Actualizado a las 3:00 pm

 

Con información de Yoselin Alfaro, desde Junín.

 

La noche del domingo 23 de mayo, alrededor de 20 personas se encontraban sentadas, como consumidores o atendiendo, en dos bares a orillas del río Chimpinchariato, en el distrito de Vizcatán del Ene (Junín). Tres de ellas eran de la familia Ochoa Ccahuana (junto a dos menores), naturales de Apurímac, que laboraban en uno de los locales. Ellas habían dejado Huancayo, en donde residían con su madre, para ir a trabajar –ya sea como cocineras, en tareas de servicio o apoyando en faenas agrícolas– al corazón del remoto y convulsionado valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), la zona de mayor producción de hoja de coca en Perú.

Adicionalmente, en las mesas de estos lugares de entretenimiento, se encontraban 10 hombres de entre 39 y 17 años de edad. La mayoría de ellos había llegado a laborar en la agricultura o sembríos de hoja de coca en el distrito de Vizcatán del Ene (Satipo), procedentes de diversas partes de Junín, Ayacucho y Huánuco. En los mismos bares, separados entre ambos por algunos metros de distancia, también estaban otras cinco mujeres.

Esa noche, cuando nada hacía presagiar la tragedia, se transmitía por televisión y a nivel nacional, el debate de los equipos técnicos de los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Pedro Castillo. En Vizcatán del Ene –que alberga a 3.500 habitantes, según el INEI– existen inmuebles de hasta tres pisos con antenas de empresas de cable, corriente eléctrica y cobertura de Internet intermitente, pero no se conoce si en dichos bares –que albergaban cajas de cerveza y rocolas de música– se llegó a seguir de alguna manera el debate previo a las elecciones del 6 de junio.

Las 16 personas fueron asesinadas en el mismo lugar (incluidas dos menores) y cuatro sobrevivieron.

Lo único concreto a esa hora de la noche fue que entre tres o cinco personas (la ministra de Defensa Nuria Esparch, dijo que eran al menos cinco atacantes), dispararon sin mediar advertencia y de manera indiscriminada contra las 20 personas al interior de los bares. Del total, 16 personas fueron asesinadas en dichos locales (incluidas dos menores) y cuatro sobrevivieron. Una de ellas, que resultó herida y cuyo nombre no identificamos por seguridad, narró a OjoPúblico que el ataque fue realizado por personas vestidas de civil y de manera rápida, sin que medie diálogo alguno con los presentes.

El Ministerio Público, como titular de la acción penal, inició una investigación para identificar a los culpables del ataque. En tanto, la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) ratificó ayer ante los medios que el responsable fue Sendero Luminoso del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), y lo hizo señalando al grupo narcoterrorista que opera en dicha cuenca cocalera, al mando de Víctor Quispe Palomino ‘José’. En la escena del crimen se hallaron volantes que hacían referencia a una "limpieza social" de parte del Militarizado Partido Comunista del Perú, como 'José' llama a su sanguinaria facción armada.

En medio de las afirmaciones de la dirección antiterrorista, así como del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ciudadanos de la zona, como el juez de paz de San Miguel del Ene, Leonidas Casas Marmolejo –uno de los primeros en llegar al escenario del atentado el lunes último– cuestionó ayer que a los habitantes de su localidad se los califique como "terroristas" o que se presuma que ellos ya saben qué grupo armado estuvo detrás de los crímenes.

Por ello, en medio del debate público en torno a los responsables de la masacre, OjoPúblico entrevistó a los testigos directos de la escena del crimen y a los deudos. Sus voces retratan el drama cotidiano que vive Vizcatán del Ene, un distrito del Vraem con altos indicadores de pobreza, sin agua y desagüe), tan alejado de los servicios del Estado que incluso muchos ignoran las medidas sanitarias impuestas por la Covid-19. Por ejemplo, en los velorios de anoche, no hubo distanciamiento y muy pocos usaban mascarillas. El duelo, podría pensarse, los unió más que el miedo a la pandemia.

