COMPAÑÍAS. Un análisis de OjoPúblico detectó que por lo menos 34 legisladores tienen vínculos con más de 50 firmas de diferentes sectores económicos, entre ellos, construcción, salud y educación.

El Congreso del bicentenario y sus potenciales conflictos de interés por nexos empresariales

El Congreso del bicentenario y sus potenciales conflictos de interés por nexos empresariales

COMPAÑÍAS. Un análisis de OjoPúblico detectó que por lo menos 34 legisladores tienen vínculos con más de 50 firmas de diferentes sectores económicos, entre ellos, construcción, salud y educación.

Foto: Andina.

La experiencia en el sector privado puede aportar conocimiento para el desempeño de la función pública, pero es importante transparentar estas relaciones para evitar futuros conflictos de interés, como ha ocurrido, por ejemplo, cuando anteriores bancadas han intentado boicotear la reforma universitaria. En el nuevo Congreso de la República, un análisis de OjoPúblico detectó que por lo menos 34 legisladores de ocho partidos políticos figuran en cargos directivos, son fundadores, representantes o están relacionados familiarmente con compañías dedicadas a los rubros de construcción, salud, educación y otros. Casi la mitad de estas empresas ha contratado en algún momento con el Estado.

28 Julio, 2021

En los últimos años, los casos de conflictos de interés en el Legislativo han sido reincidentes y desde este poder se han aprobado cuestionadas normas o impulsado iniciativas que han buscado beneficiar a los sectores donde sus autores tienen inversiones particulares. ¿Qué se conoce del nuevo Congreso? Un análisis de OjoPúblico identificó que 34 congresistas (26% del total) tiene vínculos con empresas de los sectores construcción, salud, educación y otros.

El análisis también detectó que 25 de estas 53 empresas vinculadas a los nuevos legisladores —en su mayoría de Alianza para el Progreso y Fuerza Popular— tuvo contrataciones con el Estado por un total de más de S/20 millones entre 2015 y 2021. 

De acuerdo a la ley vigente, los funcionarios públicos y sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad se encuentran impedidos de participar en procesos de contratación pública durante el ejercicio de sus cargos. Es decir, desde este mes, las empresas donde los legisladores electos tienen participación no podrán ser proveedores del Estado.

El reglamento del Congreso establece que los legisladores están obligados a presentar declaración jurada para la gestión de conflicto de interés, un documento que permite conocer y alertar sobre las relaciones con el sector privado que tienen los funcionarios públicos, entre ellos los congresistas.

El director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta Castilla, señaló que la experiencia en el sector privado puede aportar conocimiento para el desempeño legislativo, pero estos vínculos empresariales se deben transparentar y detallar cuando se asume el cargo. “No deben tener un papel decisivo, ni beneficiarse indebidamente de la actividad parlamentaria. Cada caso [de potencial conflicto de interés] va a tener que ser visto y es importante tener desde el arranque un mapeo de lo que hay”, explicó a OjoPúblico.


Construcción e inmobiliarias

De acuerdo al análisis realizado un total de 53 compañías están vinculadas a 34 congresistas electos. El 30% de estas firmas pertenece al sector construcción e inmobiliario. En este rubro se encuentran 13 legisladores: seis de ellos en las filas de Alianza para el Progreso (APP), tres de Acción Popular, dos de Perú Libre; y uno de Fuerza Popular y Somos Perú. En total, las empresas de este rubro tuvieron contratos con el sector público por más de S/11 millones entre 2015 y 2020.

En la lista destaca Luis Raúl Picón Quedo (63), representante de Huánuco por APP y socio fundador de tres compañías dedicadas a la venta al por mayor de material y maquinaria de construcción. Se trata de las empresas Promotora Oriental SAC, Pro Negocios SAC y Picón SAC. La primera de ellas con más de S/5,6 millones en contrataciones públicas, realizadas en su mayoría a municipalidades provinciales y distritales en la región San Martín, la Autoridad Nacional del Agua y otras entidades.  

Pro Negocios SAC, con actividades desde 2001, registra más de S/188 mil en contrataciones realizadas principalmente a la Universidad Nacional de Ucayali y la municipalidad provincial de Puerto Inca, entre 2015 y 2019. 

La tercera empresa, Picón SAC fue sancionada tres veces por el Tribunal de Contrataciones del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) por presentar información falsa y haber contratado en la jurisdicción del Gobierno Regional de Huánuco, que entonces presidía el hoy congresista de APP. Esta compañía, entre 2015 y 2020, prestó servicios al municipio provincial de Huamalíes, la Universidad Agraria de la Selva y el establecimiento de salud Leoncio Prado por poco más de S/10 mil.

