La firma del Acta de Coracora, hace poco más de una semana, marcó el inicio de una etapa clave en el conflicto alrededor de cuatro unidades mineras al sur de Ayacucho. Por un lado, las compañías que operan estas minas hace más de una década, y cuyos beneficiarios finales son empresas offshore en la mayoría de los casos, buscan postergar la fecha de cierre de sus operaciones, amparados en la normativa vigente. Por otro, los dirigentes locales reclaman el cierre definitivo de estos proyectos, pues informes oficiales de la Dirección Regional de Salud y otras entidades supervisoras han detectado altos niveles de metales pesados en el agua de consumo humano. En el medio, la Presidencia del Consejo de Ministros, entidad que no tiene facultades para intervenir en los Planes de Cierre de Minas, ha hecho declaraciones contradictorias en menos de una semana.

Ernesto Cabral @ernestocabralm ernesto@ojo-publico.com

28 Noviembre, 2021