RUTAS. Tamshi SAC transporta y comercializa cacao desde el fundo Tamshiyacu en Loreteo hacia Lima. Imagen tomada el 6 de agosto del 2019.

Empresa investigada por deforestar comercializa cacao sin autorización ambiental

Empresa investigada por deforestar comercializa cacao sin autorización ambiental

RUTAS. Tamshi SAC transporta y comercializa cacao desde el fundo Tamshiyacu en Loreteo hacia Lima. Imagen tomada el 6 de agosto del 2019.

Aunque no cuenta con certificaciones ambientales aprobadas por el Estado, la empresa Tamshi SAC, antes Cacao del Perú Norte SAC e investigada por deforestación, comercializa cacao de Loreto a Lima. En febrero de este año, la Contraloría identificó irregularidades en el trabajo de cinco exfuncionarios del Ministerio de Agricultura, que permitieron el levantamiento de una orden judicial que paralizó las operaciones de la compañía fundada por Dennis Melka, empresario checo-estadounidense investigado por deforestar más de 13 mil hectáreas de la Amazonía peruana. La empresa ha interpuesto un recurso ante el Poder Judicial para continuar operando.

13 Octubre, 2020

A un año de la sentencia en primera instancia contra el empresario Rubén Antonio Espinoza por tráfico ilegal de madera en Loreto, OjoPublico analizó una serie de documentos que determinan que la empresa Tamshi SAC -investigada por deforestación en esta región de la Amazonía peruana- vende y transporta cacao hacia Lima sin contar con la autorización ambiental que apruebe su producción. Esta compañía, que antes operaba como Cacao del Perú Norte SAC, ha continuado sus actividades sin contar, a la fecha, con un certificado ambiental.

Las operaciones de Tamshi SAC se ubican en la localidad de Tamshiyacu, en el distrito loretano de Fernando Lores. En este lugar, desde 2013, el empresario checo-estadounidense Dennis Melka empezó a invertir en Cacao del Perú Norte SAC y, dos años después, fue involucrado en una investigación por la deforestación de más de 13 mil hectáreas de bosques amazónicos en Loreto y Ucayali. Luego, la firma cambió de nombre (en marzo de 2018) y fue adquirida por Tamshi SAC. 

Con esta nueva razón social, la empresa afrontó la primera sentencia por el delito de tráfico ilegal de madera contra un empresario en el Perú: Rubén Antonio Espinoza, fundador y gerente general de Cacao del Perú Norte (antigua denominación de Tamshi SAC), fue condenado a ocho años de cárcel efectiva; y se determinó, además, que la compañía pague una reparación civil mayor a los S/ 15 millones. Sin embargo, Espinoza, que enfrentó todo el proceso en libertad, no acudió a la lectura de su sentencia y hoy continúa prófugo de la justicia, confirmaron fuentes fiscales a OjoPúblico.

Tamshi señaló a OjoPúblico que el PAMA era un instrumento correctivo y permitía “seguir operando mientras lo gestionan".

El pasado 2 de octubre, un año después del histórico fallo judicial, la Sala de Apelaciones de la Corte de Justicia de Loreto realizó una primera audiencia para evaluar la medida y, posteriormente, decidir si confirma o anula la sentencia. La segunda fecha está agendada para este 14 de octubre. Además de este proceso, la fiscalía de Loreto lleva otras dos investigaciones que vinculan a Tamshi SAC por el delito de deforestación y el otorgamiento ilegal de derechos (para la administración de recursos naturales). 

Tamshi SAC señala, por su parte, que no tiene vínculos con los fundadores y exdirectivos de Cacao del Perú Norte SAC, pero desde que los actuales inversionistas tomaron el control de la compañía -en marzo de 2018- tampoco han logrado que las autoridades peruanas aprueben su propuesta de Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), documento que en agosto de 2019 fue declarado infundado en la última instancia del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).

 

Sin instrumento ambiental

El director de Gestión Ambiental Agraria de este sector, José María Mariño, confirmó a OjoPúblico que esta decisión marcaba el final de todas las etapas administrativas respecto al PAMA de esta empresa. Sin embargo, la compañía interpuso un proceso contencioso administrativo contra esta decisión, que hoy se encuentra en evaluación.

Consultada sobre el tema, Tamshi señaló a OjoPúblico que el PAMA era un instrumento correctivo y permitía “seguir operando mientras lo gestionan”, como ocurría con su caso y el de “muchos otros agricultores y empresas que operan en el país”.


Guia remisión febrero_Transporte_Gladys

GUÍA. En febrero de este año, Tamshi transportó 257 sacos de cacao sin declarar el producto en el manifiesto de carga de la embarcación Eduardo VI. 

