Con la colaboración de Gloria Ziegler y Gianfranco Huamán

 

Durante los últimos cinco años, la cantidad de víctimas de violación sexual atendidas por los Centros de Emergencia Mujer (CEM) se ha incrementado en Perú. De 7.881 casos, en 2019, se pasó a 12.524, en 2023, según datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a los que accedió OjoPúblico a través de la Ley de Transparencia. Durante ese lapso, el número total de víctimas atendidas fue de 48.609. El 95,9% de ellas (46.224) fueron mujeres y poco más del 4% (2.385), hombres. 

A pesar del aumento de casos reportados a los CEM, el porcentaje de víctimas de violación sexual que, en ese mismo periodo, recibieron un kit para la atención de casos de violencia sexual equivale al del 23,4% del total (11.381 personas), de acuerdo a datos del Ministerio de Salud (Minsa) a los que este medio también tuvo acceso. 

 

Estos kits constan de un grupo de medicamentos ―anticonceptivo oral de emergencia (AOE), retrovirales y antibióticos, entre otros― que los establecimientos de salud deben entregar a las víctimas de violación sexual. En 2019, el Minsa aprobó una directiva sanitaria para facilitar y asegurar su disponibilidad.

Aunque entre 2019 y 2023 ha habido un crecimiento sostenido en la proporción de víctimas que accedieron a los kits de emergencia, las brechas todavía son profundas. En 2019, por ejemplo, el Minsa distribuyo apenas 564 kits, a pesar de que, ese mismo año, los CEM reportaron 7.881 víctimas de violación sexual. Es decir, el número de kits equivalió al 7,2% de personas que denunciaron una violación.

En 2020, la atención con estos medicamentos alcanzó al 21% de las 6.323 víctimas. En 2021, al 24,6% de las 10.251 personas que sufrieron una violación sexual. En 2022, al 26,9% de los 11.630 casos reportados. Y el año pasado, finalmente, se entregaron 3.849 kits a 12.524 víctimas atendidas por los CEM. Esto representó el 30,7% del total. 

Ahora bien, es importante tener en cuenta las características de la atención con este grupo de medicamentos. La Norma Técnica de Salud para el Cuidado Integral a Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar Afectados por Violencia Sexual indica que los kits completos se utilizan con las personas que han sufrido una violación sexual y llegan a un establecimiento de salud dentro de las 72 horas posteriores a la agresión. 

Sin embargo, Ulalia Cardenas de Torres, obstetra del equipo técnico de la Dirección Ejecutiva de Salud Sexual y Reproductiva del Minsa, explicó a OjoPúblico que las víctimas que reciben atención médica luego de esa ventana de tiempo, también reciben un kit, pero este ya no consta del anticonceptivo oral de emergencia (AOE) y antirretrovirales.   

“El kit se debe dar dentro de las 72 horas de ocurrido el evento, por la AOE y por los antirretrovirales. Pero, pasadas las 72 horas, igual se atiende con los demás [medicamentos] como son las pruebas rápidas para verificar si [la víctima] previamente estuviera con VIH, sífilis, hepatitis B y [se practica un] descarte de embarazo”, explica Cardenas Torres.

En 2019, el Minsa distribuyo 564 kits, mientras que los CEM reportaron 7.881 víctimas de violación sexual".

Asimismo, el MIMP y el Minsa tienen un protocolo de actuación conjunta para la atención de víctimas de violencia. Por ejemplo, cuando un CEM recibe a una persona que denuncia una violación sexual, el personal del mismo debe acompañar a la víctima a un establecimiento de salud y garantizar que reciba la atención médica adecuada. Por otro lado, si la persona denunciante llega a un establecimiento de salud, el personal médico debe informar a un CEM. 

Por eso, de acuerdo a Susana Chávez, fundadora y directora ejecutiva del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), hay más de una explicación para la brecha entre kits y víctimas. Es decir, también se debe evaluar la efectividad del protocolo de actuación conjunta entre los CEM y los establecimientos de salud en la atención de estos casos. 

“Efectivamente, muchas de las víctimas de violencia no están encontrando los kits porque no todas, necesariamente, son llevadas a los establecimientos de salud [desde los CEM]”, indica la directora ejecutiva de Promsex. 

Ulalia Cardenas de Torres, por su parte, aclara que no todas las víctimas de violación que reporta el MIMP necesariamente llegan a un establecimiento de salud, debido a que estos últimos no son los que suelen captar, inicialmente, a las víctimas.

“Nosotros no buscamos a la víctima. O la manda el Centro de Emergencia Mujer o la comisaría o la Fiscalía o el SAU [Servicio de Atención Urgente]”, explica. “Falta comunicar, falta difusión respecto a esta intervención. No todos saben que existe un kit de violencia sexual, a nivel país, sobre todo en las zonas alejadas, peor”, añade. 

