Por primera vez, para las elecciones de octubre de 2022, los partidos políticos que postulan a la alcaldía provincial de Lima Metropolitana tienen que incluir en sus listas de regidores a personas que se autoidentifican como parte de una comunidad indígena, campesina o pueblo originario. La norma electoral señala que mínimo el 15% del total de candidatos a regidores provinciales (6 de 39 candidatos) debe corresponder a esta cuota indígena.
¿Cómo han implementado los partidos estas cuotas en una ciudad mayoritariamente urbana? Un análisis de OjoPúblico a las listas de las 12 organizaciones que solicitaron su inscripción revela que se han incorporado personas de comunidades que tienen un largo historial de denuncias por tráfico de tierras, falsificación de documentos, violencia y usurpación de cargos.
De acuerdo al análisis, el 67% de los candidatos a regidores contemplados por los 12 partidos declaran proceder solo de dos comunidades: Comunidad Campesina de Collanac y Comunidad Campesina Santa Rosa de Manchay, la única que aparece en la Base de datos de pueblos originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura como comunidad campesina en Lima Metropolitana. Ambas se ubican en los alrededores de Pachacamac y Cieneguilla. Las otras comunidades mencionadas son Jicamarca (2%) y el pueblo indígena shipibo-konibo (11%).
El 67% de los candidatos a regidores contemplados por los 12 partidos provienen de las comunidades campesinas de Collanac y Santa Rosa de Manchay.
Las organizaciones políticas que lideran las encuestas (Podemos, Renovación Popular y Somos Perú) tienen candidatos por la cuota campesina o indígena principalmente de Collanac y Santa Rosa de Manchay. Solo 4 provienen de la Asociación Comunidad Urbano Shipibo-Konibo de Lima Metropolitana (Acushikolm).
De otro lado, Podemos Perú (que lleva de candidato a Daniel Urresti) lleva a ocho candidatos como parte de esta cuota: todos de Santa Rosa de Manchay. En el caso de la lista de Renovación Popular, de Rafael López Aliaga, cuatro de sus candidatos provienen de la Collanac y los otros de la asociación Acushikolm.
En tanto, de la lista de George Forsyth (Somos Perú), cinco proceden de Collanac y una de Santa Rosa de Manchay.
Los partidos Perú Libre y Avanza País tienen candidatos que solo provienen de la comunidad de Collanac. Y la lista de Juntos por el Perú solo incluyó a candidatos de la Asociación Comunidad Shipibo Konibo.
Para la definición de la cuota indígena, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) solicitó información al Viceministerio de Interculturalidad. Esta entidad aseguró que los criterios para la identificación de pueblos indígenas u originarios son tener continuidad histórica, conexión territorial, instituciones distintivas y autoidentificación.
Sobre este aspecto, Paulo Vilca, exviceministro de Interculturalidad, señala que si bien las cuotas son importantes para ampliar la participación política de más sectores, "no se puede automáticamente señalar que las comunidades campesinas que están en ámbitos urbanos, como Lima Metropolitana, sean efectivamente o se autorreconozcan ellas mismas como indígenas o cumplan todos los criterios establecidos en la legislación para ser consideradas indígenas".
Una opinión similar la tiene el antropólogo Alejandro Diez Hurtado, que ha investigado de cerca el desarrollo y los problemas vinculadas con el tráfico de tierras de la comunidad de Jicamarca. “Hay muchas comunidades [campesinas] que son un cascarón y no son propiamente una comunidad”, expresa.
Irregularidades en la comunidad Collanac
La Comunidad Campesina de Collanac fue inscrita en los registros públicos a inicios de la década de 1990. El territorio de esta comunidad comprende diversos distritos, como Cieneguilla, Ate, Pachacamac, entre otros. En conjunto, el territorio de la comunidad tiene como extensión cerca de 23 000 hectáreas.
Durante su existencia, ha habido disputas por su mesa directiva sobre todo entre la década de 1990 y 2000. Esto se vio reflejado en los diversos recursos judiciales que se cursaron para invalidar la inscripción de una u otra directiva. También se han interpuesto permanentemente demandas para anular actas de asamblea generales convocadas por otros dirigentes.
En este tiempo ha sido el recurrente otorgamiento de poderes para que los directivos comunales tengan la facultad de realizar, entre otras funciones, adjudicaciones y transferencias de terrenos a favor de terceras personas o a favor de los propios comuneros.
