Julio* tiene más de 40 años y solo ha vivido en hospitales psiquiátricos. No tiene otro hogar, ni familia, ni amigos. Ese es su mundo: uno donde solo existen médicos, enfermeras y camillas. Un mundo que no es igual al de todos. 

Desde que lo abandonaron en la puerta de un hospital, cuando era pequeño —y ni siquiera tenía un nombre o apellido— perdió la oportunidad de crecer en una comunidad, tener vecinos, asistir a una escuela. 

Su casa siempre ha sido el pabellón de hospitalización de hombres. Ahí lo bañan, le dan comida y medicación. Julio tiene un severo trastorno mental y discapacidad intelectual. A veces, convulsiona o le dan ataques de ira. “Le aburre estar en espacios cerrados como el hospital. Llora, grita”, cuenta un trabajador sanitario que lo atiende y pidió mantener su identidad en reserva.

La historia de Julio evidencia la vulneración de derechos a las que pueden estar expuestas las personas con algún trastorno de salud mental. También la discriminación y el estigma que enfrentan en un país con graves secuelas producto de la pandemia por covid-19.

A través de una serie de pedidos de acceso a la información y entrevistas, OjoPúblico pudo identificar que, solo en los tres hospitales especializados de salud mental del Perú —administrados por el Ministerio de Salud (Minsa)—, se encuentran, al menos, 168 personas en situación de abandono social y larga estancia, como se conoce a los pacientes que han estado internados, generalmente, por más de 45 días.

De acuerdo a la información, proporcionada entre marzo y mayo de 2023 por la cartera, se trata de usuarios de los hospitales Víctor Larco Herrera, Hermilio Valdizán y el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, ubicados en Lima, que permanecen en esa condición por periodos de hasta 60 años.

Casi la mitad de los pacientes en situación de abandono y larga estancia tiene más de 65 años".

La mayoría de los diagnósticos están vinculados a trastornos psicóticos, como la esquizofrenia, caracterizada por una alteración en la percepción de la realidad, lo cual puede tratarse con fármacos y soporte profesional, al igual que otras afecciones de salud mental. Sin embargo, muchos de ellos también presentan discapacidad intelectual profunda  —lo que le ocurre a Julio — y problemas físicos, como la epilepsia. 

En este grupo, además, hay personas que vivían en la calle y llegaron a alguno de estos hospitales sin ningún documento de identificación. Por este motivo, en los registros figuran como NN. 

Otros ingresaron a través de familiares que, una vez recibida el alta médica, decidieron no retirarlos del hospital: algunos porque las condiciones económicas o de salud les impide hacerse cargo de los usuarios, otros porque renunciaron a la responsabilidad por el estigma y el prejuicio de peligrosidad creado sobre los trastornos de este tipo.

“Cuando ingresó una paciente, el padrastro firmó el compromiso. Pero, cuando ella mejoró y le dicen al señor que debe llevarla, él respondió que no tiene responsabilidad legal porque no es su familia, sino su padrastro. Era una chica que estaba gestando. Hace una semana hemos encontrado a un familiar de provincia”, cuenta la psiquiatra Sonia Zevallos Bustamante, responsable de la Dirección de Adultos y Adultos Mayores del Honorio Delgado-Hideyo Noguchi.

Casi la mitad de las personas en abandono social y larga estancia del grupo analizado tiene más de 65 años: 63 están en el Larco Herrera y 10 en el Hermilio Valdizán. Son doblemente vulnerables: tienen problemas de salud mental y son adultos mayores. 

El caso del Larco Herrera, ubicado en el distrito limeño de Magdalena del Mar, es el más preocupante. Este hospital tiene el número más alto de personas en abandono y larga estancia: 138 usuarios hasta abril de 2023, según el registro al que accedió este medio. Su usuaria de mayor edad tiene 101 años.

ESPACIOS. Hace cinco años, esta era la situación de los pabellones del Hospital Víctor Larco Herrera, el más antiguo de los establecimientos de salud mental del Minsa.

Foto: Minsa

 

Aunque, antiguamente, se optaba por las hospitalizaciones psiquiátricas largas y se esperaba, así, la mejora del cuadro psicopatológico del paciente, la realidad mostró un impacto negativo en su salud y la afectación a derechos humanos básicos, lo cual ha sido reconocido por la misma Organización Mundial de la Salud (OMS).