Según el análisis de OjoPúblico, entre 2019 y 2023, la distribución de kits cubrió entre el 7,2% y 30,7% de las víctimas de violación sexual anuales. Este medio también entrevistó a médicos, psicólogos y obstetras de seis Direcciones Regionales de Salud (Diresa), y especialistas en derechos sexuales para comprender mejor las flaquezas en la entrega de estos medicamentos. 

 

Los kits en las regiones

De 2019 a 2023, se repartieron 11.381 kits para la atención de casos de violencia sexual en Perú. El año con menor entrega fue el 2019: 564 en total. El año pasado, en cambio, se entregó la mayor cantidad: 3.849. 

A pesar de la brecha entre estas atenciones y la cantidad de víctimas de violación sexual, el número de kits entregados, así como su proporción respecto al número de los y las denunciantes, ha ido en aumento a lo largo de los últimos cinco años. 

El análisis realizado por OjoPúblico permitió determinar que las regiones con más kits distribuidos en relación a la cantidad de personas que sufrieron una violación sexual en sus jurisdicciones ―y que fueron reportadas por un CEM― son Ayacucho (45,5% de las víctimas), Arequipa (al 44,1%), Lambayeque (37,1%), Apurímac (33,7%) y Cajamarca (31,7%).

“El 100% de los establecimientos de salud lo tienen [al kit de emergencia] armado y listo para ser entregado”, indicó la obstetra Aydee Vargas López, coordinadora de la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva de la Diresa de Arequipa sobre su región. 

En el lado opuesto, las cinco regiones donde se hicieron menos atenciones con los kits en relación a las víctimas de violación sexual en sus territorios son Amazonas (10,7% de las personas agredidas), Loreto (al 11,1%), Moquegua (12,3%), Callao (15,3%) y Huánuco (16,3%).  

 

Amazonas es la región que ha atendido en menor proporción a sus víctimas en el ámbito nacional. Entre 2019 y 2023, entregó 92 de ellos. En ese mismo periodo, se reportaron 861 víctimas de violación sexual (820 mujeres y 41 hombres), de acuerdo a las cifras del MIMP obtenidas por este medio a través de la Ley de Transparencia. De estas, el 76% eran menores de edad.  

Loreto ocupa el segundo lugar de las regiones con una baja proporción de entrega de kits en comparación con las víctimas de violación sexual. En los años analizados, distribuyó 137, mientras se reportaron 1.236 víctimas de este delito. 

A finales de enero, al ser consultada al respecto, Anie Tello Isuza, obstetra coordinadora de la Estrategia Sanitaria Regional de Salud Sexual y Reproductiva de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Loreto, reconoció la brecha que existe entre el número de kits entregados y las víctimas que acuden a los CEM. Sobre esto, ofreció una posible explicación. 

“A la mayoría de mujeres, el Centro de Emergencia Mujer les orientan que, al día siguiente, vayan [a un establecimiento de salud] porque deben tomar [el kit] entre las 72 horas, es lo ideal, [pero el CEM] no hace el seguimiento [para confirmar] si ha tomado o no. Ahí tenemos una debilidad, una brecha bien grande”, indicó. 

Por último, si se analizan solo las cifras de distribución de kits en términos absolutos, se observa que entre 2019 y 2023 las cinco regiones que han atendido más cantidad de casos son Lima (2.275), Arequipa (1.733), Ayacucho (725), Cusco (611) y Junín (584). 

Las cinco que han entregado menos kits de emergencia, mientras tanto, son: Moquegua (45), Tumbes (64), Amazonas (92), Madre de Dios (93) y Loreto (137). 

 

José Torres Ynfante, director de la Diresa de Tumbes explicó que, a pesar de que cuentan con el stock necesario para las atenciones de casos de violencia sexual, son pocas las víctimas de estas agresiones las que llegan a los establecimientos de salud. 

OjoPúblico intentó comunicarse con las Diresas de Amazonas, Moquegua, Cusco, Lima, Junín, Madre de Dios y Pasco para conocer más detalles sobre la atención a víctimas de violencia sexual en sus establecimientos de salud. Sin embargo, las entrevistas no pudieron concretarse hasta el cierre de este informe.  

 

La complejidad de los casos de violación sexual

Como se mencionó, existe un Protocolo de actuación conjunta entre los CEM y los establecimientos de salud para la atención a las víctimas de violencia. Este documento establece, por ejemplo, que el personal del CEM debe acompañar a la víctima de violación a un establecimiento de salud y hacer un seguimiento del tratamiento médico. Por otro lado, si la víctima llega directamente a un centro de salud u hospital, el personal médico deberá reportar el hecho al CEM. 

