Han transcurrido veinte años desde la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), pero todavía hay familias que siguen sin saber el paradero de sus seres queridos. La búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno, —desde 1980 hasta 2000— es una de las tareas más urgentes del Estado peruano.

De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade), del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hasta el año 2000 se logró reportar un total de 21.918 personas desaparecidas durante los 20 años de violencia y conflicto interno. De este total, solo se ha concluido o resuelto la búsqueda de 2.718 personas.

Sin embargo, la tarea de búsqueda sigue siendo inmensa y ardua, pues restan 19.200 personas que aún no han sido halladas y su condición de 'persona desaparecida' posee grados de referencia por la información fragmentada que se tiene de ellas. 

Así, de las 19.200, hay 6.664 personas desaparecidas de las que se presume su paradero final. Hay 1.412 personas que por testimonios se sabe que han fallecido, pero no se conoce la ubicación de sus cuerpos o fosas de entierro. Otro grupo corresponde a 7.404 personas desaparecidas de las que no se conoce ningún destino ni ubicación, pero sí que fueron vistas detenidas o forzosamente reclutadas. Y finalmente, hay 3.720 personas desaparecidas de las que no se tiene ningún tipo de información.

La Defensoría del Pueblo ofreció recientemente este balance, en el que destacó que la búsqueda se realiza a paso lento, debido, sobre todo, a la falta de presupuesto y al compromiso integral del Estado. La necesidad de hallar a los desaparecidos, sumada a la búsqueda de justicia en casos que no han sido sancionados tras 20 años, son las labores que mayor atención requieren de parte de las autoridades.

En un acto público realizado en la sede de la Defensoría del Pueblo, Luigino Pilotto, viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia, reconoció que las heridas de los familiares de las víctimas —que según sus registros suman alrededor de 87.222— “difícilmente se cerrarán con temas económicos”, pero se comprometió a trabajar de manera más integrada para ayudarlos.

“El Gobierno peruano reitera su compromiso de fortalecer de manera conjunta los diversos mecanismos que implementa el Estado para reparar los derechos vulnerados de las víctimas civiles, policiales y militares, así como para determinar la situación de las personas que se encuentran desaparecidas”, indicó el viceministro Luigino Pilotto.

No obstante, por el lado del Gobierno, el ministro de Justicia, Daniel Maurate, no acudió al acto público por los veinte años del informe de la CVR  pese a estar invitado. Tampoco lo hizo el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. El viceministro Luigino Pilotto fue quien, en representación del Estado, suscribió el Libro de Oro de los compromisos de la Defensoría para cumplir con las tareas pendientes con las víctimas.

También lo hizo la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien estuvo presente en la ceremonia de la Defensoría, pero no expuso la ponencia que se había anunciado y se retiró sin brindar declaraciones a la prensa.

Sin paradero

En 2017, en el marco de la Ley N°30470, Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el período de violencia 1980-2000, se creó la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Un año después, presentaron el primer listado del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade), tras una sistematización de datos, que contiene nombres y apellidos de la persona, fecha y lugar de la desaparición.

El último registro realizado señala que, hasta la fecha, son 21.918 personas desaparecidas durante el conflicto armado interno. Solo en el 2019, se alcanzó el presupuesto requerido para la búsqueda, con ayuda de la cooperación internacional, llegando a S/ 6’051.403. 

El expresidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Salomón Lerner, señaló que precisamente gracias a esta colaboración de la cooperación extranjera es que se ha podido brindar reparaciones simbólicas propuestas en el informe de la CVR. Es decir, esta ayuda ha sido vital para el avance de las tareas pendientes con las víctimas, debido a que el trabajo del Estado ha avanzado a menor escala.

“En estos temas, sin la cooperación internacional, simple y llanamente no hubiéramos avanzado nada. La misma CVR pudo actuar, a pesar de tener un presupuesto mínimo por parte del Estado, gracias a que recibió apoyo del extranjero. El Lugar de la Memoria (LUM) existe porque hubo un ofrecimiento del gobierno alemán para dar dinero y propiciar un sitio donde la muestra Yuyanapaq pudiera mostrarse”, explicó. 

Del grupo de 19.200 personas sobre las que falta indagar, el Renade ha hecho clasificaciones. Se identificaron 7.404 personas de las que hasta ahora no se conoce el destino ni su ubicación. En este grupo, están consideradas, por ejemplo, personas detenidas o forzosamente reclutadas. 

También se han identificado 1.412 personas que se sabe que han fallecido, pero no su ubicación. En esta categoría, se consideran cuerpos que fueron abandonados, lanzados al río o enterrados en algún lugar, que hasta ahora se desconoce. Además, hay 3.720 personas sobre las que todavía no se ha recolectado información suficiente para una clasificación. 

