coloca a un nuevo viceministro. Este coloca a un nuevo director general de seguridad, que coloca a un nuevo director de línea. Este coloca a nuevos servidores públicos en su equipo, quienes tienen la responsabilidad de asesorar a las municipalidades a que hagan sus planes de seguridad ciudadana y monitorear que los cumplan, además de capacitarlas”, dice. 

De acuerdo a Zevallos, los municipios cumplen un rol fundamental en la gestión de este tema. “Son los responsables políticos de la inseguridad ciudadana”, dice. De hecho, la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que la seguridad ciudadana es uno de los servicios públicos locales que estas instituciones deben brindar a través de actividades de prevención. Para cumplir este objetivo cuentan, entre otros recursos, con la presencia de personal de serenazgo, en algunos casos acompañados por efectivos policiales. 

La Municipalidad de Lima, en respuesta a una solicitud de información vía la Ley de Transparencia, indicó a OjoPúblico que realiza reuniones cada dos meses, como parte de las actividades del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del Cercado de Lima (Codisec CL). Sin embargo, en los acuerdos suscritos por sus miembros desde marzo de 2020 hasta julio de este año —los cuales fueron revisados por este medio— no hay acciones concretas para enfrentar la delincuencia en la capital peruana.

Este grupo se encuentra a cargo de “estudiar y analizar la problemática de seguridad ciudadana de su jurisdicción, en coordinación con los comités provinciales y distritales de seguridad ciudadana”, y otras funciones. De acuerdo al portal de la Municipalidad de Lima, el comité está conformado por 26 miembros, entre ellos representantes del municipio limeño, la PNP, el Poder Judicial, el Mininter, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud y alcaldes distritales. 

Patricia Alata: "Las municipalidades también pueden cumplir un rol fundamental en la prevención de los delitos".

Desde la perspectiva de Patricia Alata, de Lima Cómo Vamos, las municipalidades también pueden cumplir un rol fundamental en la prevención de los delitos. “Se trabaja con la mejora del entorno de las zonas. También con la limpieza, una calle sucia se percibe como insegura. Son importantes las áreas verdes y la iluminación es sumamente clave”, indica. 

Además funcionan, según la especialista, las políticas de corte más social. “Es muy útil la cohesión entre barrios, conocerse entre vecinos y vecinas. Nosotros vemos que es importante fomentar el uso de las calles”, cuenta. De acuerdo a Alata, inclusive los vendedores ambulantes, muchas veces denostados por fiscalizadores municipales, pueden ayudar a habitar las calles y darles movimiento de una forma ordenada y amigable.

 

*Los nombres de algunas personas entrevistadas fueron modificados por su seguridad.

 

Reloj Se ha añadido un artículo a su lista de lecturas