“El problema es que las personas [hospitalizadas] viven bajo rutinas, tienen una vida muy estructurada, muy homogeneizada. Todos los días hacen lo mismo, están bajo un régimen de autoridad y pierden capacidades de la vida cotidiana como la entendemos todos, es decir, vivir con libertad. Pierden capacidades de convivencia”, señala el director del centro de investigación en salud mental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Humberto Castillo, exdirector del Honorio Delgado-Hideyo Noguchi.

De acuerdo a las normas peruanas, entre ellas la Ley de Salud Mental y su reglamento, las personas con estancia prolongada y diagnóstico de alta médica deberían ser reinsertadas con sus familias o, en caso de que se encuentren en abandono, en instituciones como los hogares protegidos —alojamientos estatales gratuitos— y residencias protegidas.

Algunas personas vivían en la calle. Otras llegaron con sus familiares, pero las dejaron y no volvieron por ellas".

En marzo pasado, precisamente, venció el plazo fijado de tres años en el reglamento para concluir con este proceso de reinserción, también conocido como desinstitucionalización.

Sin embargo, esta meta no se logró, como tampoco ocurrió con otras vinculadas a la atención a esta población vulnerable: existen 87 hogares protegidos de los 170 programados para 2021 y no se cuenta con ninguna residencia protegida del Minsa, donde se podría recibir a las personas que requieren cuidados especiales.

Entre las barreras identificadas están el estigma social para la atención de estos trastornos, las dificultades socioeconómicas para brindar cuidados a usuarios con condiciones severas, así como el financiamiento insuficiente destinado a la categoría presupuestal de control y prevención de salud mental, que representa menos del 2% del presupuesto del sector Salud.  

 

Vivir en un hospital

El centenar de personas que viven décadas en los únicos hospitales especializados de salud mental del Minsa forman parte de los institucionalizados. Así se llama a quienes, pese a tener un diagnóstico de alta médica y por circunstancias ajenas a su voluntad, permanecen de forma innecesaria en los hospitales, generalmente, más allá de los 45 días.

Según diversos especialistas, el principal motivo es el abandono familiar y social, como ocurre con la mayoría de los usuarios que se encuentran en esa condición en los tres hospitales de salud mental del Minsa. 

Otros ejemplos de institucionalización son los casos judicializados, es decir aquellas personas que han cometido algún delito y son declaradas inimputables por presentar un problema de salud mental. Ellas, por decisión judicial, ingresan al hospital, donde también pueden permanecer por décadas.

“El hospital no es un centro de reclusión. Es un centro de tratamiento biológico, de recuperación de la salud. Sin embargo, todavía hay un divorcio en el discurso del Poder Judicial y, más bien, dictan medidas de reclusión a cumplirse dentro del hospital. Cumplen su pena dentro de la institución”, señaló la psiquiatra Sonia Zevallos Bustamante, del Honorio Delgado-Hideyo Noguchi.

Este tipo de casos no han sido considerados en el análisis realizado para este informe, sino únicamente el de aquellos pacientes en situación de abandono y larga estancia. 

En el Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, ubicado en San Martín de Porres, cuatro usuarios se encuentran en situación de abandono y sin familia, luego de ser hallados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y la Policía deambulando en las calles. A ellos se suman dos personas que perdieron el vínculo familiar una vez que ingresaron al hospital, según reporta Zevallos Bustamante.

Entre los mencionados está Miguel*, un hombre de más de 40 años, con un trastorno mental severo y discapacidad intelectual. Perdió a su madre durante la pandemia por covid-19. Su padre supera los 90 años y ya no puede hacerse cargo de él por su frágil condición.

Las dos personas halladas en situación de calle llegaron al hospital sin nombre, ni apellido. En sus primeros documentos los registraron como NN. Tienen trastornos psicóticos y una profunda discapacidad intelectual que les impide hablar. No pueden decir cómo se llaman, dónde vivieron, quién es su familia. “No tienen habilidades de lenguaje. No podemos ubicar a su familia porque no se comunican”, señala la psiquiatra Zevallos Bustamante.

EL MÁS ANTIGUO. El Hospital Larco Herrera, ubicado en Magdalena, registra el mayor número usuarios en situación de abandono.

