Actualización: 07 de setiembre del 2022

 

A poco más de un año de gobierno en Perú, el presidente Pedro Castillo Terrones ya enfrenta seis investigaciones preliminares por presuntos actos de corrupción, la prisión preventiva de su cuñada y una ola de crisis políticas generada por denuncias y sorpresivos cambios y nombramientos.

A fines de julio juramentó a su séptimo ministro del Interior. Al otro lado, está un Congreso que ha presentado dos pedidos de vacancia, un informe recomendando una denuncia constitucional y que ha impulsado –en algunos casos con apoyo de la misma bancada de gobierno– contrarreformas en educación, género y transporte.

La última crisis generada por su gobierno se desató el 19 de julio, tras el sorpresivo retiro de Mariano González Fernández como Ministro del Interior, cargo en el que apenas estuvo dos semanas. En las últimas dos décadas, desde la recuperación de la democracia en el país, ningún otro presidente había reemplazado tantas veces en un año a la cabeza de un ministerio tan sensible como el Interior –encargado del orden interno y seguridad– en los primeros doce meses de mandato. Cada ministro de este sector ha ocupado en promedio apenas 196 días.

[El gobierno] cada vez funciona peor, como en una situación de crisis en curso, que solamente empeora'', dice Paula Muñoz.

La politóloga y analista Paula Muñoz Chirinos sostiene que el país se encuentra en un “desgobierno” donde el presidente “está más interesado en defenderse, esconderse, y en cómo evitar la transparencia y la investigación de acusaciones en su contra”. Al mismo tiempo, cree que actualmente el Estado no tiene “ningún norte en políticas públicas” y que “cada vez funciona peor, como en una situación de crisis en curso, que solamente empeora''.

Esta vez, la separación del cargo se produjo menos de una semana después de que el entonces ministro González Fernández nombrara a un equipo especial de coroneles para que trabaje con la coordinadora de las fiscalías anticorrupción, Marita Barreto Rivera, que lleva las investigaciones contra el presidente. Este grupo tiene la misión de priorizar la búsqueda y captura del exministro de Transportes, Juan Silva Villegas; y personas del entorno del presidente, entre ellos, Bruno Pacheco Castillo, exsecretario de Palacio; y el sobrino del presidente, Fray Vásquez Castillo.

El equipo especial está conformado por el coronel Harvey Colchado Huamaní, miembro fundador de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) y uno de los responsables de la desarticulación de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto y la captura del terrorista Florindo Eleuterio Flores Hala, conocido como “Artemio”. Lo acompañan en el grupo los coroneles PNP Walter Lozano Pajuelo, Franco Moreno Panta y Luis Silva Collazos.

La continuidad e independencia de este grupo de experimentados policías de inteligencia ahora está en manos del nuevo ministro del Interior, Willy Huerta Olivas, nombrado la noche del 19 de julio último y quien antes se desempeñó como director de asuntos de la Iglesia católica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Horas después de su cambio en el Interior, González Fernández dio sus descargos en una sesión extraordinaria de la comisión de Fiscalización del Congreso. En esta reunión, el exministro dijo que la designación de “un equipo de búsqueda” y otros cambios en el sector “generaron incomodidad por parte del gobierno”. 

En otro momento, González señaló que ese hecho “constituía una obstrucción a la justicia” y le pidió al Legislativo que actúe “de acuerdo a sus funciones”.

En su corta gestión, González también oficializó el nombramiento del general en retiro César Manuel Vallejos Mori como nuevo director General de Inteligencia del sector, pero el funcionario renunció tras la remoción del ministro. En su carta de despedida, Vallejos Mori señaló que tomó la decisión por “principios ético morales” y que resultaba “desatinada” la decisión del presidente de retirar al titular del Interior.
 
Asimismo, el exministro del Interior indicó ante la comisión de Fiscalización que el presidente Castillo le pidió evaluar a Beder Camacho Gadea —actual subsecretario general de Palacio e investigado por el caso Los asesores en la sombra— como nuevo viceministro de Orden Interno, pero optó por no realizar ningún cambio en el sector. 