Picón Quedo, expresidente regional de Huánuco entre 2011 y 2014, también fue condenado a prisión suspendida en 2017 por incumplimiento de deberes funcionales y hoy se encuentra involucrado en investigaciones por corrupción y lavado de activos provenientes del narcotráfico. OjoPúblico se comunicó con el congresista electo por Huánuco, pero al cierre de esta publicación no atendió las llamadas.

Luis Picon

INVERSIÓN. El congresista por Huánuco Luis Picón es socio fundador de tres compañías dedicadas a la venta al por mayor de material y maquinaria de construcción. 
Foto: Facebook de Luis Picón.
 

Otro legislador del partido de César Acuña con empresas del sector construcción es Idelso Manuel García Correa (49), quien figura como gerente de Construcciones Progreso Max y socio de Inversiones y Construcciones El Tallán SAC. De estas, solo la primera ha contratado con instituciones públicas. Lo hizo entre 2016 y 2018 por más de S/2,5 millones en servicios prestados a los municipios de Morropón, Sondor y Frías, todos ubicados en Piura, región que tendrá ahora como representante en el Legislativo al también hermano del actual gobernador de Piura, Servando García Correa. Al cierre de este informe, el congresista electo tampoco atendió nuestras llamadas ni mensajes enviados.

En este grupo de APP y el sector construcción también se encuentran los hermanos Segundo Héctor y María Grimaneza Acuña Peralta en La Libertad y Lambayeque, respectivamente; Cheryl Trigozo Reátegui en San Martín y Freddy Diaz Monago en Pasco; el último socio de la Empresa Constructora y Minería Diaz & Monago SAC que ha tenido contrataciones en el sector público, entre 2019 y 2020, por más de S/382 mil. 

Además, en la lista de legisladores electos con empresas en este rubro, y que han contratado con el Estado, figuran Wilson Soto Palacios (Huancavelica) y Raúl Doroteo Carbajo (Ica) de Acción Popular; Wilmar Elera García de Somos Perú (Piura); y Alfredo Pariona Sinche (Huancavelica) y Abel Augusto Reyes Cam (Huánuco) de Perú Libre. 

Negocio de la salud

El análisis de OjoPúblico identificó que hay ocho congresistas de Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Perú Libre y Podemos Perú vinculados a empresas del sector salud. 

En esta lista se encuentra el biólogo Carlos Ernesto Bustamante Donayre (70), de la bancada de Fuerza Popular y encargado de ciencia y salud del plan de gobierno de Keiko Fujimori. El electo congresista por Lima y exjefe del Instituto Nacional de Salud (INS) también es socio de Hospitec SAC, una compañía dedicada a la atención básica de salud y mantenimiento de equipos médicos que, entre 2016 y 2020, registró contratos con el Estado por más de S/38 mil con hospitales en diferentes provincias de Lima y Junín. 

Los otros dos legisladores de Fuerza Popular con negocios en el sector salud son Víctor Seferino Flores Ruiz (63), por La Libertad y Mery Infantes Castañeda (57), por Amazonas. El primero es gerente de la clínica Farmédica SAC que opera en Trujillo, mientras que Infantes Castañeda cuenta con una botica en la provincia de Bagua.  

OjoPúblico identificó que 34 congresistas (26% del total) tiene vínculos con empresas de los sectores construcción, salud, educación y otros.

Podemos Perú, agrupación fundada por el también electo José Luna Gálvez, tiene a Digna Calle Lobatón (44), por Lima, y Enrique Wong Pujada (80), por el Callao, en la lista de legisladores con inversiones en salud. Calle Lobatón figura como gerente de la firma Dafi Salud SAC y socia de la red médica Grupo Dafi Asociados, que a la vez ha tenido más de S/11 mil  en servicios prestados entre 2018 y 2020 a la Fuerza Aérea del Perú y la Municipalidad de Lince, en este último caso con la toma de pruebas rápidas para la detección de la Covid-19. Entre enero y junio del 2017, esta compañía realizó aportes por S/127 mil al partido aprista, agrupación que también recibió de la propia Calle Lobatón más de S/378 mil entre 2014 y 2017. 

Por su parte, Enrique Wong, médico y exlegislador por Solidaridad Nacional entre 2011 y 2016, es gerente de la clínica San Vicente con sedes en los distritos limeños de San Martín de Porres y Surco. Como parte de su campaña, el hoy congresista se mostró a favor de que el sector privado adquiera vacunas contra la Covid-19, a pesar de que esta medida fue canalizada por el Estado.

Este medio se contactó con Enrique Wong pero no atendió nuestras llamadas ni mensajes. En el área de prensa del partido tampoco hubo respuesta.