ALEJADO. San Miguel del Ene es capital del distrito Vizcatán del Ene y se ubica en la frontera entre Cusco y Ayacucho, en el corazón del Vraem.

Foto: OjoPüblico/ Pavel Espinoza

 

Hugo Torres del Comité de Autodefensas: “En la prensa solo [vemos] militares, aquí nada”

 

Una de las primeras personas que llegó al escenario de la masacre –sector de playa, a orillas del río Chimpinchariato, en el centro poblado San Miguel del Ene– fue el teniente del Comité de Autodefensas (CAD), Hugo Torres. La autoridad del lugar lamentó que, a pesar de la magnitud del crimen, no se aparecieran las fuerzas del orden en el lugar. Torres indicó que se sienten desprotegidos y así se lo dijo a quienes lo entrevistaron ayer. También denunció un olvido sistemático por parte del Estado. Torres además indicó no comprender cómo siguen siendo ignorados, a pesar de la brutal violencia del domingo último. 

“La presencia de militares [aquí] no lo vemos. Dicen que van a agarrar [a los culpables], pero no hacen nada. Cuando hay muertes de los campesinos no dicen nada. No han llegado las Fuerzas Armadas [...] En la prensa solo hay militares, aquí nada. Cuando muere un agricultor nadie hace nada. Pedimos [que vengan], pero sabemos que nunca van a llegar”, dice la autoridad del centro poblado.

Torres prefiere no especular, sino ceñirse a los hechos, por eso dice que los habitantes de Vizcatán del Ene hasta hoy no saben quién estuvo detrás del asesinato de las 16 personas. “La fiscalía ha venido con el juez de paz. Se han llevado [el lunes] los cadáveres [a la morgue de Pichari] a las 9 de la noche”, relata. En este último lugar se efectuaron las necropsias y luego los cuerpos fueron entregados a sus familiares. Los deudos, como por ejemplo Alejandra Ccahuana de Ochoa, que perdió a sus tres hijas y dos nietas en uno de los bares atacados, contó a OjoPúblico que no tenía los recursos necesarios para comprar los féretros y traer a sus familiares a Huancayo. 

DUELO. Los familiares de Luis Laura Lapa (19) lo velan al frente del municipio de Vizcatán del Ene. 

Foto: OjoPúblico/ Pavel Espinoza

 

Por lo pronto, la Cruz Roja Internacional acudió hasta Pichari (Cusco) para brindar ayuda humanitaria y conseguir que trasladen a los fallecidos a sus lugares de origen. Frente a esta situación, el principal reclamo de Hugo Torres del CAD es la nula presencia del Estado en la zona desde hace décadas. “Hablan de desarrollo alternativo, pero no hay nada. Han invertido millones y millones, [pero aquí en Vizcatán del Ene] no se ha invertido nada. ¿Dónde está el desarrollo alternativo? Quizás solo sea un par de hectáreas en un lugar. La realidad del Vraem es una pena”, lamentó. 

El día del atentado, el domingo último, no pudieron salir inmediatamente al lugar de los hechos, aseguró Hugo Torres a OjoPúblico, porque no había energía eléctrica ni señal telefónica. “Si hubiera habido fluido eléctrico, a esas personas que han hecho [el atentado], las autodefensas [CAD] los hubiéramos capturado. Pero no había energía para comunicarnos [el domingo en la noche], otros días hay. Por esa zona no había [luz], como en otras zonas normales, por eso pensamos que [el hecho de violencia] ha sido armado”, dice la autoridad de San Miguel del Ene en base a los indicios que tiene a la mano. 
 

El juez de paz Leonidas Casas: “En vez de apoyarnos, nos atacan diciéndonos terroristas” 

 

Para reportar el atentado, el alcalde del distrito de Vizcatán del Ene, Alejandro Atao, y el juez de paz, Leonidas Casas, viajaron treinta minutos desde San Miguel del Ene hasta la comisaría del centro poblado de Natividad. Una vez que reportaron el hecho se desplazaron hasta el Frente Policial Vraem, en Pichari (Cusco), en donde se reunieron con mandos militares, a quienes les solicitaron apoyo para agilizar el traslado de los cuerpos de las víctimas; pero también para custodiar al pequeño poblado de San Miguel del Ene, donde se registró el ataque.