Seis investigaciones en marcha 

Ante el retiro del ministro del Interior, el 19 de julio, la Fiscal de la Nación Liz Benavides Vargas abrió una investigación preliminar contra Pedro Castillo, por el presunto delito de encubrimiento personal contra la administración de justicia. 

Benavides Vargas tomó esta decisión por lo que considera una posible intromisión del presidente en las funciones del equipo especial –que tiene como objetivo ubicar y detener a los prófugos vinculados a Castillo– nombrado por el saliente ministro. 

Tres días después, el 22 de julio, Benavides Vargas también dispuso reactivar las indagaciones al presidente por el presunto delito contra la administración pública y tráfico de influencias en la intervención en la compra de biodiesel en favor de la empresa Heaven Petroleum Operators S.A.

A estos dos procesos en marcha se le suma otras tres carpetas fiscales que el actual presidente tiene abiertas por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y plagio en su tesis de maestría. 

El primer expediente fiscal corresponde a la presunta participación de Castillo como líder de una organización criminal que facilitó una licitación ganada por el Consorcio Puente Tarata III. En esta carpeta se encuentran involucrados el exministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva Villegas; el exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco Castillo; el empresario Zamir Villaverde García; y el sobrino del presidente, Fray Vásquez Castillo. 

Otra investigación que sigue Patricia Benavides corresponde al caso de ascensos en las fuerzas armadas y la Policía Nacional del Perú. De acuerdo a la hipótesis fiscal, Pedro Castillo junto al exministro de Defensa, Walter Ayala; y Bruno Pacheo; intervinieron —el año pasado y de forma indebida— en nombramientos de militares y policías. 

La tercera investigación, hoy en una fiscalía penal de La Libertad, se abrió por el presunto plagio en la tesis de maestría que en 2012 presentaron de forma conjunta Pedro Castillo y su esposa, Lilia Paredes, ante la Universidad César Vallejo. A inicios de mayo, la fiscalía de Tacabamba, en Cajamarca, inició una investigación por el presunto plagio agravado, falsedad genérica y cobro indebido.

Además de las investigaciones preliminares, el Congreso también aprobó en la última legislatura el informe que recomienda una acusación constitucional contra el presidente. Este documento, que señala a Castillo como presunto líder de una organización criminal, fue remitido a la Fiscalía y, si se presenta una denuncia constitucional, será trasladado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de la legislatura que inicia en agosto. 

La quinta investigación fiscal contra Pedro Castillo, por el presunto delito de encubrimiento personal contra la administración de justicia tras la separación de González Fernández, abre un escenario aún más incierto en los próximos meses para el Poder Ejecutivo. 

La última investigación se abrió a mediados de agosto e incluye al mandatario por el delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de "organización criminal". De acuerdo a la hipótesis fiscal, que considera a Castillo como líder de la red, el ministro de Transporte, Geiner Alvarado, coordinó la adjudicación de obras públicas a empresas constructoras vinculadas al entorno del presidente. En este esquema, según la fiscalía, también participó Yenifer Paredes, hermana de la primera dama Lilia Paredes, y con prisión preventiva desde fines de agosto pasado. 

En las últimas dos décadas, ningún otro presidente había reemplazado tantas veces a la cabeza de un ministerio tan sensible como el Interior.

El abogado penalista Luis Lamas Puccio indicó a OjoPúblico que, de considerarlo, la Fiscal de la Nación podría incluso solicitar a la Corte de Justicia una detención preliminar contra el presidente como una “medida inédita” y de “coerción” por “entorpecer las investigaciones” en su contra. 

“No es solo entorpecer la investigación sino que [Pedro Castillo] siendo el [presunto] jefe de la organización [criminal], lo que está haciendo es obstaculizar y esa es una exigencia para una detención preventiva”, explicó. 

Pero, para otros especialistas, la situación aún requiere de más elementos. El también abogado penalista, Rafael Chanjan Documet, investigador del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, considera que los hechos todavía se deben esclarecer, pero coincide en que sí existen indicios para que se continúe con una investigación por “obstrucción a la justicia” o “encubrimiento”. La Fiscal de la Nación, según el especialista, puede considerar que “ha existido alguna intencionalidad para entorpecer la acción de la justicia”. 