Sin embargo, Susana Chávez, de Promsex, hace hincapié en que no todos los casos de violación sexual que llegan a los establecimientos de salud requieren del uso del kit. “El volumen [de víctimas de violación sexual] no se justifica con el número de atenciones [con kits]. No todas las víctimas de violación tienen necesariamente que necesitar el kit”, aclara.

Susana Chávez explica que es crucial considerar el patrón de las denuncias de violación sexual, sobre todo cuando las víctimas son adolescentes y niñas menores de edad. “Es bien importante el patrón de la violación sexual que se encuentra, básicamente, en las niñas de 17 años: recién se denuncia no en la primera violación, sino después de la segunda”, dice.  

Como es sabido, en Perú, la mayoría de víctimas de violación sexual son menores de edad. Por ejemplo, en 2023, de las 12.524, el 66,8% de las víctimas eran menores de 18 años (7.857 mujeres y 508 hombres).

“Muchas de las víctimas que denuncian ya han podido sufrir una violación sexual en algún momento de sus vidas. Por ejemplo, en las niñas [sus familiares] se dan cuenta [de la agresión] cuando están embarazadas”, añade Susana Chávez.

ATENCIÓN MÉDICA. Los hospitales son los establecimientos de salud que atienden a más víctimas de violación sexual en Perú, según el Minsa.

Foto: Andina

 

El doctor Jorge Alcántara Chávez, coordinador de la Estrategia Sanitaria Regional de Prevención y Control de ITS, VIH, SIDA y Hepatitis de la Diresa del Callao, también hace énfasis en este problema. 

“Al CEM puede llegar un caso de violación que ocurrió la semana pasada o hace unos meses y que recién se denuncia. Ese tiempo es el que no va a cuadrar con las acciones que tenemos [en los establecimientos de salud]. A veces, primero van a la Fiscalía, hacen una denuncia en la comisaría y, luego, van al CEM, y recién hacen el protocolo de atención, que ya no se trataría de un kit de emergencia porque la emergencia ya pasó”, indica el especialista. 

Además, Alcántara Chávez señala que, en el Callao ―una de las regiones con menor reparto de kits en relación a las víctimas―, son muy pocos los casos de personas que han sufrido una violación sexual y llegan directamente a los establecimientos de salud a recibir atención médica.

En 2023, de las 12.524 víctimas de violación, el 66,8% eran menores de 18 años".

Una situación similar describe José Torres Ynfante, director de la Diresa de Tumbes. De acuerdo al médico, las víctimas de violación sexual no siempre acuden a los establecimiento de salud, salvo que hayan sufrido un acto de violencia muy marcado. 

Incluso cuando acceden a una revisión inicial, luego pueden desistir de continuar con el tratamiento psicológico. Para la psicóloga Merly Leyva Carpio, coordinadora Regional de Salud Mental de la Diresa de San Martín, el círculo de la violencia muchas veces es difícil de romper. 

“Hay que tener en cuenta muchas aristas: la manipulación emocional del agresor, si la víctima está sola, si depende económicamente del agresor, entre otros factores que pueden delimitar que la persona continúe con un tratamiento médico”, dice.

 

Por su parte, Patricia Vilca Centeno, coordinadora de la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual Reproductiva de la Diresa de Tacna, aclara que en su región hay mujeres que se resisten a tomar el AOE, pero son episodios aislados. “Son muy pocos casos de que no desean recibir el kit por el anticonceptivo oral de emergencia”, aclara.

Ulalia Cardenas de Torres, obstetra de la Dirección Ejecutiva de Salud Sexual y Reproductiva del Minsa, señala que aún hace falta una mejor coordinación entre las instituciones, para así tener más clara la ruta que sigue la víctima desde que denuncia el delito hasta que recibe atención médica. 

“Muchos de los casos la Policía no los lleva al Ministerio de Salud porque dicen que se va a perder la evidencia. Entonces, lo llevan a Medicina Legal, pero ¿qué ocurre? Medicina Legal dice ‘bueno, ahora no’, ‘trabajamos mañana’, ‘vente pasado’. Y así ya pasó una semana y ya se olvidaron de llevar el establecimiento de salud, y nosotros mismos ni nos enteramos del caso”, explica.

Cardenas de Torres también refiere que en algunos CEM de zonas alejadas en regiones no se tiene conocimiento de que las víctima de violación sexual pueden acceder a un kit para sus casos.   

Hugo Gonzáles Coltrinari, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) en Perú, recuerda que toda víctima de violación sexual que acude dentro de las 72 posteriores a la agresión tiene derecho a acceder a un kit para su atención. Sin embargo, señala, a veces se topan con trabas. 

“¿Si están en todos los casos disponibles? Me temo que no. Lamentablemente, hemos identificado dificultades en el acceso”, afirma el también médico cirujano. 

Gonzáles Coltrinari menciona los hallazgos del informe sobre la Supervisión de intervenciones efectivas para la prevención del embarazo no planeado en adolescentes, realizado por la Defensoría del Pueblo y la Unfpa, en 2020. 