Leonidas Casas dijo a OjoPúblico que, en la comisaría de Natividad y en el Frente Policial Vraem, solo pudieron describir y exponer los hechos, es decir, lo que observaron la madrugada del día siguiente a la masacre, cuando llegaron hasta el sector de playa, acompañados de los miembros del Comité de Autodefensas. El juez paz dijo no haber responsabilizado a alguien en particular porque desconocían la identidad o la naturaleza del grupo de asesinos.

En los años que lleva viviendo en San Miguel del Ene, el juez de paz Baca dijo no haber experimentado una masacre de ese tipo. Según sus palabras, nunca imaginó que algo así llegara a suceder. Por eso cuando escuchó las noticias procedentes de Lima, en donde se lanzaban calificativos sobre la zona, decidió brindar su testimonio para aclarar el panorama. “Están confundiendo la imagen de la población, de las autoridades, están metiendo a la política”, dijo Casas.

HUANCAYO.La familia Ochoa Ccahuana llora a sus cinco fallecidos (tres mujeres y dos niñas) en la matanza de San Miguel del Ene.

Foto: OjoPúblico/ Yoselin Alfaro

 

Más tarde la autoridad local reiteró que no pueden acusar a alguien en específico por el asesinato: “Nosotros hemos dicho que hubo asesinatos, pero no acusamos a nadie. Lo que están haciendo es exagerar [dijo en referencia a los medios]”. Cabe indicar que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Dircote aseveraron de manera categórica que el responsable de los crímenes fue Sendero Luminoso, la organización terrorista que lideró Abimael Guzmán y que le declaró la guerra al Estado hace 41 años. Otro de los reclamos de Casas fue el abandono, por parte del Estado, al que se encuentra expuesto su pueblo.  

“Nosotros trabajamos de sol a sol, en la chacra. [...] La inversión del Estado no la tenemos, no hay carretera ni vías de acceso. Han llegado unos periodistas, que vengan a ver, pero que no nos satanicen, que no nos digan que Vizcatán es una zona terrorista”, pidió el juez de paz Casas.

Sobre las víctimas, la autoridad local señaló que “son agricultores que han venido a ganar su platita, ellos están ganándose la vida [acá]. Solo fueron a sentarse [al bar] y los mataron. Nos sentimos preocupados, abandonados. En vez de darnos el apoyo, nos atacan diciéndonos terroristas”.
 

Alcalde Alejandro Atao: “Dejaron panfletos, pero eso no significa que sean los autores”

 

Desde que reportó el hecho ante las fuerzas del orden, el alcalde del distrito de Vizcatán del Ene, Alejandro Atao, no ha dejado de interesarse por los deudos, muchos de ellos con urgencias económicas. Cuando estuvo en Pichari (Cusco) pidió ayuda para el traslado de los fallecidos. Aunque solo dos víctimas pertenecían a San Miguel del Ene, muchos de los familiares clamaban ayuda para transportar a los suyos hacia sus respectivos lugares de origen.

Sobre la masacre, el burgomaestre señaló que "no sabe que pasó por la mente de los asesinos para actuar de una manera tan violenta". “Dejaron panfletos [haciendo referencia al Militarizado Partido Comunista del Perú, como ellos se autodenominan], pero eso no indica que sean los autores. Puede ser otro grupo de delincuentes, pero ya veremos con el tiempo y con las investigaciones a que conclusiones se arriba”, precisó la autoridad local. La Fiscalía abrió una indagación oficial al respecto.

