Por: Cindy Chanduvi y Gustavo Guarnizo 

En situaciones de urgencia, cuando las instituciones públicas necesitan conseguir un proveedor de bienes, servicios, consultorías u obras en un tiempo más breve, la Ley N°30225 de Contrataciones del Estado permite obviar la licitación pública y hacer una adjudicación simplificada. Esta modalidad reduce el tiempo de contratación de dos meses a una semana, por lo que es un esquema de contratación que puede ser usado durante el Estado de Emergencia por Covid-19. 

Sin embargo, la norma no precisa en qué casos los funcionarios pueden optar por este proceso acelerado, y ellos tampoco están obligados a justificar las razones de su elección. Radio Cutivalú y OjoPúblico confirmaron que este mecanismo fue el segundo más usado por el Gobierno Regional de Piura en el sector salud, entre los años 2015 y 2018: el 38% de los 1.133 contratos de obras, bienes y servicios, valorizados en S/56 millones, se concretaron de esta forma.

Doce de estos proyectos, valorizados en S/3 millones 200 mil, están siendo analizados por el Sistema Anticorrupción del Gobierno Regional de Piura, el Ministerio Público o la Contraloría General de la República porque se advirtió irregularidades en la adjudicación, problemas en su ejecución, sobrevaloración de precios y vicios en la selección de postores. 

Los contratos fueron para reparar techos, paredes y conexiones de agua y luz en 17 establecimientos de salud.

Los mencionados procesos fueron impulsados por la Subregión de Salud Luciano Castillo, la Dirección Regional de Salud y la Gerencia de Infraestructura, y tuvieron como objetivo reparar los techos, paredes y conexiones de luz y agua en 17 establecimientos médicos ubicados en las provincias de Piura, Talara, Ayabaca y Sullana.

Los informes a los que este medio tuvo acceso se refieren a obras que no guardan relación con el objeto del contrato, o con el monto que se les terminó pagando a los proveedores. En otros casos, se identificó servicios convocados al amparo de las normas de emergencia dictadas por el Ejecutivo para rehabilitar la región tras el Niño Costero, pero que sin embargo no tenían relación con dicho problema.

“Los riesgos vienen desde las oficinas o gerencias que hacen los requerimientos de bienes y servicios, pues los documentos no son claros respecto a la cantidad que necesitan o el presupuesto disponible; incluso los expedientes técnicos son deficientes. A eso se suma que, al tener menos tiempo para evaluar las propuestas de los postores, se pasan por alto requisitos claves y se eligen a empresas que no cumplen el perfil, exponiendo a la entidad a recibir una obra mal hecha o enfrentar problemas legales como un arbitraje”, advierte Jaime Távara Alvarado, exsecretario de la Comisión Regional Anticorrupción y quien inició parte de las pesquisas.

Obras distintas a las solicitadas

Una de las obras cuestionadas en la región Piura fue adjudicada en diciembre del 2017 al Consorcio CONOR, integrado por Nole Construcciones Generales SAC y Cosisel Group SAC, para rehabilitar el primer piso del Centro de Salud Tacalá, ubicado en el distrito de Castilla. Los trabajos, valorizados por la Dirección Regional de Salud (Diresa) en S/176 mil, tenían como fin renovar sus techos, reparar los muros de concreto y cambiar los baños, sin embargo, lo que se construyó fue un nuevo salón en el segundo piso del establecimiento. Cuando los obreros terminaron, el Comité de Recepción de Obra lo aceptó sin ninguna observación.

El caso fue investigado por el Sistema Anticorrupción del Gobierno Regional de Piura, que en mayo del 2019 emitió el informe N° 02-2019/GRP recomendando sancionar a nueve funcionarios involucrados en presuntos actos de omisión, rehusamiento o demora en los actos funcionales y malversación de fondos. 

Entre los investigados está el exdirector regional de Salud, Hernán García Cabrera; el exjefe de Inteligencia sanitaria de la Diresa, Edward Pozo Suclupe; la exjefa del Cepresed, Herminia Anton Chunga; el exjefe de Control Patrimonial, Roberto Lescano Albán; el extrabajador de la Diresa, Guido Araujo Jara y la exgerenta del Clas Cayetano Heredia, Katherina Vega Gómez. El documento que ordena la sanción fue enviado a la comisión de procesos administrativos de la Diresa, pero cuatro de estos personajes continúan trabajando con el actual gobernador Servando García Correa. 

EL SAUCE. En el proceso de adjudicación de obras en el puesto de salud El Sauce se dio como ganador a una constructora que presentó dos propuestas económicas diferentes.

Foto: Diresa.

El exdirector regional de Salud, Hernán García Cabrera, descartó que hayan malversado los recursos, pues asegura que los trabajos se hicieron en base al expediente técnico, pero su versión se contradice con los hallazgos detallados en el informe anticorrupción. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura también ha abierto investigación contra cinco de los trabajadores involucrados en esta adjudicación simplificada.

Además de este contrato, la Diresa impulsó otras tres obras que hoy están bajo sospecha del Órgano de Control Institucional. Se trata de la rehabilitación de los centros de salud La Arena, Chato Chico y Puerto Rico de Bayóvar, en las provincias de Piura y Sechura, cuya ejecución tiene incongruencias con lo señalado en los expedientes técnicos. Asimismo, se investiga la entrega informal del terreno donde se realizaron los trabajos, la falta de supervisión de los mismos y pagos por labores no efectuadas.