Sobre una posible medida de detención preventiva, Chanjan Documet indicó que existe un debate sobre este punto debido a que no existe un precedente. “[El Poder Judicial] no ha dicho nada sobre la detención preliminar [contra un presidente], donde además se requiere un estándar probatorio importante. Sin embargo, no hay algo fijo en esta materia”, dijo.

PROTESTAS.En los últimos meses, los gremios de transportistas han convocado a paros regionales por el incremento en el precio del combustible. 

Foto: Andina.
 

El abogado penalista César Azabache dijo a OjoPúblico que, frente a este contexto de presunta “obstrucción a la justicia” por parte de Pedro Castillo, una salida que puede darse es la de una “suspensión judicial del presidente” que tiene como precedente el caso de la suspensión del cargo por 18 meses que ordenó el Poder Judicial contra el exfiscal supremo Pedro Chávarry, por el presunto delito de “encubrimiento en contra del Estado”.  

En una reciente publicación, Azabache sostiene que una “suspensión por interferencia en investigaciones en curso es una cuestión procesal” ante el Poder Judicial y no la figura que se indica en la Constitución y se decide en el Congreso. “[Esta medida] será una cuestión planteada para contener interferencias evidentes con una investigación penal, cuya solidez constitucional es indiscutible”, agrega en el texto de análisis que compartió a este medio. 

Tiempos de incertidumbre 

En el centro y sur del país, donde Perú Libre obtuvo la mayoría de votos en primera y segunda vuelta, el apoyo inicial también se ha desgastado —entre abril y junio de este año, según el IEP, el sur del país redujo en 13 puntos porcentuales la confianza a Castillo—. Otra muestra del descontento son los recientes paros convocados en distintas regiones, por el alza en el precio del combustible y alimentos de primera necesidad, así como la falta de solución en la escasez de fertilizantes para la actividad agraria, asociados a un contexto internacional.

Para Serly Figueroa Mormontoy, analista política y abogada de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco,  la población se siente decepcionada de la propuesta de gobierno que viene desarrollando Pedro Castillo porque no responde a sus promesas de campaña. 

“En el sur, y en Cusco sobre todo, hay una gran decepción por la persona que levantó la bandera de una lucha contra el sistema, pero a las finales demostró que no existe tal lucha. Siento que a Castillo, desde el inicio, le ha pasado factura su supuesta estrategia política porque en el fondo no la ha tenido”, explicó a OjoPúblico.

Asimismo, Figueroa Mormontoy no cree que se produzca una vacancia desde el Congreso, porque la incertidumbre fortalece la “alianza interna” entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y que ambos se necesitan. “El Congreso no se quiere ir y el presidente tampoco, y quienes vamos a perder más somos nosotros. Pero a ellos no les importa. La agenda nacional está divorciada de la local y regional”, dijo.  

La politóloga Paula Távara Pineda coincide con el análisis de Serly Figueroa sobre el impacto de la crisis política en las personas. “Todas estas discusiones y debates están absolutamente lejos de lo que a la ciudadanía le parece estar preocupando. Incluso, siendo casos vinculados a corrupción, parece que se ha perdido el foco de qué efecto tiene ello también sobre la población: la pérdida de recursos para el desarrollo de políticas públicas”, señaló. 

Távara Pineda también sostiene que las decisiones del gobierno perjudican no solo la “imagen pública” del presidente sino también el respaldo de “organizaciones o entidades que estaban de alguna manera dispuestas a no comprarse necesariamente el pleito de unas nuevas elecciones y que van alejándose cada vez más”.

Como ha ocurrido en los últimos meses, la alternativa de adelantar nuevas elecciones también ha vuelto a estar presente.

En esa línea de análisis está el politólogo Paolo Sosa, quien en una reciente columna escribió en OjoPúblico que este “empate catastrófico entre [ambos] poderes que avizorábamos desde hace un año se ha ido tornando en una suerte de guerra tibia donde, por estrategia o casualidad, oficialistas y opositores se siguen embistiendo, pero sin detonar los misiles nucleares constitucionales. Es la continuidad al servicio de los intereses particulares”.