Al igual que el juez de paz, el alcalde Atao coincide en que el centro poblado San Miguel del Ene (capital del distrito Vizcatán del Ene) necesita mayor protección por parte de las fuerzas del orden. “Vivo acá desde hace más de 30 años, pero en ningún momento he sido testigo de un acto así, de esto que no tiene nombre”, dijo a OjoPúblico.

La principal autoridad del distrito aceptó que Vizcatán del Ene se ubica “en el corazón del Vraem” y que esta es una zona acechada por grupos dedicados al narcotráfico, pero indicó que esta masacre debería ser una lección para las autoridades del Estado. En ese sentido, señaló la ausencia de servicios básicos que aún persisten entre la población, “ya que se necesita mejorar la atención en salud, educación, construcción de carreteras y otras vías de acceso”. 

SAN MIGUEL DEL ENE. El valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) es el principal valle cocalero del Perú. La hoja de coca es acopiada, procesada y transportada a la costa o al sur del Perú para ser enviada al extranjero.

Foto: OjoPúblico/ David Espinoza

 

El distrito Vizcatán del Ene fue creado en 2015, durante el gobierno de Ollanta Humala, pero aún mantiene serias falencias en torno a la seguridad ciudadana. La localidad carece de una comisaría propia. La más cercana es la ubicada en Natividad o Pichari (ambas en Cusco). Igual, el alcalde dice que “cuando llegas [la policía] te dice que no es su jurisdicción”. La otra alternativa es acudir a la comisaría de Pangoa, ubicada a siete y ocho horas del pueblo, para lo cual se debe invertir tiempo y dinero que no necesariamente tienen, más en época de pandemia. 

La ausencia de una comisaría en Vizcatán del Ene impide que la población y sus autoridades denuncien una serie de delitos que se cometen en dicha localidad. “Acá hay casos de tocamientos indebidos, intento de violación, agresiones físicas, violencia familiar, pero [las personas] no denuncian porque no tienen dónde hacerlo”, dijo Alejandro Atao. 

La principal actividad económica de la región es el cultivo de hoja de coca, según fuentes oficiales. De acuerdo con el informe de Devida del 2019, la zona con mayor producción de hoja de coca en la región Junín es Vizcatán del Ene, ubicada en la provincia de Satipo. Dicho distrito ocupa el cuarto lugar, con 2.596 hectáreas cultivadas, en la lista de los 15 distritos con mayor superficie cultivada de hoja de coca en 2019. 

Uno de los argumentos que ofrece el alcalde Atao, para responder por la motivación de las personas que prefieren cultivar hoja de coca en Vizcatán del Ene, es el siguiente: “Los precios de los cultivos alternativos (como el café y cacao, por ejemplo) son muy bajos y además no cuentan con buenas carreteras para sacarlos hacia las ciudades”.

Un problema adicional es que, desde el 2015, cuando se creó el distrito Vizcatán del Ene, la municipalidad funcionó en las provincias de Pangoa y Satipo. Recién el 2019 se trasladó a la capital San Miguel del Ene. El distrito ha recibido este año S/ 3.3 millones de presupuesto público y el año pasado ese monto fue de S/ 4.4 millones, según el Ministerio de Economía y Finanzas. El alcalde Atao dice que dicho presupuesto, en su experiencia, es insuficiente para las necesidades de la localidad.

 

Alejandra Ccahuana: “He perdido a tres hijas y dos nietas, no es justo”

 

En medio de una ligera lluvia en Huancayo, Alejandra Ccahuana de Ochoa (67), rompe en llanto apenas habla con los periodistas que la abordan. La mujer ha perdido a sus tres hijas (Carmen, Dianee y Marcelina Ochoa Ccahuana) y dos nietas (de 4 años y 1 año y dos meses) en el asesinato de 16 personas perpetrado el último domingo. “Recién el Día de la Madre han venido las tres [a Huancayo]. [Ellas] cosechaban coca, o [trabajaban] como cocinera. Ahora me las han quitado, hay cinco cadáveres en Pichari”, narró entre lágrimas. 