Carmen Hinostroza Casachagua es la actual presidenta de Collanac desde el 1 de enero de 2022. Como principal autoridad, su firma aparece en las declaraciones de conciencia de los candidatos que dijeron autoidentificarse con esta comunidad. Hasta antes de ella y desde hace más de 30 años la familia de Georgio Aurelio Cachata Saravia estuvo presente de manera casi ininterrumpida en las directivas.
En 2007, la comunidad le otorgó poderes a Cachata Saravia para que él, Luis Espinoza Cruz y Zenobio Condori Cruz transfiriesen 30 hectáreas a la Empresa Inversiones Portland S. A. En 2008, una medida cautelar dispuesta por el Poder Judicial ordenó suspender en sus funciones a la mesa directiva que presidía Cachata Saravia.
Cachata Saravia había salió elegido presidente el 2004, cuando el comité del proceso de elecciones comunales fue comandado por su hermano: Luis Borgio Cachata Saravia, quien está inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y cuenta con denuncias por minería ilegal. Luis Cachata Saravia es gerente general de la empresa Inversiones y Negociaciones Nueva Victoria S.A.C. Como persona natural y como gerente de esta empresa, Luis Borgio tiene en conjunto tres derechos mineros, todos en Cieneguilla.
Tras su destitución el 2007, Georgio Cachata ya no formó parte de la directiva de Collanac. En cambio, su otro hermano sí. En 2008, Franco Sósimo Cachata Saravia fue nombrado secretario comunal. Franco estuvo en ese cargo entre 2008 y 2012 y luego entre 2016 y 2020.
DIRIGENTE. Serapio Silva Rodas (de pie, con mascarilla blanca) participó en un evento público con Edwin Subileti Areche (cubrebocas amarillo), el alcalde de Cieneguilla.
Crédito: Municipalidad Distrital de Cieneguilla
Otro exdirectivo de Collanac es Serapio Filemón Silva Rodas. Para estas elecciones de octubre, se presentó como candidato al cargo de regidor provincial de Lima Metropolitana por Avanza País, pero su candidatura fue calificada como improcedente, al igual que casi toda la lista del partido.
Silva Rodas fue vicepresidente de la Comunidad Campesina de Collanac a finales de la década de 1990. Sin embargo, una decisión del Poder Judicial determinó que la directiva que conformaba fue elegida de manera irregular y anuló su inscripción. Esta directiva, que era presidida por Carmen Rosa Tenio, le vendió 54,8 hectáreas a la Minera La Gloria S.A. por un monto de 320 mil dólares.
En uno de los anexos que presentó para estas elecciones, el candidato detalla cómo obtuvo uno de sus terrenos: la comunidad cedió una parte de los terrenos comunales a la Asociación de Viviendas Las Cumbres de Cieneguilla. Luego, esta asociación de viviendas le dio el terreno a Silva Rodas. Otro documento adjunto muestra que la Comunidad Campesina de Collanac le vendió a él un terreno de 33 hectáreas por 2.000 soles. Este último contrato fue suscrito también por Calixto Mamani Machaca, actual candidato de Somos Perú.
En un video de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla (de abril de 2022), se presentó a Silva Rodas como presidente de la Asociación de Viviendas Las Cumbres de Cieneguilla. Fue un evento organizado por el municipio que dirige el alcalde Edwin Subileti Areche para presentar obras públicas a favor de esta asociación.
Una comunidad acechada por el tráfico de tierras
La Comunidad Santa Rosa de Manchay es la única comunidad de Lima Metropolitana que aparece registrada en la Base de Datos de Pueblos Originarios del Ministerio de Cultura. Su inscripción en los registros públicos fue en 1993.
El vicepresidente de esta comunidad es Gerónimo Canchari Carrasco, candidato actual a regidor de Lima Metropolitana con el partido Podemos Perú.
En una asamblea general de 2005, esta comunidad acordó dividir su territorio y transferir la propiedad individual de las parcelas a los comuneros y también a terceras personas. Esta decisión la tomaron al amparo de la Ley de Titulación de Tierras Campesinas de la Costa, aprobada durante el mandato de Alberto Fujimori y que, según expertos como el antropólogo Alejandro Diez Hurtado, aceleró el tráfico de tierras en estas zonas de la costa.