Foto: Facebook Larco Herrera

 

Personal de salud del Honorio Delgado-Hideyo Noguchi precisó a OjoPúblico que el periodo de permanencia de las personas en abandono varía entre tres y ocho años.

En ese lapso, han permanecido, principalmente, en las camas junto a otros usuarios de estancias más cortas o que atraviesan crisis. Los que tienen mayor deterioro cognitivo ni siquiera pueden salir a los jardines que rodean los pabellones de hospitalización para caminar, como lo hacen otros internos, vestidos en pijama y acompañados por cuidadores.

Hay que precisar que las cifras brindadas por el personal del Noguchi son distintas a las obtenidas por la Ley de Transparencia, previamente. 

Los primeros señalaron que había ocho usuarios con estancias prolongadas, de los cuales seis se encontraban en abandono. Mientras que la oficina de estadística —en su respuesta por Ley de Transparencia— precisó que había 18 personas en estancia prolongada, por un lapso menor a un año, y que no contaba con información sobre las que están en abandono.

En marzo pasado venció el plazo fijado de tres años para la reinserción de los usuarios abandonados".

En paralelo, el centenario Hospital Víctor Larco Herrera —el más antiguo de los tres analizados— aloja a 138 personas en condición de abandono, de acuerdo a los registros de abril de 2023 revisados por OjoPúblico. Para ello, no se ha tomado en cuenta las personas judicializadas y a los de los pabellones 1 y 20, con alta rotación.

De los 138 usuarios, 11 han permanecido abandonados en el hospital entre 30 y 60 años. La mayoría de la población son mujeres (95), y el resto hombres (43).

Dentro del total, hay 63 adultos mayores de 65 años que atraviesan su vejez en el hospital psiquiátrico. La mayor tiene 101 años y se encuentra en la Unidad de Cuidados Especiales Geriátricos (UCEG), donde cumplió 81 años de estancia prolongada y, al igual que el resto de su pabellón, solo le han registrado un año de abandono.

 

“Todos ellos tenían familia en algún momento. Vinieron, hicieron el trámite de ingreso, luego se han ido alejando, ya no vienen. Los han abandonado, cambian de domicilio. Cuando la asistente social hace la visita, ya no están”, comenta una trabajadora cercana a estos casos, cuya identidad se mantendrá en reserva.

La psiquiatra Natalia Ascurra Cano, de la Dirección de Salud Mental del Minsa, confirmó que los tres hospitales especializados del sector concentran el mayor porcentaje de personas con problemas de salud mental en abandono familiar del país. De ellos, el Larco Herrera tiene la cifra más alta.

“Para fines del 2022 había aproximadamente 240 personas institucionalizadas en el Larco Herrera, de las cuales 20 estaban por temas judiciales y el resto por otras situaciones, como cuando la familia ya no se hace cargo. Hasta abril del 2023 ha disminuido la cantidad de personas institucionalizadas. Este año, 17 fueron trasladadas a hogares protegidos”, indicó a OjoPúblico. 

Según la información proporcionada en abril de 2023, el hospital Hermilio Valdizán, de Santa Anita, registra 24 usuarios en abandono en el servicio de hospitalización. Una persona de 93 años ha permanecido 20.916 días, el equivalente a 57 años en el hospital. Se trata de más de la mitad de su vida detrás de esos muros.

En el Hermilio Valdizán, la mayoría de los usuarios hospitalizados con décadas de abandono —al igual que en el Larco Herrera— son mujeres. Entre ellas, figura otra usuaria de 71 años, de los cuales 56 ha estado hospitalizada. Otra mujer tiene 60 años y está aislada de la comunidad desde hace 46 años.

Este medio buscó una entrevista con el Hospital Larco Herrera y el Hermilio Valdizán, pero no hubo respuesta.

La comisionada del programa de Defensa y Promoción para el Derecho de Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, María Isabel León, explica que muchas personas institucionalizadas ingresaron al hospital bajo el anterior modelo de atención, donde se priorizaba los internamientos. Una vez ahí, excedieron el periodo de tiempo y algunos no solo tienen décadas, sino prácticamente toda su vida en el hospital.

 

Un informe de la Defensoría del Pueblo, publicado en 2018, señala que la atención intramural “ha conllevado a la deshumanización de las personas y de la sociedad en conjunto, acentuando la vulnerabilidad y dependencia de las personas con trastornos sociales y problemas psicosociales”. 