En esta misma semana de crisis, el Congreso, como una de sus últimas actividades de esta primera legislatura, gestionó la “condecoración a personalidades”, entre ellas, Manuel Merino De Lama, investigado como responsable político de los hechos de violencia policial que ocasionaron la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado, así como decenas de heridos. 

En este encuentro, además de la presidenta del Congreso María del Carmen Alva, participaron Ernesto Bustamante y Hernando Guerra García de Fuerza Popular; Patricia Chirinos, de Avanza País; y Waldemar Cerrón, de Perú Libre. También se habían propuesto condecorar al reconocido médico Uriel García Cáceres, pero este declinó señalando que mantenía “principios democráticos” y que las “actuales instituciones del estado peruano han perdido legitimidad y ya no representan la voluntad del pueblo peruano”.

Esta situación, advierte el también investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), tiene un costo político muy alto. “La opinión pública refleja el recrudecimiento de la desafección ciudadana con toda la clase política: Ejecutivo y Legislativo ampliamente desaprobados y un apoyo mayoritario a la convocatoria de nuevas elecciones”. 

INESTABILIDAD. El Congreso, en este primer año de gobierno, ha votado en dos oportunidades para declarar la vacancia presidencial contra Pedro Castillo. En agosto inició una nueva legislatura. 

Foto: Andina.
 

Presión del Legislativo

La reciente crisis que enfrenta el gobierno ocurrió a pocos días de la elección de la nueva Mesa Directiva y una semana del Mensaje a la Nación del 28 de julio. De un lado organizaciones de la sociedad civil como Proética y Transparencia han publicado comunicados donde coinciden en que las recientes decisiones de Castillo afectan al Estado de Derecho y lucha contra la corrupción; y por el otro, algunas organizaciones, como la Confederación Nacional Agraria (CNA) o la Confederación Campesina del Perú, aún respaldan al gobierno y buscan impulsar movilizaciones regionales.

La nueva Mesa Directiva del Congreso se eligió el 26 de julio. En un primer momento, desde la oposición anunciaron que Renovación Popular no presentaría la candidatura de Gladys Echaiz pero horas más tarde dieron marcha atrás en esta decisión. Mientras que Alianza Para el Progreso oficializó la postulación de Lady Camones a la presidencia de la Mesa Directiva, quien fue electa pero luego de apenas 41 días fue removida del cargo tras la difusión de unos audios donde el líder de su partido, César Acuña, ordenaba la celeridad en la aprobación de un proyecto de ley. La nueva elección del titular del Legislativo será el lunes 12 de septiembre.  

Algunos legisladores han vuelto a expresar su interés de presentar una nueva moción de vacancia presidencial. Ese es el caso de Jorge Montoya, de Renovación Popular quien expresó que apenas se instale la nueva mesa directiva del Congreso presentará ese pedido. 

Por su parte, la bancada de Avanza País presentó el 21 de julio un proyecto de ley para modificar el reglamento del Legislativo y reducir de 87 a 78 los votos necesarios para la vacancia presidencial. A fines de marzo de este año, la última moción de vacancia presentada obtuvo en el Pleno 55 votos a favor, 54 en contra y 19 abstenciones. 

Como ha ocurrido en los últimos meses, la alternativa de adelantar nuevas elecciones también ha vuelto a estar presente. El director ejecutivo de Proética –capítulo peruano de Transparencia Internacional–, Samuel Rotta Castilla, señaló que desde su organización consideran una salida “saludable”, para resolver esta crisis en el gobierno, “la renuncia del presidente”, y que esta, “vaya acompañada de un aceleramiento en la propuesta de adelanto de elecciones generales”. 

Rotta Castilla recordó que este último semestre ha sido “muy complicado en materia de riesgo contra la corrupción” y alertó que no ha existido “ninguna explicación” ante la “salida intempestiva” del exministro Gonzalez. Desde el cambio de titular del Interior, informado por Castillo a través de sus redes sociales, el presidente y el resto del Ejecutivo han preferido guardar silencio sobre este tema.

En medio de despidos, indagaciones fiscales e inestabilidad política, el silencio del presidente Castillo se mantuvo hasta su primer Mensaje a la Nación del último 28 de julio, fecha en que también se conmemora los 201 años de independencia del Perú.