Precisamente, Santa Rosa de Manchay ha sido testigo de esto. En 2013, su presidente Mario Aujapuclla Morote denunció estos problemas y señaló como uno de los culpables a Bernardino Esplana Enríquez, quien fue arrestado en 2018 en una intervención en conjunto efectuada por la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, acusado de ser el líder de una organización criminal denominada Los secos del sur.
El año pasado, OjoPúblico detalló la estrecha relación que existía entre esta banda criminal y Ricardo Rojas León, presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Sur.
Comunidades que son un cascarón
La situación de la Comunidad Campesina de Jicamarca, ubicada entre San Juan de Lurigancho y la frontera con la provincia de Huarochirí, también se ha caracterizado por las denuncias por tráfico de terrenos que hay en su territorio. Para estas elecciones, seis candidatos de las listas dijeron residir en la Comunidad Campesina de Jicamarca.
“Buena parte de la población de la comunidad de Jicamarca no son para nada comuneros, no tienen nada de vida comunal. Y toda esa zona está lamentablemente bajo regímenes y prácticas de tráfico de tierras y eso está completamente documentado”, sostiene Alejandro Diez Hurtado.
El investigador también explica que hasta comienzos de los 90 las comunidades dependían del Ministerio de Agricultura y había una especie de entendimiento, pero, luego, durante el periodo de gobierno de Fujimori, esto se perdió. “En ese momento, las comunidades se convierten en cualquier tipo de asociación civil y con eso han sucedido muchas irregularidades”, dice.
Antes, las comunidades campesinas de la costa podían vender sus tierras solo con la aprobación de las dos terceras partes de los comuneros, como ocurre con las comunidades de los Andes y la Amazonía. Sin embargo, durante el gobierno de Alberto Fujimori se emitió una ley que redujo los requisitos para que las comunidades de la costa puedan realizar estas ventas. Y eso, según los expertos, sumado a la presión demográfica, facilitó el tráfico de tierras.
Las inconsistencias en las declaraciones
Los candidatos que se autoidentifican como parte de una comunidad nativa, campesina o pueblo originario tienen que presentar una declaración de conciencia en la que se reconozca como integrante de algún pueblo originario o comunidad. Este documento debe ser suscrito por un representante de la comunidad o por un juez de paz.
OjoPúblico analizó las 87 declaraciones de conciencia presentadas por los candidatos de las 12 listas que buscan postular a la alcaldía de Lima. En uno de los casos, que corresponde al Partido Frente de la Esperanza 2021, los dirigentes denuncian que hubo falsificación de firmas o estuvieron vinculados anteriormente al delito de tráfico de tierras.
Esta organización presentó a seis candidatos a regidores que se autoidentifican como parte de una comunidad campesina. En su declaración de conciencia, los seis consignaron vivir en Jicamarca, pero solo dos de ellos detallaron de manera explícita el nombre de la Comunidad Campesina de Jicamarca. El resto no lo hizo.
Aunque no todos especificaron el nombre de la comunidad, los seis candidatos del partido fundado por Elizabeth León Chinchay sí incluyeron el nombre y la firma de un representante de la comunidad. Cuatro de ellos: Helen Barrientos Huamán, Rivaldo Segovia Choquetaipe, Dora Huamán Zurita y Henry Paredes Melgarejo colocaron a Germán Cárdenas León como representante de la comunidad; mientras que las otras candidatas, Marina Pérez Reyes y Deycy Rivera Inocente, colocaron a Ana Marleny Crispín Pérez.
Cárdenas León ha sido un conocido dirigente del Anexo 22 Pampa Canto Grande, que pertenece a la Comunidad Campesina de Jicamarca y tiene antecedentes de denuncias por tráfico de tierras. Germán Cárdenas también ha sido militante aprista entre el 2008 y setiembre de 2021. Ha estado ligado a destacadas figuras políticas del APRA, como Mercedes Cabanillas, César Zumaeta o el mismo Alan García Pérez.
En conversación con OjoPúblico confirmó que era “amigo” de Mercedes Cabanillas y César Zumaeta, y que también lo fue del fallecido expresidente García. “Todos los compañeros son mis amigos”, dijo. Incluso, durante la campaña electoral del 2006, el entonces candidato Alan García Pérez lo defendió ante las preguntas de un programa de televisión por las denuncias que tenía entonces el dirigente aprista.