Contratos por falsas emergencias

La Contraloría General de la República también advirtió riesgos en otras seis adjudicaciones simplificadas convocadas por la Subregión de Salud Luciano Castillo. Dos de estas fueron para dar mantenimiento a los locales de Huasimal de la Solana, en Sullana; y Marmas Alto, en Ayabaca, los cuales se realizaron al amparo del Decreto de Urgencia N° 04-2017 que dispone medidas extraordinarias para reparar la infraestructura afectada por las lluvias del Niño Costero. 

El informe de control detectó que los términos de referencia contemplaban la compra de puertas, papeleras y la construcción de nuevos ambientes, labores que no están incluidas en las condiciones de emergencia establecidas por el Ejecutivo. La Resolución Directoral N° 195- 018 emitida por la misma subregión a fin de administrar los fondos durante el Niño Costero indica prohíbe comprar bienes o hacer nuevas edificaciones.

Los contratos fueron para comprar puertas y papeleras, bienes no considerados para la emergencia del Niño Costero.

Del mismo modo, bajo un concurso abreviado, el 10 de noviembre de 2107 se firmó un tercer contrató usando como justificación el decreto de urgencia del Niño Costero. Esta vez fue a favor del Consorcio María Auxiliadora, para dar mantenimiento a cinco puestos de salud del distrito de Suyo, en Ayabaca, por un monto total de S/ 215 mil. Si bien las obras se entregaron, en enero del 2018 la Contraloría advirtió que los trabajos asignados “difieren de lo establecido en la ficha técnica”.

Por ejemplo, en el centro de salud de Santa Ana de Quiroz, se programó demoler una vereda y tarrajear paredes internas, sin embargo, el expediente técnico indicaba que los muros estaban en buen estado. El postor ganador no pidió que se corrijan estas incompatibilidades, por el contrario, redistribuyó el presupuesto junto al personal del centro médico para hacer otras obras que no fueron adjudicadas.

INSPECCIÓN. La Contraloría advirtió riesgos en seis adjudicaciones simplificadas convocadas para dar mantenimiento a puestos de salud en Sullana y Ayabaca como parte de las refacciones por el Niño Costero. 

Foto: CGR.

En la Subregión Luciano Castillo, la Contraloría también puso bajo sospecha la adjudicación simplificada N° 02, de abril del 2018,  través de la cual se dio mantenimiento al centro de salud de Máncora, pero sin respetar los plazos del comité de selección.

En mayo de ese mismo año, se aprobó otro concurso público que tuvo como fin reparar cuatro centros de salud en Sullana, pero se cuestionó que el comité de selección no respondió el reclamo de uno de los postores que denunció a su competidor por presentar documentación falsa. Los funcionarios de la subregión continuaron con la adjudicación sin analizar la queja, pero entregaron la obra a un tercero.

Los silencios del comité de selección también fueron cuestionados en otra adjudicación de mayo para rehabilitar el puesto de salud El Sauce, en Sapillica, debido a que se dio como ganador a una constructora que presentó dos propuestas económicas con precios distintos, un hecho que contraviene las normas de contratación.

El contratista redistribuyó el presupuesto junto al personal del centro de salud para hacer obras no adjudicadas.

Finalmente, de todos los contratos suscritos por adjudicación simplificada en la región, encontramos que el de mayor monto fue impulsado por la Gerencia de Infraestructura: S/ 1 millón 409 mil. Este tuvo como fin culminar el centro de salud Víctor Raúl Haya de la Torre, en el distrito de Piura, pero el órgano de control encontró deficiencias en su construcción e incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

El presidente de la Federación Médica de Piura, Arnaldo Vite Quiroga, lamentó que estas irregularidades administrativas terminen afectando la calidad de las obras en centros de salud destinados a pacientes con menos recursos. “El mantenimiento de los equipos e infraestructura debe ser periódico y preventivo. Hay presupuesto para eso, y debería ser planificado para no estar contra el tiempo; ni mucho menos esperar que colapsen a causa de las lluvias para recién atenderlos”, dijo.

OBRAS FANTASMA. En algunos centros de salud se refaccionó ambientes diferentes a los señalados en los contratos.

Foto: Diresa

Según el especialista en derecho administrativo de la Universidad de Piura, Guillermo Chang Chuyes, los comités de selección que impulsan los concursos públicos no están obligados a transparentar los motivos por los eligen una determinada modalidad de contratación. En efecto, en las bases de los procesos de compra que pudimos revisar, no se consignaron las razones para usar la adjudicación simplificada. “Los hallazgos descritos en este reportaje califican como indicios de irregularidades administrativas que deben ser evaluados por el Ministerio Público para saber si procede, o no, una investigación penal”, expresó.

Por su parte, el abogado Jaime Távara, del Sistema Anticorrupción, recordó que desde septiembre del 2017 la región cuenta con un Plan de Acción de Gestión de Riesgos, elaborado con apoyo de la Cooperación Suiza, en base a los actos de corrupción e ineficiencia que se detectaron en las contrataciones regionales realizadas hasta esa fecha.  

El documento aprobado en Consejo Regional de Piura indica que la inadecuada redacción de las solicitudes de servicio favorece a determinados proveedores y permite esconder deficiencias en la elaboración de expedientes técnicos. Además, deja el camino abierto para el fraccionamiento indebido de los contratos, demora en la absolución de consultas y compras por emergencia fuera del plazo de ley.