 

César Ipenza, abogado experto en derecho ambiental, sostuvo que apelar a una estrategia judicial era un camino para “salvar la situación”, pero los responsables de evaluar técnicamente eran las autoridades administrativas como el Minagri. “Los jueces no necesariamente conocen los elementos técnicos de un proyecto. Lo que está haciendo [Tamshi SAC] es tener una estrategia para evadir su responsabilidad”, señaló a OjoPúblico.

La falta de un documento que respalde el impacto ambiental de sus actividades agrícolas no ha impedido que Tamshi SAC continúe con la venta de cacao. OjoPúblico tuvo acceso a una serie de documentos que confirman que esta compañía comercializa cacao desde Loreto, hacia Yurimaguas, Tarapoto y luego Lima.

La noche del 12 de diciembre de 2019, en el almacén de Tamshi, ubicado en la localidad Tamshiyacu, en el distrito de Fernando Lores (Loreto), un grupo de trabajadores cargó más de 800 costales de cacao en dos camiones que partieron hacia el puerto de Tamshiyacu. Una vez allí, el cacao fue trasladado a la embarcación ‘Eduardo VI’, propiedad de Transportes Gladys SAC, y siguió su ruta hasta el terminal portuario de Yurimaguas, en la región San Martín; donde el cargamento llegó el último 20 de diciembre, según consta en las guías de remisión de transporte, a las que también accedió este medio.

La falta de un documento que respalde el impacto ambiental de sus actividades no ha impedido que Tamshi SAC continúe con la venta de cacao.
 

Al llegar a Yurimaguas, el embarque fue recogido por un camión de la firma Paredes Estrella Cargo SA y fue trasladado a Tarapoto, en la región San Martín. En una de las guías de remisión de Tamshi se indica como destinatario final del grano seco de cacao a Corporación White & Brown Sugar SAC, con sede en el distrito limeño de San Isidro.

El gerente de operaciones de esta empresa, Francisco Laurie Ezeta, señaló a OjoPúblico que a la fecha había tenido una buena experiencia comercial con Tamshi SAC y desconocía que la compañía no contaba con una certificación ambiental aprobada por el Estado en el sector cacao.

De Loreto a Lima

La información a la que OjoPúblico tuvo acceso detalla que este año Tamshi también ha continuado vendiendo cacao. A mediados de febrero, la embarcación ‘Eduardo VI’, perteneciente a Transportes Gladys SAC, salió nuevamente desde Tamshiyacu hacia Yurimaguas. En esta oportunidad, los 257 sacos negros con 15 toneladas de cacao no se encontraban declarados en el manifiesto de carga de la embarcación. 

La apoderada de Transportes Gladys SAC, Martha Díaz Vásquez, indicó que las cargas en ruta -como ocurrió con el cacao de Tamshi- no figuran en el registro digital que existen en puertos, sino que se consignan de forma manual en un documento anexo que manejan las autoridades portuarias de cada región. En la guía de remisión de Tamshi, figura como destinatario la compañía Sumaqao SAC, con sede en Lurín. Según información de Aduanas, las exportaciones de cacao de esta empresa acumulan alrededor de US$ 141 millones.

El gerente general de Sumaqao, Israel Pisetsky Olaechea, confirmó a OjoPúblico que Tamshi SAC era su proveedor entre 2019 y 2020, pero que las compras con esta empresa representaban “menos del 0,5%” de su compra total anual. “Este cacao tiene destino a un mercado convencional (bulk)”, señaló Pisetsky Olaechea. 

Carga febrero Tamshiyacu

EMBARCACIÓN. Interior de uno de los transportes fluviales que traslada los sacos de cacao de Tamshi SAC. Fotos tomadas el 21 de febrero de este año 
 

Sobre el cacao de Tamshi SAC que no figuraba en el manifiesto de carga donde se incluía la información del traslado del producto hacia Yurimaguas, Pisetsky Olaechea señaló no tener conocimiento de las operaciones internas de la empresa ni de los problemas que tenían, pero que esperaba que los pudieran solucionar.

OjoPúblico consultó a Tamshi por qué comercializaba cacao si no tenía la autorización ambiental para su producción y respondieron que el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) -declarado improcedente en el Minagri- al ser un "instrumento ambiental correctivo permitía a sus titulares seguir operando mientras lo gestionan". La compañía interpuso un proceso contencioso administrativo contra esta decisión del Minagri y ahora el tema está en manos del Poder Judicial.

La compañía, además, señaló en su respuesta que se encontraban "en el proceso de adecuación ambiental de nuestras actividades mediante un PAMA que, luego de haber sido desaprobado de manera sorprendente por el Minagri, se encuentra en un proceso judicial. El Minagri denegó nuestra solicitud de evaluación de PAMA después de 6 años de evaluación, cuando el plazo máximo para evaluarlo es de 120 días, con el argumento de que este no es el instrumento ambiental que correspondería, siendo la propia Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios quien en 2013 había confirmado (es decir hace más de 6 años) que era el instrumento que necesitaba la empresa, y consecuentemente había aprobado los Términos de Referencia”.