“Entiendo que las tiene [esas denuncias por tráfico de tierras], pero no tiene sentencias. Él es un hombre que trabaja permanentemente por el pueblo. Puedo dar fe. Creo que es un dirigente que tendrá rivales que le harán denuncias, pero yo no conozco ninguna sentencia contra él”, declaró en ese momento García.
Una de las primeras incongruencias en el registro de los candidatos de la cuota campesina por el partido Frente de la Esperanza 2021 es que el número DNI de Cárdenas León que figura en las declaraciones de conciencia no coincide con el del documento oficial. Además, en algunos de estos documentos, el nombre de Cárdenas está redactado de manera ininteligible.
IRREGULAR. Declaración de conciencia presentada por el candidato Henry Paredes Melgarejo. El DNI de Germán Cárdenas León no coincide con el número original.
Créditos: Jurado Nacional de Elecciones
Consultado sobre estas incongruencias, Cárdenas León dijo a OjoPúblico que la firma de los documentos no era la suya. "Es abismal [la diferencia de] esa firma. No, no conozco [a los candidatos]. ¿Quién diablos será?”, comentó. También negó haberse contactado con el partido Frente de la Esperanza 2021 e insistió en que él no firmó estas declaraciones de conciencia.
También explicó cuál es la relación que lo une con la Comunidad Campesina de Jicamarca. “Yo no soy dirigente de la Comunidad Campesina de Jicamarca. He sido dirigente del Anexo 22 de la Comunidad Campesina de Jicamarca”, sostuvo.
De manera similar al caso de Germán Cárdenas, las candidatas Miriam Karina Pérez Reyes y Deyci Rocío Rivera Inocente (ambas del Frente de la Esperanza 2021) han incluido a Ana Marleny Crispín Pérez como representante de la Comunidad Campesina de Jicamarca. En las declaraciones de conciencia presentadas por estas candidatas, Crispín Pérez firma como presidenta del Anexo 8 Cerro Camote de Jicamarca, del distrito San Antonio (provincia Huarochirí, departamento de Lima). Además, también incluyen la firma de dos jueces de paz: Yesica Jesús Santiago Lucas y Jessica Elizabeth Reyes Huarhuachi.
Ana Crispín Pérez también es una persona que ha sido vinculada con denuncias por estafa y tráfico de tierras. Su nombre tampoco aparece como parte de la actual directiva de la Comunidad Campesina de Jicamarca. Según la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, la presidenta de esta comunidad es Enma Fuertes Bravo desde el año pasado.
OjoPúblico contactó al responsable de prensa de la ingeniera Elizabeth León Chinchay, actual candidata del Frente de la Esperanza 2021 a la alcaldía de Lima Metropolitana. “La candidata no está informada”, fue la única respuesta que dieron. Hasta el cierre de este reportaje, ningún otro candidato brindó alguna entrevista a este medio.
INCONGRUENCIA. Ni Germán Cárdenas León y Ana Crispín Pérez son parte de la actual mesa directiva de la Comunidad Campesina de Jicamarca. Aún así, candidatos de Frente de la Esperanza decidieron incluirlos como representantes de la comunidad.
Créditos: SUNARP
Pero estas no son las únicas inconsistencias en las listas analizadas por OjoPúblico. Por ejemplo, de los siete candidatos que el Partido Patriótico del Perú presentó como parte de la cuota, seis presentaron una declaración de conciencia sin la firma de la autoridad de la comunidad con la que dicen autoidentificarse.
Estos candidatos fueron Karoli Bautista Pizarro, Idania Valles Valles De Santos, Adan Huerto Remigio, Gloria Carola Rengifo Cachique, Joel Isaac Vasquez Cumapa y Yenny Gutierrez Curimanya. Esto fue uno de los motivos por los que se declaró improcedente la lista del partido.
Otros dos candidatos consignaron vivir en una provincia distinta a la de Lima Metropolitana. La hoja de vida de Rivaldo Segovia Choquetaipe (Frente de la Esperanza) indica que su domicilio es en la provincia de Huarochirí; mientras que Joel Vasquez Cumapa (Partido Patriótico del Perú) vive en Yarinacocha (Ucayali).