Dicha situación —apuntó la entidad— demanda una decisión firme e inmediata del Estado peruano de respetar los compromisos internacionales y los derechos fundamentales de las personas con internamiento de larga estancia.

En el referido informe, la Defensoría identificó a más de 600 usuarios de larga estancia —hasta por períodos de 70 años— en los hospitales psiquiátricos del Minsa y los centros de rehabilitación integral para pacientes crónicos de Essalud, así como en los establecimientos de la Beneficencia Pública. Estas personas habían perdido todo vínculo social y familiar.

El presupuesto para control y prevención de salud mental representa menos del 2% del sector Salud".

A través de la Ley de Transparencia, OjoPúblico pudo determinar que 166 usuarios de Essalud, cuyo diagnóstico principal es un trastorno mental y de comportamiento, registraron, hasta el 2022, estancias superiores a los 45 días en los establecimientos bajo su administración.

La entidad no precisó si se trataba de personas en abandono. Sin embargo, al analizar los casos se han identificado a usuarios con entre 100 días y 28 años de permanencia en hospitales como el Guillermo Almenara, Edgardo Rebagliati, San Isidro Labrador (geriátrico), ubicados en Lima; Carlos Alberto Seguin Escobedo, de Arequipa; el Hospital Cayetano Heredia, de Piura, así como el de Huariaca, en Pasco, que cuentan con servicios especializados de salud mental.

En el caso de Pasco, por ejemplo, un interno de 71 años, diagnosticado con esquizofrenia, ha permanecido 10.463 días, o sea 28 años, lejos de su hogar. Su trastorno se repite en el resto de casos de estancia prolongada.

Este medio buscó una entrevista con Essalud, pero tampoco hubo respuesta. 

Asimismo, tras la revisión de las estadísticas de la Sociedad de la Beneficencia de Lima, OjoPúblico también pudo conocer que, de 330 adultos mayores que residen en los centros de protección social Ignacia Rodulfo Vda. de Canevaro y la Sagrada Familia, 40 registran como causal de ingreso “abandono”.  

De ellos, casi el 90% (35) presentan deterioro cognitivo leve y severo, lo cual, según dicha entidad, corresponde a problemas de salud mental. Todos se encuentran en el hogar Canevaro.

Esta población adulta mayor ha permanecido abandonada entre uno y 24 años. El de mayor edad es un hombre de 95 años, de los cuales 22 ha vivido en este albergue.

Metas sin cumplir

Desde hace ocho años, el Perú busca reorientar los servicios de salud mental, apostando por atención ambulatoria dentro del entorno familiar y comunitario, en lugar de priorizar los internamientos en los hospitales y la propuesta de las estancias prolongadas. Así es como, desde 2015, se abrieron los 248 Centros de Salud Mental Comunitarios.

Entre ese año y 2019 aparecieron normas vinculadas a la salud mental comunitaria, como la modificatoria de la Ley General de Salud y la Ley de Salud Mental. En estas, se dispuso la suspensión del internamiento u hospitalización para aquellos usuarios con problemas de salud mental en condición de alta que, por razones no médicas, no puedan dejar el hospital, lo cual también es conocido como desinstitucionalización. El plazo de referencia era de 45 días.

Estos casos, precisa la ley, deben ser “derivados a profesionales de trabajo social para movilizar la red familiar y comunitaria y promover su reinserción”.

Si se trata de personas en abandono o desprotección, se debe coordinar con el MIMP para buscar a los familiares. Y, en caso de que no se les ubique, dichas personas tienen que ser trasladadas a hogares protegidos y, excepcionalmente, a Centros de Atención Residencial del Estado, donde deben continuar su tratamiento ambulatorio en establecimientos cercanos.

En el reglamento de la ley, que alcanza al sector público y privado, ya no figura el plazo de 45 días, pero sí se señala que, si la hospitalización se prolonga por más de 30 días, la junta médica psiquiátrica del establecimiento de salud reevalúa el caso para determinar la mejor alternativa terapéutica. En caso requiera más días de hospitalización, se debe actualizar su consentimiento informado.

 

Vanessa Herrera, médica psiquiatra experta en desinstitucionalización, explica que la estabilización clínica de cuadros agudos por trastornos mentales puede darse en las primeras dos semanas, tras lo cual debe continuar en un entorno familiar donde el paciente siga la intervención ambulatoria.