También se les consultó sobre las modalidades de traslado y distribución de su producto, y la firma indicó vía correo electrónico que su “estrategia comercial y de distribución son confidenciales. Hacer pública esta información afecta a nuestra estrategia, a la seguridad de la mercadería y de los trabajadores y beneficiaría a nuestra competencia y adversarios”.

Para el director de la Iniciativa de Justicia Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Jean Pierre Araujo, de detectarse irregularidades en las operaciones de Tamshi SAC sus actividades pueden ser detenidas y dicha labor recae en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que supervisa el cumplimiento de las medidas aprobadas en los instrumentos de gestión ambiental e interviene en actividades ilícitas que se desarrollan a gran escala. 

El uso del PAMA, según Araujo, puede compararse a la adquisición de “un inmueble en el cual funcionaba una bodega y, de la noche a la mañana, se decide que va a ser un centro comercial”, explicó. 

OEFA confirmó a OjoPúblico que Tamshi por este motivo tiene vigente un procedimiento administrativo sancionador. “Con relación a la empresa en cuestión, se ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador contra ella por desarrollar la actividad sin contar con instrumento de gestión ambiental. Es en este procedimiento donde se determinará si existe o no responsabilidad por parte de la empresa, así como las sanciones a imponer en caso corresponda. Dicho procedimiento debe concluir con el pronunciamiento de la primera instancia, a más tardar, durante el próximo trimestre”, indicó OEFA en una respuesta enviada por correo electrónico a fines de agosto. 
 

Ruta cacao Tamshiyacu

NOCTURNO. Las cargas de cacao de Tamshi SAC se trasladan durante la madrugada hacia el puerto de Tamshiyacu. 

 

El seguimiento a los procesos contra Tamshi SAC también fueron explicados en un informe de la Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas y la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos de OEFA de junio, elaborado como respuesta a un pedido de la Defensoría del Pueblo, al que este medio tuvo acceso.  

En dicho documento se detalla que, como parte del proceso de transferencia de la Dirección de Asuntos Ambientales Agrarios del Minagri, OEFA recibió toda la información disponible sobre los procesos sancionadores en el sector agrícola. Entre ellos, uno contra Tamshi SAC que data de 2018, donde se identificó que la empresa realizaba sus actividades sin contar con un instrumento de gestión ambiental aprobado por el Estado. Esta información será incluida en la carpeta del proceso sancionador, que tiene vigente desde febrero de este año y sobre el que OEFA informó a OjoPúblico. 

Hoy se encuentra pendiente una eventual sanción contra Tamshi SAC, pero los orígenes de sus actividades toman relevancia a partir de los hallazgos que detectó la Contraloría General de la República en una investigación en la que se incluyó a cinco exfuncionarios del Minagri por hechos irregulares que favorecieron a la, entonces, Cacao del Perú Norte SAC. 


Irregularidades identificadas


En la localidad de Tamshiyacu, a más de 900 kilómetros de la capital peruana, el cacao se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos económicos para los agricultores. Desde que el empresario Dennis Melka llegó a la zona con Cacao del Perú Norte SAC, en 2013, la actividad no se ha detenido.

En febrero último un informe de la Contraloría General de la República advirtió que funcionarios del Minagri permitieron que se deforesten ocho mil hectáreas de bosques en Loreto y Ucayali, regiones donde precisamente Dennis Melka tuvo sus inversiones en el sector cacao y palma aceitera.

De acuerdo al informe de la Contraloría, estos funcionarios permitieron “vestir de legalidad” algunas decisiones que favorecieron la continuidad de las actividades de Cacao del Perú Norte SAC -heredadas, luego, por Tamshi SAC-, que se encontraban paralizadas por mandato judicial. 

En la investigación, la autoridad pública detectó que los hoy extrabajadores del Minagri aprobaron de forma irregular el estudio de suelos presentado por Cacao del Perú Norte. Desde ese ministerio, según el reporte de Contraloría, también se dispuso el levantamiento de la medida preventiva de paralización de las actividades en Tamshiyacu, sin importar que existía una orden del Poder Judicial para mantenerla vigente. 

El análisis de la Contraloría indica además que, con el otorgamiento de la Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor, a favor de la empresa que hoy opera como Tamshi, dieron “apariencia de legalidad al desbosque de 2.000 hectáreas de bosques primarios para la instalación de cultivos de cacao en suelos con aptitud natural forestal, permitiendo a su vez continuar con sus operaciones, sin ninguna restricción, a pesar de que no cuentan con la certificación ambiental y que han causado impactos ambientales significativos que afectaron el patrimonio forestal de la nación”.