Además, los datos presentados al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por 19 candidatos muestran que ellos consignaron vivir en una dirección distinta de la comunidad con la que declararon identificarse. Esto sucedió sobre todo con los partidos Perú Libre y Juntos por el Perú.
De los 13 candidatos que presentaron ambas organizaciones en conjunto, 12 de ellos declararon vivir en un domicilio distinto al de la comunidad con la que dicen autoidentificarse. Un ejemplo es el de William Vargas Matos (Juntos por el Perú), quien vive en Jesús María y dijo ser parte de la Asociación Comunidad Shipibo Konibo, ubicada en el Rímac.
Dicha inconsistencia se encuentra en el resto de candidatos de Juntos por el Perú: Justibel Romero (Villa María del Triunfo), Abner Hugo Gutiérrez Dueñas (Lurigancho), Agustín Rojas Guzmán (San Bartolo), Eilleen Pizarro Huaccha (El Agustino) y Javier Hermitaño Benito (Carabayllo). Ninguno vive en Cantagallo.
Debido a ello, OjoPúblico se comunicó con Gabriel Indalicio Mori, jefe de la Asociación Comunidad Shipibo Konibo. Él señaló que, para estas elecciones, varios partidos políticos acudieron a Cantagallo a buscar postulantes. Sin embargo, su asociación decidió apoyar las candidaturas de Juntos por el Perú porque ya habían tenido un acercamiento con los miembros de este partido en años anteriores y con el mismo Gonzalo Alegría, candidato a alcalde de Lima Metropolitana.
Indalicio Mori señaló que los candidatos de Juntos por el Perú no eran shipibo-konibos, pero sí los consideraba parte de la asociación que él dirige como “socios honorarios”.
Para este reportaje, Justibel Romero, número 2 de la lista de Juntos por el Perú, sostuvo que ella no es shipibo-konibo. Explica que ha realizado labores de ayuda social en esta comunidad de manera más directa sobre todo en los últimos tres años. Por eso, aduce Romero, los mismos miembros de la comunidad la consideran parte de su asociación y ella también se siente identificada con ellos.
“Hay muchas comunidades [campesinas] que son un cascarón", sostiene el antropólogo Alejandro Diez Hurtado.
En medio de las denuncias por falsificación de firmas interpuestas por Zaira Arias y Noel Jaimes Tarazona contra Perú Libre, OjoPúblico buscó contactar a los candidatos de esta lista que dijeron identificarse como parte de la Comunidad Campesina de Collanac. Ellos se han autoidentificado como parte de Collanac, pero solo uno (Daniel Mandujano) vive en la zona.
El año pasado, la Comunidad Campesina de Collanac realizó elecciones de nueva mesa directiva. En el padrón comunal electoral que rigió para esas elecciones, ninguno de los nombres de los seis candidatos de Perú Libre aparecen registrados. Daniel Mandujano, a pesar de consignar una dirección de la comunidad, tampoco aparece en este padrón.
Consultado al respecto por OjoPúblico, Daniel Mandujano dijo que él no es formalmente comunero de la Comunidad Campesina de Collanac. Dijo vivir en Collanac alrededor de 15 años y que, debido a ello, se identifica como parte de la comunidad. Mandujano también refiere que la dirección que ha consignado en su hoja de vida es un lugar alquilado en el que él pasa la mayor parte de su tiempo. Sin embargo, señala que tiene una casa en la Comunidad Campesina de Llanavilla y que es allí donde duerme. Desconoce si los otros candidatos de Perú Libre viven en Collanac o si son comuneros.
Los otros candidatos de Perú Libre declararon ser parte de Collanac, pero sin residir en dicha comunidad son Edithluz Castro Muñoz (Ate), Blanca Alva Cerna (San Juan de Lurigancho), Cruz Vargas Araujo (San Luis), Elizabeth Salinas Chávez (Carabayllo) y Misael Poma Huamán (San Martín de Porres).
En una breve comunicación con OjoPúblico, Edithluz Castro dijo haber vivido durante más de 20 años en Ate. Aunque se comprometió a brindar una entrevista luego de su horario de trabajo, no volvió a responder las llamadas y mensajes que se le hicieron.
OjoPúblico envió preguntas y solicitó información al JNE sobre este tema pero hasta el cierre del informe no respondieron. Tampoco lo hicieron los representantes de las comunidades de Collanac y Santa Rosa de Manchay.