No obstante, también puede haber casos muy severos y excepcionales, que no mejoran con tanta rapidez, y requieren más tiempo o no alcanzan el alta clínica, para lo cual el usuario da su consentimiento y sigue en el hospital.

“La idea es evitar una hospitalización innecesaria, que sea tomada como una medida de castigo para aislar o una medida restrictiva que vulnere la voluntad. En el pasado, se hacía ello. En lugar de ayudar, se le ha hecho mucho daño a personas que han permanecido en contra de su voluntad. La idea es que sea una toma de decisiones compartida, con alto sentido de respeto de los derechos humanos y se reevalúe su consentimiento periódicamente”, señaló a OjoPúblico.

Según los especialistas, la estancia excesiva en un hospital puede, incluso, deteriorar aún más el estado de los usuarios, quienes, por el contrario, requieren de un ambiente más sano y próximo a lo que es la vida familiar.

"El hospital es un ambiente cerrado, donde los estímulos sociales están ausentes. La capacidad de vivir en libertad e interactuar con otras personas es nula", señala la psiquiatra Sonia Zevallos Bustamante, del Honorio Delgado-Hideyo Noguchi

De acuerdo al Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitaria 2018-2021, 454 personas con discapacidad mental serían desinstitucionalizadas para el 2021. 

Sin embargo, entre 2019 y 2021, solo 139 usuarios lograron este objetivo. De ese total, 86 correspondieron a pacientes de los tres hospitales especializados del Minsa y 53 a usuarios de otros establecimientos vinculados a la salud mental, según las estadísticas del sector. De ellos, el 58% fue trasladado a hogares protegidos y el 36% se reinsertó con su familia. El resto tenía mandatos judiciales o eran extranjeros.

Por su parte, la psiquiatra de la Dirección de Salud Mental del Minsa, Natalia Ascurra Cano, sostiene que, desde 2015 hasta 2021, solo en el Larco Herrera se registraron más de 400 personas desinstitucionalizadas.

“En el proceso de desinstitucionalización hubo personas que se negaron a que sus familiares salgan de alta o vayan a hogares protegidos. Es un tema que toma tiempo, sobre todo, para lograr sensibilizar y eliminar el estigma, ya que también se debe respetar la decisión que, finalmente, tome la persona usuaria”, señaló Natalia Ascurra Cano.

AMBIENTES. A inicios de año se presentaron espacios rehabilitados de hospitalización en el Instituto Honorio Delgado-Hideyo Noguchi.

Foto: Minsa

 

En marzo último venció el plazo de tres años para implementar el proceso de desinstitucionalización “que debía realizarse de manera progresiva y pragmática en los hospitales”. Aunque los internamientos prolongados se han reducido, todavía hay usuarios de salud mental que viven en los hospitales.

“La pandemia fue un factor determinante para que, de pronto, no pueda continuar el crecimiento [de la desinstitucionalización]. También, los factores económicos y los desastres naturales, como inundaciones y lluvias. A veces, se afectan algunos servicios, pero siempre hay nuevos retos y se elaboran nuevos planes”, señaló Ascurra Cano. 

Aseguró, además, que existe voluntad política para poder culminar totalmente con la desinstitucionalización. No obstante, reconoció que esto debería abarcar a más sectores.

 

Las barreras

Antes de la pandemia, el Minsa estimó que dos de cada 10 personas mayores de 18 años podían tener algún trastorno mental. Ahora, se calcula que son tres de cada 10. Solo entre enero y abril de este año, se registraron más de medio millón de casos atendidos por trastornos leves, como depresión y ansiedad, y severos, como la psicosis.

Margarita* también presenta trastornos psicóticos, como más de 33.000 personas atendidas en los establecimientos del Minsa en los cuatro primeros meses del año. Sin embargo, su condición es más severa y la atraviesa en los pabellones de un hospital psiquiátrico de Lima desde hace seis años. 

Nadie sabe cuál es su nombre real. Llegó con una profunda discapacidad intelectual que le impide hablar. Apenas emite algunos sonidos y el personal de salud le tiene que dar de comer. Ella también ha sido abandonada.

Aunque existen normas para desinstitucionalizar a personas como Margarita, también hay barreras que retrasan ese avance. Entre ellas, están la falta de hogares y residencias protegidas, así como los insuficientes recursos destinados a la salud mental en el país.