Informe Contraloría
HALLAZGOS. La Contraloría detectó irregularidades en el trabajo de cinco exfuncionarios del Minagri, que permitieron el levantamiento de una orden judicial.
Captura: Informe de auditoría de la Contraloría. 
 

 

En el informe se detalla que los responsables de las decisiones a favor de Cacao del Perú Norte SAC fueron Jesús Sihuas Aquije, Alberto Hijar Rivera, Jesús Quispe Huertas, Shirley Silva Nauca y Frank Muller Figueroa, todos ellos exfuncionarios del Minagri. La Contraloría señaló que compartiría los hallazgos del informe a la Procuraduría Pública para que “inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos” encontrados como parte de la investigación. 


OEFA confirmó a OjoPúblico que Tamshi tiene vigente un procedimiento administrativo sancionador.


La serie de eventos mencionada ocurrió en 2014. A fines de ese año, la Dirección de Asuntos Ambientales Agrarios del Minagri ordenó, como medida preventiva, la paralización de las actividades agrícolas de la empresa fundada por Melka en el Fundo Tamshiyacu, ubicado en el distrito Fernando Lores. 

En mayo de 2016, la Corte de Lima ordenó mantener la paralización de actividades. Sin embargo, seis meses más tarde el Ministerio de Agricultura aprobó el estudio de suelos presentado por Cacao del Perú Norte SAC y, al siguiente año, la Dirección de Asuntos Ambientales Agrarios del Minagri recomendó levantar la medida preventiva contra la compañía fundada por Melka. 

En abril de 2018, la Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente el pedido de levantamiento del Fundo Tamshiyacu, al considerar que aunque Minagri había recomendado la medida, no se había presentado alguna situación que lo amerite.

Tamshi señaló a OjoPúblico que el informe de la Contraloría contenía "una serie de imprecisiones, induciendo a error a través de afirmaciones que carecen de sustento, y que perjudican a distintas empresas del sector agrícola mencionadas". La firma indicó, además, que dentro de  las actividades del Fundo Tamshiyacu no ha existido tala ilegal y que sus parcelas registraban "actividades agrícolas preexistentes desde, al menos, 1987".

La empresa también consideró, dentro de los descargos enviados a este medio, que los informes generados por el Estado peruano “evidenciaban un claro abuso y violación de los derechos constitucionalmente reconocidos de la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica, el principio de legalidad, las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho a la igualdad procesal”.

 

Silencios en el Estado
 

OjoPúblico consultó a diferentes oficinas del sector forestal y ambiental de la región Loreto para entender cuáles eran sus funciones respecto a la fiscalización del transporte y comercialización de cacao desde el Fundo Tamshiyacu. Las respuestas van desde el desconocimiento hasta las limitaciones en una región donde la producción de cacao aumentó en más de 700% entre 2008 y 2018.

El gerente de desarrollo forestal de Loreto, Kenjy Terán Piña, dijo a OjoPúblico que su oficina no tenía competencias sobre el sector cacao sino que estas recaen en la dirección agrícola.

La producción de cacao aumentó en más de 700% entre 2008 y 2018 en Loreto.

Por su parte, el director de Agricultura de Loreto, Sergio Donayre Ramírez, señaló a OjoPúblico que dentro de sus competencias no se encontraba la supervisión a las actividades de cacao y el papel que tenía su oficina -que depende del Gobierno Regional- solo era de promover esta actividad entre los agricultores. El también ingeniero sugirió trasladar nuestras consultas a los ministerios de Agricultura y del Ambiente. 

En el primer caso, el director de Gestión Ambiental Agraria del Minagri, José María Mariño, señaló que desde abril del año pasado la labor de supervisión y fiscalización recaía en el OEFA. Desde entonces, luego de la transferencia de funciones, OEFA cumple el rol que antes tenía el Minagri a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios. Con este proceso, OEFA heredó 9.000 expedientes de supervisión, fiscalización y sanción iniciados en el Minagri, e implementó el procedimiento administrativo sancionador contra Tamshi SAC.

Mientras que en el Ministerio del Ambiente (Minam), al ser consultados sobre las actividades y el PAMA rechazado a Tamshi, respondieron que todo lo referente a la compañía lo había revisado el Minagri, y el Minam no tenía injerencia en la evaluación de este instrumento ambiental. 

Otro de los funcionarios consultados fue Tony Mori Vargas, gerente de la Autoridad Regional de Loreto, quien se mostró a favor de que se investigue a la compañía, pero lamentó no tener hoy las competencias para ello. “Me gustaría participar más en el proceso de fiscalización. Tener más presencia en la región Loreto”, culminó el también biólogo de profesión. 

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