Por otro lado, hay 6.664 personas cuya identidad y destino se conocen y se tiene presunción sobre su paradero final. En esta categoría, están incluidos aquellos que fallecieron, pero que no existe certeza legal de su ubicación, y aquellos cuerpos enterrados en fosas, de los que ya se tiene la ubicación aproximada.

Precisamente el Ministerio Público aseguró que este año tiene planeado identificar 400 restos humanos y el próximo año, 500. Sobre ello, Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad, de la Defensoría del Pueblo, reconoció que el mayor problema para la búsqueda ha sido la falta de presupuesto.

Según su reporte, hasta julio de 2021, se había concluido el proceso sobre 2.718 personas desaparecidas. De ellas, 39 fueron halladas con vida y se logró entregar 682 restos a familiares. Esto equivale solo a un avance del 12,2%. Además, hasta ahora no se cuenta con una política nacional de búsqueda de personas desaparecidas.

“Un elemento central para avanzar en lo que significa restituir cuerpos y cerrar ciclos de dolor es el presupuesto. Ha tenido fases de incremento y reducción, pero debemos entender que sin presupuesto no se pueden hacer las pruebas de ADN, no se pueden excavar las fosas, no se puede restituir la identidad”, declaró Castillo.

Además, la exintegrante de la CVR Sofía Macher consideró que la memoria es un tema central en este proceso. También indicó que el diálogo es fundamental para encontrar puntos de acuerdo que permitan sacar lecciones de este periodo.

“La memoria colectiva significa partir de las diferentes memorias. Los recuerdos son individuales, pero hay que construir como sociedad para ser mejores. Hay que sentarse, conversar y ponernos de acuerdo, por lo menos en cuáles fueron las secuelas, quiénes son los responsables y qué es lo que sucedió”, expresó.

 

BÚSQUEDA. La Fiscalía firmó el compromiso para avanzar con la búsqueda de personas desaparecidas.

Ilustración: OjoPúblico / Jesús Cossio

A la espera de justicia

De los 47 informes jurídicos que entregó la CVR, 53 se convirtieron en casos investigados por la Fiscalía. Hace unos meses, OjoPúblico informó que, de ellos, solo 23 cuentan con una sentencia condenatoria. Entre ellos, están los casos de Barrios Altos, La Cantuta y Los Cabitos.

En tanto, hay ocho con sentencias absolutorias, entre las que figuran casos en los que hubo desapariciones de personas y graves crímenes de lesa humanidad como el de la base militar de Santa Rosa (Apurímac, 1988) y de la base militar de Capaya (Apurímac, 1987 - 1989), que han sido apelados por la defensa legal de las víctimas.

Hay 22 casos que hasta ahora no han concluido, pese a que con los años, varios de los testigos son familiares que ya han fallecido o que han visto su salud deteriorada. Estas demoras ocasionan retrasos a nivel judicial y los procesos van quedando cada vez más dejados de lado. 

“Nosotros presentamos algunos casos, no era nuestra meta, pero realizamos 73 investigaciones. Muchos todavía siguen y ya se trata de gente de 80 o 90 años. Por eso dicen que la justicia que tarda no es justicia. Hay cientos de víctimas que esperan justicia, reconciliación y reparación”, recalca Salomón Lerner.

OjoPúblico reveló hace poco que solo 23 de los 53 casos investigados han recibido sentencia. 

Solo hace un par de semanas, el 11 de agosto, luego de 35 años, el Poder Judicial dictó condena para los militares de las dos patrullas involucradas en la tragedia de Cayara, en Ayacucho, ocurrida en 1988 y donde murieron al menos 29 campesinos.

La Cuarta Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional impuso 15 años de cárcel a dos oficiales por el delito de homicidio calificado y ocho años de cárcel a 16 soldados. Además, el tribunal ordenó el levantamiento de una placa en memoria de las víctimas como forma de dignificación.

El adjunto de la Defensoría Percy Castillo consideró que una de las principales dificultades en la administración de justicia han sido las demoras en el tiempo y los problemas para garantizar el debido proceso a nivel jurisdiccional.

“El derecho a la verdad solo se va a poder cumplir cuando la justicia establezca quiénes fueron los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos. Por eso el concurso de todas las entidades del Estado es siempre importante para poder avanzar. En la mayoría de los casos han transcurrido más de 30 o 40 años desde que se cometieron los hechos”, señaló.

Reparaciones

En su informe final, la CVR propuso crear seis programas de reparaciones: en salud, educación, derechos ciudadanos, económicas, colectivas y simbólicas. Con la Ley Nº28592, se formalizó esta propuesta y se añadió un séptimo programa: de reparación en vivienda. 

En vivienda, solo el 7,6% de la población beneficiaria del Programa de Promoción y Acceso Habitacional fue atendida, es decir, queda pendiente por atender al 93%. En temas de educación, solo el 6% de la población beneficiaria (víctimas y familiares) del Programa de Reparación en Educación (Repared) ha sido atendida. Todavía más del 94% se encuentra a la espera de atención. 
 