Los hogares y residencias protegidas son servicios residenciales transitorios, destinados a personas con alguna discapacidad mental en proceso de rehabilitación, que no pueden vivir de forma independiente y que carecen de apoyo familiar.

Los hogares son viviendas ubicadas en la comunidad, donde conviven pequeños grupos de usuarios con trastornos mentales severos en condición estable, que no requieren cuidados mínimos. Pueden trabajar, estudiar y reinsertarse a la sociedad.

 

El primero se inauguró, en 2015, en Carabayllo. Ahora existen 87 en todas las regiones del país. Pese a ello, durante la pandemia, no se llegó a cumplir la meta prevista en el Plan de Fortalecimiento de Salud Mental Comunitaria, que había programado casi el doble de locales abiertos (170) para 2021. Estos debían beneficiar a 1.260 personas en todo el país.

Las residencias protegidas, por su parte, están orientadas a usuarios clínicamente estables, pero con secuelas discapacitantes, que aún necesitan cuidados clínicos. Ahí podrían atenderse Julio y Margarita. Sin embargo, a la fecha, no se ha abierto ninguno en el país.

“Es una barrera que perjudica el avance [de la desinstitucionalización] no solo [la falta de] los hogares protegidos, sino también las residencias. Tal vez, las residencias con mayor fuerza, porque hay muchas personas que han vivido décadas en estos hospitales y que requieren apoyo más intenso y eso es necesario [hacerlo] en este tipo de espacios”, señala María Isabel León, de la Defensoría del Pueblo.

Otro motivo por el que esperan la pronta habilitación de una residencia protegida son los adultos mayores. Esto teniendo en cuenta que los hogares protegidos solo pueden recibir a usuarios de entre 18 y 65 años. El resto busca ser incorporado, muchas veces sin éxito, en Centros de Atención Residencial (CAR) del MIMP.

“Varias veces, los centros residenciales del MIMP no aceptan a los pacientes psiquiátricos porque no tienen personal suficiente o especializado. Entonces, terminamos con pacientes adultos mayores que deberían ser admitidos en residencias geriátricas, pero no son aceptados y los mandan acá”, señala Sonia Zevallos Bustamante, directora de adultos y adultos mayores del Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, donde se gestiona la apertura de la primera residencia protegida para el próximo mes.

ESPECIALIZADO. El Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi registra seis casos de usuarios en abandono.

Foto: OjoPúblico / Milagros Berríos

 

Natalia Ascurra Cano, psiquiatra del Minsa, también reconoce que estos servicios resultan necesarios para los adultos mayores.”Las residencias son una responsabilidad compartida con otras instituciones del Estado, pero creo que nosotros mismos, como ciudadanos, debemos eliminar los estigmas”, señaló.

Para la psiquiatra Vanessa Herrera, quien integró el equipo que implementó el primer hogar protegido de Carabayllo, se requiere que el Estado brinde protección social, garantice los cuidados residenciales y avance en la implementación de los hogares y residencias protegidas. “Para eso, se necesita decididamente inversión en salud mental e implementar presupuesto”, dijo. 

Fuentes del Minsa también han referido que la principal necesidad para implementar más servicios de salud mental recae en el financiamiento. El costo referencial de un hogar protegido, por ejemplo, es de S/542.000, precisó el sector en respuesta a un pedido de información a través de la Ley de Transparencia.

Desde 2018 hasta la fecha, el presupuesto del Estado destinado al control y la prevención de salud mental duplica al monto inicial. No obstante, la cantidad actual —casi S/500 millones— representa menos del 2% del sector Salud.

El médico peruano Jaime Bayona García, asesor en salud pública del Banco Mundial, estimó que los países de bajos y medianos ingresos deberían destinar un mínimo del 5% del presupuesto de salud a la salud mental. En tanto, los de altos ingresos tienen que asignar un 10%, de acuerdo a las recomendaciones de la Comisión Lancet de Salud Mental Global y Desarrollo.

“Puede resultar que la inversión a corto plazo deba ser demasiada desde el punto de vista de los ministros de economía, pero la recompensa a largo plazo también va a ser mayor. Los casos de retorno de inversión de países como Jamaica y Perú han demostrado que tiene altos rendimientos económicos y sociales, cuando se ha podido ampliar el tratamiento para depresión, ansiedad y psicosis”, señaló.