En ese entonces, se reportó que el 30% de los establecimientos de salud encuestados en siete regiones de Perú —con una prevalencia de embarazo adolescente mayor al promedio nacional— señalaron que no se garantizó la entrega de kits para la atención de violencia sexual, ni la consejería para su uso en los establecimientos. 

Anie Tello Isuza, de la Diresa Loreto, advierte sobre la falta de articulación entre los CEM y los establecimientos de salud".

Asimismo, en 2023, otro informe de la Defensoría del Pueblo, denominado Supervisión a los protocolos de actuación conjunta de los principales servicios de atención para las víctimas de violencia sexual, señaló que una de las principales barreras del mecanismo era la carencia de kits de emergencia en algunos establecimientos de salud.

Como aspectos positivos, el informe destacó que el 94% de los establecimientos de salud encuestados ofrecieron a la víctima información sobre su derecho a acceder a uno de estos kits o que el 81% contaba con todos los recursos que incluyen los mismos.

Sin embargo, desde Loreto, Anie Tello Isuza advierte respecto a la falta de articulación entre los CEM y los establecimientos de salud. “El Centro de Emergencia Mujer no hace el seguimiento de si la mujer ha tomado o no [los medicamentos del kit]. Voy a ver porque el Centro de Emergencia Mujer no nos puede ayudar. Ahí tenemos una debilidad bien grande”, indica.

Por su lado, la obstetra Aydee Vargas López, de la Diresa de Arequipa, hace referencia a que, en ciertos centros de salud, se podrían estar presentando problemas de registro de los kits distribuidos. 

“Puede ser que entregan [los kits de emergencia], pero no registran en la web, puede haber omisión de lo que es el registro. A mí me parece que fuera eso, porque, al final, nosotros cada trimestre somos reabastecidos por Cenares [Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud] y lo hacemos en función al movimiento que tenemos”, explica. 

OjoPúblico se comunicó con el MIMP para conocer sus descargos respecto a la descoordinación entre los CEM y los establecimientos de salud y cómo esto impacta en la brecha entre la cantidad de denunciantes de este tipo de violencia sexual y el número de kits entregados. 

Hasta el cierre de este informe, no se pudo concretar la comunicación debido a que el área de prensa del ministerio consideró que no le correspondía responder sobre el tema. De igual modo, este medio se contactó sin éxito con el área de prensa de la Fiscalía y de la Policía. 

 

Los kits a detalle

Este medio también tuvo acceso a más detalles sobre la distribución de los kits de casos para violencia contra la mujer, entre 2020 y 2023.  

Por ejemplo, en los dos últimos años la gran mayoría de víctimas que recibieron un kit fueron mujeres. En 2022, del total de kits distribuidos, el 97,5% se destinaron a estas, mientras que el 2,5% a hombres. En 2023, en tanto, el 97,4% de kits fueron entregados a mujeres, y el 2,6% a hombres. 

En cuanto a la institución en la cual las víctimas recibieron la atención destacan los hospitales. En 2023, el 55,5% de las personas que sufrieron una violación fueron atendidas en un hospital; en 2022, el 55,8%, y en 2021, el 52,1%. En segundo lugar, se encuentran los centros de salud. En 2021, el 41,6% de víctimas fueron recibidas en estos establecimientos; en 2022, el 32,3%, y, en 2023, el 33%.

Para la obstetra Aydee Vargas López, de la Diresa de Arequipa, los hospitales son los que reciben mayor flujo de víctimas debido a su mayor especialización y más largo horario de atención. 

“Aquí [en Arequipa], el mayor registro de lo que es entrega de [kits para la atención de casos de] violencia sexual lo tiene el Hospital Goyeneche de Arequipa”, explicó la especialista sobre su región.  

TAREA COJUNTA. Los Centro de Emergencia Mujer coordinan con los establecimientos de salud, y viceversa, para atender a las víctimas de violación sexual.

Foto: Andina

 

Respecto a las instituciones que derivaron a las víctimas hacia los establecimientos de salud, la mayoría fueron los CEM. En 2021, fue el 72,7%; en 2022, el 59,4%, y, en 2023, el 53,4%. En segundo lugar, figuran las comisarías: 10,6%, en 2021; 10,5%, en 2022, y 13,3%, en 2023.

Los representantes de las Diresas consultados para este informe coinciden en que los CEM son las instituciones que derivan más casos de violación sexual hacia los establecimientos de salud.   

Por último, en 2023, el 59,2% de las víctimas recibió un kit completo y el 40,8% accedió a uno incompleto, es decir uno que puede carecer de uno o más medicamentos de la lista, por las características del caso o del paciente. Por último, en 2022, la proporción fue del 58,3% y el 41,7% respectivamente.