En el partido de César Acuña, Alianza Para el Progreso, también hay dos congresistas con empresas del sector salud. En la región Cajamarca se encuentra Elva Edith Julón Irigoin (31), quien es gerente del laboratorio SJ Biomedic; y en Huánuco, el médico Luis Raúl Picón Quedo (63), fundador de la clínica Santa Lucila, que registró contrataciones por más de S/64 mil con la Autoridad Nacional del Agua, el Banco de la Nación y la municipalidad de Sullana, entre 2017 y 2021.

Intereses educativos

En el nuevo Congreso también se encuentran cuatro grupos parlamentarios con vínculos en universidades privadas. Desde 2018, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha rechazado la licencia de funcionamiento a 49 centros de estudio superiores que no demostraron estándares mínimos en la calidad del servicio que prestaban. Con este antecedente, legisladores que se opusieron en su momento a la creación de esta autoridad—y en algunos casos cuyas universidades fueron cerradas— han vuelto a asumir una curul. 

En la lista aparece José Luna Gálvez (65), de Podemos Perú. El hoy legislador por Lima es fundador de la Universidad Telesup, cuya licencia fue denegada por la Sunedu en mayo del 2019. Luna Gálvez fue congresista por el partido Solidaridad Nacional entre 2000 y 2016 y actualmente está investigado por lavado de activos y en el caso de sobornos de la constructora brasileña OAS al exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio.
 
La región Ica tendrá a José Luis Elías Ávalos (66), de Podemos Perú. El congresista electo vuelve al cargo luego de diez años: fue legislador de Fuerza Popular y opositor de la reforma universitaria entre los años 2011 y 2016. Elías Ávalos es fundador de la Universidad Privada San Juan Bautista y en sus años de legislador presentó un proyecto de ley para cambiar y derogar varios artículos de la Ley Universitaria, con el argumento de que vulneraba la autonomía de los centros de estudio. También insistió con una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Universitaria, pero esta no prosperó. 
 

José Luna Galvez
ELECTO. José Luna Gálvez, fundador de la Universidad Telesup, vuelve al Congreso luego de cinco años. En 2019, la Sunedu le negó el licenciamiento a su centro de estudios.
Foto: Andina.

En la bancada de Avanza País, la congresista Yessica Rosselli Amuruz Dulanto (33), hija del excongresista fujimorista Roger Amuruz Gallegos, es representante legal de la Universidad Politécnica Amazónica, cuyo licenciamiento fue denegado en enero del 2020.

En el norte peruano, Segundo Héctor Acuña Peralta —electo de APP por La Libertad y hermano de César Acuña, fundador del partido— figura como socio de la Universidad César Vallejo y del colegio Bruning con sede en Trujillo. Alianza para el Progreso ha sido uno de los partidos que más se ha opuesto a la reforma universitaria. 

En Fuerza Popular, el congresista electo David Jimenez Heredia (65) es gerente de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosvelt y de un instituto superior del mismo nombre, ambos ubicados en la región Junín donde Jimenez Heredia obtuvo un escaño. 

OjoPúblico se contactó con los legisladores electos y equipos de prensa de los partidos para recoger sus descargos, pero al cierre de este informe no respondieron.

Compañías asesoras

En un cuarto grupo de congresistas aparecen los consultores, por sus servicios de asesoría prestados al Estado en diferentes áreas. En esta lista destaca Hernando Guerra García Campos (58), jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular, socio de Cambio y Gerencia SAC y gerente de Nano Guerra García EIRL. 

La primera de estas empresas tuvo contratos con entidades públicas por más de S/6 millones. Lo hizo entre 2015 y 2021 por servicios prestados en su mayoría a Electrosur, Servicios Postales del Perú (Serpost), la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y otros. Con la otra compañía, en 2016, Nano Guerra García EIRL, realizó asesorías al Ministerio de Agricultura sobre producción de eventos por más de S/56 mil. Guerra García no respondió a nuestras llamadas ni mensajes para recoger su descargo.
 

El 30% de las 53 compañías vinculadas a congresistas pertenece al sector construcción e inmobiliario.
 

Hay otro grupo de legisladores electos que están vinculados a empresas que realizan consultorías, pero que hasta la fecha no han realizado contratos con instituciones estatales. Ellos son María del Pilar Cordero Jon Tay, de Fuerza Popular (Tumbes), Margot Palacios Huamán, de Perú Libre (Ayacucho) y José Enrique Jerí Oré, de Somos Perú (Lima).

En un último bloque aparecen otros 12 congresistas —principalmente de las bancadas de Perú Libre, Fuerza Popular y APP— con negocios diversos como la venta de material agropecuario, transporte, telecomunicaciones, restaurantes y otros. La labor que ahora desempeñen estos parlamentarios, vinculados al sector privado, permitirá conocer si llegaron a estos cargos para beneficio propio o legislar en favor de la población.