Por lo pronto, el Minsa está tramitando ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) una demanda adicional por S/52 millones para la implementación de nuevos servicios y el fortalecimiento de los existentes en regiones afectadas por el ciclón Yaku y las inundaciones. 

 

Los cuidadores

José* tiene familia, pero vive en un hospital psiquiátrico. Ahí le diagnosticaron psicosis orgánica, discapacidad intelectual severa y epilepsia refractaria. A veces, atraviesa crisis que solo se pueden controlar con medicamentos. Cuando vivía en su casa, junto a sus ancianos padres, sufría continuas descompensaciones y terminaba hospitalizado. Él requiere cuidados que su familia, de escasos recursos, no puede brindarle.

Para Humberto Castillo, director del centro de investigación en salud mental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, una de las causas del abandono tiene que ver con la falta de condiciones familiares o económicas para atender a la persona con un trastorno. “Puede ser un estrés intenso. La familia está sobrecargada”, señala. 

Sin embargo, aclara que la institucionalización tampoco es la mejor solución. “Habría la alternativa de cuidados más ambulatorios, participativos, pero con apoyo de la comunidad, del Estado”.

María Isabel León, comisionada de la Defensoría del Pueblo, añade a ello el vínculo entre la pobreza y los trastornos severos. “Si no tienes las condiciones económicas, nadie te puede brindar apoyo, entonces te quedas internado en un hospital. Si la familia tiene recursos, sí puedes salir. La falta de recursos determina tu internamiento involuntario”, refiere.

CUIDADOS. La mayoría de los usuarios abandonados son adultos mayores, quienes ya no tienen contactos familiares.

Foto: Andina

 

Al respecto, José Luis Colona, presidente de la asociación que agrupa a familiares de personas con trastornos mentales (Asfem), cuestiona el mecanismo actual de desinstitucionalización, el cual considera apresurado y sin evaluar las condiciones de la familia. Por ello, plantea cambios en la Ley de Salud Mental, a fin de que se implemente un plan progresivo.

“Ellos [los usuarios] ya tienen una rutina, un ritmo de vida. Para ellos, el hospital es su casa. Si lo llevas a su [verdadera] casa, de la noche a la mañana, y sin ver las condiciones de la familia, su economía… La salud mental está ligada con la pobreza”, dijo.

La discusión sobre la permanencia de personas con trastornos severos en hospitales y las condiciones socioeconómicas de sus familias ha llegado, incluso, al Tribunal Constitucional (TC). 

En 2007, por ejemplo, la madre de una persona de 46 años con esquizofrenia pidió, en su condición de cuidadora, que el hospital 1–Huariaca, en Pasco, deje sin efecto el alta médica por vulnerar el derecho a la salud. Ella era adulta mayor y tenía escasos recursos económicos. El TC falló a su favor.

Si usted o un familiar necesitan orientación sobre salud mental, puede llamar gratis al 113, opción 5".

Los psiquiatras coinciden en que el tema involucra problemas sociales, culturales y económicos, los cuales no se podrán resolver solo con medidas sanitarias, por lo que se requiere la intervención de ministerios, como el de la Mujer y de Desarrollo e Inclusión Social.

También piden trabajar contra el estigma y fomentar la empatía: trastornos como la psicosis orgánica pueden presentarse en cualquier familia. Daños cerebrales producto de un accidente automovilístico, de hipoxia en neonatos, o de diabetes e hipertensión mal tratadas pueden devenir en síntomas psicóticos, explica la psiquiatra Vanessa Herrera.

“Cualquiera puede estar en esta situación dolorosa. Se requiere que el Estado brinde protección social”, añadió. 

Precisamente, el último viernes, durante la presentación del Informe de la Comisión de Alto Nivel sobre Salud Mental y covid-19, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) subrayó la necesidad de defender los derechos humanos de las personas con trastornos de salud mental, a través de leyes y políticas que promuevan la transición de los hospitales psiquiátricos hacia la atención comunitaria.

Hasta que esto ocurra, ciudadanos como Julio, Margarita y José continúan una vida detrás de los muros de los hospitales de Salud Mental de Lima. Una vida donde el abandono y el olvido se han impuesto.

 

 

*Los nombres de los pacientes han sido modificados para proteger su identidad.