JUSTICIA INCOMPLETA. Los responsables de la violencia en el Perú fueron llevados ante la justicia, pero las reparaciones nunca serán completas.

Ilustración: OjoPúblico / Jesús Cossio
 

Para Salomón Lerner, este punto es de los más importantes para el país, porque es la educación el medio a través del cual se aprende a respetar la dignidad del otro, lo que lleva a formar una ciudadanía plena y a contribuir al desarrollo de una sociedad. También, afirma, permite contar la historia para ser conscientes de los errores del pasado.

“Hay ausencia de una educación ciudadana en la que prime la verdad sobre los hechos que ha vivido el país. El Ministerio de Educación, en un malentendido cálculo político, no ha querido girar posición sobre la necesidad de contar con textos escolares que aborde este periodo de la historia”, expresó.

Solo el 6% de las víctimas y sus familiares han sido atendidos en temas de educación. 

Las reparaciones en salud han avanzado en 71,81%, debido a que, en este apartado, se considera que todas aquellas víctimas afiliadas al SIS han sido reparadas. No obstante, la Defensoría del Pueblo viene señalando que ello no es suficiente. 

“Las víctimas y sus familiares, por el grado de afectación sufrida producto de la violencia, requieren y exigen hasta hoy un nivel de cobertura mayor de lo que el SIS puede ofrecer”, expresó el adjunto de la Defensoría Percy Castillo. 

Otro de los temas en los que las estadísticas se posicionan de manera alta es en economía. Hasta agosto de este año, se atendieron a 87.412 víctimas, por un monto aproximado de S/ 330 millones, según la Defensoría. Esto representa un 99,24% de avance en esta modalidad. 

La excomisionada de la CVR, Sofía Macher, recuerda sobre este punto que, además de lo material, se necesita también avanzar en reparaciones simbólicas para los familiares de las víctimas, que represente un respeto hacia su dolor. Para ello, es importante construir memoria.

“Las reparaciones son fundamentalmente simbólicas. Estos conflictos internos masivos, como los que hemos vivido en el país, solo los podemos resolver socialmente, no son un tema individual. La sociedad se tiene que reconciliar, tiene que poder procesar este conflicto interno”, aseveró.

Buscando la ansiada reconciliación

Otra de las tareas que todavía está pendiente es la ansiada reconciliación, a la que apuntaba la CVR con las recomendaciones de su informe final. Hasta la fecha, persisten casos de discriminación, pobreza individual y comunitaria, falta de reconocimiento y apoyo a comunidades marginadas, problemáticas que la comisión identificó y expuso hace 20 años con la esperanza de erradicarlas.

Ana Reyes-Hurt, coordinadora de Peru Support Group (PSG), una organización sin fines de lucro con sede en el Reino Unido y dedicada a la defensa de los derechos humanos, visitó nuestro país en mayo de este año y observó que, si bien hubo varios cambios en estos veinte años, todavía son necesarias reformas en sectores como justicia y orden interno.

Además, cuestionó que tras estas dos décadas, todavía persistan casos de violaciones a los derechos humanos, como los vividos en las recientes protestas a nivel nacional contra el actual Gobierno.

“Perú parecía estar retrocediendo, sin avanzar hacia los objetivos de reconciliación nacional. Las líneas parecen una vez más endurecerse, con una renuencia cada vez mayor de parte de las autoridades, que están en la obligación de aprender de las lecciones del pasado”, indican en un reporte.

En la misma línea, se pronunció Salomón Lerner, lamentando además el “terruqueo” a personas de los lugares más alejados que ejercían su derecho a la protesta.

“La política ha desaparecido y ya casi no hay partidos políticos. El mismo gobierno de turno ha tenido una actitud que no es del todo recomendable frente a las manifestaciones que se dieron tanto en el interior del país como en Lima, tratando simple y llanamente a todos aquellos que discrepan como terroristas”, lamentó.

La CVR proponía la construcción de la memoria como uno de los objetivos más importantes para alcanzar la reconciliación. Así, a lo largo de estos años, Lerner considera que el ámbito en el que más se ha avanzado ha sido el cultural, a través de películas, obras de arte y lugares de memoria.

Las reparaciones simbólicas, según la Defensoría, comprenden hasta la fecha 71 actos públicos de reconocimiento para víctimas civiles, policiales y militares, así como la creación de 18 santuarios y espacios de memoria. El adjunto Percy Castillo indicó que, tras veinte años, el trabajo de memoria todavía debe seguir activo. 

“Es necesario que tomemos conciencia de la necesidad de crear y preservar las memorias de este periodo de violencia, bajo todas las formas que nos sean posibles, pero esto debe ser una actividad del Estado y la sociedad civil en la que debemos comprometernos todos”, puntualizó.