Víctima de la violencia y de la necesidad económica, Alejandra Ccahuana es asesorada por un abogado en el traslado de los cuerpos de sus familiares. Ella dijo no contar con los recursos para viajar hasta Pichari (Cusco) y traer de vuelta a sus familiares a casa. “No hay dinero, tengo cinco personas que enterrar. Yo soy viuda, mi esposo ha fallecido hace ocho años, y ahora mis hijas, dos nietas, no es justo. No tenemos plata para comprar cajones, cada uno cuesta 5 mil soles”, narró la mujer. 

Al costado de la señora Alejandra se encontraba Christian Quincho Vilca, esposo de Dianee Ochoa y de una niña de cuatro años, ambas fallecidas en Vizcatán del Ene. El joven recién se enteró ayer de la muerte de sus dos seres queridos. “Nosotros queremos que se haga justicia, porque es algo muy doloroso para nosotros, mi hija no tiene la culpa de nada”, explicó Quincho a los medios presentes, entre ellos OjoPúblico. Los familiares de la familia Ochoa Ccahuana viven en el distrito de Chilca, provincia de Huancayo, en la región Junín.

DOLOR. La señora Alejandra Ccahuana observa los féretros de sus tres hijas y dos nietas asesinadas en el Vraem. 

Foto: OjoPúblico/ Yoselin Alfaro

RITUAL. La familia Ochoa Ccahuana vela a cinco de sus integrantes asesinadas el último domingo en San Miguel del Ene. 

Foto: OjoPúblico/ Yoselin Alfaro 

 

OjoPúblico también se comunicó con Gustavo Flores Mendoza (42), padre del menor EGFM de 17 años, quien fue asesinado el último domingo. Natural de la ciudad de Tarma, la joven víctima viajó hace 15 días acompañado de Eder Leo Limaymanta Pérez (41), otro de los fallecidos. “No sé en qué estaba trabajando, como escapándose ha venido [a Vizcatán del Ene]. Nunca he conocido acá. He venido [al lugar de los hechos] por esta noticia y no he traído nada [de dinero]. La Cruz Roja nos ha dicho que nos va a ayudar”, dijo el padre de la víctima.  

Flores Mendoza dijo trabajar en Tarma en labores agrícolas y aseguró que Limaymanta, quien condujo a su hijo a Vizcatán del Ene, “ya trabajaba en la zona”. Sin embargo, aseguró que “nunca le preguntamos en qué trabaja, en qué andaban [con su hijo]. Él llevó a Edison. Los dos han muerto”, explicó. Más tarde, también solicitó que las investigaciones avancen con celeridad, pues en Pichari les prometieron “buscar a los responsables”, pero él sabe que eso no siempre se cumple. “No hay cuándo, no sabemos cuándo. Eso nos dicen [que van a capturar a los responsables] pero no sabemos cuándo”. 

En la noche del martes 25 de mayo llegaron al centro poblado San Miguel del Ene los cuerpos de dos víctimas: Luis Fernando Laura Lapa (19) y Glover Fernández García (27), ambos naturales del centro poblado de Vizcatán del Ene. La población abandonó sus casas para recibirlos y rendirles un sentido homenaje frente a la fachada de la municipalidad, en donde fueron velados toda la noche. Otros fallecidos acabaron siendo trasladados desde Pichari hasta sus hogares en las regiones Lima, Junín y Ayacucho. 

Pasado el mediodía, y poco antes de la publicación de este reportaje, unos 50 efectivos de la Marina llegaron al centro poblado San Miguel del Ene, tras las demandas de la población y de las autoridades locales que reclamaban su presencia desde el último lunes. Se reunieron con el juez de paz Leonidas Casas, el alcalde Alejandro Atao y representantes del Comité de Autodefensa, con quienes coordinaron la protección de la ministra Silvana Vargas, titular de Desarrollo e Inclusión Social, cuya llegada esta programada para mañana jueves. Mientras tanto, en el pueblo los ciudadanos, provistos de carteles, reclamaron justicia y una rápida investigación para hallar a los responsables del crimen de las 16 personas.